La JEP citó al excomgresista liberal Álvaro Ashton a una audiencia única de verdad para determinar si finalmente lo expulsan o no.Ashton había sido expulsado, pues la jurisdicción consideró que los aportes a la verdad del exsenador, en los procesos que es investigado por parapolítica, eran insuficientes y vagos. Sin embargo, tras una apelación de la defensa de Ashton esa decisión fue revocada.El excongresista había sido citado los días 21 y 22 de noviembre; sin embargo, la diligencia fue aplazada.“Ateniendo una situación administrativa relacionada con la magistrada auxiliar Comisionada, resulta imposible llevar a cabo la diligencia citada, por lo que con miras a garantizar los derechos del compareciente y la participación efectiva de los intervinientes especiales bajo el enfoque del diálogo restaurativo, se reprogramará la audiencia adicional de aporte a la verdad plena, para el jueves 20 y viernes veintiuno 21 de febrero de 2025, a partir de las 9:00 a.m., en la sede principal de esta Jurisdicción en la ciudad de Bogotá”, se lee en la resolución.En otra resolución, los magistrados habían aclarado que Ashton debía hablar sobre la connivencia entre el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC y agentes del Estado. También deberá entregar nombres de personas naturales que participaron en la conformación, incursión, instalación, financiación y operación de las Autodefensas. Entre otras cosas, el excongresista debe contar, si sabe, sobre alianzas y acuerdos entre representantes de instituciones del Estado y las AUC."El compareciente debe dar cuenta si es de su conocimiento de los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que comprometieron a integrantes de los grupos armados ilegales con los que, al parecer, se concertó para promoverlos, así como las redes, nexos y patrones. En específico, las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), especialmente aquellas que reflejen patrones o que tengan carácter masivo, y las particularidades de la connivencia o la relación simbiótica entre el paramilitarismo y algunos representantes de la institucionalidad del Estado en todas sus ramas y niveles", explicó la JEP al citar a Ashton.
El pasado mes de octubre la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP decidió expulsar al exsenador liberal Álvaro Ashton, argumentando que sus aportes de verdad sobre los procesos que se le siguen por parapolítica y soborno a un juez fueron insuficientes, vagos y sin fundamentos.Sin embargo, en las últimas horas la sala de definición, teniendo en cuenta un concepto de la sección de apelación, decidió revocar parcialmente la expulsión.Lo anterior, argumentando que antes de proceder a la expulsión se debía abrir un incidente de incumplimiento; es decir, evaluar si Ashton no estaba aportando verdad, pero darle la oportunidad de demostrar, si él quería, que sus aportes ante la JEP si han sido importantes, teniendo en cuenta, además, que esta jurisdicción le concedió la libertad.“Cuando la sala advierte conductas que defraudan la condicionalidad del sistema y se han concedido beneficios provisionales como la libertad transitoria, condicionada y anticipada, mediante decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada, lo procedente es iniciar el trámite reglado del incidente de incumplimiento”, advirtió la JEP en su decisión.Esto quiere decir que ahora Ashton tendrá abierto el incidente de incumplimiento, pero podrá presentar pruebas ante la jurisdicción que demuestren, según él, que desde que se sometió a la JEP sí ha aportado detalles e información importante. Si no lo logra, su proceso será devuelto a la justicia ordinaria y tendrá que volver a prisión.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
La Jurisdicción Especial para la Paz revocó el sometimiento del exsenador Álvaro Ashton por considerar insuficiente su colaboración y entrega de información a esa justicia y revocó el beneficio de libertad provisional que había otorgado desde el 27 de septiembre de 2019.La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que estaba estudiando su sometimiento para que conociera los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenazas.Desde que se sometió a la JEP, Ashton presentó un plan de entrega de versiones en las cuales contaría detalles de su relación con los paramilitares, que lo privaron de la libertad por disposición de la Corte Suprema de Justicia.Los aportes del compareciente fueron valorados por la sala, la cual consideró que fueron insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que, sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP, no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional.La JEP concluyó que el aporte entregado por Ashton Giraldo “no es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero, además, deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”.Además advierte que Ashton no está comprometido con los fines de la justicia transicional, por lo que no es procedente continuar brindando beneficio alguno al excongresista.“Probablemente esté aprovechándose de unos beneficios temporales a los que no está retribuyendo, pues no es dable pensar otra cosa ante el ocultamiento deliberado de la conducta punible por la que se halla procesado, todo lo cual impone, conforme se ha sustentado anteriormente, que el proceso 51.161 deba retornar a la jurisdicción ordinaria, en concreto, a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que allí continué su trámite”, concluye la JEP.
Este miércoles, ante la Sala Especial de Primera Instancia, el excongresista Álvaro Ashton negó haber tenido relación con el exmagistrado Gustavo Malo. En medio de su declaración, la segunda en el marco del proceso que se adelanta por el denominado Cartel de la Toga, el abogado de Gustavo Malo tomó la palabra.“Abogado de Gustavo Malo: ¿En algún momento el doctor Malo le pidió dinero para archivar, de manera directa o indirecta, su proceso?-Ashton: nunca, ni de manera directa o indirecta-Abogado de Gustavo Malo: ¿Usted le pidió entrevista al doctor Malo?-Ashton: Nunca tuve contacto con Malo, ni directa ni indirectamente”.En medio del juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo, el excongresista Álvaro Ashton reconoció que entregó dineros al exfiscal Luis Gustavo Moreno para lograr, que el proceso por parapolítica en su contra se archivara con ayuda de los supuestos miembros del cartel. Sin embargo, negó que Malo le hubiera pedido dineros a cambio de favorecer decisiones.El excongresista declaró por segunda vez como testigo en este juicio sobre la entrega de 800 millones de pesos, de los cuales se hizo efectiva la entrega de 400 millones en dos pagos.Lo que advierte, una vez más, es que esas entregas se hicieron en Cartagena y que los restantes 400 millones al no poderse lograr el archivo del proceso no fueron entregados. Insistió en que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno le hablaba de los entonces magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos como “su equipo de trabajo”.“Insisto, el abogado Luis Gustavo Moreno siempre tenía discurso, expectativa para ayudarme a archivar mi proceso. Vamos a cambiar de estrategia, continuamos en este proceso. Vamos a hacer un proceso dilatorio. Mi preocupación era que yo fuera noticia nacional por una alianza con los paramilitares, eso me afectaba mi carrera política”, explicó Ashton.Ante las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en las que insinuó que Gustavo Malo era amigo de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, y que del dinero que le daba a Ricaurte le llevaba a Malo, el excongresista Ashton dijo que no es cierto que Ricaurte hubiera mencionado a Malo al intentar favorecerlo.Ashton también negó la versión de Moreno según la cual se habrían conocido por medio de Ricaurte. La tesis del excongresista Ashton es que conoció a Moreno directamente.
El excongresista Álvaro Ashton, por primera vez, reconoció públicamente que pagó para lograr en la Corte archivar su proceso de parapolítica. La declaración la hizo en el juicio al exmagistrado Gustavo Malo, vinculado en el cartel de la toga.“La plata es para yo ayudar a un equipo que trabaja conmigo, entonces ya de primeras sabía que el señor estaba generando unas situaciones al margen de la ley”, dijo.Asimismo, dentro del entramado del llamado cartel de la toga, señaló que Luis Gustavo Moreno trabajaba con dos magistrados en específico.“Hacía inferencias en relación con que su equipo era el doctor Leonidas Bustos y el doctor Francisco Ricaurte”, señaló.Ashton aseguró que está diciendo la verdad porque ya se sometió a la JEP y cualquier mentira podría traer consecuencias.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, revocar el ingreso del exsenador Álvaro Ashton Giraldo a ese sistema por los casos relacionados con el denominado cartel de la toga.Le puede interesar: ¿Alias 'Macaco' a la JEP? El exjefe paramilitar pide pista en el tribunal Al presentar el recurso de apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que los delitos por los que es investigado, cohecho y amenaza a testigo, no tuvieron relación con el conflicto armado y por lo tanto no son competencia de la JEP.El Ministerio Público espera una respuesta de la JEP sobre el rechazo a la nueva aceptación de una persona que, de acuerdo a su solicitud, no tiene delitos relacionados con el conflicto en el país.
La Procuraduría General formuló cargos en las últimas horas contra el excongresista liberal Álvaro Ashton. “Entre el 5 de noviembre de 2013 y mayo de 2014, al parecer ofreció, a través de Francisco Ricaurte, y posteriormente, aparentemente, dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno aproximadamente 600 millones de pesos con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por ‘parapolítica’ y se emitiera decisión de archivo, actuaciones o decisiones que podían afectar su condición de senador”, dice el Ministerio Público. Ashton habría pagado cerca de 600 millones de pesos para torcer a su favor el caso de ‘parapolítica’ que se le seguía en la Corte Suprema.
La Jurisdicción Especial de Paz asumió los procesos por parapolítica de los excongresistas David Char y Álvaro Ashton, los cuales fueron admitidos bajo los principios de verdad, reparación y no repetición.Otro de los casos admitidos por ese tribunal es el exagente del DAS Martín Sierra D'Alemán, condenado a 30 años por homicidio y secuestro agravado, pues las conductas cometidas pudieron haber ocurrido por causa del conflicto armado o en relación directa o indirecta con este.Ahora se espera que, en este primer caso de terceros vinculados al conflicto, asistan personalmente a la jurisdicción para que firmen un acta de compromiso para sean procesados por esta nueva justicia.Si Álvaro Ashton llega a admitir los compromisos, pasaría sala de definición jurídica para admitir su proceso con la libertad, pero esa jurisdicción también establecerá una conexidad entre sus procesos por parapolitica y el cartel de la toga, este último delito estaría vinculado por pagar sobornos para ocultar sus procesos vinculados con los paras.Una vez se sometan a la jurisdicción pueden automáticamente recibir los beneficios que ofrece la JEP, entre esos la libertad anticipada o penas alternativas entre los 5 y 8 años.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela que había sido radicada por el excongresista Álvaro Ashton para frenar su proceso por parapolítica hasta que se garantice la doble instancia.El alto tribunal consideró que no puede suspender este tipo de investigaciones, independientemente de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aún no esté funcionando porque habría 'limbos' jurídicos en el futuro de los aforados investigados.La corte reiteró que aún tiene la competencia para juzgar a Asthon y no está vulnerado el derecho a la doble instancia que argumentó el excongresista en la tutela. Con la decisión, la Sala Civil deja en firme la continuidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer de estos casos y evita un choque de trenes al interior del alto tribunal.
El cuestionado senador Álvaro Ashton intentará de nuevo que la Justicia Especial para la Paz lo reciba. En mayo de este año, la sala de definiciones jurídicas de esa justicia especial ya le había negado la solicitud de someterse a ese tribunal de paz, porque mientras Ashton asegura que su proceso está vinculado al conflicto de forma indirecta, la JEP dice todo lo contrario. El abogado de Ashton interpuso un recurso de reposición que también le fue negado por la sala de revisión de la JEP. Ahora, la defensa, en cabeza del abogado Isnardo Gómez, se juega su última carta en esa materia con una apelación ante la JEP con la que espera que esa jurisdicción especial lo reciba y revise su proceso penal por parapolítica que cursa en la sala penal de la Corte Suprema. BLU Radio conoció en primicia el documento que fue enviado a la Justicia Especial para la Paz. Dice, entre otras cosas, que en su decisión “la sala excluye de la JEP actores importantes del conflicto que, aunque no participaron directamente en las hostilidades, sí contribuyeron desde otras dimensiones, aquí, en especial, la política”. Vea además: La JEP niega solicitud de sometimiento del suspendido senador Ashton por segunda vez Dice, además, que, al rechazar la solicitud de sometimiento, la JEP está “promoviendo un precedente excluyente para los terceros y agentes del Estado que quieren y ofrecen vincularse. Fuera de excluyente, la defensa considera que desilusiona y se opone a los fines de los Acuerdos, que buscan constituir o reconstruir la verdad, la cual no se alcanzará cuando los actores son rechazados con exigencias que van más allá de la norma”. La defensa de Ashton también considera que la Sala de revisión de la JEP se “confundió cuando valoró las supuestas conductas del representado respecto de criterios que nada tienen que ver con la relación directa o indirecta con el conflicto. En efecto, la Sala determinó que las conductas de Ashton no podían ser conocidas por la JEP utilizando criterios como la gravedad de los hechos”. Además, insiste en que las supuestas conductas por las que Ashton es investigado sí tendrían incidencia en el conflicto armado. “Más allá de lograr un beneficio personal para él, el concierto para delinquir del que se le acusa tuvo el efecto de beneficiar al grupo paramilitar en sus objetivos en el marco del conflicto. Es decir, la promoción que pudo hacer el representado del grupo paramilitar contribuyó a la expansión de la estructura paramilitar en la búsqueda del poder. Gracias a las condiciones favorables que pudo instaurar para las autodefensas, estas se beneficiaron de los espacios más representativos del poder en Colombia, como el Congreso de la República, para cooptar el poder, expandirse y consolidarse”, dice el documento. A partir de ahora la JEP tiene 20 días para resolver este recurso y definir, en última instancia, si Álvaro Ashton podrá o no ingresar a esa justicia especial creada tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos. “Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
El nuevo misil balístico ruso Oréshnik (Avellano) con el que Rusia atacó el jueves territorio ucraniano es uno de los últimos ejemplos del armamento hipersónico de nueva generación desarrollado por la industria militar rusa.Ni las autoridades ni la prensa había informado nunca antes sobre la existencia del Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental, según el presidente ruso, Vladímir Putin.En su mensaje a la nación, Putin destacó que la velocidad que alcanza el nuevo misil es de "Mach 10" o "2,5-3 kilómetros por segundo", lo que le convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.El Oréshnik forma parte de los sistemas de armamento "sin parangón en el mundo" presentados en sociedad por Putin en 2018, en lo que muchos llamaron la nueva Guerra de las Galaxias entre Rusia y la OTAN.Los expertos rusos, que recuerdan que el Oréshnik puede portar ojivas nucleares, apuntan que el misil tiene un mínimo de seis cabezas de guiado individual.El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.Putin justificó el lanzamiento "de prueba" -como lo definió-, aduciendo que Estados Unidos planea el despliegue de misiles de corto y medio alcance en territorio de Europa y la región de Asia Pacífico.Recordó que Estados Unidos cometió un error cuando decidió abandonar de manera unilateral en 2019 el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance.Además, advirtió que "en caso de escalada" Rusia responderá de manera "firme" y "simétrica", y acusó a EE.UU. de destruir el sistema internacional de seguridad y de conducir al mundo a un "conflicto global" al intentar por todos los medios mantener su hegemonía.
Durante el evento anual de la Noche de los Mejores, organizado por Fenalco en Santander, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. En su discurso, Cabal abordó varios temas clave que, según él, están afectando negativamente a los colombianos, entre ellos, el Icetex, la situación política en el Congreso, la seguridad y la economía del país.Cabal inició sus declaraciones haciendo énfasis en la difícil situación que enfrentan los jóvenes colombianos para acceder a la educación superior, al mencionar la falta de recursos para becas y préstamos estudiantiles del Icetex. "El año que viene, los jóvenes de Colombia no tendrán los recursos necesarios para seguir estudiando, y esta es solo una muestra de los problemas que estamos viviendo en diversos sectores", comentó el dirigente gremial.En cuanto a la política nacional, Cabal expresó su preocupación por la creciente influencia del gobierno en el Congreso, asegurando que "el Congreso se ajusta cada vez más a los intereses del Gobierno Nacional, donde priman los intereses personales de muchos congresistas, no de todos". Además, alertó sobre los continuos escándalos de corrupción que siguen sin ser resueltos.La seguridad fue otro de los puntos críticos de su discurso. Según Cabal, la violencia y el crimen han aumentado de manera alarmante, especialmente en delitos como la extorsión, que creció un 30% en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior. También destacó el aumento del secuestro, con una cifra superior al 75%, y señaló la creciente presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que han expandido su control territorial en varias regiones del país. "Estamos perdiendo el control de nuestros territorios ante estos grupos, y el gobierno parece incapaz de detener esta expansión", manifestó Cabal.El líder de Fenalco igualmente se mostró crítico con la estrategia de paz del gobierno, calificando el proceso de "paz total" como un fracaso. A su juicio, la falta de control sobre el narcotráfico y la creciente siembra de cocaína en Colombia son pruebas claras de que la política de paz está fracasando.“El incremento de las hectáreas sembradas en cocaína que superaron más de 300.000 no puede ser de alguna manera derrotadas por la misma orden del presidente de la República que para él es más importante comprar la cosecha de coca que combatir el narcotráfico”, expresó.Y agregó: “ha habido un proceso direccionado del Gobierno Nacional de menguar a nuestra fuerza pública, menguar no solamente la moral sino la capacidad operativa como lo pueden certificar muchos de los representantes de ella a través de la falta de repuestos, de suministro, de equipos para combatir”.En el ámbito económico, Cabal advirtió que, aunque algunos sectores han mostrado signos de recuperación, la economía nacional sigue siendo frágil."Estamos perdiendo el año económico", dijo, destacando el débil crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, que fue de apenas un 0,6%, muy por debajo de las expectativas de crecimiento previas. Si bien algunos sectores como el agropecuario han experimentado cierto dinamismo, otros como la industria, la construcción y el comercio siguen en números negativos. "La caída de la inversión extranjera es alarmante, mientras que los capitales colombianos están saliendo del país", señaló Cabal.Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a la reflexión y a la acción, afirmando que, si bien las circunstancias actuales son difíciles, es crucial que todos los sectores trabajen unidos para construir un futuro mejor para el país. "No es momento de rendirse, pero sí de reconocer que debemos cambiar el rumbo y apostar por políticas que fomenten la confianza y la inversión en Colombia", concluyó el presidente de Fenalco.
El Gobierno español anunció una reforma en el reglamento de la ley de extranjería que facilitará la regularización de migrantes que residen en el país sin documentos, una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Cuáles son los cambios en la nueva ley de migración de EspañaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló los cambios en la normativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del tiempo necesario de residencia en España para acceder a figuras de arraigo, pasando de tres años a solo dos. Estas figuras incluyen opciones como el arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo y una nueva categoría denominada “de segunda oportunidad”.Además, la reforma establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, mientras que las renovaciones tendrán un plazo extendido de cuatro años, lo que busca evitar que los migrantes entren en situaciones de irregularidad una vez obtengan su estatus legal.Facilidades para la reagrupación familiarEntre las novedades, se fortalecen los mecanismos para la reagrupación familiar. La edad límite para que los hijos puedan beneficiarse de este proceso se amplía de 21 a 26 años. También se incluyen a parejas no registradas oficialmente, siempre que puedan demostrar una relación análoga, y a los familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.Por ejemplo, estas medidas son particularmente relevantes para colombianos que han adquirido la nacionalidad española y desean llevar a sus familiares a ese país.Cambios para estudiantes internacionalesOtro aspecto destacado de la reforma es la flexibilización de las autorizaciones para estudiantes extranjeros. Quienes lleguen a España para realizar estudios tendrán una autorización inicial de estancia que cubrirá todo el período de formación. Además, se establecerá un sistema ágil para que puedan vincularse al mercado laboral tras completar su formación académica.¿Cómo beneficiará esto a España?La reforma responde a necesidades del mercado laboral español, que según organismos internacionales como Naciones Unidas, requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener el sistema de bienestar social."España es un país mejor (...) tenía dos opciones: elegir ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre; España hoy es un mejor país", agregó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
