Air-e aclaró en un comunicado que posee una copia digital certificada con respaldo forense de toda la información contable y financiera hasta septiembre de 2024. Según la compañía, esta documentación, que cuenta con plena garantía de autenticidad, está disponible para el interventor, Edwin Palma, y que ha sido revisada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Hay que decir, que esto no desmiente que hubiesen borrado el pasado viernes la información de los computadores de las oficinas de BarranquillaLa propia empresa precisó que ningún funcionario maneja datos sensibles sin respaldo, ya que toda la información está protegida mediante copias de seguridad en la nube, accesibles a varios usuarios y siguiendo los protocolos técnicos establecidos bajo la administración de la compañía.“Tras el hackeo del 2 de septiembre de 2024, la empresa contrató a Ratzel, multinacional certificada para realizar copias forenses. Ratzel certifica que la información contable que estaba alojada en el reconocido sistema SAP, que abarca del 1 de octubre de 2020 al 31 de agosto de 2024, no fue afectada y está asegurada”.La empresa también obtuvo una certificación de esa auditoría forense anexando una certificación del proceso de aseguramiento digital de la información que fue expedida por una empresa identificada como Ratsel y que fue contratada por Air-e.Ese proceso incluyó la extracción de copias fieles de toda la información contable registrada en el ERP SAP de la compañía, abarcando desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2024, añade el comunicado.Según eso, toda la evidencia digital ha sido preservada y se encuentra en cadena de custodia conforme a las normativas colombianas y los protocolos internacionales de manejo forense, asegurando la integridad y autenticidad de los datos.Por último, afirma Air-e que la evidencia recolectada está custodiada en el laboratorio digital forense de Ratsel, disponible para su consulta y protección ante cualquier posible alteración o destrucción.A continuación los documentos:
La pérdida de información repentina en los registro de la empresa Air-e no deja de ser noticia. Luego de que en septiembre pasado se hubiese registrado un hackeo que implicó un amplio daño en el sistema, el pasado viernes 15 de noviembre fueron eliminados los archivos contables, correspondientes a pagos de impuestos y estados financieros, sin que al respecto se tengan pistas sobre los responsables.De acuerdo con información conocida por Blu Radio, desde el área administrativa de la compañía están trabajando para determinar el alcance de la información perdida, para lo que un equipo de seguridad de la compañía estará recopilando lo necesario, con el fin de instaurar una denuncia al respecto ante la Fiscalía, seccional Atlántico, en próximos días. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, por lo que involucra información financiera clave en medio del proceso de intervención, fuentes de la compañía indicaron que esto no afectará el servicio ni tampoco a los usuarios, pues se convierte netamente en un asunto interno. Al parecer, los datos se encontraban en un computador, del cual desaparecieron los informes. No obstante, todo esto es objeto de revisión por parte de la empresa. Esta situación se da a poco más de tres semanas de haber sido nombrado Edwin Palma como agente interventor de Air-e, tras la salida de Carlos Diago, quien fue nombrado desde el anunció de la intervención por el entonces Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga.
“Los pájaros tirándole a las escopetas”, así reaccionó el alcalde Federico Gutiérrez frente a la denuncia del exgerente de Afinia, Javier Lastra, sobre el presunto interés de Afinia en abandonar la prestación del servicio en el Cesar. El mandatario de la capital antioqueña reconoció el déficit que aún tiene EPM por su operación en el Caribe, pero que cualquier decisión debe ser concertada con el Gobierno nacional.Luego de que hace varias semanas el Gobierno nacional anunciara la intervención de la empresa Air-e en la costa Caribe, nuevamente la prestación del servicio de energía y la participación de EPM a través de Afinia generan opiniones divididas.Así quedó evidenciado tras el reciente trino del exgerente de Afinia, Javier Lastra, quien alertó acerca del posible interés de Afinia en salir de la prestación del servicio de energía en el departamento del Cesar.“El Cesar es el departamento que peores indicadores presenta en la zona de cobertura de la compañía: pérdidas de energía cercanas al 43%, un recaudo de casi 65%, pero también es la zona con el mayor número de hogares en condiciones de subnormalidad eléctrica”, explicó en su mensaje el exdirectivo quien calificó como una “grave equivocación” volver a segmentar la prestación de este servicio en la región.“La solución no es dejarle el problema al Estado o a los privados y los buenos mercados a cualquiera de los dos. La respuesta está en la consolidación del servicio de energía de todo el Caribe con propuestas de apoyo de los agentes de la cadena energética y del Sistema Integrado Nacional”, agregó Lastra.Ante el mensaje quien respondió fue el alcalde Federico Gutiérrez el cual reiteró que una de las peores decisiones que ha tomado EPM en los últimos años ha sido entrar a operar en la Costa Caribe ante los más de dos billones de pesos de inversión que ha tenido sin recibir hasta ahora los réditos esperados.“Los pájaros tirándole a la escopeta, la peor decisión que se ha tomado en décadas en EPM la tomaron en la alcaldía anterior, metiendo a EPM en operador del servicio de energía en la Costa Caribe con el riesgo que se tiene de EPM”, afirmó.También añadió el presidente de la Junta directiva de EPM que cualquier decisión frente al futuro de la participación de EPM en Afinia debe contar con criterios técnicos y ser concertada con el Gobierno nacional.“EPM tiene que buscar salidas y hay que buscar salidas a la crisis, que la tienen que hacer de la mano del Gobierno Nacional, mire ya A-ire como lo intervino el Gobierno, EPM sigue prestando el servicio, sigue haciendo las inversiones, pero con un grave riesgo”, advirtió.Federico Gutiérrez ha insistido en la necesidad de encontrar salidas prontas y justas tanto para los usuarios como para la empresa de servicios públicos, pues la misma ha reportado pérdidas mensuales de hasta 90.000 millones de pesos.
Una “tarea titánica” es la que dice estar desarrollando por estos días el interventor de Air-e, Edwin Palma Egea, para intentar convencer a los generadores de que le vendan energía a la empresa de servicios públicos, que tiene a cargo el suministro de electricidad a tres departamentos de la región Caribe, tal como lo son Atlántico, Magdalena y La Guajira.Palma asegura que las generadoras se niegan a venderle energía a Air-e por falta de garantías financieras que respalden esa venta, pues existen unas deudas atrapadas y temen que se generen nuevas deudas si se firman nuevos contratos. Palma recordó que “la situación de la compañía no es la mejor” y que hay cosas que no dependen de la empresa, “como por ejemplo la exposición a la bolsa, el precio de la energía en bolsa y ajustes regulatorios” que aún siguen esperando. Insistió en que “mientras esas tres variables no se puedan controlar, pues obviamente la situación de la compañía se va a seguir agravando”.No obstante, en pasados días cuando se habló del "plan de choque" para que el Gobierno Petro asuma las multimillonarias deudas que la empresa sostiene con los generadores y que, de esta manera, se garanticen contratos a largo plazo, desde la Asociación de Empresas Generadoras, Andeg, se mostraron "abiertos" y "positivos".Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), abrió la puerta en ese momento a para garantizar los contratos pero, eso sí, con algunos ajustes regulatorios para la venta."Eso fue digamos que una de las propuestas que nosotros le hicimos también al Gobierno recientemente y también al agente interventor. Que desde las térmicas necesitábamos un par de ajustes desde el punto de vista regulatorio para poderle vender energía a Air-e en contratos que, digamos, ya se habían armado en su momento durante el Fenómeno de El Niño", dijo.De otra parte, Palma sostuvo que ahora está enfocado en la elaboración de un informe con el diagnóstico de la compañía que será entregado a mediados de diciembre al Gobierno y particularmente a la Superintendencia de Servicios Públicos “para que tome las decisiones que en derecho corresponda”.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, fue claro al afirmar que en este momento el Gobierno no está hablando de intervenir Gecelca, Urrá ni cualquier otra generadora de energía.El pronunciamiento del alto funcionario se dio durante el evento Caribe Potencia Energética que se desarrolló en Barranquilla y donde fue consultado sobre esta preocupación que embarga a los agentes del mercado de la energía."No, nosotros no estamos hablando de intervenir Gecelca y Urrá (…) esa es una tarea que está desarrollando la Superintendencia, pero en diferentes aristas, revisando que las empresas cumplan con todos los requisitos, con la prestación del servicio, pero hasta el momento no hay ninguna decisión sobre intervención de alguna empresa”, dijo Camacho.Visita a Air-eUn recorrido por la empresa Air-e y una nutrida reunión con el agente interventor y directivos de la compañía también realizó este viernes en Barranquilla el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.Durante la visita, el ministro propuso que Air-e lleve la batuta de la transición energética en el país, a partir de la intervención que está haciendo el Gobierno en esta compañía de servicios públicos.“Hemos estado conversando aquí con el Agente Interventor para ver los estados financieros, el plan de trabajo que tenemos y la necesaria articulación para sacar adelante este gran propósito de poner a Air-e como cabeza, como líder del proceso de transición energética y del mejoramiento del servicio en el Caribe”, expresó el ministro Camacho.En el encuentro también se analizaron temas fundamentales como el saneamiento financiero, la disminución de la exposición en la compra de energía en bolsa y en los costos de la energía a los usuarios, reiterando en este punto que uno de los principales objetivos de la intervención es la reducción de tarifas para los costeños.El agente especial interventor de Air-e, Edwin Palma, aseguró que fue un encuentro muy provechoso, pues se hizo "una revisión al diagnóstico de la empresa, pero también en perspectiva positiva con todo el equipo de trabajo"."Es la demostración con hechos, un espaldarazo del Gobierno nacional a la decisión política de prestar el servicio público esencial de la energía, de mejorarlo y de intentar, entre todos y todas como lo hemos dicho desde el principio, sacar esta empresa adelante", dijo.
Con el fin de reducir la exposición en bolsa y garantizar la tan anhelada reducción en las tarifas de energía para la costa norte colombiana, el Gobierno Petro definió un “plan de choque” junto al agente interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma Egea, que permita contrataciones a largo plazo para la compra de energía, a partir del saneamiento de las multimillonarias deudas que la compañía sostiene con las generadoras que llegarían, inclusive, a los 400 mil millones de pesos.Según se conoció este fin de semana, tras una reunión sostenida en Bogotá en las últimas horas, se concertó que el Fondo Nacional de Garantías brinde su respaldo para que el Gobierno asuma las deudas de la empresa de energía eléctrica y, además, se garanticen nuevamente los contratos con los grandes generadores en el país. Y es que, como se recordará, en medio del proceso de intervención la compañía ha tenido que comprar en bolsa el 52 % de la energía, teniendo en cuenta la finalización de contratos con esos grandes generadores por falta de pagos.No obstante, Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, advirtió que dicho saneamiento no puede convertirse en un “saco roto”, por lo que ve necesario que la empresa igualmente sea liquidada."Aquí se comprueba enteramente las expectativas y propuestas de la Liga de Usuarios de que este salvamento de parte del Fondo Nacional de Garantías para el pago de esas deudas era necesario. Pero esto no puede convertirse en un saco roto, pues debe ir ligado a la liquidación de la empresa", dijo Alarcón.Por su parte, desde este sábado iniciaron reuniones con representantes de EPM e Isagen para poner en marcha un plan de pagos que permita garantizar la compra de energía a partir de la próxima semana. Hay que decir que en dicho encuentro, que contó con una breve intervención del presidente Gustavo Petro, también participaron los ministros de Hacienda, Minas y Energía, comisionados expertos de la Creg y el agente interventor de Air-e, Edwin Palma.
Este 5 de noviembre fue inscrita, ante el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, la “Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención”, la cual busca vigilar la ejecución correcta, legal, efectiva y oportuna de las acciones que se decidan para superar las causas que originaron dicha intervención por parte de la superintendencia de Servicios Públicos.La veeduría la conforman diferentes gremios del Atlántico y Magdalena, además de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico- Magdalena.Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, habló sobre los puntos críticos que han identificado en el proceso de intervención y que deben ser priorizados. “La caja de la empresa es fundamental, es clave que el Gobierno nacional asegure los recursos para el buen funcionamiento de Aire, nutriendo el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. También el Gobierno nacional debe cancelar esas deudas que tiene por concepto de subsidios con la empresa y también mejorando los niveles de recaudo de la empresa. La compra de energía es otro de los temas críticos, se deben asegurar los contratos de largo plazo para reducir la exposición en bolsa que tiene Aire y que es superior al 50% y afecta a los usuarios por la variabilidad de la bolsa”, indicó el director ejecutivo de Intergremial.Cepeda Tarud indicó que la inversión en infraestructura eléctrica para mejorar el servicio y reducir las pérdida técnicas debe ser otra de las prioridades de la intervención, por lo que estarán vigilantes al tema.La veeduría operará en función de la actual toma de posesión para administración e igualmente en el caso de que se determine la liquidación de la empresa, velará por la celeridad y transparencia de esos procesos.
No muy contentos se encuentran los congresistas de la región Caribe frente a la decisión de diferir a diez años el cobro de la opción tarifaria en las facturas de energía eléctrica, pues para ellos se convierte en una promesa rota del Gobierno Petro frente a la reducción de las tarifas en la costa norte colombiana.Siendo que la decisión, que fue dada a conocer el pasado jueves, sigue generando el rechazo absoluto entre los mercados de Atlántico, Magdalena y La Guajira, senadores como Mauricio Gómez han catalogado como un “chantaje” que el Ejecutivo haya decidido incluir en su polémica Ley de Financiamiento un artículo que autoriza, entre otras cosas, que el Estado asuma la opción tarifaria."Ellos están amarrando todo a esa reforma y, están también diciéndole a los gobernadores del país que si no hay reforma no hay plata. Eso es un chantaje que los gobernadores no van a aceptar ni tampoco el Congreso de la República. Lo más importante es que bajen las facturas de energía eléctrica", explicó Gómez. Recalcó, además, que el Gobierno debe adoptar medidas más efectivas para que se reduzca la tarifa de energía eléctrica para más de 11 millones de usuarios que habitan en la región Caribe, al tiempo que cuestionó la salida del exagente interventor de la empresa Air-e. Por su parte, Carlos Miesel indicó que desde un principio se sabía que no se suspendería el cobro de la opción tarifaria y que, muy por el contrario, se procedería a su ampliación, mientras que el Gobierno logra asumir el compromiso que hizo a principios del 2024."Aquí lo que hicieron fue diferir a 120 meses un cobro que nos faltaban dos meses por pagar, para que no llegara en los recibos a $12 pesos. Eso se sabía desde hace más de un mes que no lo suspendieron, aquí lo que hicieron fue prorrogar el mismo", indicó. Así las cosas, en las facturas del servicio de energía eléctrica seguirá cobrándose la opción tarifaria a $12 pesos, recordando que el pasado mes de septiembre dicho cobro ascendió a $265 pesos por kilovatio/hora consumido.
Buscar salidas financieras que permitan garantizar la operación de la empresa y la prestación del servicio de energía a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira fue el propósito de la reunión que sostuvo en las últimas horas el agente interventor de Air-e, Edwin Palma, con cerca de 200 proveedores y contratistas de estos departamentos.Durante el encuentro, los empresarios manifestaron sus inquietudes frente al proceso de intervención, pues la idea era escuchar de primera mano a los proveedores, con quienes se desea seguir fortaleciendo los vínculos comerciales, tener una base confiable de acreencias y seguir organizando y optimizando los procesos.“Entre todos podemos salir adelante. Vamos a seguir liderando la gestión para garantizar los recursos necesarios para la operación de la empresa. Lo fundamental es que hay voluntad política del Presidente de la República, Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos”, expresó en el evento Edwin Palma, agente especial de Air-e Intervenida.De esta manera, Palma hizo énfasis en que el interés de la compañía es seguir avanzando, junto a proveedores y contratistas, para mejorar el servicio de los 5 millones de habitantes de los departamentos donde Air-e opera.
Diez solicitudes puntuales le presentó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al nuevo agente interventor de Air-e, Edwin Palma, tras la primera reunión formal que ambos sostuvieron.Verano, en nombre de Atlántico, Magdalena y La Guajira, expresó su respaldo al nuevo agente y le entregó un decálogo sobre la gestión que ellos esperan del Gobierno para “mejorar significativamente la prestación del servicio de energía en estos departamentos”.Entre las peticiones está que haya inversión en infraestructura, la divulgación del plan de intervención, aseguramiento de recursos financieros, negociar contratos de suministro de energía a largo plazo y acelerar la implementación de las comunidades energéticas.“Solicitamos un seguimiento a los compromisos acordados con la empresa Air-e, el ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y los entes territoriales de estos tres departamentos”, expresó Verano.Los otros cinco puntos tienen que ver con participación ciudadana y comunitaria, un plan de contingencia para atender de manera eficiente las emergencias y los eventos climáticos que puedan afectar el suministro de energía, la generación de empleo local, la atención de las necesidades de los usuarios rurales y relaciones justas con proveedores.Reuniones con sindicatosEl agente especial de Air-e Intervenida, Edwin Palma, se sentó con los dirigentes sindicales del sector de la energía en el Caribe para abordar temas de relevancia que van, desde el mejoramiento del servicio y la reducción de las tarifas, como el aumento del recaudo y la disminución de pérdidas.Este apenas fue un primer encuentro, pero desde ya se pactó la realización de dos mesas de trabajo en conjunto: una que abordará temas técnico-operativos y la otra, sobre asuntos laborales y de comunidades, informó Eduardo Remolina, el presidente de la subdirectiva Atlántico de Sintraelecol.Después de reunirse con el gobernador Verano y con los líderes sindicales, el agente Palma insistió en que mantendrá el diálogo social como un mecanismo para construir soluciones que beneficien a la población del Caribe colombiano.“La idea es conversar con todos los actores del sistema. Ya hemos hecho distintas reuniones con un propósito común para los tres departamentos a donde llevamos energía y es garantizar la prestación del servicio en una muy buena calidad y ojalá a precios y a tarifas justas. Agradezco esta primera reunión y espero que podamos seguir transitando hacia construir estos objetivos”, puntualizó.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos de miles de estudiantes. Según la programación del Plan Anual de Caja (PAC), el Icetex esperaba recibir un total de 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, sin embargo, hasta la fecha solo se ha girado una fracción de este monto que son 30.000 millones de pesos.A raíz de esta crisis que atraviesa la entidad, la iniciativa, que sería radicada en el mes de diciembre, contempla cinco puntos clave como lo son eliminar la dependencia del endeudamiento para acceder a la educación. Por su parte, busca reconvertir el Icetex en una entidad de subsidios educativos que financie directamente la educación superior para estudiantes de bajos recursos mediante becas y transferencias no reembolsables, eliminando la necesidad de créditos educativos.A lo anterior se le suma un rediseño de los créditos en función del ingreso, así como implementar un sistema de créditos contingentes al ingreso, donde los estudiantes paguen una proporción fija de su salario solo si alcanzan un ingreso mínimo establecido, reduciendo la presión financiera y garantizando sostenibilidad.El representante Alejandro Toro afirma también la creación de un programa para condonar deudas existentes del Icetex para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, convirtiendo sus obligaciones en becas o apoyos no reembolsables, priorizando estratos 1, 2 y 3. En el tercer punto se encuentra el financiamiento estatal directo y la sustitución de la dependencia del Icetex de recursos comerciales con un fondo público permanente financiado a través del Presupuesto General de la Nación o recursos de sectores estratégicos, garantizando acceso gratuito o subsidiado a la educación superior.“Reconvertir el Icetex en una institución que promueva el bienestar integral del estudiante, ofreciendo subsidios para manutención (alimentación, transporte, vivienda), además de servicios de apoyo psicológico y orientación profesional” aseguró.
El 29 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, una fecha en la que miles de personas aprovechan para hacer sus compras de Navidad gracias a los grandes descuentos que se dan durante esta jornada económica, que reúne a miles de personas en los importantes establecimientos.Pero algunos establecimientos anunciaron que esta jornada se podría ampliar hasta el 1 de diciembre para enlazar con el Cyber Lunes del 2 de diciembre, que serán el punto ideal para que miles de personas hagan esas compras de Navidad.Evite ser estafadoPor supuesto, un llamado importante de las autoridades es caer en estafas, en especial en páginas web que ofrecen grandes descuentos que no existen. Piden revisar siempre antes quién es el remitente de la información y qué tan confiable es a la hora de comprar, para eso revise referencia en torno al establecimiento.“Los ciberdelincuentes hacen compras con tarjetas de crédito o débito fraudulentas y cuando el propietario de la tarjeta real se da cuenta de la transacción ilegítima, procede a hacer el respectivo reclamo a su entidad bancaria. La tienda virtual debe hacer la devolución del dinero cobrado por el producto y, en caso de que este haya sido enviado, el e-commerce resulta afectado por la estafa”, dijo el director de Ingeniería de Fortinet Colombia, Andrés Cajamarca.Si tiene negocio, así puede aprovechar estoDe acuerdo con información de DispatchTrack, la tendencia de ventas online será crucial en esta actividad económica y dijo que los negocios deberán optimizar la demanda para evitar problemas en la entrega de productos, pues el flujo podría crecer con las ofertas del Black Friday, que sí o sí se deben aprovechar.La tecnología y la optimización de la logística son claves para afrontar con éxito el Black Friday y brindar un servicio de entrega de calidad que supere las expectativas de los clientes. Al implementar estas estrategias, las empresas pueden fortalecer su relación con los consumidores y posicionarse de manera favorable en un mercado cada vez más exigente.
El Gobierno tendrá que llamar a sesiones extraordinarias para sacar adelante la reforma tributaria en un contexto político difícil en donde lo único claro por ahora es que la oposición llegará con ponencia de archivo.Ya es 21 de noviembre y ni siquiera está listo el texto de primer debate para esta reforma tributaria, con lo cual este proyecto se convierte cada vez más en una contrarreloj. Si no se aprueba antes de que el Congreso se vaya a sus vacaciones de fin de año el Gobierno tendrá que arrancar 2025 recortándole 12 billones de pesos al presupuesto y pensando en presentar otra reforma."Los tiempos están muy exactos, ajustados, dan con extras, es decir, antes del 20 de diciembre no podríamos estar saliendo", explicó la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez.Hasta ahora el Gobierno se ha reunido dos veces con los grupos de ponentes, pero según los asistentes a esas reuniones todavía los acuerdos están 'crudos' y la discusión en etapas aún preliminares. Aun así el plan de trabajo es que la ponencia mayoritaria apoyada por el Gobierno esté lista la próxima semana.Sin embargo, no será el único texto. Hoy está claro que la oposición liderará una ponencia de archivo para hundir la iniciativa."No más impuestos y vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta nueva reforma tributaria", dice el senador Miguel Uribe. Aunque Uribe es coordinador ponente, no está asistiendo a las reuniones de ponentes porque considera que es un ejercicio 'inútil' donde el Gobierno no está escuchando.Este jueves se realizó la primera de una serie de audiencias públicas sobre la reforma y en ella gremios como la Andi, Fecoljuegos y la ACP expresaron sus preocupaciones por los impactos de la iniciativa. Al igual que centros de estudios como Anif y Fedesarrollo.Hoy los congresistas están esperando que la mesa directiva de la Cámara de Representantes firme una resolución que permita un primer debate en sesiones conjuntas con las comisiones económicas para poder avanzar con el trámite.
San Andrés, Santander, enfrenta una grave emergencia debido a las fuertes lluvias que han provocado derrumbes en varias zonas rurales. En la vereda El Caracol, un deslizamiento de tierra ha dejado incomunicadas a cerca de 2.000 familias de las veredas Caracol, Ramada, Pablo VI, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices, quienes deben arriesgar sus vidas para trasladar alimentos y productos básicos.Una habitante del sector denunció la crítica situación a través de un video que evidencia las precarias condiciones de los afectados. En el registro audiovisual se observa a los campesinos cruzando el derrumbe por un improvisado soporte de madera."Solo un palo, una vara... ellos han instalado ahí como soporte, pero el riesgo es latente. Es muy triste esta situación", expresó la denunciante, mientras mostraba a un hombre cargando una caja de víveres en un intento por atravesar la peligrosa zona.El derrumbe afecta directamente la conexión en el punto sobre el río Congreso, obligando a los habitantes a enfrentar la inminente amenaza de caer al vacío. "Si dan un paso donde no es, pues se van sobre el derrumbe hacia abajo", añadió la habitante del sector.Las autoridades locales han indicado que están trabajando para evaluar la magnitud de los daños y buscar soluciones inmediatas. Sin embargo, los campesinos solicitan una respuesta más ágil, ya que la situación pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas.Mientras tanto, los habitantes hacen un llamado urgente al gobierno departamental y nacional para que envíen maquinaria y personal especializado para despejar la vía y garantizar condiciones seguras de movilidad.
Un nuevo caso ha encendido las alarmas entre los usuarios del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de que Juan David Rada compartiera en TikTok una experiencia que califica como una posible estafa. Según su relato, todo ocurrió mientras esperaba a una amiga en la zona de comidas del terminal aéreo.Rada, quien había llegado temprano para recibir a su amiga proveniente de Barranquilla, se encontraba tomando un café en un punto estratégico donde podía observar las pistas. “Estuve como cuatro horas porque llegué muy temprano. Cuando mi amiga aterrizó, se me sentó una señora al lado. Al principio no hablamos, pero luego me preguntó: ¿Llegas o te vas?”, narró.El hombre explicó que la mujer intentó entablar conversación con preguntas personales, incluyendo si la amiga que esperaba era “amiga o novia”. A pesar de la incomodidad inicial, la situación tomó un giro extraño cuando la mujer comenzó a insistir en “rezar” para que su amiga terminara con su novio y Rada pudiera iniciar una relación con ella.Posteriormente, la mujer cambió de tema y comentó que estaba atrapada en el aeropuerto porque no tenía efectivo para regresar a su casa en Chiquinquirá. Según el relato, le pidió $30,000 y, al notar la duda de Rada, le aseguró que también tenía la aplicación Nequi para recibir el dinero.“Justo tenía $30,000 en Nequi, así que se los pasé, pero me pidió que bajara la voz porque no quería que la gente pensara que estaba mendigando”, dijo Rada, quien reconoció sentirse presionado por la cercanía de la mujer y su insistencia.Tras compartir su experiencia en redes, el video generó múltiples comentarios, algunos empatizando con su decisión y otros sugiriendo que no se trataba de un robo, sino de una situación de manipulación emocional. “Yo tampoco hubiera sabido decir que no”, “Eso no tiene nada de robo 😂”, “No se sienta robado, piensa que ayudo a alguien, dio hasta que le dolió dar 30 mil pesos. Allá esa persona si te engañó o no”, “Eso nos pasa a los corazones nobles JAJAJAJAJAJAJA”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.
