La extinta guerrilla de las Farc en el año 2020 envió una carta a la JEP atribuyéndose el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Algunos exguerrilleros que hicieron parte del antiguo secretariado han asistido ante la jurisdicción para entregar su versión sobre el caso, pero los familiares de Gómez Hurtado consideran que los aportes no son novedosos, no han ayudado al esclarecimiento de la verdad y por el contrario sienten que han entorpecido las investigaciones.La Sala de Reconocimiento de la JEP le dio a las víctimas un plazo para que expliquen si consideran que el tribunal debería o no asumir el caso, pues ya culminó la etapa de práctica de pruebas dentro del proceso de aporte temprano a la verdad del antiguo secretariado.En un documento de 14 páginas los familiares de Gómez Hurtado se refirieron al caso, primero, asegurando que la JEP no ha tenido en cuenta la información que reposa en un informe entregado a la jurisdicción sobre el magnicidio."Si se desconoce la visión de las víctimas sobre este hecho, que se soportó con un informe con los requisitos debidos, solo queda por decir, que la participación de los agraviados es decorativa e instrumental. Por eso, se vuelve a reiterar que el desconocimiento del informe, junto con la falta de su análisis y contrastación por lo dicho por los victimarios, hace que el despacho ignore de manera tajante la versión sustentada con pruebas de las víctimas sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, que se condensa en ese informe", señalan los familiares en el documento.Posteriormente se empiezan a referir a las versiones entregadas por los excomandantes de la guerrilla, la del senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y también la de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Para los familiares del líder conservador no hubo aportes de documentación, pruebas, informes u otros material probatorio que permita ir más allá de la adjudicación del crimen."Para poder darle credibilidad a una versión de esta magnitud, lo mínimo que puede hacerse es aportar pruebas contundentes que, a su vez, también logren desvirtuar 25 años de investigaciones, pruebas y testimonios de grandes narcotraficantes y paramilitares que, con alto grado de detalle, señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se llevó el iter criminis en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cosa que no sucedió con las diligencias de los miembros del secretariado de las Farc ante la JEP en este caso", señala el documento.Sobre la versión de Carlos Antonio Lozada explican que maneja un discurso ambiguo, con apreciaciones subjetivas y señalando que la única justificación que tuvieron para cometer el crimen fue un debate en el congreso en 1960, además, Lozada no habría tenido participación directa en los hechos, según su relato. Cuestionan además el hecho de que las Farc no se hayan atribuido el magnicidio una vez sucedió, ya que se suponía que Gómez era un "objetivo de alto valor militar"."Resulta inverosímil concebir que después de tanto tiempo transcurrido entre el debate del congreso, el homicidio de AGH y la reivindicación del hecho el pasado octubre de 2020 se valide esta hipótesis carente de cualquier soporte probatorio en contravía de todas las pruebas que la Justicia Ordinaria ya ha practicado y que reiteran la autoría de narcotraficantes con participación de altos miembros de la administración de Ernesto Samper como fuera reconocido por la Fiscalía General de la Nación al declarar el magnicidio que nos ocupa como crimen de lesa humanidad", cuestionan los familiares.Por último, consideran que el desconocimiento de detalles de la operación por parte del antiguo secretariado, la ausencia de detalles sobre las fuentes de inteligencia y la condición de fallecidos de todos los supuestos responsables no permite considerar como verosímil la hipótesis planteada por la extinta guerrilla de las Farc. También, cuestionaron a la JEP porque los familiares de Gómez Hurtado han solicitado a la Sala de Reconocimiento la práctica de algunas pruebas, que han sido negadas, como el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por lo que reclaman que les han restringido su participación.“El factor material de competencia no está plenamente demostrado, pero que tampoco se ciñe alguna inferencia razonable de autoría o participación en cabeza de la red urbana Antonio Nariño de las Farc, no se dan los requisitos referentes a la competencia material para que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma la competencia en el presente asunto. Frente a la responsabilidad de Ernesto Samper si existe por el contrario una inferencia razonable de autoría o participación como se documenta en el informe. Sin embargo, la JEP se encuentra imposibilitada para investigar a los expresidentes, razón por la cual tampoco podría asumir conocimiento en la presente causa”, señala el documento.Ante esta situación los familiares de Álvaro Gómez le piden a la JEP que se abstenga de asumir competencia en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, también le piden a la jurisdicción abrir un incidente de incumplimiento para evaluar si se sanciona, o no, a algunos miembros del antiguo secretariado que podrían estar incumpliendo su deber de aportar verdad plena. Por último, solicitan que se devuelvan las diligencias a la Fiscalía.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud que, el pasado mes de diciembre, había hecho la familia de Álvaro Gómez Hurtado para escuchar la versión de Salvatore Mancuso alrededor del magnicidio del exsenador y candidato presidencial.La solicitud nació después de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, declarara que conocía las circunstancias y la autoría detrás del asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.En el documento, la JEP explicó que la decisión se tomó a partir de que el proceso de aportes tempranos a la verdad que cursa es de “tipo dialógico y no una adversarial. Por tal razón, no existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida que no se trata de un proceso ordinario sino transicional”.Bajo ese argumento, la magistrada Julieta Lemaitre no admitió practicar esa prueba, que ha sido solicitada por los abogados de Gómez Hurtado y su escolta José del Cristo Huertas.Hay que recordar que ya ha sido negada una petición similar, pero para el tribunal especial no existe un derecho de contradicción de pruebas. La sala de reconocimiento estudia si esa jurisdicción asume el caso después de que las extintas Farc se responsabilizaran del magnicidio.En la nueva decisión también se conoce que, “esto significa que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria”.Hasta el próximo 1 de febrero, la JEP debe entregar sus observaciones sobre si toman el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado o debe continuar en la justicia ordinaria. Para los abogados de la familia es necesario escuchar a Mancuso, después de que manifestará que tenía conocimiento sobre el magnicidio.Le puede interesar:
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias 'Joaquín Gómez' y a Rodrigo Granda, ambos exintegrantes del secretariado de las Farc, en el caso que investiga el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.Es importante recordar que el antiguo secretariado del grupo armado ilegal envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos crímenes.Blu Radio conoció las declaraciones de los dos exjefes guerrilleros. ‘Joaquín Gómez’ empezó explicando cuáles eran los enemigos históricos de la guerrilla, aseguran que eran los expresidentes, aunque Gómez integró el Secretariado de las Farc, explica que no tiene conocimiento e información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez ni de Fernando Landazábal o Jesús Antonio Bejarano, entre otros."No tuve conocimiento de ninguna de estas circunstancias, me refiero a órdenes impartidas por el secretariado de homicidios de personas influyentes, imagino que en ese sentido se comunicaban con las redes urbanas teniendo en cuenta la forma en la que funcionaba la organización que los bloques y frentes tenían su área específica, las columnas móviles como la Teófilo que atendía órdenes directas del secretariado sin que se supiera en los bloques y las redes urbanas que operaban en las ciudades. Desconozco las circunstancias de antecedentes y detalles de planeación y ejecución de los 6 homicidios de los que se habla en el cuestionario, pertenecí a las FARC desde 1984 hasta 2016", señaló ‘Joaquín Gómez’.En el mismo sentido, explicó que no tuvo la tarea de ocuparse de "objetivos de alto valor", pues eran órdenes que salían desde el secretariado y él, en el momento de los hechos, no conocía este tipo de directrices, pero recordó algunas conversaciones con ‘Manuel Marulanda’, máximo jefe de la guerrilla, en las que se hizo referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, según Gómez, Marulanda aseguraba que el líder conservador hacia pronunciamientos "irresponsables políticamente"."Recuerdo que cuando la muerte de Álvaro Gómez, yo estaba visitando al camarada Manuel y me dijo ´parece que le pegaron un susto a Álvaro Gómez´ y yo le dije ‘¿qué le paso?’ y él me dijo ´se murió, pero dejemos que la inteligencia se rompa la cabeza´. No escuché ni supe más" explicó Gómez.Rodrigo GrandaRodrigo Granda era conocido en la guerra como el ‘canciller de las Farc’ e hizo parte del último secretariado de la antigua guerrilla de las Farc. Blu Radio también conoció la declaración de Granda ante la Jurisdicción Especial para la Paz, frente al magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en 1995.Sobre este caso, así como el de Fernando Lanzabal, Hernando Pizarro, Jesús Antonio Bejarano, José Fedor Rey Álvarez y Pablo Emilio Guarín, el ‘excanciller de las Farc’ aseguró ante la JEP: "No tengo conocimiento en absoluto", también dijo que no sabía cómo se realizaba en ese momento el proceso de planeación y ejecución de acciones bélicas ni si el comandante del Bloque debía pedir autorización al secretariado para realizar una acción.Sobre el caso concreto de Gómez Hurtado, la Procuraduría preguntó: " Sobre el homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted tiene conocimiento respecto de la autoría de las Farc-EP sobre el homicidio del señor Gómez Hurtado?", a lo que el compareciente respondió: "No sé", asegurando que se enteró de esta noticia del magnicidio por los medios de comunicación, negó saber quiénes integraban el secretariado de las antiguas Farc en ese momento y negó saber si en la guerrilla se discutía sobre la posibilidad de cometer el homicidio.A la pregunta: "¿En qué fecha se adoptó al interior de las Farc-EP la decisión de perpetrar el atentado en contra del señor Gómez Hurtado que tuvo lugar el 2 de noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá, en las inmediaciones de la universidad Sergio Arboleda?" Granda también respondió: " No sé".Granda también dijo que no conoce si en las antiguas Farc hubo algún vínculo con el Cartel del Norte del Valle para cometer delitos o por narcotráfico ni con ninguno de los jefes de dicho cartel, teniendo en cuenta que hay unas versiones según las cuales el Cartel del Valle habría podido tener participación, presuntamente, en estos hechos. "No tuve conocimiento ni participe como autor, coautor e intelectual en el homicidio de la persona de Álvaro Gómez Hurtado", sentenció Granda.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
El pasado mes de noviembre, la Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó a Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc, y a Joaquín Gómez, quien también hizo parte del secretariado de esa guerrilla, que entregaran un escrito en el cual dieran detalles que permitieran esclarecer el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Para eso, la magistrada Julieta Lemaitre dio un plazo de un mes a los dos exguerrilleros.Sin embargo, han pasado más de dos meses desde que la JEP dio la orden. Por su parte, Rodrigo Granda envió un documento a la justicia transicional en el cual explicaba que durante el mes de diciembre estuvo cumpliendo otros compromisos relacionados con el acuerdo de paz, por lo que no había podido enviar su versión, ante esta situación pedía que le otorgan un plazo de un mes para elaborar el escrito.Por su parte Joaquín Gómez ni entregó el documento ni tampoco explicó las razones por las cuales no lo había hecho, es por esto que los familiares de Álvaro Gómez le pidieron a la Sala de Reconocimiento abrir un incidente de incumplimiento a los exguerrilleros al considerar que se estaban afectando sus derechos y que había una falta de compromiso por parte de los dos exmiembros del antiguo secretariado."La falta de compromiso de los comparecientes con el cumplimiento de los derechos de las víctimas, lesiona gravemente la posibilidad de que mis representados puedan conocer por parte de los miembros del secretariado de las Farc, circunstancias más detalladas sobre los móviles y circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el magnicidio", asegura el apoderado de la familia Gómez.Recuerdan, además, que los comparecientes tienen la obligación de asumir responsabilidad y aportar la verdad en este caso, ya que es un hecho adjudicado por los miembros del antiguo secretariado, por lo que las víctimas consideran que estos dos testimonios son relevantes para poder conocer la verdad y lo sucedido ese 2 de noviembre de 1995."Con base en lo manifestado, solicito cordialmente a su despacho, se sirva de abrir incidente de cumplimiento del régimen de condicionalidad a RODRIGO GRANDA ESCOBAR Y MILTON DE JESÚS TONCEL REDONDO, por negarse en más de dos meses, a aportar verdad plena, detallada y exhaustiva sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir conforme lo señala el artículo 67 de la ley 1922 de 2018", señala el documento.Si la JEP accede a la solicitud hecha por las víctimas, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda podrían recibir una sanción por parte de la justicia transicional, debido a que estarían incumpliendo sus compromisos en este proceso.Si se considera que la falta de compromiso por parte de los exguerrilleros es suficientemente grave podrían ser expulsados y perderían todos los beneficios otorgados por este tribunal.El abogado Enrique Gómez es sobrino de Álvaro Gómez y asegura que como víctimas no reciben con sorpresa este incumplimiento por parte de los dos excomandantes de la extinta guerrilla.“No solo porque es claro cada día más que las Farc no asesinaron a Álvaro Gómez y que se ha usado a la JEP para frenar las investigaciones en la fiscalía en este caso, sino porque realmente los grandes capos de las Farc se burlan de la jurisdicción especial para la paz y a la JEP parece que no le importa”, explicó GómezLe puede interesar:
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias 'Joaquin Gómez' y a Rodrigo Granda, ambos exintegrantes del secretariado de las Farc, en el caso que investiga el magnicidio del lider conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.Es importante recordar que el antiguo secretariado del grupo armado ilegal envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos crímenes.En esta misma decisión, la JEP negó una solicitud que había hecho la familia del general Landazábal para que fueran tenidos en cuenta durante el proceso la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, el canciller Álvaro Leyva Duran y el expresidente Andrés Pastrana Arango."No existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida en que no se trata de un proceso ordinario sino de uno de tipo transicional. Esto significa también que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria", precisó la JEP."La finalidad del proceso dialógico es determinar la verdad de lo acontecido, pero dentro del marco derivado de la aplicación del principio de temporalidad de la jurisdicción y del carácter masivo de crímenes y víctimas", expresó la jurisdicción especial.A pesar de esto, sí pidieron el aporte de verdad de 'Joaquin Gomez' y Rodrigo Granda, conocido como el 'Canciller de las Farc', por lo que los familiares de Álvaro Gómez y Fernando Landazábal deberán enviar sus preguntas para que ellos respondan por medio de un cuestionario."CONVOCAR a los señores Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel Redondo para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederà el tèrmino de un mes, contados desde el momento en el que venza el traslado a los participantes en este tràmite de Aporte Temprano de Verdad", puntualizó la JEP.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Piedad Córdoba se refirió en la JEP a la información que tiene y coincidiría con la versión de las FARC, según la cual la extinta guerrilla es responsable del homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, eso sí, desde el comienzo, aclaró que no tiene pruebas contundentes de la responsabilidad de la guerrilla y explicó que nunca ha señalado directamente a las antiguas FARC sobre lo sucedido.Los datos que tiene Córdoba se remontan a dos encuentros que sostuvo en el año 2020, cuando en el mes de agosto recibió en su casa a una pareja sin saber exactamente sobre lo que le iban a hablar, pero iban por recomendación de Héctor Moreno, cercano a Horacio Serpa.Una vez en su apartamento, este hombre, que en algún momento perteneció a las Fuerzas Militares, le empezó a contar a la senadora del Pacto Histórico que un infiltrado, también de las Fuerzas Armadas, se encontraba en el campamento guerrillero del ‘Mono Jojoy’ cuando se anunció la muerte de Gómez Hurtado, en ese momento el excomandante guerrillero habría felicitado a Carlos Lozada, hoy senador del Partido Comunes, quien sería el encargado de dirigir el atentado contra Álvaro Gómez. Córdoba no sabe el nombre de estas dos personas que la visitaron por lo que no pudo volver a contactarlas tras el encuentro."Y solo referenciando que se trataba de una fuente con interés de revelar una importante noticia para que fuera publicada por el medio internacional Telesur, para el que laboré por casi 10 años. Héctor tampoco supo la información concreta que me traían. Nunca precisé el origen de su contacto con la pareja. La charla duró entre 35 a 45 minutos", señaló la senadora ante la JEP.El otro hecho al que hace referencia Córdoba también se presentó en el año 2020, pero esta vez en noviembre y se dio en Bogotá, en medio de una visita a la Organización de Estados Iberoamericanos, allí un hombre que se identificó como ‘Chucho’ o ‘Lucho’ se le acercó a la senadora y le contó que era un desmovilizado de las FARC que tenía algunos problemas jurídicos, pero también señaló que era el responsable de activar el arma contra Álvaro Gómez Hurtado."Me dio mucho miedo, pero le dije que contara la verdad a las autoridades y que se cobijara con una buena asistencia jurídica. Me expresó que el partido de las FARC, como se llamaba en esa época, no le otorgaba asesoría legal sino a quienes estuvieran con ello. Me dijo que se llamaba Lucho o algo así. Era más alto que yo, 1.70 m aproximadamente, afrocolombiano de pelo ensortijado estilo afro. La verdad fue un encuentro rápido, muy impactante y puedo caer en imprecisiones justamente por el estado nervioso que me causó dicho encuentro. Pero claramente no me iba a inventar este episodio, que ha causado tantos problemas para mí", explicó la senadora.Aseguró además que lo que la motivó a revelarle al país estos detalles es que considera que muchas veces han sido señaladas algunas personas que serían inocentes y que ella respetaba y admiraba a Gómez Hurtado, por lo que también quiere aportar verdad sobre lo que sabe y que el caso se pueda esclarecer, denuncia además que estas revelaciones, según ella, le han traído problemas de seguridad y salud, pero también cuestionó que no haya otros civiles que hayan sido llamados por la JEP en el caso."Nadie más que no sea excombatiente ha sido llamado sobre este caso ante la JEP como testigo ni de unos ni de otros: ni el presidente Samper, ni Óscar Naranjo Salazar, ni el exsenador José Obdulio Gaviria, ni el exfiscal Gómez Méndez. Sin embargo, aquí estoy", puntualizó.Escuche el podcast: Lo más viral, historias en la red
La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba asistió este jueves a una audiencia en la JEP para entregar la información que tiene sobre el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y con la que se aclararía la responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.Córdoba asegura que sostuvo un encuentro en Bogotá con un hombre al que se le conoce como 'Lucho' o 'Chucho', quien le reveló que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado, es decir, esta persona sería el actor material del crimen.“Él me dijo 'yo fui el que mató a Álvaro Gómez, yo fui el que le disparé'”, señala Córdoba.Por otro lado, explicó que en su apartamento en Medellín recibió a dos personas que durante 40 minutos le relataron detalles sobre el caso Álvaro Gómez. El interés de ellos era que Córdoba les diera un espacio en una entrevista para contar lo que sabían del crimen; sin embargo, dijo que ella nunca ha señalado directamente a las Farc de ser los directos responsables.“Nunca jamás los ataqué directamente y dije que eran ellos. Luego de mis afirmaciones, a pesar de que lo negaron, sacaron un comunicado público que es de público conocimiento, donde ellos se adjudicaron el crimen del doctor Álvaro Gómez e igualmente hacen alusión a otros crímenes de los cuales yo no tengo ningún conocimiento”.Por otro lado explicó que sus contactos con las Farc empezaron durante el gobierno de Álvaro Uribe para realizar labores humanitarias que permitieran el retorno de algunos secuestrados.Escuche el podcast El Camerino:
La JEP ha tenido que aplazar seis veces la audiencia de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba en el caso que investiga el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Córdoba fue citada después de que reconociera que tiene información que podría ayudar a demostrar que el magnicidio es responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.Sin embargo, las seis veces que han intentado interrogarla, argumentó que por razones de salud no podía entregar su testimonio e incluso ha aportado excusas médicas para demostrarlo.Esta vez, nuevamente su defensa presentó otra excusa médica solicitando que no se realizara la diligencia hasta después del 26 de octubre, pero esta vez la sala de reconocimiento no accedió a dicha solicitud y confirmó la diligencia para el próximo 6 de octubre.“Teniendo en cuenta lo expresado por el abogado de la declarante, y dada la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas a conocer la información que la señora Córdoba Ruiz tiene en su poder, se dispondrá que la audiencia prevista para el próximo 6 de octubre se haga de manera virtual”, se lee en la decisión.La JEP evaluará si lo aportado por los miembros de la antigua guerrilla de las Farc y otras personas como Córdoba, que han manifestado tener información del caso, es suficiente y se asume la competencia del caso, de lo contrario el proceso continuará el trámite en la justicia ordinaria.Cabe recordar que los familiares de Álvaro Gómez Hurtado consideran que no es cierto que la extinta guerrilla de las Farc sea la responsable del crimen y por eso han pedido interrogar a los miembros de la antigua guerrilla y a la senadora Córdoba.Le puede interesar:Escuche El Mundo Hoy:
La JEP suspendió por quinta vez la audiencia para recibir el testimonio de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. La diligencia debía realizarse este martes 20 de septiembre, pero Córdoba envió una excusa médica a la JEP pidiendo su suspensión."Mediante mensaje de WhatsApp al teléfono del magistrado Auxiliar en movilidad, el abogado de la declarante informó de que ella tenía una incapacidad médica desde el 12 hasta el 25 de septiembre de este año, por lo que no podría viajar a la ciudad de Bogotá. En consecuencia, se hace necesario señalar una nueva fecha para la realización de esta diligencia", aseguró la JEP. Es importante resaltar que la senadora mencionó que tiene información que ayudaría a probar que el crimen es responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc, pues en el año 2020 el antiguo secretariado de las Farc se adjudicó el magnicidio comprometiéndose a aportar verdad y asumir responsabilidad en el caos, una versión que no es creíble para la familia del líder conservador.Ante esto, la Sala de Reconocimiento decidió tomar la decisión y aplazar la audiencia."Citar a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruíz a diligencia de declaración juramentada en la sede la JEP en la ciudad de Bogotá el próximo 6 de octubre, a las 8:30 de la mañana", indicó.Después de escuchar este testimonio y contrastarlo con el de otras personas que han ido a la JEP a entregar su versión sobre este caso, la justicia transicional deberá decidir si asume la competencia del caso o deja que el proceso continúe en la justicia ordinaria.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado con la salud del mandatario en los últimos días:
La Fiscalía General vinculó como persona ausente al disidente de las FARC Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", por los homicidios del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su escolta José del Cristo Huertas, cometidos en 1995 en Bogotá, informaron este martes las autoridades.La declaración de Márquez como persona ausente dentro del proceso que se sigue por el magnicidio del líder conservador fue hecha por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos."De acuerdo con la decisión se cumplieron los términos legales para garantizar la vinculación formal del investigado", detalló la Fiscalía en un comunicado.El organismo agregó que "'Iván Márquez' estaría en Venezuela y sería uno de los principales cabecillas de la estructura disidente de las FARC conocida como 'Segunda Marquetalia'", por lo que "no está garantizada su comparecencia a las diligencias judiciales".Gómez Hurtado fue tiroteado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en la que ejercía como catedrático.El 3 de octubre de 2020, las antiguas FARC, en una carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se atribuyeron el asesinato Gómez Hurtado.También dijeron que cometieron los crímenes de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como "Javier Delgado" (2002); del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).Vinculación de Márquez en el casoLa Fiscalía abrió una investigación contra "Iván Márquez" y emitió una orden de captura en su contra por este caso en febrero del año pasado luego de que los exlíderes de las FARC manifestaran su responsabilidad en el magnicidio de Gómez Hurtado."El material de prueba da cuenta de que alias Iván Márquez hizo parte de la máxima dirigencia de las extintas FARC para la época del asesinato, en 1995. Otras hipótesis sobre el crimen están activas. La Fiscalía avanza en una valoración integral del acervo probatorio recopilado para esclarecer en su totalidad el hecho criminal", agregó la información.Esta determinación se sustenta en la competencia que tiene la Fiscalía para investigar los delitos de los desertores del proceso de paz.Alias "Iván Márquez", que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz, fue expulsado en octubre de 2019 de la JEP por incumplir el acuerdo firmado con el Gobierno en 2016En un video divulgado el 29 de agosto de 2019 algunos exmiembros de las FARC, liderados por "Iván Márquez, anunciaron públicamente su rearme contra el Estado colombiano al considerar que estaba incumpliendo lo acordado en las negociaciones de La Habana.Asesinato en la impunidadEl asesinato de Gómez Hurtado, de 76 años de edad, candidato presidencial en tres oportunidades, las dos primeras (1974 y 1986) por el Partido Conservador, y la última en 1990 por el Movimiento de Salvación Nacional, fue declarado como crimen de lesa humanidad en 2017, lo que evita la posibilidad de que prescriba la investigación.Durante más de 25 años las autoridades colombianas han investigado el asesinato del político, hijo del expresidente Laureano Gómez, y uno de los homicidios que más han estremecido al país, sobre cuya autoría se han tejido numerosas hipótesis.Le puede interesar:Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo funcionará la ‘aplanadora’ de Petro en el Congreso. La adhesión de los partidos tradicionales ¿a cambio de qué?
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de noviembre de 2024:Didac García, presidente ejecutivo de Global Reformbnb, habló del evento organizado en Colombia por Cotelco. Este encuentro busca discutir el impacto de las viviendas turísticas como Airbnb y explorar un posible marco regulatorio.Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, se pronunció respecto a la polémica en la que firmó que el Icetex no pertenece a su sector, pero es presidente de la junta directiva. El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos.Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, habló sobre lo que se puede esperar Latinoamérica, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Frederico Pedreira, CEO de Avianca, reveló detalles sobre los problemas operacionales en El Dorado por cuenta del mal clima, que se suma a daños en infraestructura y equipos en varios aeropuertos del país, principalmente en El Dorado. Escuche el programa completo aquí:
Este jueves, 21 de noviembre, un trágico accidente en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 243, cobró la vida de una joven de 20 años tras la caída de un árbol de especie ‘alcaparro pequeño’. El incidente, causado por las fuertes lluvias que azotan la capital, ocurrió a las 8:45 de la mañana y dejó también a varias personas heridas.La víctima, quien se desplazaba como pasajera en una motocicleta de la aplicación ‘Picap’, falleció de manera instantánea al ser impactada por el tronco. El piloto de la motocicleta fue trasladado a un hospital, mientras que otras 12 personas, también motociclistas, resultaron lesionadas debido a la caída de sus vehículos o al desplome de ramas. El testimonio del padre de la joven que murióEl padre de la joven fallecida, Armando Quintero, se pronunció entre lágrimas sobre la pérdida de su hija. “Uno nunca sabe cuál es el último adiós, el último saludo, la última cena. Ojalá lo que le sucedió a mi hija no le pase a nadie más. Por favor, que la Alcaldía Mayor de Bogotá haga mantenimiento a los árboles”, declaró a Blu Radio, pidiendo acciones para prevenir más tragedias.Los bomberos de la estación Bicentenario acudieron al lugar para atender a las víctimas y coordinar las labores de limpieza. A pesar de que el árbol fue cortado y retirado del carril, los troncos aún permanecen en el lugar, a la espera de ser recogidos por las autoridades. Criminalística adelantó el levantamiento del cuerpo de la joven en medio del dolor de los familiares presentes.La tragedia ha encendido el debate sobre el mantenimiento de árboles en zonas urbanas y el impacto de la ola invernal en Bogotá, que ha generado emergencias similares. La ciudadanía exige medidas urgentes para evitar más incidentes de esta naturaleza.
Resultado de los números ganadores del sorteo de Paisita Noche de este jueves, 21 de noviembre de 2024. Todos los días hay un nuevo chance de ganar, felicidades al ganador.¿Qué número cayó por el Paisita Noche?En el último sorteo de El Paisita Noche este jueves, 21 de noviembre de 2024, el número ganador fue el , según publicaron en sus redes sociales.Tres últimas cifras: Tres primeras cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Paisita Noche .Quiere consultar los resultados de sus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador-.¿Cuánto paga Paisita Noche?Un acierto (última cifra): la uña, 5 pesos por cada peso apostado.2 aciertos (últimas cifras): la pata, 50 pesos por cada peso apostado.3 aciertos (últimas cifras): con pleno 400 pesos por cada peso apostado y con combinado 83 pesos por cada peso apostado.4 aciertos (todas las cifras): son súper pleno 4.500 pesos por cada peso apostado y con súper combinado 308 pesos por cada peso apostado.Recuerde que para premios mayores de 48 UVT, es decir $2.259.120 se genera retención en la fuente del 20 % sobre el valor del premio.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, conocido como Paisita 2, es una lotería que se juega todos los días en Colombia. Aquí puede revisar todos sus resultados.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al ICETEX para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.Por eso, los propios estudiantes han lanzado una alerta al Gobierno nacional para revisar la financiación de esta entidad y así no comprometer sus estudios.¿Qué está pasando con Icetex?El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) enfrenta una situación crítica debido a la falta de recursos financieros para continuar otorgando créditos educativos. La entidad esperaba recibir 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, pero solo ha recibido 30.000 millones hasta la fecha.Esta situación pone en riesgo la financiación de matrículas para más de 200.000 estudiantes universitarios que dependen de estos créditos. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha generado polémica al afirmar que el Icetex "no pertenece a su sector", a pesar de ser el presidente de la junta directiva.La Asociación de Representantes Estudiantiles de la Educación ha expresado su preocupación por la crisis y ha advertido que la desfinanciación del Icetex es una "grave amenaza" para las instituciones de educación superior privadas y para las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias.Los estudiantes han insistido en que depende de la voluntad política del gobierno encontrar soluciones y han llamado al ministro Rojas a dejar atrás su postura "hostil" y buscar consensos para proteger el derecho fundamental a la educación superior.Consecuencias de la crisis del Icetex:Riesgo para la financiación de matrículas de más de 200.000 estudiantes universitariosAmenaza para las instituciones de educación superior privadasImpacto en los bolsillos de las familias del país, especialmente las más vulnerables y de clases medias
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
