La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra varios funcionarios del Instituto Penal y Carcelario, INPEC, después de que llegaran varias denuncias que alertaban sobre supuestos cobros a personas privadas de la libertad a cambio de beneficios dentro de la cárcel La Picota, en el sur de la capital del país.La investigación se basará en si los integrantes del cuerpo de custodia y funcionarios administrativos del centro penitenciario ofrecían servicios ilegales a los privados de la libertad como permisos para salir, visitas no permitidas, ingreso armas, drogas y licor, entre otras irregularidades a cambio de dinero.El ente de control determinará la identidad de los presuntos responsables y determinar si se presentaron faltas disciplinarias por parte de dichos funcionarios; la indagación arrancará con solicitud de pruebas, interrogatorios, registros, declaraciones y análisis para aclarar las denuncias en La Picota.En los últimos días una comisión de la Procuraduría también estuvo inspeccionando esa cárcel en el sur de Bogotá para tratar de determinar si hubo alguna irregularidad durante la salida de prisión del exnarcoparamilitar Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordo Lindo'."'Gordo Lindo’ no tenía medida de aseguramiento cuando quedó libre”: director de La PicotaEl dragoneante Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de Bogotá , recalcó, una vez más, que alias 'Gordo Lindo' no tenía medida de aseguramiento cuando lo dejaron en libertad y, además, que en la base de datos que se maneja en estos casos no estaba el requerimiento por el que se condenó luego a 11 años, un día después de dejar la cárcel.“Resulta que en la hoja de vida de este privado de la libertad ni en las bases de datos y otras que consultó La Picota , aparece este requerimiento (…) Y como lo dijo su abogado, los sistemas de información de la rama judicial y de las fuentes duras que consultamos, no le figuraba ese requerimiento y por eso lo soltamos”, indicó el dragoneante Bustamante en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.Cabe recordar que este caso de ‘Gordo Lindo’ volvió al ojo público luego de que el pasado 26 de agosto, la Procuraduría fuera alertada sobre presuntas irregularidades en el proceso de libertad de este jefe narcotraficante, pues tenía deudas pendientes por pagar con la justicia.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Hasta la cárcel La Picota, en Bogotá, llegó una comisión especial de derechos humanos de la Procuraduría General para determinar si ingresó la comunicación de la Fiscalía que notificó la nueva orden de captura o medida de aseguramiento contra alias 'Gordo Lindo'.Si dicha solicitud se hubiera tenido en cuenta “se habría impedido su salida por pena cumplida, decretada por el juez de ejecución de penas el pasado 29 de noviembre de 2022”, dice la Procuraduría.La comisión que llegó hasta el centro penitenciario en la capital del país recolectó los testimonios del director de la cárcel, Horacio Bustamante; y al coordinador del Grupo de Gestión Legal de La Picota, Fabián Solano. También se recogieron copias de documentos del proceso administrativo desde que se conoció la libertad del narcotraficante.Otras pruebas que ya están en manos de la Procuraduría son las consultas hechas por correo a la DIJIN, SIJIN, Rama Judicial y Fiscalía sobre procesos alrededor de 'Gordo Lindo' y que habrían frenado su liberación. Así mismo, se identificaron a los funcionarios responsables dentro del procedimiento de liberación.“La Procuraduría solicitará a la Fiscalía, Interpol, y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá, copia de sus actuaciones firmantes los días previos y posteriores a la puesta en libertad de alias 'Gordo Lindo', dijo el ente de control.Le puede interesar
Luego de conocerse que Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo', quedó en libertad el 29 de noviembre de 2022 pese que tenía una medida de aseguramiento en su contra; una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción asumió la investigación y ordenó la inspección judicial en la cárcel La Picota de Bogotá.En esta inspección en La Picota se tomarán declaraciones juramentadas a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, encargados del trámite y control de la orden de libertad, entre otras, para determinar quién fue el culpable de librar la salida de la cárcel de alias 'Gordo Lindo'.Las investigaciones contra alias 'Gordo Lindo'La Fiscalía le impuso a alias 'Gordo Lindo' medida de aseguramiento preventiva el 15 de noviembre de 2018, por lo que sigue vinculado a una investigación por participar aparentemente en 50 actividades con tráfico de estupefacientes. Según el ente investigador, el 28 de octubre de 2021 fue emitida una acusación en su contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.La decisión mantuvo esa medida de aseguramiento intramural y fue confirmada en segunda instancia el 6 de abril de 2022.Este no es el único proceso contra alias 'Gordo Lindo', pues está vinculado también a otro proceso relacionado con el delito de desplazamiento forzado, hecho que se habrían registrado por el denominado Bloque Héroes de Tolová de las extintas AUC. Asimismo, la Fiscalía indicó que en el último año libró varias órdenes para que fuera ubicado, esto a través del Inpec; sin embargo, en una búsqueda en la base de datos de la entidad no se registraron reportes sobre el lugar o centros carcelario donde estaba recluido.Ante esto,, el pasado 14 de agosto, el despacho fiscal libró orden de captura con fines de escucharlo en diligencia de indagatoria y resolver la situación jurídica de acuerdo con lo previsto en la Ley 600 de 2000. Esta decisión está vigente.Finalmente, por solicitud de un fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional, el 30 de noviembre de 2022, un juez penal especializado de Cali condenó a alias 'Gordo Lindo' a 11 años de cárcel y lo declaró responsable de los delitos de: concierto para delinquir con fines de financiación de grupos armados ilegales, y, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Le puede interesar
Lo que revela la Fiscalía es muy grave porque dice que el fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, a cargo de la investigación por tráfico de estupefacientes, respondió el mismo 28 de noviembre de 2022, es decir un día antes de ser dejado en libertad alias ‘Gordo Lindo’. El correo electrónico fue enviado por el funcionario al Inpec y reafirmó que el exjefe paramilitar sí tenía vigente y en firme una medida de aseguramiento de detención preventiva.Además, la Fiscalía dice que, como no hubo notificación de recibido, fue remitido un nuevo correo electrónico el 1 de diciembre de 2022, y que 8 meses después, en agosto del 2023, y por insistencia del despacho fiscal, el Inpec respondió, pero alias ‘Gordo Lindo’ ya estaba libre.Asimismo, la entidad dice que es falsa y temeraria la versión que responsabiliza a la Fiscalía de no cargar oportunamente a los sistemas oficiales las órdenes de captura vigentes en contra de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’.El 28 de noviembre de 2022, la Fiscalía recibió un correo electrónico del coordinador del Grupo de Gestión Legal de la cárcel La Picota de Bogotá, Fabián Andrés Solano Ocampo, que informa que le fue otorgada la libertad a alias ‘Gordo Lindo’ por un proceso que se seguía en su contra por la ley 906 de 2004; sin embargo, el funcionario alertaba que no era viable otorgar boleta de libertad porque en los sistemas aparece en curso la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por el caso de narcotráfico, que avanza por ley 600 de 2000. La comunicación recibida tenía como fecha 22 de noviembre, algo que no correspondía a la realidad porque había sido enviada seis días después.Esto es de suma gravedad porque, según la Fiscalía, esta trazabilidad evidencia claramente que era de pleno conocimiento del Inpec y estaba consignado en los sistemas oficiales, pues desde el 15 de septiembre de 2018 la medida que pesaba en contra de Francisco Javier Zuluaga Lindo, ‘alias Gordo Lindo’, no fue tenida en cuenta a la hora de dejarlo en libertad.Le puede interesar:
El dragoneante Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de Bogotá, recalcó, una vez más, que alias 'Gordo Lindo' no tenía medida de aseguramiento cuando lo dejaron en libertad y, además, que en la base de datos que se maneja en estos casos no estaba el requerimiento por el que se condenó luego a 11 años, un día después de dejar la cárcel.“Resulta que en la hoja de vida de este privado de la libertad ni en las bases de datos y otras que consultó La Picota, aparece este requerimiento (…) Y como lo dijo su abogado, los sistemas de información de la rama judicial y de las fuentes duras que consultamos, no le figuraba ese requerimiento y por eso lo soltamos”, indicó el dragoneante Bustamante en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.Cabe recordar que este caso de ‘Gordo Lindo’ volvió al ojo público luego de que el pasado 26 de agosto, la Procuraduría fuera alertada sobre presuntas irregularidades en el proceso de libertad de este jefe narcotraficante, pues tenía deudas pendientes por pagar con la justicia.El director de La Picota explicó cómo se desarrolló el proceso e, insistió, en que desde la cárcel no hubo nada fuera de la ley. Según contó, después de verificar todos los requisitos, el 30 de noviembre de 2022, un día después de que lo dejaron en libertad, “lo condenaron a 11 años de prisión por una medida de aseguramiento que se le impuso en el 2019”.“En las bases de datos de Dijin, de Interpol, del sistema judicial, que consultamos todos los directores de Colombia para otorgar libertades u otro tipo beneficio, ese requerido no estaba”, agregó en Blu Radio.A ‘Gordo Lindo’, según mencionó, se le otorgó una “libertad por pena cumplida”. En ese sentido, el director Bustamante aseveró que, de la semana del 24 al 29 de noviembre, esa condena pendiente no estaba en los datos. Por eso, subrayó que “La Picota cumplió”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordo Lindo', es un exjefe paramilitar colombiano que fue extraditado a Estados Unidos en 2008 durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Junto a 14 exjefes de las AUC, grupo que se desmovilizó en 2006, fue devuelto en 2018 al país tras pagar nueves años de cárcel por narcotráfico.A 'Gordo Lindo' en el país se le acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado; por esta razón, Migración Colombia lo dejó a disposición de las autoridades competente y estuvo preso hasta el 29 de noviembre de 2022, cuando un juez le otorgó su libertad por "pena cumplida".El Inpec dejó libre a Francisco Luis Correa apenas llegó la notificación del juzgado. Se hizo el procedimiento de verificación para determinar si 'Gordo Lindo' tenía cuentas pendientes con la justicia, pero no había ningún requerimiento en su contra. Lo dejaron en libertad tras resolver el habeas corpus presentado por su abogada, Angélica Martínez, que fue resuelto por el juzgado 4 penal municipal de Bogotá el 27 de noviembre de 2022; hecho que permitió que quedara libre dos días después.Quedó en libertad y al día siguiente recibió nueva condenaLa polémica aparece casi un año después de su libertad, porque se conoció que un juez de Cali emitió una sentencia que lo condena a 11 de cárcel y le dicta orden de captura un día después de quedar libre, es decir, el 30 de noviembre de 2022.Esta decisión le dicta orden de captura en su contra por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. En este momento alias 'Gordo Lindo' es considerado prófugo de la justicia, pues lleva ocho meses de libertad, pero con orden de captura en su contra.Asimismo, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, dijo que alias 'Gordo Lindo' quedó libre el 29 de noviembre de 2022 por de orden de un juez y, hasta esa fecha, no había registro en el sistema de una medida de aseguramiento. Esta polémica ha sido tan grande que, incluso, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por posibles irregularidades que habrían existido en el proceso de libertad de alias 'Gordo Lindo', razón por la cual el Inpec debe explicarle al Ministerio Público por eso.La Fiscalía compulsó copias para investigar por qué dejaron en libertad a alias 'Gordo Lindo', pese a tener una medida de aseguramiento y orden de captura en su contra.Le puede interesar
El pasado 26 de agosto la Procuraduría fue alertada sobre irregularidades que habrían existido en el proceso de libertad del jefe narco paramilitar alias ‘Gordo Lindo’. El proceso de libertad, el pasado 29 de noviembre de 2022, habría sido de forma irregular y con deudas pendientes con la justicia, según el Ministerio Público.El ente de control trata de determinar el paradero del jefe narco paramilitar después de su salida de la cárcel y el Instituto Nacional Penitenciario deberá explicar la situación en la que estaba el procesado, cómo se dio su libertad, remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación.El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, también deberá entregar un informe detallado de los protocolos para conceder la salida a un privado de la libertad; entre las pruebas que está recolectando la Procuraduría, también está las comunicaciones de la Fiscalía donde se alertaba la situación jurídica de ‘Gordo Lindo’.Hay que recordar que el narcotraficante se desmovilizó con las Autodefensas Unidas de Colombia por sus presuntos nexos con los hermanos Castaño; purgó una condena en ese país y fue capturado en Colombia a su regreso por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Alias ‘Gordo Lindo’ se desmovilizó diciendo que hizo parte de las AUC, pero en su proceso existió una sospecha de que se había “colado” en el proceso para obtener beneficios por sus delitos. Una versión que corroboró la sala de Justicia y Paz y fue excluido de esa ley.A principios del año 2022 se conoció una denuncia del entonces candidato a la presidencia Fico Gutiérrez sobre alias ‘Gordo Lindo’, quien supuestamente se habría reunido con la actual senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, para hablar sobre el supuesto pacto de La Picota con la que se buscaba reconciliación social.¿Por qué fue acusado alias ‘Gordo Lindo’?‘Gordo Lindo’ fue extraditado a EE.UU. en 2008 y fue devuelto en 2018 a Colombia tras pagar nueve años de prisión por narcotráfico en una cárcel estadounidense.En Colombia se le acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y homicidio agravado, por lo que Migración Colombia lo dejó a disposición de las autoridades competentes para la imputación de cargos.Zuluaga fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, junto a 14 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que se desmovilizó en 2006.Sin embargo, un juez desestimó que el ‘Gordo Lindo’ fuera parte de las AUC y señaló que el capo se dedicaba únicamente al narcotráfico, por lo que se coló en el proceso de paz con los paramilitares para obtener beneficios.Le puede interesar "A taxistas los arreglaron con cualquier cosa": Aurelio Suárez sobre tarifa diferencial de gasolina:
Se trata de un ataque que se registró en el sector de Sequihonda, cuando un sujeto armado llegó en motocicleta hasta la vivienda de Félix Luna, conocido como alias 'Gordo Lindo', y lo atacó, provocando un cruce de disparos que dejó heridos tanto a él como a uno de sus hombres de confianza.Ante esta situación, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, rechazó el intento de homicidio contra Félix Orlando Luna, líder de la banda ‘La Local’, pues señaló que estos hechos vulneran los esfuerzos de consolidación de la paz urbana en la ciudad puerto, de la cual Félix ha sido un importante partícipe.Aseguró también que este atentado se suma a la desaparición de "Súper", otro partidario de la paz entre los grupos armados de la ciudad."Consolidar la paz urbana y la inclusión social en Buenaventura es posible, y por esa razón sus habitantes están tejiendo un futuro distinto para la ciudad, con las mujeres como motor del proceso. Los responsables de estos repudiables hechos deben escuchar la exigencia de paz que los bonaerenses han elevado a los armados y al Gobierno", indicó el comisionado.Además, le pidió a los grupos de la zona persistir y sumarse a los esfuerzos de paz en la zona.
Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’, fue dejado en libertad este martes, 29 de noviembre, por tiempo cumplido. El exjefe paramilitar fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y, posteriormente, recapturado en Colombia; estaba recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.“No fue por un habeas corpus. Iniciamos el trámite de libertad desde el día viernes, un requerimiento de Interpol llegó hasta el sábado confirmando un paz y salvo y hasta el lunes recibimos otro paz y salvo para el Tribunal de Justicia y Paz”, explicó a Blu Radio el dragoneante Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de Bogotá.En ese paz y salvo, que llegó a La Picota el lunes, explica el director, alias ‘Gordo Lindo’ tenía un requerimiento por narcotráfico y lavado de activos. Sin embargo, “llegó el paz y salvo por lavado de activos”, por lo que tuvieron que “escribir nuevamente al juzgado para que explicara si también en ese radicado estaba narcotráfico y, efectivamente, un juzgado de Cali dijo que no es requerido por ello”, por lo cual quedó en libertad.Cabe recordar que el exjefe paramilitar estuvo recluido en el ya mencionado penal por un proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).El abogado Antonio Güette, defensa de ‘Gordo Lindo’, explicó que fue el juez quinto de ejecución de penas de Bogotá quien resolvió conceder su libertad por pena cumplida.“Se le están restableciendo sus derechos después de haber estado purgando una condena por más de 13 años por narcotráfico en Estados Unidos, Francisco Javier regresó a Colombia a finales del 2018 donde cumplió una pena de cuatro años más por ese delito”, sostuvo Güette.Según el auto proferido por el juzgado quinto de ejecución de penas, alias ‘Gordo Lindo’ estuvo "privado de la libertad en las presentes diligencias desde el 30 de abril de 2018 hasta la fecha, lo que indica que ha descontado físicamente de la pena que se le impusiera 54 meses y 23 días de prisión, más las redenciones reconocidas por 15 meses y 17 días con la que se reconoce en el presente auto, con lo que cumple la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia de 66 meses y 18 días debiendo en consecuencia pronunciarse el despacho respecto de la libertad por pena cumplida”.
La solicitud por parte de la Procuraduría se da tras advertencias del Icetex sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, lo que amenaza la renovación de créditos y las matrículas para el segundo semestre de 2024 y el año próximo año.En respuesta, la Procuraduría, por medio de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, demandó un reporte detallado de las tres entidades involucradas.Por un lado, le están pidiendo al Ministerio de Hacienda que informe sobre el presupuesto total asignado al sector educación en 2024, además, el desglose mensual de los desembolsos realizados y pendientes y el presupuesto para el 2025.Por otro, al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas para que entregue información del presupuesto asignado al icetex en 2024 y el monto transferido a la fecha.Incluso, la Procuraduría también requirió al Icetex para que entregue el reporte de los recursos programados para renovaciones y matrículas de 2024, así como los desembolsos realizados.La Procuraduría advirtió que cualquier retraso en la entrega de recursos compromete el derecho fundamental a la educación y afecta directamente el futuro de miles de jóvenes colombianos. También instó a las entidades responsables a actuar con diligencia para evitar un impacto negativo en las universidades y en el desarrollo del país.Todos los requerimientos hechos por parte de la Procuraduría al Ministerio de Hacienda, Educación y al Icetex deberán ser remitidos al Ministerio Público hasta el próximo lunes 25 de noviembre.
Desde el miércoles 20 de noviembre, estudiantes del movimiento estudiantil se tomaron la sede de investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA), exigiendo, al parecer, que la administración convoque a una mesa de negociación para este viernes 22 de noviembre, con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a la crisis financiera.A pesar de que se encuentran arraigados en la sede desde el miércoles, solo fue hasta el jueves, 21 de noviembre, que decidieron impedir el paso del personal administrativo para llevar a cabo labores tales como la alimentación de especies de animales que dependen de la mano humana o la entrada de muestras de pacientes de Alzheimer y enfermedades infecciosas.Blu Radio habló con Marcela Vélez, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Antioquia y la directora en funciones de la sede de investigaciones universitarias, quien mencionó que la situación es critica, pues los estudiantes han manifestado que tal mecanismo de presión se prolongará hasta encontrar una solución, dificultando varios procesos de investigación de la institución.“Desde el día miércoles en la tarde están en el bloqueo del edificio de la sede de investigaciones universitarias, lo que a estas alturas ha significado unas afectaciones gravísimas porque la sede de investigaciones se encarga, digamos, de tener en su cuidado animales para experimentación que requieren que personas vayan y los alimenten, los cuiden, los cambien, despierten a los que están naciendo, que se procesen muestras de pacientes que nos requieren definir su diagnóstico y su tratamiento en los hospitales. Nosotros atendemos pacientes de proyectos de Alzheimer, de Leishmaniasis, de Chagas, de diferentes enfermedades infecciosas y pues con el bloqueo está implicado que se ha tenido que parar todas estas actividades”, explicó la vicerrectora.Además, a pesar de que en un inicio los estudiante habían permitido el paso a un reducido personal para procedimientos urgentes, tales como la alimentación de los animales, de los cultivos, de los tejidos y microorganismos, a eso de las 10:00 de la noche del jueves decidieron, según informó la vicerrectora, unilateralmente, no permitir el ingreso de nadie, retrasando varios procedimientos, entre esos la entrega de muestras de pacientes con enfermedades.“En la madrugada cuando hubo la posibilidad de dos riñones para trasplante que necesitan procesar en uno de los laboratorios para estudios inmunológicos no permitieron el ingreso y pues esto ha afectado gravemente la posibilidad de que una persona que está en lista de trasplante pudiera beneficiarse”, indicó la directiva.“Por supuesto, digamos que nosotros como profesores somos respetuosos del derecho que tienen a la protesta. La situación se complica, es en el momento donde se cierra la posibilidad de un corredor humanitario para poder hacer esas actividades que se requieren hacer en la CIU, de la que depende la vida de personas y la vida de animales. ”, añadió.A pesar de que no ha habido disturbios, la situación, según informan, no esta cerca de solucionarse: “Hasta horas de la noche estuvo la delegación que está en el campamento en conversaciones con la dirección de la Universidad de Antioquia, con el Vicerrector General. Y entiendo que se había llegado como a algunos acuerdos para el día de hoy, pero luego de que se terminara esa conversación fue donde se cambió radicalmente, drásticamente, la posición o los acuerdos que se habían tenido con los estudiantes”, puntualizó la vicerrectora.“De hecho, desde el miércoles que sabíamos que se iban a tomar la sede, habíamos dicho, restrinjan el ingreso de pacientes porque no sabemos en qué momento y no sabemos en qué condiciones se va a dar el bloqueo. No queremos poner como la integridad de las personas en riesgo. Además, como en la sede se procesan muestras de pacientes, algunos que están hospitalizados, otros que están ambulatorios, incluso pacientes que vienen del contexto nacional, no solamente pacientes de Medellín”, completó la directiva.Por otra parte, Juan Manuel Muñoz, integrante del movimiento estudiantil, le mencionó a Blu Radio, que a pesar de que sí están arraigados en la sede, estarían dejando entrar a cierto personal."Desde el día de miércoles estamos aquí en la toma del edificio y no hay ingreso por el momento. Esperando a que la administración convoque una mesa de negociación para hoy mismo para poder darle salida a esta situación que nadie quiere que se alargue. Desde el campamento se ha establecido un protocolo de ingreso para los procesos y asuntos vitales a partir de un listado de personas u proyectos que requieren atención permanente. Dicho listado fue proporcionado directamente por la vicerrectoría de investigación", indicó el estudiante.Por el momento, se está a la espera del comunicado oficial de la institución mientras los estudiantes, al parecer, se mantendrán en la sede hasta que se entable la mesa de negociaciones.
En el legendario helicóptero de la Operación Jaque en el que el Ejército logró el rescate de 15 secuestrados de las extintas Farc, se entrenan los futuros comandantes de unidades para llevar a cabo operaciones ofensivas contra los criminales que hacen presencia en el país como las disidencias de las Farc o el ELN. Por eso, tienen que poner a prueba sus habilidades tácticas y capacidad de liderazgo en situaciones de combate que llevan a cabo en Tolemaida.En este entrenamiento, que corresponde a la fase final de la preparación, los militares desarrollan todas las técnicas propias del pelotón, desde la planeación hasta la ejecución de las operaciones a las que se enfrentarán una vez asuman como comandantes de unidades. “Este tipo de ejercicio pone a prueba tanto su conocimiento doctrinal como su capacidad para hacer frente a situaciones complejas y dinámicas, simular las dificultades reales que podrían enfrentar durante sus misiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Carvajal Rojas, comandante del Batallón de Cadetes Nº 3.Estos militares deben tener la capacidad de maniobra en una situación de combate real y es por eso que los ponen a prueba con el ejercicio de embarque y desembarque, en el cual tienen los segundos contados para subir y bajar de un helicóptero para ejecutar las operaciones en terrero, todo esto para que tengan claridad sobre cómo ejecutar operaciones con precisión, garantizando la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones que les asignan.“Es importante desarrollar estos ejercicios operacionales de embarque y desembarque de las tropas con el fin de que ellos puedan establecer y tener claridad cómo es el desarrollo de la misma dentro de este ejercicio, en protección de sus propias vidas para evitar accidentes y obviamente en el desarrollo de la maniobra”, dijo el coronel César Adolfo Gamboa, oficial de Operaciones de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército.Carvajal agregó que esta preparación es vital para asegurar que los futuros oficiales tengan las capacidades necesarias para comandar unidades desplegadas en todo el país, enfrentando no solo a grupos insurgentes, sino también a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el secuestro, entre otros. “Debemos asegurarnos de que estén listos para liderar bajo cualquier circunstancia, desde situaciones de combate directo hasta intervenciones en territorios donde las dinámicas de seguridad sean muy complejas”, afirmó.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
