El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, reveló en primicia que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llamó a juicio a los coroneles en retiro Óscar Eduardo Peláez Carmona y Argemiro Serna por el magnicidio de Luis Carlos Galán.Peláez Carmona fue director de la Dijin y Serna era el comandante de la Policía de Cundinamarca y fueron llamados por la Fiscalía como presuntos participantes del complot para matar a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha en 1989.Por el asesinato de Galán han sido condenados el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero quien, según se comprobó, instigó a Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, a asesinar al entonces candidato presidencial, que pregonó la necesidad de buscar una mayor democracia, de encontrar la paz y la justicia social. También fue condenado a 30 años de cárcel Miguel Maza Márquez, quien debilitó el esquema de seguridad de Galán, en ese entonces el hombre más amenazado del país.Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en plena campaña a la Presidencia en la plaza principal de Soacha. Pocos segundos después de que subió a una improvisada tarima hecha de tablas, los asesinos, que estaban mezclados con la gente que seguía al político, accionaron las armas que terminarían segando la vida del que era en ese momento el favorito para ganar las elecciones para convertirse en presidente de Colombia para el periodo 1990-1994.
Un juez otorgó la libertad condicional al exministro Justicia Alberto Santofimio, condenado a 25 años de cárcel por el crimen de excandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.Vea aquí: Duque analiza endurecer excepciones ante desobediencia de ciudadanos en cuarentenaEl exalto funcionario, que está recluido en la cárcel La Picota, deberá pagar seis salarios mínimos legales vigentes y suscribir un compromiso como buena conducta para no perder este beneficio carcelario. El pasado 11 de marzo, la defensa de Santofimio Botero había interpuesto un recurso asegurando que por ser un adulto mayor era un recluso con un alto riesgo de contraer el COVID-19 en ese penal.
La Jurisdicción Especial para la Paz negó la solicitud de sometimiento de Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, señalados de tener responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989.En abril de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ya había fallado en su contra en primera instancia y, en esta ocasión, es la Sección de Apelación la que ratifica esta decisión.Lea también: ¿Por qué condenaron a Maza Márquez?Así las cosas, ambos procesos estarán en la Corte Suprema de Justicia, tribunal natural para la definición, luego de haber sido hallados responsables del asesinato del candidato presidencial en la plaza principal del municipio de Soacha.Según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la JEP se apoyó en sentencias de la corte en las que se condenaron a Maza y a Santofimio, considerando que el delito cometido contra Galán se produjo por razones de narcotráfico y que no tiene ninguna relación con el conflicto, lo cual, le cierra las puertas a cualquiera que desee entrar a la JEP en referencia a ese caso particular.“Se presentaron dos peticiones de sometimiento: uno por el homicidio de Galán (no se acepta) y otro por el delito de concierto para delinquir que afecta principalmente a Maza Márquez, exdirector del DAS, dado que tiene una relación con el conflicto armado interno por su participación en la conformación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio”, agregó Cifuentes Muñoz.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Un juez colombiano revocó la detención domiciliaria y envió de nuevo a la cárcel al exministro Alberto Santofimio por no reparar a las víctimas del magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, por el que fue condenado a 24 años de prisión, informaron este jueves fuentes judiciales.Le puede interesar: Corte Suprema resolverá si Maza Márquez y Santofimio se someten a JEP por caso GalánEl Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad detalló en una sentencia que el exministro de Justicia no cumplió con el pago de más de 1.725 millones de pesos (unos 522.000 dólares) a las víctimas del magnicidio."Debe tenerse en cuenta que contrario a lo manifestado por Alberto Rafael Santofimio Botero y la defensa, a la fecha no se ha acreditado el pago total de los perjuicios causados con la comisión de la conducta punible, su incapacidad de hacerlo y/o una propuesta viable y proporcional a la cantidad de los mismos", agregó.Debido a lo anterior, el juzgado decidió revocar la prisión domiciliara otorgada al exministro y dispuso que cumpla el resto de la condena en una cárcel.El 31 de agosto de 2011 Santofimio fue privado de su libertad y en 2017 solicitó el beneficio de casa por cárcel, el cual le fue otorgado en mayo de ese año.Santofimio fue condenado por haber sido el determinador del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989 en Soacha, población vecina de Bogotá.El homicidio de Galán, quien se perfilaba como el más seguro sucesor del entonces gobernante Virgilio Barco (1986-1990), fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín con sectores políticos y agentes estatales contrarios a la figura de la extradición.Según las investigaciones, Santofimio sugirió al narcotraficante Pablo Escobar asesinar a Galán, quien había denunciado la infiltración y creciente poder de esas mafias en la sociedad y la política.El también exsenador presentó hace un año su solicitud de acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) argumentando que los hechos por los que fue condenado a 24 años de cárcel tienen relación con el conflicto armado de Colombia.Ante la petición, la JEP decidió el pasado 8 de abril que no es competente para revisar la sentencia de Santofimio, al igual que la del exdirector de la Policía secreta Miguel Maza Márquez.Maza Márquez fue condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en el magnicidio de Galán.El expolicía fue director del ya suprimido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) y firmó el año pasado un acta de sometimiento a la JEP.Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado y se creó como parte del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió que la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la competencia para resolver las peticiones de sometimiento y revisión de las sentencias del general en retiro y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, y de Alberto Santofimio por el crimen de lesa humanidad de Luis Carlos Galán.Maza y el exministro Santofimio solicitaron con anterioridad su sometimiento a la JEP como agentes de Estado, tras haber sido sentenciados el 23 de noviembre de 2016 a 30 y 24 años de cárcel, respectivamente. Lea también: C. Suprema envía a JEP expediente de Maza Márquez, condenado por magnicidio de GalánSin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, bajo el Acto Legislativo 01 de 2017, que considera que la Corte es un órgano de justicia transicional, tomó la determinación con una votación de 4 a 3.La resolución de 32 páginas explica que ambas partes pueden interponer un recurso de reposición y apelación ante la Sala de Apelación de la JEP, como última instancia para resolver su aceptación o negativa de sometimiento ante la jurisdicción. Le puede interesar: Alberto Santofimio pide cupo en la JEP
El exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero, quien ejerció dicho cargo durante la presidencia de Alfonso López Michelsen, seguirá en la cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán, luego de que un juez le negara la posibilidad de libertad condicional.El político tolimense ha pagado 17 de los 24 años de cárcel a los que fue condenado por el magnicidio del caudillo liberal, perpetrado en Soacha el 18 de agosto de 1989. La sentencia fue dictada en 2007 por un juez especializado y la ratificó la Corte Suprema de Justicia en 2011.Santofimio también se encuentra vinculado a una investigación por el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
A través de una carta, el exministro Alberto Santomifio, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, se declaró sorprendido por ser la Procuraduría de Fernando Carrillo, ministro de Justicia para la época del asesinato, la que se oponga "a que se llegue a la verdad sobre este crimen". Agrega que tras haber cumplido más de 12 años de condena, toma la decisión de someterse voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz con el propósito de demostrar que es inocente. "No en la búsqueda de beneficios penitenciarios, sino en el firme propósito de demostrar mi inocencia ante una justicia" y que la oposición que ejerce la Procuraduría "demuestra que existen fuerzas que quieren acallar mi voz, para que, en el escenario independiente de la JEP, no se conozcan cuestiones de la memoria histórica del país", dice. Aprovecha para recordarle el episodio de fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral. Dice Santofimio que mientras todos responsabilizaron a Carrillo "por los excesos y crímenes que fueron cometidos en ese establecimiento, sin que los hubiera controlado o evitado el Ministerio de Justicia", fue él quien pidió al Senado comprensión hacia él y una oportunidad para ejercer su derecho de defensa. “Es la misma oportunidad en mi caso, la que yo reclamo para poder acudir ante la JEP, la de poder ejercer mi derecho de defensa, de luchar por demostrar mi inocencia, y es a la que usted, dolorosa y paradójicamente intenta oponerse, buscando ejercer presión sobre las decisiones de la JEP”, asegura.
A través de un comunicado, la Procuraduría le pidió a la Justicia Especial de Paz, JEP, que no reciba el caso del excongresista Alberto Santofimio, porque a juicio del Ministerio Público su condena por el magnicidio de Luis Carlos Galán no tiene nada que ver con el conflicto armado.Por esa razón, la Procuraduría le pidió a la jurisdicción especial que rechace la solicitud de la defensa de Santofimio, para que pueda recibir eventuales beneficios judiciales al amparo del acuerdo de paz que se firmó con las Farc, porque en realidad lo que hubo detrás del crimen fueron intereses políticos. En un aparte del comunicado, el Ministerio Público plantea que “los hechos que rodearon el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por los que fue sentenciado a 24 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto armado” y agrega que en realidad “se pretendía beneficiar sus aspiraciones políticas personales”.En la comunicación, la Procuraduría deja claro que "el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”.
A través de una misiva, el abogado del exministro y excongresista Alberto Santofimio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decrete medida cautelar a su favor y que ordene a la Fiscalía reversar su decisión de llamarlo a indagatoria por el homicidio de Rodrigo Lara Bonilla. Según el abogado, la citación es improcedente porque desconoce una decisión que ya había tomado la entidad hace más de 13 años en la que prescribió o desistió de la opción de iniciar “cualquier acción penal que pueda iniciarse contra Alberto Santofimio como presunto responsable del delito de homicidio del señor ministro de justicia Rodrigo Lara”.Vea aquí: Santofimio pedía minutos de silencio por mi papá antes del asesinato: Rodrigo LaraEsto, a raíz de la denuncia que había puesto en la Fiscalía el actual congresista Rodrigo Lara, hijo del exministro. Por esta razón, el abogado le pide a la Comisión que intervenga pues la nueva decisión “vulnera los principios de buena fe, seguridad jurídica e igualdad de los individuos ante la ley amparados en los tratados internacionales suscritos por Colombia, los que prevalecen sobre la legislación interna, ante lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política”.La citación de indagatoria contra Santofimio está programada para el próximo 27 de agosto en la Fiscalía pues fue vinculado a la investigación por el homicidio del líder político hace 34 años.Decisión de la Fiscalía sobre el caso hace 13 años:
Este jueves, la Fiscalía informó que citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero, exministro de Justicia de Alfonso López Michelsen, y al exsenador Jairo Ortega, por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Al respecto, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro, asesinado hace 34 años, dijo a BLU Radio que no le sorprende el llamado a indagatoria, pero sí la impunidad que ha rondado el caso. “Me sorprende más la impunidad, porque, a pesar de haber sido declarado de lesa humanidad, la justicia nunca ha avanzado”, dijo. En ese sentido, el senador expresó que la justicia estaba demorada en tomar la decisión: “Existe total impunidad al respecto y tenemos afincadas las ilusiones de que por fin haya justicia. No hago acusaciones, pero sí es importante que el país sepa que para asesinar a Rodrigo Lara hubo una orquestación político-criminal”. Añadió que en una gira por Tolima, dos o tres semanas antes del asesinato, Santofimio pedía “un minuto de silencio” por la memoria de él. “Así iniciaba sus manifestaciones y todo era ampliamente desplegado por quien fuera el botafuegos del Cartel de Medellín contra mi padre en la prensa, que era Édgar Artunduaga”, dijo. “En las columnas que él (Artunduaga) tenía en El Espacio se refería a esas menciones que hacía Alberto Santofimio del ministro, dos o tres semanas antes de que lo mataran”, expresó. Le puede interesar: A indagatoria Albero Santofimio Botero por magnicidio de Rodrigo Lara BonillaRodrigo Lara fue asesinado hace 34 años, específicamente, el 30 de abril de 1984 a manos de sicarios del Cartel de Medellín por orden de Pablo Escobar.Escuche la entrevista completa aquí:
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
