Felipe Espinoza, concejal y campesino de Jericó, expresó su firme respaldo a la resolución que establece las Áreas de Protección de Producción Alimentaria (APPA), una medida del Gobierno Nacional que, según él, busca blindar los territorios rurales para garantizar la continuidad de la producción alimentaria en Antioquia. En una entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Espinoza defendió la medida como una oportunidad para mejorar las condiciones del sector agropecuario y fortalecer la voz de los productores locales ante el Gobierno nacional."Nosotros defendemos la medida, creemos que es la oportunidad para que al sector agropecuario se le brinden mejores garantías y que las gestiones de los locales tengan eco ante el Gobierno nacional", afirmó Espinoza, subrayando el apoyo de muchos campesinos y concejales que participaron en el proceso de construcción colectiva de la resolución.El concejal también destacó que la medida no obliga a los productores a cultivar ciertos productos, sino que ofrece recomendaciones técnicas para mejorar la producción. "Lo que dicta la resolución son recomendaciones técnicas de acuerdo con recomendaciones. Eso no quiere decir que la medida esté ordenando u obligando a tener que producir ciertos productos", aclaró.Espinoza señaló que, en regiones como el Suroeste antioqueño, especialmente en Jericó, la resolución tiene un impacto positivo al restringir la minería en zonas agrícolas clave: "La medida restringiría nuevos procesos mineros, pero sí creemos que la posición de algunos alcaldes y tal vez del gobernador, que ha sido en defensa de la política minera, no es para nada consecuente con lo que queremos quienes habitamos el Suroeste antioqueño", comentó.Finalmente, el concejal resaltó la importancia de la autonomía local en el manejo del uso del suelo, argumentando que la resolución brinda mejores garantías para el sector agropecuario. "Hemos levantado la mano para decir que nosotros podemos ordenar los usos del suelo y de ahí han venido directrices de orden nacional que nos han bloqueado esa posibilidad", concluyó Espinoza.
Frente al panorama energético incierto en Colombia, la búsqueda de alternativas sostenibles para reducir la dependencia del gas natural se vuelve cada vez más urgente. Con la importación de 40.000 MBTU diarios y las advertencias sobre posibles incrementos en los precios del gas, la necesidad de diversificar las fuentes energéticas se pone en evidencia.Sin embargo, expertos señalan que algunos sectores de la economía colombiana, como el agroindustrial, pecuario y de residuos urbanos, tienen un alto potencial para generar biometano y biogás a través del manejo de sus residuos orgánicos.El potencial del biometano y biogásSegún datos del Ministerio de Energía, la demanda diaria de gas natural en Colombia es de cerca de 1.000 millones de pies cúbicos, con más de 10 millones de usuarios conectados al servicio. La producción de gas renovable y limpio a partir de residuos orgánicos es una solución estratégica que reduciría la dependencia de combustibles fósiles y el impacto al medio ambiente."Residuos de cultivos como plátano, palma de aceite, caña de azúcar y banano generan enormes cantidades de biomasa que, mediante procesos de digestión anaeróbica, pueden convertirse en biogás. Este, al ser purificado, se transforma en biometano, un sustituto directo del gas natural", afirma Ernesto Gutiérrez de Piñeres, CEO de Seynekun.Proyectos en desarrolloActualmente, se están desarrollando proyectos de plantas de biometano en diversas regiones del país, como Urabá, Magdalena y Santander. "En Urabá, por ejemplo, se evalúa la creación de una planta de biometano que aprovechará los residuos de la Bioplanta, una extractora de aceite de palma", afirma Gutierrez de Piñeres.Ventajas y beneficiosLa producción de biometano y biogás ofrece varias ventajas y beneficios, como:Reducción de la dependencia del gas naturalGeneración de energía renovable y limpiaReducción del impacto ambientalCreación de empleo localPosicionamiento de Colombia como líder en innovación energética en América LatinaLa Ley de Transición Energética en Colombia ofrece diversos beneficios que facilitan el desarrollo de proyectos de biometano y biogás, como incentivos fiscales, exenciones tributarias y arancelarias, y mecanismos de apoyo financiero.
En medio de la posible venta de acciones por parte de la empresa Monómeros colombo- venezolana, el pasado 15 de noviembre fue modificada la junta directiva que, aunque se mantiene liderada por funcionarios del gobierno venezolano, oficializa la salida del único representante de Colombia en esta compañía. Se trata del registro de certificado de existencia y representación legal inscrito ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, en la que se evidencia el aterrizaje de importantes líderes de PDVSA y Petroquímica de Venezuela a la junta directiva de una empresa dedicada a la producción de químicos para el sector agropecuario. Por esto, se dio el ingreso de Mauricio Cervando Herrera Torres, presidente de Petroquímica de Venezuela S.A., quien ahora es miembro principal, igual que Heifred Jhoselin Segovia Marrero, vicepresidenta de la misma empresa. También están en la lista Marco Magallanes Grillet, vicepresidente Ejecutivo de PDVSA; Torino Jose Manzulli Escarra, quien llega por primera vez a la junta directiva y es un reconocido abogado en Venezuela. Continúa en la lista Ninoska Del Valle Rodríguez Yoris, quien ya era parte de la junta directiva desde 2022. Le sigue Eduardo Fernández Anaya, miembro principal de la junta de Pequiven y quien ingresó en 2022 a la junta directiva de Monómeros asignada por Maduro como suplente. Le sigue Esteban Rafael Guilarte Cisneros, quien también repite como suplente; a igual que Ricardo Luis Sánchez. En la lista de suplentes también llegan los nombres de José Javier Hernández Castillo y Edgar Gustavo Corales Díaz. Pese a que a inicios de noviembre el presidente Gustavo Petro se quejó, a través de una carta, de que no estaba de acuerdo con el interés de venta que había sobre las acciones de la compañía, a partir de una supuesta instrucción entregada por el ministro de Industria Alex Saab, esta junta directiva sigue dejando el manejo de esta compañía por funcionarios del gobierno venezolano.
Si bien reconoció que ha habido "un diálogo permanente con el Gobierno" y que, a su vez, se han realizado algunos esfuerzos en contados sectores”, el presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, aseguró que esas múltiples conversaciones no se han visto reflejadas en cosas concretas para los diferentes sectores de la producción.Durante el encuentro que realizó la Unión de Empresarios por el Atlántico, Bedoya advirtió que hoy día “el consumo de alimentos en Colombia no está creciendo a la misma velocidad que la oferta” y que, por lo tanto, urge materializar la reactivación económica para que esta no quede en letra muerta."Hay actividades que hoy no la pasan bien, como el comercio, la construcción, la industria manufacturera, por eso siempre el llamado es a que se necesita esa verdadera política de reactivación que se quedó en anuncios y que no ha llegado", manifestó desde Barranquilla.El presidente de la SAC también se refirió a la reforma laboral que hace tránsito por el Congreso y, empleando la misma jerga del agro, aseguró que “podría salir más caro el caldo que los huevos”, si se aprueba una reforma que no genere incentivos a la formalización ni ayude a combatir la informalidad.Sobre bloqueosOtro de los aspectos a los que se refirió Bedoya fue a los constantes bloqueos que se vienen registrando en el país. Al respecto sentenció que “se está incubando la cultura del chantaje en Colombia”, porque cada vez que se bloquea una carretera, “las comunidades terminan arrodillando al gobierno y terminan sacando lo que quieren”.Precisó que las consecuencias las padecen todos porque, en esos días de bloqueo, “los precios de los alimentos en plazas de mercado suben por encima del 50 o 60 por ciento, se reduce el abastecimiento y después quienes pagan los platos rotos son los consumidores y los productores”.
El Gobierno anunció este miércoles una mesa de diálogo con mineros y campesinos que desde hace tres días protestan en cuatro departamentos pidiendo ampliar la frontera agrícola en los páramos y la legalización de más de 33.000 pequeños y medianos operadores del sector."Tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios (...) para atender las reivindicaciones de los y las protestantes", dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad.El paro campesino y minero ha afectado carreteras de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander y Boyacá. Los bloqueos por parte de los campesinos y mineros ya empiezan a afectar el abastecimiento de alimentos y combustible varias ciudades. Los habitantes de los páramos de Almorzadero y Santurbán, en Santander y Norte de Santander, así como la Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá, usaron camiones, palos, piedras y llantas para bloquear las carreteras.La situación en Santander es alarmante, donde se reportan incrementos de más del 30% en los precios de alimentos básicos como la papa, cebolla, legumbres y frutas. Este problema surge debido a los bloqueos en las vías que impiden el tránsito de camiones hacia las plazas de mercado.Además, el desabastecimiento no solo se limita a alimentos; también se nota la falta de combustible en la región, afecta a muchas restricciones impuestas, las cuales han limitado el acceso a gasolina además de alimentos. Allí se permite el paso de ambulancias, carros fúnebres y automóviles con medicamentos. Por su parte, desde Antioquia, el gremio de Defensa para el transporte terrestre de carga (Defencarga) le pidió al Gobierno atender esta situación y evitar "mayores afectaciones a la economía, al sector logístico y al bienestar de millones de colombianos".A pesar de que algunos camiones han logrado entrar en las horas recientes a locales como Tarazá y Caucasia, la mayoría de las vías principales, como la que conecta el interior del país con la Costa Caribe, sigue bloqueada. Esto ha llevado a las autoridades a implementar medidas especiales de seguridad para garantizar que los derechos fundamentales de la población sean respetados y se mantenga un mínimo de orden público. El uso de corredores humanitarios ha sido una de las estrategias adoptadas para facilitar la circulación de vehículos de emergencia entre las zonas afectadas. La Gobernación de Boyacá dijo que los bloqueos están impactando y que en 10 municipios se reporta desabastecimiento de gasolina. Mientras tanto en la COP16Muhamad sigue de cerca el desarrollo del paro y reafirma la disposición del Gobierno a encontrar soluciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades."Estamos a la espera de poder instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca, una región donde llevamos dos años discutiendo cómo avanzar en la formalización de los mineros, mientras enfrentamos el reto de desmantelar las economías ilícitas que están causando una grave afectación al río Cauca", afirmó la jefa de la cartera de Ambiente.Recordó los impactos ambientales del uso desmedido de dragas y la contaminación por mercurio que afecta al ecosistema fluvial."Debemos encontrar un equilibrio entre la formalización de la minería tradicional y la protección de nuestros recursos naturales. El uso del suelo y la propiedad tienen una función ecológica y social según nuestra Constitución, y los acuerdos deben garantizar tanto los derechos al trabajo como la preservación ambiental", señaló Muhamad.Habitantes de los páramos de Norte de Santander, Santander y Boyacá bloquearon las vías principales del nororiente del país, como la ruta Cúcuta-Pamplona y la carretera Bucaramanga-Bogotá.La protesta fue convocada por la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, quienes están en contra de la delimitación de los páramos, la frontera agrícola, las zonas de reserva temporales y la Ley de Páramos, que afectará la producción agropecuaria y la economía no solo de estas poblaciones sino también de todo el país.Escuche aquí el informe:
Carlos Nobre, climatólogo, copresidente del Panel Científico por la Amazonía, ha estado en el centro de atención debido a los devastadores incendios que están ocurriendo en la Amazonia. En diálogo con Mañanas Blu, Nobre , habló sobre el origen de estos incendios y su relación con el cambio climático. El 97% de los incendios en la Amazonia son de origen humano. Esto se debe en parte a la sequía récord que atraviesa la región, pero también a las actividades ilegales, como la ganadería y el tráfico de drogas, que devastan la selva amazónica. Nobre hizo hincapié en la necesidad de prohibir el uso del fuego en la agricultura y la ganadería, así como en la lucha contra el crimen organizado que está detrás de gran parte de estos incendios. Sin embargo, también reveló la preocupante implicación de las autoridades en la deforestación ilegal. Se señaló que el 90% de la deforestación en la Amazonia es ilegal y que muchos políticos están involucrados en la legalización de estas tierras tomadas ilegalmente. Es claro que se requiere una acción decisiva por parte de los gobiernos de los países amazónicos. En ese sentido, enfatizó la importancia de buscar soluciones basadas en la naturaleza y de fortalecer la cooperación entre los países amazónicos para combatir el crimen organizado y promover la sostenibilidad. Además, mencionó la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. Destacó la necesidad de adoptar comportamientos y hábitos más sostenibles, como reducir el consumo de agua, optar por formas de transporte más limpias y seguir una dieta vegetariana. Escuche aquí la entrevista:
La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, Fenalce, se sumó a la lista de gremios en alerta por el paro camionero que ha afectado de diferentes maneras la operación normal.Y es que los cierres coincidieron con las fechas de cosechas de maíz y soya del primer semestre del año, que se da en agosto y septiembre, y con la preparación de suelos para las siembras del segundo semestre, entre septiembre y octubre, por lo que se necesitan los fertilizantes agroquímicos.En cuanto a la soya, la preocupación es que la recolección se realiza en la Altillanura, es decir, el centro del país, donde están la mayoría de los bloqueos y no hay carros disponibles para el traslado a las plantas y las bodegas de secado y almacenamiento son insuficientes.“La región que presenta una mayor afectación es la Altillanura, teniendo en cuenta que aún falta el 20 % por recolectar, ya existen contratos de comercialización que se deben cumplir y empieza a escasear el combustible para el transporte, tractores y cosechadoras. Esto impactará en un alza en los fletes a centros de procesamiento de la soya”, detalló Henry Vanegas Angarita, gerente general de Fenalce.Además que los departamentos de Córdoba y Valle del Cauca están en plena cosecha, por lo que la prioridad es garantizar el traslado desde las fincas a sus destinos y evacuar las cargas represadas.“Las empresas que suministran gas para las plantas de secado no han podido abastecerse poniendo en riesgo labores de poscosecha, y ante la escasez de combustible, ya se dificulta el manejo de la maquinaria agrícola necesaria para la cosecha de soya y la siembra de maíz (tractores y cosechadoras)”, agregó la agremiación.Finalmente, detallaron que esta situación llega luego de la caída de los precios internacionales, que fue de un 20 % entre junio de 2023 y junio de 2024.
Un día después de que publicaron en Mañanas Blu 10:30am, las cartas de los gremios de lácteos más importantes de EEUU y cuatro congresistas de ese país, manifestando su respuesta y malestar por la investigación que abrió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a los productores de leche en polvo de EEUU, el Gobierno recibió la visita oficial de Alexis Taylor, subsecretaria de agricultura de EEUU.Se reunió con el ministro Luis Carlos Reyes y uno de los temas que se tocó fue ese. Mañanas Blu se comunicó con el equipo de la subsecretaria Taylor para conocer su postura sobre las cartas y la investigación en curso.Respondió lo siguiente: “el Acuerdo de Promoción Comercial de Colombia (CTPA, por sus siglas en inglés o TLC) ha permitido el florecimiento del comercio bilateral entre Estados Unidos y Colombia y ha fomentado una inversión sustancial en la economía colombiana. Las exportaciones agrícolas colombianas se han triplicado bajo el CTPA, alcanzando los 4.100 millones de dólares en 2023 - unos 400 millones de dólares más que las exportaciones agrícolas estadounidenses a Colombia. Con respecto a la investigación de la leche en polvo estadounidense, es lamentable que el Gobierno de Colombia haya tomado este camino, pero esperamos que lleven a cabo una investigación transparente que siga estrictamente el proceso acordado en los capítulos pertinentes de la OMC”.La subsecretaria Taylor en sus dos días de visita tuvo una agenda intensa con el Gobierno y gremios del sector agro. Alguien que estuvo involucrado en la visita de la funcionaria nos contó que: “en la agenda de la subsecretaría había llamada acordada con nuestra ministra de agricultura, y la ministra le canceló la llamada a la subsecretaria de manera imprevista”. Se consultó el Ministerio de Agricultura y respondieron que la reunión se canceló por compromisos de la ministra con comisiones del congreso pero que dicha conversación quedo agendada para la próxima semana.El desenlace de esta historia se conocerá cuando el Ministerio de Industria y Comercio publique en los próximos días los resultados de su investigación para saber si se le impondrá o no aranceles a la leche en polvo que se produce en EEUU.
El sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha contribuido al crecimiento económico del país, con un crecimiento anual del 1,8% en 2023 según el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las empresas de este sector enfrentan vulnerabilidades como la falta de integración en redes de adquisición, desconocimiento de mercados de exportación, acceso limitado a financiamiento, altos costos de producción sostenible, competencia de grandes empresas, débil mercadeo y falta de demanda por parte de los consumidores.Convocatoria para sector agroalimentario en AntioquiaEn respuesta, Impact Hub en Colombia ha lanzado el Programa AXES para apoyar a las mipymes agroalimentarias de Antioquia, promoviendo su acceso a mercados más sofisticados y sostenibles. Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de agosto para empresas legalmente constituidas en Antioquia con ingresos anuales entre $400.000.000 y $2.000.000.000. El programa, de dos años de duración, consta de dos fases: una inicial para 100 empresas enfocada en formación en agricultura sostenible y una segunda para 30 empresas que recibirán talleres de desarrollo, coaching, asesoramiento, y apoyo para acceder a mercados nacionales e internacionales. El programa es una colaboración entre Impact Hub, Fundación Argidius, la Unión Europea, Comfama, la Red Europea de Empresas y la Gobernación de Antioquia. Los participantes seleccionados serán anunciados a finales de agosto, seguido de un evento de lanzamiento en Medellín.Los participantes seleccionados para el programa serán anunciados a finales del mes de agosto.
El periodo de transición del fenómeno de La Niña a otro de mayores lluvias en la mayoría del territorio colombiano, sigue dejando graves consecuencias en el departamento de Antioquia.Uno de los sectores más afectados ha sido el de agricultura donde las autoridades siguen recaudando en articulación con el Puesto de Mando Unificado en cabeza del Ministerio, los reportes de estas emergencias.Según indicó a Blu Radio la secretaria de Agricultura de Antioquia, Rosa Acevedo, las pérdidas para productores se calculan en 45.646 millones de pesos desde inicios de febrero.A la dependencia han llegado reportes de 29 municipios en ocho subregiones, algo que demuestra, según la funcionaria, que las lluvias han sido generalizadas en todo el territorio por lo que se requiere una atención integral."Hemos hecho un trabajo muy articulado con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, ellos llegan con una primera atención acompañar a la población en los diferentes riesgos o perjuicios que sufran nosotros desde la Secretaría de Agricultura reportamos al Ministerio de Agricultura en ese Puesto de Mando Unificado las afectaciones que se presentan diariamente", agregó la funcionaria.Más de 900 mil animales, especialmente peces, han perdido la vida por cuenta de las recientes emergencias. Desde la Secretaría de Agricultura recomendaron a las administraciones municipales reportar oportunamente los daños en esta materia para ser atendidos.
