La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuatro.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.En diálogo con Blu Radio, Gladys Rojas, madre de Didier Hernández Rojas, líder de una junta de acción comunal, quien murió junto a su pareja sentimental, “estamos muy contentos de que se inicie a hacer justicia”, dijo Gladys Rojas.Asimismo se refirió a la serie de aplazamientos por parte de un juzgado en Putumayo “El proceso se demoró por un juzgado en Puerto Leguízamo y al final no se hizo nada(…) en parte por lo que decía el Ejército, pero como somos mayoría de testigos que reclamamos la verdad porque es una realidad que masacraron a nuestros hijos, ellos no quieren que esto salga a la luz(...) ellos(militares) actuaron en voluntad propia porque dispararon donde había puros civiles, para hacer pasar esto por un falso positivo”.Por otra parte, Hernández aseguró que no han recibido ningún tipo de reparación “no nos han dado siquiera para los niños que quedaron huérfanos”.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y a un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Cabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares. De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.Ahora, varios meses después, se confirmó la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo. Esta será el 25 de junio de 2024 a las 9:00 de la mañana. Asimismo, la Fiscalía pedirá cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados y les imputará el delito de homicidio en persona protegida en modalidad tentada.La Fiscalía 150 especializada, delegada contra la violación de derechos humanos, pedirá cárcel contra 25 personas. Entre estas personas está el coronel Néstor Andrés Cadena Bautista por haber dado de baja al gobernador indígena Kichwa, Pablo Panduro, y, un menor de edad. Los familiares de algunas víctimas están viviendo fuera del país porque fueron amenazados de muerte.Masacre de Alto Remanso en Putumayo debe pasar a la justicia ordinaria: HRWCabe recordar que Blu Radio reveló detalles de la investigación disciplinaria contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo; contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares.De acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.Le puede interesar:
El 22 de marzo de 2022, el batallón contra el narcotráfico, se llevó a cabo el No. 05 Mahlón, en la vereda Alto Remanso, Putumayo. El objetivo principal de esta operación era neutralizar a alias 'Bruno', miembro de un grupo armado organizado.Esta operación dejó como saldo la muerte de 11 personas. La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó esta decisión con el argumento de que debe ser un juez penal quien tome este caso, en donde son 25 los militares quienes están siendo investigados por el operativo en el Putumayo.Otro de los fundamentos que dio el alto tribunal es que al tratarse de una investigación relacionada con violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, deberá ser la justicia ordinaria quien tome las riendas de este caso.La Corte Constitucional resolvió dirimir el conflicto entre jurisdicciones y reiterar que ese caso le corresponde al juzgado municipal de Puerto Leguízamo, Putumayo.Masacre del Alto RemansoAlgunos testimonios que fueron recogidos y publicados por distintas fuentes coinciden en que los hombres que entraron al caserío alrededor de las siete de la mañana y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar donde se llevaba a cabo un bazar. Incluso, se dijo que hay pruebas de que los militares alteraron la escena de los hechos y plantaron armas y ropa de combates en uno de los cuerpos.Así las cosas, será la justicia ordinaria que siga con el curso de esas investigaciones según la determinación que tomó la Corte Constitucional.
Las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de soldados presuntamente responsables de matar a civiles durante una operación militar en marzo de 2022 en Alto Remanso, Putumayo, pidió Human Rights Watch al presentar este lunes, 18 de septiembre, un escrito 'Amicus Curiae' ante la Corte Constitucional.En el escrito, Human Rights Watch asegura que la investigación debería llevarse a cabo en el sistema de justicia civil; no en los tribunales militares."Las autoridades colombianas deberían transferir el caso al sistema de justicia ordinario y garantizar justicia para las personas en Alto Remaso (…) La Fiscalía General también debería investigar si algún funcionario intentó deliberadamente obstaculizar la investigación sobre estos asesinatos del ejército”, explica en el escrito Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América.La Corte Constitucional analiza si la justicia militar o la civil conducirán la investigaciónLa operación militar se desarrolló el 28 de marzo de 2022, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.El presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), José Homero, destacó que en el caserío Alto Remanso "hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil", que estaba reunida participando en "una actividad veredal".Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres "botas (...) para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró el indígena que calificó el hecho como un "falso positivo".Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias 'Bruno', parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.Le puede interesar
Blu Radio revela los detalles de la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo Jiménez, contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.El general Giraldo es el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, con jurisdicción en varios municipios y corregimientos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Según la Procuraduría, la operación militar tenía como objetivo dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de comisión de las disidencias autodenominadas como Comandos de Frontera.De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo de 2022, “los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con GAO-r 48”.En este punto viene la clave de la investigación disciplinaria, pues según el Ministerio Público, los soldados entraron en ese combate “sin discriminar los blancos”, produciendo la muerte de 11 civiles y causando heridas a otros cinco, “afectados por el actuar del Ejército Nacional”.Lo que sigue es grave, porque de acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.De igual forma, el Ministerio Público encontró que los militares que participaron en la operación, “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.Dentro de las pruebas que ordena practicar la Procuraduría para adelantar la investigación, está el informe que en su momento le pidió el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, al general Carlos Iván Moreno, sobre lo sucedido.Además, la Procuraduría ordenó escuchar en declaración juramentada al general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general del Ejército y quien en su momento había defendido el operativo llevado a cabo en Putumayo.En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, incluso tuvo que defenderse en el Congreso en un debate de moción de censura, en el que ratificó la legalidad de la operación y dijo que las 11 personas muertas fallecieron en una operación contra el narcotráfico.Incluso, en Twitter, el entonces ministro Diego Molano le respondió a Gustavo Petro: “@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima”
