En medio de la administración temporal que el Gobierno realizará a los activos de la empresa Air-e, el Ministerio de Hacienda ya garantizó los primeros $400.000 millones para resolver diferentes situaciones financieras de la compañía. Así lo reveló la empresa operadora del servicio de energía para Atlántico, Magdalena y Guajira, tras establecer que esto permitirá atender dos primeros frentes: el fondo empresarial para la compra de energía y los pagos de subsidios. "Dentro de los puntos más importantes están las certificaciones de subsidios de energía que llegan a los cerca de 300.000 millones de pesos y recursos por 100.000 millones de pesos, propuestos por la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar la compra de energía", indicó el equipo del agente interventor, Edwin Palma, a través de un comunicado de prensa. Con esto se espera que se entreguen cerca de $300.000 millones a la deuda de subsidios de energía, que para septiembre de 2024 ya estaba en $1,8 billones de pesos; mientras que con los otros $100.000 millones aportarían tendrían liquidez en la caja para comprar energía en bolsa. “El Ministro de Hacienda, su equipo técnico y la Superintendencia de Servicios Públicos están realizando gigantescos esfuerzos para que los usuarios tengan un alivio en sus tarifas de energía, pero además la seguridad y la tranquilidad de la prestación del servicio”, indicó Edwin Palma, agente Interventor de Air-e.
La intervención de Air-e, la empresa encargada del servicio eléctrico en el Caribe colombiano, ha generado incertidumbre sobre su futuro. Con una administración temporal por parte del agente interventor Edwin Palma, designado por la Superintendencia de Servicios Públicos, se busca evitar su liquidación inmediata y encontrar alternativas que garanticen el suministro de energía a más de cinco millones de personas en Atlántico, Guajira y Magdalena.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, enfatizó la necesidad de establecer “reglas claras” para definir el camino de la compañía y destacó que la Gobernación está dispuesta a asumir un rol activo si es necesario.¿Cuál es la situación de Air-e?Según la Superintendencia, las pérdidas de Air-e para este año se estiman en 2 billones de pesos, atribuibles al robo de energía y la baja tasa de recaudo. Esta crisis ha llevado a revisar los modelos de gestión, tanto públicos como privados, que han sido implementados sin resultados satisfactorios en la región Caribe.“La situación es muy compleja. No podemos improvisar una solución si no tenemos cifras claras y un esquema definido por el Gobierno Nacional”, señaló el gobernador Verano, dejando claro que cualquier propuesta dependerá del apoyo y la coordinación con el Ejecutivo.El mandatario del Atlántico resaltó la importancia de que las gobernaciones de Atlántico, Guajira y Magdalena participen activamente en las discusiones sobre el futuro de Air-e. "Es nuestro máximo interés resolver el tema del servicio de energía eléctrica en nuestra región", afirmó Verano.La propuesta que se ha venido estructurando en conjunto con otros mandatarios de la región Caribe incluye la posibilidad de crear una empresa energética enfocada en la transición hacia energías renovables. "Creemos que es esencial promover energías como la solar y otras fuentes limpias, aprovechando el potencial de la región para liderar esta transformación", añadió.Finalmente, Eduardo Verano hizo énfasis en que la transición energética es fundamental no solo para superar la crisis actual, sino también para garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo. “Esta es una etapa compleja y difícil, pero también una oportunidad para establecer un modelo que permita resolver los problemas estructurales del servicio eléctrico en la costa Caribe”, explicó.Sin embargo, el gobernador advirtió que cualquier plan deberá ser precedido por una revisión detallada de las condiciones actuales de la empresa y las proyecciones de inversión necesarias. “Hasta ahora, todo está en manos de la Superintendencia, y necesitamos claridad en los criterios para poder construir el esquema que vendrá”, reiteró.
Este jueves se conoció que el Gobierno administrará Air-e hasta por un año, pero con el fin de liquidarla. Según la Superservicios, la administración temporal permitirá promover la recuperación de la empresa y que, durante todo este periodo, el agente interventor Edwin Palma será el encargado de administrar la compañía.Ante esta posición, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, propuso que la compañía regrese a lo público y que está dispuesto a intervenir si hay la necesidad.“No hemos sido partícipes del proceso de cómo se va a manejar Air-e hacia el futuro. Ojalá que nosotros nos den la oportunidad a futuro, de incluso, si es necesario, hasta de invertir. Yo creo que vamos a tener que regresar nuevamente lo público y si es necesario nosotros estamos dispuestos a invertir”, dijo Verano.El mandatario también se refirió al cobro de la tasa de seguridad que se hace a través de la factura de Air-e intervenida. Frente a esto señaló que insistirán ante la compañía de energía para que no sea retirado este cobro pues de hacerlo, el recaudo del impuesto se reduciría a la mitad y con ello, dijo, el número de obras e inversión en el departamento.
El gerente general de Afinia, Jhon Jairo Granada, advirtió que la situación financiera que atraviesa la empresa por cuenta de las millonarias deudas que acumulan los usuarios, 2.4 billones de pesos y el Gobierno nacional, que asciende a más de 1.6 billones, tienen en jaque las inversiones para 2025 de la filial de EPM.Según explicó Granada, este año la empresa proyecta invertir 870.000 millones de pesos en los departamentos de César, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, en donde tiene más de 1.800.000 usuarios en 134 municipios.“Las inversiones que nosotros tenemos proyectado en Afinia para este año son 870.000 millones de pesos. Dentro de ellas están 110.000 millones en Cartagena y se comprometerían porque hacen parte del flujo de caja que requiere la compañía si nosotros no logramos que se pague, por parte del Gobierno nacional, los subsidios y el compromiso de la opción tarifaria y, desde luego, que el giro ordinario del negocio, que es prestar el servicio y cobrarlo, facturarlo y recaudarlo, pues también se mejore, porque este año se nos desmejoró en más de 3 puntos ese recaudo”, explicó.De acuerdo al gerente de la empresa de energía, a la fecha, el Gobierno nacional les adeuda 690.000 millones por concepto de subsidios a los estragos 1, 2 y 3, y la deuda de opción tarifaria es por un billón de pesos.“Nosotros hemos venido cumpliendo con todos los compromisos mercantiles, financieros. Estamos al día en impuestos, en el pago de proveedores, de los generadores de energía, estamos al día con el pago de nuestros empleados y contratistas, eso es un compromiso con la sostenibilidad, pero esa sostenibilidad depende de varios factores, por ejemplo, que los usuarios se conecten legalmente, paguen cumplidamente, que el Estado cumpla con sus obligaciones y que la empresa continúe con ese proceso superior de sostenibilidad del servicio, porque es una empresa que es importante para la región”, señaló.Granada también explicó que las inversiones de este 2025 están destinadas a mejorar la infraestructura de las redes eléctricas.“La disminución de las interrupciones, la frecuencia y la duración de esas interrupciones las hemos ido mejorando ostensiblemente, y así nos lo reconoce la Superintendencia, pero si dejamos de hacer esas intervenciones ya no podemos seguir mejorando, e inclusive, podríamos empezar ya a deteriorar el servicio, porque hay circuitos que requieren ser cambiados ya porque la obsolescencia de la red es muy alto”, precisó.En esta millonaria cartera morosa que acumula Afinia también figura las entidades públicas adeudan 290.000 millones.
A cuatro meses de haber sido realizada la toma de posesión a la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional, este jueves 9 de enero fue revisada como una fuerte posibilidad la intervención con fines liquidatorios, debido a los riesgos financieros y operativos que enfrenta la compañía, según un informe entregado por Edwin Palma, agente interventor designado por la Superintendencia de Servicios Públicos para este proceso.Sin embargo, todavía no hay decisión definitiva, debido a que aún faltan otras reuniones que continuarán este viernes, entre otros, con funcionarios de Ministerio de Hacienda, por lo que aún no hay una notificación oficial sobre el tema.De acuerdo con un informe entregado por Palma al superintendente Yanod Márquez, durante la operación de la empresa, previo a la intervención, se habrían cometido irregularidades asociadas a racionamientos justificados como mantenimientos, la pérdida de información contable tras un hackeo, entre otras.A esto, el equipo de accionistas de la compañía respondió en las horas previas a la reunión de deliberación, señalando que se trataba de acusaciones falsas con "defecto estructural" que no ahondaba en las causas de la crisis que afronta la compañía y que serían ajenas a la misma. En caso de tomarse una decisión, esta se acogería a lo que establece la ley 142 de 1994. En caso de corresponder con una intervención con fines liquidatorios, no solo se involucraría una administración temporal de la empresa, para seguir garantizando la prestación del servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena; sino que también involucraría un proceso de "solución empresarial, reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador especializado, o de capital".Para esto, Blu Radio conoció que desde la Superintendencia de Servicios Públicos sería ratificado Edwin Palma como el gestor que acompañaría todo este proceso.Por lo pronto, no se conoce una respuesta de los accionistas de la empresa Air-e, quienes solicitaron el pasado 30 de agosto la intervención al presidente de la República por la situación financiera que atravesaba el mercado de energía, los problemas de recaudo de la compañía, entre otros.
Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se vieran nuevamente envueltos en una polémica por la situación energética del país, Gutiérrez advirtió que las deudas con diferentes empresas de energía ascenderían a más de 4 billones de pesos. Según el mandatario solamente las obligaciones con Afinia son de 2.4 billones de pesos y que dicha deuda podría poner en riesgo la prestación del servicio en la Costa Caribe."EPM tuvo que adquirir un crédito superior al billón de pesos amparado en las deudas del Gobierno nacional, para darle vida a Afinia. Necesitamos que el Gobierno nacional pague lo que corresponde por ley", explicó Federico Gutiérrez en Mañanas Blu.Hay que recordar que la deuda tiene que ver precisamente con la opción tarifaria que fue implementada por la pandemia y por los subsidios que por ley asume la Nación a los habitantes de los estratos 1, 2 y 3."El presidente sale a sacar excusas, pero el gobernante actual es él, que resuelva, él se comprometió en mayo. Si el Gobierno gira estos recursos, las empresas tienen con que operar, si no, van a entrar en quiebra y el Gobierno las va a tener que intervenir”, advirtió Gutiérrez.En medio de ese panorama, llamó la atención el ultimátum que entregó Federico Gutiérrez sobre la situación de Afinia que de no pagarse la mencionada deuda se pondría en riesgo la prestación del servicio."Asumir un crédito casi que le da vida a Afinia hasta febrero. De no pagarse los recursos que se le deben a Afinia haría practicamente insostenible la situación financiera de la empresa", indicó el mandatario.“Afinia tiene oxígeno hasta febrero, por la decisión que tomamos en diciembre, sino tomamos el crédito superior al billón de pesos, ya se hubiera generado el apagón. Se ha venido soportando la operación de Afinia en 4 departamentos, porque lo importante es la gente, esa ha sido nuestra justificación para seguir dándole vida”, agregó.Además, el alcalde de Medellín explicó que el total de la deuda al grupo EPM es cercana a los 4 billones de pesos y que correspondería a 2.27 billones por opción tarifaria y 1.3 billones por los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Finalmente, y como parte de una solicitud hecha por el alcalde de Medellín, señaló que, “toda la responsabilidad está bajo el Gobierno nacional, así de claro”. Ahora se espera que llegue respuesta por parte de la Nación y se pueda solucionar la deuda billonaria a las Empresas Públicas de Medellín.“No estamos pidiendo un favor, que nos manden flores, es que cumpla la ley. El Gobierno tiene que dar ejemplo, si eso no ocurre, aquí empezará a versen apagones como el vivido en Puerto Carreño”, concluyó en Mañanas Blu el mandatario de la capital antioqueña.
La crisis energética en Colombia ha escalado a un nuevo nivel de tensión con un reciente enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, centrado en una deuda de 4.4 billones de pesos del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Gutiérrez ha denunciado públicamente que esta deuda, que incluye subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, está llevando a empresas como AFINIA, filial de EPM, al borde del colapso.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en dialogo con Ricardo Ospina en el programa El Radar, señaló que "la deuda a EPM de parte del Gobierno nacional sumando opción tarifaria y sumando subsidios de estrato de 1, 2 y 3 por la energía son 4.4 billones de pesos."En respuesta, Petro negó que las deudas actuales sean responsabilidad de su administración, argumentando que la propuesta de convertir la deuda en pública fue rechazada por sectores políticos que respaldan a Gutiérrez. Sin embargo, el alcalde de Medellín acusó al presidente de no cumplir con los pagos de subsidios y de no haber concretado la opción tarifaria como deuda pública, situación que, según Gutiérrez, podría desencadenar una crisis energética nacional.Gutiérrez instó al Gobierno a buscar soluciones conjuntas para evitar el colapso del sector eléctrico, mientras la Alcaldía de Medellín ha comenzado a enviar cartas a AFINIA para exigir el pago de la deuda. Este conflicto se produce en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad del sistema energético del país y la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos financieros con empresas clave como EPM.
El coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la región Caribe, Norman Alarcón, se pronunció sobre la decisión que establece que a partir de diciembre de este año los usuarios de la empresa de servicios de acueducto y alcantarillado de Barranquilla, Triple A, pagarán en sus recibos mensuales el impuesto de alumbrado público, que antes cancelaba a través del recibo de Air-e.Aunque voceros de la empresa de energía sostienen que es un alivio para los usuarios, lo cierto es que para muchos se trata de una “jugadita” de Air-e.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Alarcón calificó esto como un procedimiento de "suma cero". Según dijo, los costos se mantendrán iguales, aunque podrían percibirse de manera diferente por los usuarios que ya no los verán reflejados en la factura de siempre, sino en un nuevo recibo que podría generar confusión."Este es un procedimiento o un cambio que nosotros hemos llamado suma cero, porque se deja de cobrar en la factura de Air-e, pero exactamente lo mismo se va a cobrar en la factura de la Triple A, por eso es suma cero, lo que se deja de cobrar en la factura de Air-e, se cobra en la factura de la Triple A y podría tener, pues, algún efecto de tipo psicológico, que ya no lo vamos a apreciar en la factura de Air-e", detalló.Un cambio que impacta a todosExpresó su preocupación por el impacto que esta tarifa, que además ha aumentado entre un 19 % y 42 % este año, tendrá en la economía de los ciudadanos.Señaló que están “en medio de una crisis económica y no parece justo” que los cobros a los usuarios continúen aumentando de tal manera.En su análisis mencionó que, aunque se exonera a los estratos uno y dos del cobro, estas cargas se están trasladando a los estratos tres a seis y al sector productivo, lo que representa un problema mayor."Con este procedimiento, con este cambio, la suma da cero, porque nosotros también hemos instado a las autoridades, en este caso al Concejo Distrital de Barranquilla y a la Alcaldía, que estas tarifas del alumbrado público tan supremamente onerosas, que este año que terminan el día de mañana, los aumentos que tuvimos en Barranquilla fue 19 al 42 %", precisó.Reuniones y propuestasAlarcón también compartió detalles sobre las reuniones que ha mantenido con el agente interventor de Air-e, Edwin Palma, donde se discutieron las expectativas y las propuestas para mejorar la situación económica de los usuarios.Una de las propuestas clave es la necesidad de reducir la tarifa eléctrica, la cual ha sido objeto de un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, aunque sin resultados visibles hasta ahora. Además, Alarcón alertó sobre el aumento en la tasa de seguridad, la cual también incide en los gastos de los ciudadanos, especialmente dado el aumento en los índices de criminalidad en Barranquilla.La seguridad y la crisis económicaPor otro lado, tocó el tema de la seguridad ciudadana, resaltando que los elevados índices de homicidio reflejan una situación preocupante que debe ser atendida por las autoridades.Alarcón enfatizó la necesidad de que se lleve a cabo un diálogo y una concertación entre la empresa Air-e, el Gobierno y las fuerzas vivas para abordar esta problemática que afecta directamente a la población."No es solo un problema de tarifas, es un asunto que involucra la calidad de vida de los ciudadanos y su seguridad", insistió.Escuche la entrevista completa aquí:
Más de 1.300.000 usuarios de energía en la región Caribe que son atendidos por la intervenida empresa Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira no tendrán aumento en sus tarifas durante el próximo mes, ya que en enero el costo unitario del kilovatio/hora permanecerá en $907.La buena nueva la compartió la misma empresa Air-e este lunes como un alivio para el bolsillo de los usuarios, quienes suelen tener gastos adicionales en diciembre por las celebraciones de la temporada.“A pesar de los desafíos del sector energético y de los altos costos de la generación a nivel nacional, desde la Agencia Especial de Air-e estamos adelantando acciones, de manera estructural, para lograr en el mediano plazo tarifas justas y pagables que alivien el bolsillo de los usuarios y usuarias. Por tanto, se logra mantener la estabilidad en las tarifas sin generar incrementos para el próximo mes”, indicó al respecto el agente interventor, Edwin Palma.Air-e hizo un comparativo respecto al año anterior y expuso que “en diciembre de 2023 el valor del kilovatio hora fue de $1.137, lo que refleja una reducción superior al 20%” en comparación con este año.Agregó que “en agosto de 2024, el mes anterior a la intervención de Air-e, el kilovatio hora estuvo por el orden de los $1.072, lo que evidencia una disminución en el costo de la energía durante este proceso” que adelanta el Gobierno.La compañía también destacó que “cerca de un millón de usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira fueron beneficiados con recursos por $1,6 billones, durante los años 2023 y 2024, por concepto de subsidios vía tarifa de energía”.“Para 2023, se otorgaron subsidios a este grupo de usuarios residenciales superiores a $860.000 millones. En lo que respecta al 2024, a corte del mes de octubre, se han otorgado subsidios a usuarios de estratos 1, 2 y 3 por más de $813.000 millones”, indicó.
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga alzó la voz en representación de habitantes de la Costa Caribe colombiana, al dirigir una carta al presidente Gustavo Petro solicitando que el Gobierno se ponga al día con las deudas del sector de servicios públicos. Gaviria destacó la gravedad de la situación que enfrentan los usuarios, quienes no solo lidian con altos costos de energía, sino también con una calidad deficiente en servicios básicos como agua y alcantarillado.Promesas incumplidas y tarifas en aumentoGaviria recordó que en mayo de 2023 el presidente Petro prometió nacionalizar la deuda tarifaria de los usuarios de energía, una medida que buscaba aliviar la carga económica sobre las familias. Sin embargo, ocho meses después, esa promesa sigue sin cumplirse. “A pesar de las esperanzas generadas por los anuncios del Gobierno, las tarifas han aumentado en promedio un 4,75% en el último trimestre, y al cierre de 2023 podrían representar un incremento anual del 22% en la Costa Caribe”, señaló.Además, denunció que la falta de acción del Gobierno ha agravado un problema que lleva años afectando a la región. El régimen tarifario especial establecido en el Plan Nacional de Desarrollo anterior no fue derogado, y las deudas acumuladas por el esquema de "opción tarifaria" siguen sin resolverse. Las empresas que suministran energía, como Afinia y Air-e, enfrentan serias dificultades financieras por la falta de pagos del Gobierno, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios.El líder de la Liga Nacional de Usuarios advirtió que, de mantenerse esta situación, el panorama para 2025 será extremadamente preocupante. Las empresas podrían verse obligadas a trasladar el costo de los subsidios no pagados por el Estado a los usuarios, lo que implicaría un encarecimiento masivo de las tarifas. Además, Gaviria expresó su inquietud sobre la focalización de subsidios incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que podría reducir significativamente el número de beneficiarios. Esto, sumado al encarecimiento de las tarifas, dejaría a una gran parte de la población sin acceso a servicios básicos.La problemática no se limita a la energía eléctrica. Gaviria destacó las graves deficiencias en otros servicios públicos como el agua y el alcantarillado. "Es insólito que en pleno siglo XXI, en ciudades como Santa Marta, el agua no sea apta para el consumo humano, o que en comunidades de Cartagena haya inundaciones con aguas residuales debido a daños en infraestructuras clave", señaló.El modelo de prestación de servicios públicos, que prioriza la rentabilidad sobre el acceso universal, ha sido duramente criticado por los usuarios. “Después de 30 años de la Ley de Servicios Públicos, no hemos visto mejoras significativas en la calidad del servicio, ni se ha garantizado el derecho de los colombianos a acceder a ellos de manera digna”, añadió Gaviria.En su carta, la Liga Nacional de Usuarios insta al Gobierno a tomar decisiones inmediatas para evitar una crisis mayor. Gaviria pidió al presidente Petro que se reúna con el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las empresas operadoras para buscar soluciones conjuntas que garanticen la viabilidad financiera del sector.“Detrás de cada luz navideña en las calles y parques, hay millones de colombianos exigiendo tarifas justas y un servicio de calidad. Es hora de que el Gobierno cumpla con su responsabilidad y atienda este clamor”, concluyó Gaviria.
