En la últimas horas, el magistrado Gustavo Salazar, quien investiga en la JEP los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica, firmó un auto de 262 páginas con el cual ordena compulsar copias contra algunos generales y oficiales que hicieron parte de la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21 y a unos comandantes de Policía del departamento del Meta.La compulsa de copias se dio tras escuchar el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de 'Otoniel', Juan Carlos Rodríguez, conocido como 'Zeus', y otros testigos y comparecientes que habrían contado ante la JEP como se habrían dado las alianzas entre algunos miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo en el Meta.En la lista de generales a quienes se les compulsó copias está Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Además, fue comandante en el año 1997 de la Brigada 7."Habría facilitado la operación militar de grupos ilegales en el territorio bajo su jurisdicción lo cual se tradujo en la comisión de crímenes internacionales", se lee en el auto firmado por Salazar.En la lista también sale Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, quien fue salpicado por Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por presuntos vínculos con el paramilitarismo."Por su parte, Úsuga David confirmó ante la JEP, como los vínculos y la coordinación operativa entre los grupos paramilitares y el Batallón 21 Vargas se realizaba directamente entre Manuel de Jesús Pirabán, alias 'Jorge Pirata', y Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, comandante del Bivar", agrega la JEP. Pérez Guarnizo fue comandante entre 1998 y1999 del Batallón de Infantería XXI Vargas.Otros de los mencionados en este auto son el general (r) Francisco René Pedraza, quien comandó la Brigada VII en 1997, Benigno Esteban Piñeros Londoño, Benjamín Núñez Núñez y Mario Gutiérrez Jiménez, quienes comandaron la Policía en el Meta entre 1997, 1998 y 1999, respectivamente. Otro de los mencionados es Blas Arvelio Ortíz, quien fue gobernador del Vichada, pero anteriormente, comandó el Batallón de Infantería XXI Vargas."El despacho tiene elementos para sostener que la presencia en el Alto Ariari y el proceso de consolidación y expansión de los grupos paramilitares, autodefensas de San Martín, Grupo de El Dorado, 1997-1998 y, a partir de 1998 el Bloque Centauros y durante 1999, por ser notoria debería haber sido de pleno conocimiento de los altos mandos de la VII Brigada y el Batallón 21 Vargas, así como de la ejecución de sus crímenes. En algunos de ellos, se ha avanzado de manera sustancial en la identificación de distintos niveles de participación de miembros de las unidades militares mencionadas", señaló la JEP.La compulsa de copias busca que en el caso 8 de la JEP, que investiga las alianzas entre miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, se pueda establecer si los oficiales antes mencionados tuvieron alguna relación o conocimiento en los hechos señalados.
El pasado mes de abril, los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar llegaron a la Penitenciaría de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, en Florence, Colorado, Estados Unidos, para interrogar a Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', con el fin de recolectar información para los casos relacionados con los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Alias 'Otoniel' fue el máximo comandante del Clan del Golfo y también lideró el Bloque Centauros de las AUC, que tenía presencia en departamentos como Arauca y Casanare. En mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos tras su captura.La JEP decidió compulsar copias para que se investigue a un mayor general, seis agentes del Estado y tres civiles mencionados por 'Otoniel'. En dicho auto, se levantó la reserva de algunos apartados del testimonio de Úsuga. Allí, los magistrados le preguntaron sobre su extradición, y él aseguró que el proceso fue bastante rápido:"Magistrado (JEP): Porque es que su, además su proceso de extradición fue bastante rápido, ¿usted recuerda?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Sí, demasiado.Magistrado (JEP): ¿Y usted qué reflexión le genera esa rapidez? ¿Por qué cree que fue tan rápido?", se lee en el auto.En ese punto, alias 'Otoniel' aseguró que estaba entregando mucha información sobre diferentes procesos, y que por eso considera que se habría dado su extradición."DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida.Magistrado (JEP): ¿Y usted cree que le faltó declarar mucho?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): Pues siempre, siempre hay cosas que podían ampliar más las declaraciones.Magistrado (JEP): ¿Y usted considera que fue en relación con alguna persona en particular que tenía miedo de que usted declarara?DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (Testigo): No, no, así particular no, hay cosas en general, hay declaraciones en general, la mayor parte en general", agregó Úsuga.En ese mismo sentido, señaló a congresistas, empresarios y otras personas que tendrían, presuntamente, vínculos con el paramilitarismo.
El pasado 9, 10 y 11 de abril Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', rindió testimonio ante la JEP para los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica, respectivamente.El excomandante del Clan del Golfo y exjefe del bloque Centauros de las AUC entregó su testimonio desde la penitenciaria de máxima seguridad ADX o Supermax, de Florence, Colorado, Estados Unidos, donde se encuentra tras su extradición.Allí alias 'Otoniel' habló sobre políticos, empresarios y altos mandos de las Fuerzas Militares, quienes habrían tenido, presuntamente, vínculos con las Autodefensas, la mayoría mencionados en la lista que había entregado con anterioridad a esa justicia cuando aún estaba en Colombia.“Se ratifica que era gente colaboradora, como les dije ese día, que era gente que colaboraba en la organización, la mayor parte nos colaboraba financieramente”, fue la primera respuesta que dio Otoniel a los magistrados en esta declaración.Tras sus declaraciones, la JEP compulsó copias, es decir, pedir a la justicia ordinaria que investigue a algunos de los mencionados, pues no están bajo su competencia.En la resolución de la JEP está los excongresistas Milton Arlex Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Oriz; el empresario y exfuncionario de Casanare, Andrés Rueda Gómez; el exrector de la Universidad de Cartagena; Sergio Manuel Hernández, el exsecretario de Casanare, Leonídas Ortega; el contratista e interventor, Sigifredo Gómez Torreglosa; el exrepresentante Helí Cala López; el exdiputado de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez y los políticos Alfredo Iván Guzmán, quien fuera alcalde de Tame, Arauca, y Julio Enrique Acosta Bernal.La Justicia Especial también pidió investigar a todos los diputados de Casanare para el periodo 2000-2003 y los integrantes de la cúpula de la brigada 18 del Ejército que estuvo entre 2000 y 2006.
En una operación conjunta de la Policía y otras autoridades, fue capturado Juan Alberto Muñoz Terán, alias 'Lápiz', cuñado de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel' excomandante del Clan del Golfo. La captura se realizó este domingo, 20 de octubre de 2024, en Medellín, Antioquia, como parte de la Operación Agamenón, que busca desmantelar las estructuras criminales del Clan del Golfo.Alias 'Lápiz' es señalado como un importante articulador criminal y coordinador de narcotráfico de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña. Con una trayectoria delictiva de 16 años, en 2020 fue nombrado cabecilla de esta subestructura, y en 2021, fue delegado por alias “Chiquito Malo” para expandir las actividades criminales del Clan del Golfo en Norte de Santander.Entre las principales responsabilidades de Muñoz Terán se encontraba la coordinación del envío de aproximadamente cinco toneladas de cocaína mensuales desde el Catatumbo hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, estaba a cargo del cobro de extorsiones, homicidios y el desplazamiento forzado en zonas como Cúcuta, Puerto Santander y el Catatumbo, donde lideraba enfrentamientos con el ELN por el control territorial y las rentas ilícitas.La operación, liderada por la DIJIN y la DIPOL, contó con el apoyo del COPES Agamenón y la Fiscalía 127 Especializada DECOC de Cúcuta. Alias 'Lápiz' es requerido por la justicia por delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, fabricación y tráfico de armas. Su captura representa un golpe estratégico al Clan del Golfo y a las redes de narcotráfico que operan en el país.
Dairo Antonio Úsuga, conocido como 'Otoniel', ex líder máximo del Clan del Golfo y actualmente detenido en EE.UU. tras ser extraditado en 2022, ha revelado su implicación con la fuerza pública en la ejecución de civiles en el departamento colombiano del Meta, casos conocidos como "falsos positivos". Esta información fue proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el día de hoy.La JEP informó en un comunicado que 'Otoniel' ha ofrecido "información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como supuestas bajas en combate por parte de la fuerza pública en el Meta". Además, durante tres días, habló sobre "su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica".El diálogo entre el exjefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se llevó a cabo en la penitenciaría de máxima seguridad 'ADX' o 'Supermax' en Florence, Colorado.'Otoniel' también señaló vínculos entre miembros de la fuerza pública, políticos a nivel nacional y regional, y terceros civiles con los grupos armados ilegales a los que perteneció, como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo.La toma de testimonio, realizada con la colaboración del Departamento de Justicia de EE.UU., se llevó a cabo de manera reservada, garantizando la participación de las víctimas y sus representantes judiciales para hacer preguntas a 'Otoniel'.La JEP ahora analizará y valorará la información proporcionada por el exjefe paramilitar. Cabe destacar que Úsuga ya había sido escuchado como testigo por la JEP en 2022 cuando estaba en Colombia, antes de su extradición a EE.UU.Esta comparecencia no implica necesariamente que será juzgado por esta justicia especial, que ofrece penas alternativas a la prisión si el procesado proporciona suficiente verdad sobre los crímenes y reconoce su participación.
Luego de que se conociera que Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y quien era el máximo jefe del Clan del Golfo, brindará su testimonio el 9 y 10 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de víctimas en Antioquia pidieron que no se obstaculice nuevamente el aporte a la verdad, tal y como se pretendió con su extradición a Estados Unidos.Además de la notificación del testimonio de ‘Otoniel’, se avisó la posibilidad de radicar cuestionarios ante la Jurisdicción Especial para Paz por parte de los representantes de víctimas del Caso 03 y 06, por lo que se espera que esta vez sí tengan acceso a la verdad."Esperamos que estas declaraciones entreguen amplia información sobre su participación durante el conflicto armado y la convivencia de Fuerza Pública con paramilitarismo y empresarial. Las víctimas esperan que esta verdad pueda ser entregada y no ser obstaculice como se hizo en su anterior extradición", explicó Jackson Taborda, coordinador Jurídico Fundación Forjando Futuros.Úsuga dará su versión de los delitos que cometió en Colombia y el rol de la Fuerza Pública, desde donde está recluido en Estados Unidos.Le puede interesar:
En medio de una operación de las Fuerzas Militares, en Antioquia, fueron abatidos tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Robirio Antonio Úsuga Restrepo, conocido con el alias de ‘Tripaseca’ y primo de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, hoy extraditado en Estados Unidos.Las operaciones se adelantaron en zona rural de El Dos, en Turbo, y de acuerdo con las investigaciones, los otros dos abatidos hacían parte del anillo de seguridad.A alias ‘Tripaseca’ se le acusa de varios atentados contra la fuerza pública en la región del Urabá antioqueño.Uno de ellos fue la activación de un campo minado en mayo de 2022 al paso de un carro de Migración Colombia, todo esto en medio del denominado paro armado que ese grupo ilegal promovió tras la extradición de ‘Otoniel’. En ese caso dos militares resultaron lesionados.Así mismo, está vinculado al atentado que, en la primera semana de enero de este año, dejó un soldado muerto y 12 más heridos también en Turbo.Finalmente, inteligencia militar lo relaciona con otro atentado en el corregimiento El Dos, de ese municipio, que dejó dos policías heridos el pasado 13 de enero.En su historial delictivo aparecen reseñados, además, delitos como microtráfico, extorsión, reclutamiento forzado de menores y homicidios.
A menos de dos meses de que finalice su periodo como fiscal general, Francisco Barbosa entregó un balance sobre el trabajo que hizo su administración en materia judicial con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.En ese informe se conoció que en los últimos cuatro años, se han judicializado más de 6.600 integrantes de esas organizaciones; siendo el Clan del Golfo el grupo que más golpes judiciales ha recibido durante la llegada de Barbosa a la Fiscalía.De esas judicializaciones, más de 1.800 fueron del Clan del Golfo, de los cuales en su mayoría son cabecillas, como la captura y extradición del jefe máximo Darío Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.De las disidencias de las Farc fueron judicializados en ese mismo periodo 1.119 integrantes y se esclarecieron atentados terroristas en los que participó la estructura, como el ataque a la brigada 30 del Ejército en 2021.Sobre ataques terroristas, la Fiscalía logró esclarecer 36 % de los hechos que se presentaron en esos cuatro años como el ataque a un grupo del Esmad en Cali en 2022 que dejó 13 uniformados y una persona herida.Carlos Izquierdo, director contra organizaciones criminales, explicó que estos resultados se dieron por “metodologías estratégicas para fortalecer el trabajo en los territorios contra los grupos armados ilegales que someten a la población civil y poner en evidencia a los cabecillas”.Dentro de este balance la Fiscalía confirmó que en la administración Barbosa se lograron resolver 777 homicidios en zonas rurales.Le puede interesar:
La Sala de Reconocimiento citó al excomandante del Clan del Golfo, Dairo Atonio Usuga, alias 'Otoniel' a una audiencia en la que iba a ser interrogado por la violencia en el Urabá, teniendo en cuenta que 'Otoniel' hizo parte de diferentes grupos armados con presencia en los territorios de esa región. La diligencia debía realizarse virtualmente teniendo en cuenta que alias 'Otoniel' fue extraditado a Estados Unidos.Para poder hacer el interrogatorio desde la JEP debían enviar una carta rogatoria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por medio del Ministerio de Justicia, sin embargo dicha carta se tenía que enviar al menos 60 días antes de la realización de la diligencia, razón por la cual se tuvo que aplazar la audiencia programada para los días 20, 21 y 22 de noviembre."Bajo este marco, el despacho relator considera necesario adoptar medidas para la continuación de la diligencia de testimonio (declaración jurada) ordenada al señor DARIO ANTONIO ÚSUGA DAVID, razón por la cual mediante el presente proveído se promulgarán las determinaciones necesarias para la materialización de la diligencia y su programación dentro de los tiempos señalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho", señala la JEP.Alias 'Otoniel' también fue citado en el marco de las investigaciones del caso 03, que investiga los falsos positivos, dicha diligencia se espera que se realice el próximo año.Le puede interesar "¿Crisis de la salud fue provocada para presionar la reforma? Gremios del sector hablan:
Exjefes paramilitares radicaron ante la oficina del alto comisionado para la Paz en la que explican cómo funcionaría la mesa técnica, con el fin de revisar el proceso de paz con las AUC.Allí explicaron quiénes serían los delegados de las AUC en los diálogos e incluyen algunas peticiones para poder iniciar el proceso.Justamente, los exjefes paramilitares plantean que la mesa esté integrada por excomandantes de los diferentes bloques regionales de las autodefensas, y en este sentido, entregan una lista de 17 nombres de personas que consideran podrían ser los delegados entre los que aparecen Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’.“Señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro y señor alto comisionado para la paz, doctor Daniel O'Rourke. Ayer conoció la comunicación del Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Gaitanistas. En ella, las Autodefensas Gaitanistas solicitan al gobierno nacional gestionar ante la justicia de Estados Unidos la repatriación de los señores Daniel Rendón Herrera, y de Dairo Antonio Usugaray, reconocidos en nuestro conflicto armado como ‘Don Mario’ y ‘Otoniel’”, señaló Mancuso.El exparamilitar argumentó que la solicitud tiene “todo el sentido” porque según argumenta “la extradición de los comandantes de las organizaciones de autodefensa ha sido el peor de los errores si se pretende construir una paz territorial bien anclada, sólida y especialmente sostenible en el tiempo”.Cabe recordar que, en la carta enviada al Gobierno Nacional, señalan que están a la espera de que el Gobierno nombre a sus delegados. Eso sí, aclaran que es importante que las mesas temáticas estén integradas por excomandantes y excombatientes.De acuerdo con el documento, una vez se instale la mesa técnica, se construiría un "informe balance" sobre los resultados, logros, incumplimientos y errores del proceso que se realizó durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.En el mismo sentido solicitan la concentración de los exparamilitares que van a participar en el proceso y se encuentran en diferentes cárceles, la idea es que estén en sitios especiales donde puedan reunirse y realizar las labores de la mesa. Otra de las solicitudes es que se destinen los recursos necesarios para el funcionamiento de la mesa y garantizar que los asesores del proceso puedan reunirse con los exAUC en las cárceles.Aquí el video de Salvatore Mancuso:
Con 20 votos a favor de 21 posibles, el Concejo de Medellín le dio luz verde al proyecto de acuerdo que fijaba el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para el 2024.El concejal coordinador de la iniciativa, Alejandro De Bedout, indicó que este proyecto está acorde con las leyes nacionales y parte del decreto 0293 del 2024 que emitió el presidente de la República, en el cual se establece el límite salarial.Así las cosas, quedó en firme la propuesta de fijar el salario en $23.836.104 millones de pesos para estas tres importantes figuras en la capital antioqueña, lo que, en comparación al año 2023, representa un incremento del 10.3%. Además, añadió el concejal que el aumento corresponde a la responsabilidad del cargo y da respuesta a la variación del IPC y a las negociaciones entre el Gobierno Nacional con los sindicatos y los empleados en el país.A su vez, el concejal Carlos Gutiérrez afirmó que el incremento va ligado según la categoría del municipio y enfatizó que el aumento que se está haciendo queda por debajo del que se realizará a los servidores públicos del Distrito de Medellín.Por otro lado, la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, explicó que el Gobierno nacional fijó el techo salarial para los alcaldes de categorías especiales. Este proyecto fija el salario mensual en $23.836.104 millones de pesos porque Medellín es un Distrito de categoría especial. Indicó, además, que este aumento da casi un punto porcentual menos que el incremento que tuvieron los servidores públicos del Distrito de Medellín para el año 2024. Finalmente, el Concejo aprobó el incremento salarial para los funcionarios con el IPC más 2.1% puntos porcentuales para el año 2025. El debate se concentró en ofrecer la posibilidad a los empleados del Distrito de un incremento que no se diluya con el crecimiento de la inflación.
La historia empezó cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la forma de actuar del expresidente Álvaro Uribe con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Telecom Colombia, durante su Gobierno.El jefe de Estado aseguró que la privatización de la liquidada empresa se dio por la codicia del exmandatario.El expresidente Uribe le respondió a través de sus redes sociales y aseguró que la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a la comunidades.“Por el bien de Colombia y de la democracia quisiera evitar noticias que titulen “rifirrafe Petro-Uribe”, que tanto aprovechan algunos. Cuando llegué a la Presidencia Telecom llevaba más de 10 años en cuidados intensivos. Los pasivos valían medio billón de la época, los jubilados estaban en gran riesgo, que se evitó con el proceso público y transparente de adjudicación a un tercero”, dijo en sus redes sociales.Además, añadió que “el actual Gobierno, que ha creado 39 mil cupos burocráticos, ya habría tenido tiempo de fundar otra Telecom que en sus sueños debería estar compitiendo con Elon Musk”.A esto se le suma que argumenta que el Gobierno neocomunista niega a las nuevas generaciones la posibilidad de construir ahorro y una pensión decente. “Colombia necesita la polarización conceptual y debe evitarse la polarización del agravio personal”, finalizó Uribe.
César Pérez Chala, alias ‘Peñaranda’, tenía un largo prontuario delictivo y una carrera criminal de 17 años liderando proyectos de expansión territorial en el departamento del Chocó. El cabecilla es responsable de delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, además de confinamientos y homicidios. También estaría señalado de las acciones criminales con artefactos explosivos ocurridas en el 2022, contra estaciones de Policía en los municipios de Novita e Istmina, del departamento de Chocó.Durante más de un año, las autoridades le habían seguido la pista al delincuente, quien visitaba con frecuencia la subregión del Urabá para realizar actividades de descanso y compartir con su familia. Según el coronel Héctor Alexander Juzga, comandante de la Décima Séptima Brigada, este importante golpe a este grupo armado fue llevado a cabo por tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional en un trabajo articulado con la Sijín y la Policía Nacional, quienes, en medio de un operativo desplegado en el corregimiento de Caucheras, en Mutatá, capturaron en flagrancia al presunto cabecilla de la Subestructura Carreteras, del departamento del Chocó."Este hombre fungía como el cabecilla principal de la Subestructura de Carreteras del grupo armado organizado, Clan del Golfo, que delinque en el departamento del Chocó. De tal manera que esta importante captura es una afectación vital a los intereses estratégicos del Clan del Golfo en lo que corresponde al expansionismo territorial", explicó el coronel.En el operativo fue hallado un revólver con munición, además de varios objetos de brujería, que portaba el cabecilla en un canguro que en su interior contenía figuras esotéricas, jeringas, aceites y un cuaderno con rituales de magia negra y santería, con los que, según las autoridades, alias ‘Peñaranda’ pretendía atraer riquezas y evitar ser capturado por la justicia.Es importante recordar que, en el año 2021, este cabecilla fue enviado por alias ‘Siopas’, quien fue subcomandante del Clan del Golfo y le había ordenado en aquel tiempo al delincuente trasladarse desde Urabá, donde delinquía, hasta el Chocó, debido a su experiencia en combate y capacidad armada, factor que lo hizo acreedor de ser quien materializara la expansión criminal del Clan de Golfo en el Chocó.
Mientras todo parece indicar que la llegada del primer recibo de cobro por valorización a propietarios de predios en la Vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, será un hecho inminente en el mes de febrero; desde estas dos ciudades siguen las voces de rechazo a este instrumento del Gobierno Nacional.El alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien demandó ante el Consejo de Estado la resolución del Invias que permite dicho cobro, y además coadyuvó la demanda del articulo Plan del Desarrollo del Gobierno que autoriza este impuesto por obras de infraestructura, pidió frenar el inicio de este pago de valorización hasta que se den las decisiones judiciales pendientes.El mandatario cartagenero reiteró que está en contra de la medida que considera inconstitucionalidad, pues de que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto.“Yo no estoy de acuerdo con el cobro, pero tengo que respetar las reglas, y la regla es que tiene que ser la justicia la que tome una decisión, mientras la justicia toma una decisión el trámite que se está surtiendo es el que ya el Ministerio ha planteado, el que Invias ha planteado, el que se ha comunicado, y de no suceder nada antes de marzo, en esa fecha nos empezarán a llegar los recibos”, sostuvo el alcalde Turbay.Sin embargo, el alcalde también fue enfático en que en caso de que se inicie los cobros, tal como lo ha anunciado la ministra de transporte, María Constanza García, exigirá que todo el dinero recaudo en la ciudad será reinvertido en Cartagena.“El presidente ha hablado de solidaridad de los colombianos, pero si a nosotros al final nos toca pagar eso, esos recursos deben reinvertirse en la ciudad, ni siquiera en Bolívar, en Cartagena, y el proyecto identificado inicialmente es la terminación de la Vía Perimetral”, señaló.El cobro de valorización se aplicará a aproximadamente a 147 mil predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena, a partir del primer semestre de 2025, empezando por la capital de Bolívar.“Los análisis realizados nos han permitido identificar que los 147 mil predios, a los cuales se aplicará la contribución, tienen capacidad de pago.Es decir, si tras los análisis realizados se determina que el propietario o poseedor del predio no tiene capacidad de pago, no recibirá el recibo correspondiente. Los propietarios que sí lo reciban tendrán la capacidad de pagar la contribución asignada”, explicó el pasado mes de octubre desde Cartagena el director del Invias, Juan Montenegro.A su vez, el funcionario detalló que el 40% de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto Cartagena-Barranquilla: Circunvalar de la Prosperidad, quedaron exentos de este cobro debido a aspectos como falta de capacidad de pago, ser Sisbén A y B, estar clasificados en los estratos 1, 2 y 3; o ser bienes excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.
WhatsApp ha empezado a implantar las transcripciones de los mensajes de voz, una nueva función que permitirá a los usuarios leer este tipo de mensajes y que, inicialmente, está disponible en algunos idiomas, incluido el español.Según la aplicación de mensajería instantánea, las transcripciones se realizan en el dispositivo, por lo que los mensajes de voz personales permanecen cifrados de extremo a extremo. "Esto significa que nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede verlos, escucharlos o leerlos"."Las transcripciones de los mensajes de voz están llegando a WhatsApp. ¡Disfrútenlas!", ha escrito a través de su canal de WhatsApp Mark Zuckerberg, fundador de Meta.La aplicación de mensajería detalla en una nota que, si bien los mensajes de voz permiten conectarse con amigos y familiares de un modo más personal, hay ocasiones en las que el usuario está en medio de una actividad en un lugar ruidoso o recibe un mensaje de voz largo y no puede detenerse para escucharlo."Para momentos así, WhatsApp presenta las transcripciones de mensajes de voz. Los mensajes de voz que recibes pueden transcribirse a texto para que puedas participar de las conversaciones sin importar lo que estés haciendo", señala la red de mensajería.Las transcripciones se implementarán en todo el mundo durante las próximas semanas. Comenzarán con algunos idiomas, pero WhatsApp tiene previsto añadir más en los próximos meses.
