La firma del Memorando de Entendimiento en el marco del "Plan 10.000 Zona Andina", entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gobernación de Boyacá permitirá que más campesinos y campesinas puedan obtener títulos de propiedad al ser reconocidos como dueños legítimos de sus tierras. Un avance importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales."Hoy lo que estamos anunciando más que una entrega es un convenio en el que aunamos esfuerzos. Esperamos que para finales del año estemos recogiendo los frutos de este esfuerzo con la meta de 5000 títulos aquí en el departamento de Boyacá y la gran apuesta de la Reforma Agraria, para que los campesinos sean protagonistas, la seguridad jurídica del campesino hace parte de la Reforma Agraria. La tenencia de tierra por parte de campesinos hace parte estructural de dignificar la vida del campo y esperamos que podamos articular otro sinnúmero de acciones articuladas con los campesinos para seguir avanzando en su empoderamiento a lo largo y ancho de la geografía nacional", afirmó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.La informalidad en la tenencia de la tierra es un problema grave en Colombia, y Boyacá está entre los departamentos con mayores índices. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), más del 50% de las tierras en el país no tienen un título legal, lo que genera incertidumbre y dificulta el acceso a recursos para el desarrollo. Esto ha afectado a miles de familias campesinas que, a pesar de trabajar la tierra desde hace años, no tienen reconocimiento oficial de su propiedad.Con el ‘Plan 10.000 Zona Andina’, el Gobierno nacional y la Gobernación de Boyacá se han comprometido a entregar títulos de propiedad a 10.000 campesinos de Boyacá y Cundinamarca. Esto incluye tanto terrenos privados como baldíos, lo que permitirá a muchos campesinos acceder a créditos agropecuarios y proyectos productivos. La inversión del Gobierno en el proyecto será de más de 40.000 millones de pesos.Al formalizar la propiedad de la tierra, se aumentará la productividad agrícola, se reducirá la desigualdad en el campo y se fomentará la paz en las regiones rurales.Así lo afirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya: “Nuestro objetivo es que Boyacá se convierta en un modelo nacional en la titulación de tierras. Con la firma de este convenio con la ANT, no solo se asignarán recursos clave para el proyecto, sino que también se pondrá a disposición la capacidad instalada, así como funcionarios y contratistas de diversas entidades para asegurar que los procesos de formalización en el departamento avancen de manera ágil y segura”.Para muchas familias en situaciones similares, la formalización de la tierra representa la oportunidad de tener un futuro más estable y acceder a recursos que antes les eran inaccesibles. "Estoy muy contenta, al fin vamos a ser propietarios de pleno derecho de nuestros predios. Gracias a la inversión que está realizando el Gobierno nacional y departamental en este plan de formalización, muchos más campesinos vamos a tener el orgullo de contar con nuestro título y poder acceder a créditos agropecuarios y proyectos productivos. Esta es una ayuda enorme para nosotros”, afirmó Sandra Milena Motiva Guerrero, campesina y vocera de la comunidad que llevaba más de diez años esperando la titulación de su predio en la vereda de Ricayá Norte, en el municipio de Chivatá.Según la Agencia Nacional de Tierras el ‘Plan 10.000 Zona Andina’ es una oportunidad para avanzar en la justicia rural y garantizar el bienestar de las comunidades campesinas de Boyacá ya que la formalización de tierras es fundamental para que las familias rurales puedan crecer, acceder a nuevos recursos y aportar al desarrollo del país.
Con hectáreas entregadas a organizaciones campesinas de municipios como Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Necoclí, Arboletes, Puerto Berrío, Yondó, entre otros, Antioquia finalizó el 2024 como uno de los departamentos líderes en la consolidación de la reforma agraria, cerrando el año con resultados históricos desde la Agencia Nacional de Tierras.Asimismo, se convirtió en el segundo departamento en formalización de tierras, con más de 6.370 hectáreas de tierras formalizadas para familias campesinas que llevaban años esperando el título de sus predios.Adicionalmente, en la última semana de este año, se van a concluir trámites de formalización para cerca de 400 hectáreas a pobladores rurales. En este proceso de formalización de tierras, sucedió por primera vez en la historia, la entrega de títulos de propiedad en el corregimiento de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, donde se entregaron 1.695 hectáreas tituladas a cerca de 90 familias víctimas de la masacre paramilitar de 1997.Farlin Perea Rentería, líder de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, destacó los avances en reforma Agraria que ha tenido el departamento en municipios como Apartadó y Tarazá."Antioquia además cuenta con 25 comités municipales de reforma agraria para darle voz y participación al campesinado. Antioquia también cuenta con dos zonas de reservas campesinas, el San José de Apartado y en Tarazá", manifestó Perea.También se avanzó en la caracterización de más de 189.000 hectáreas del Fondo de Tierras con el fin de que puedan ser adjudicadas o asignadas a familias campesinas antioqueñas que produzcan y ayuden al fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria del país.
Felipe Herman, director de la Agencia Nacional de Tierras, reveló en Mañanas Blu que alrededor de seis mil contratistas permanecen sin pagar. El director explicó que: "Hemos solicitado un presupuesto que excede los 350 mil millones de pesos, pero lamentablemente sólo se han girado 120 mil millones". Esta situación ha generado un gran impacto en los trabajadores, quienes están lidiando con la difícil realidad de no recibir su compensación. Las respuestas del Ministerio de HaciendaHerman menciona que la situación administrativa está causando demoras, a pesar de que la solicitud se presentó a finales de noviembre. "Nos dicen que están revisando el balance de caja y que esperamos una normalización de la situación entre la primera y segunda semana de enero". Sin embargo, a medida que la crisis se extiende, los contratistas enfrentan complicaciones debido a deudas acumuladas. "Entendemos que las cláusulas de los contratos son claras, pero la situación es compleja. Lo que deseamos es resolver el problema a la brevedad posible", concluyó el director. Uno de los temas más preocupantes que se abordaron fue la reducción del presupuesto para la compra de tierras, que se ha estimado en un 60%. Herman abordó la posibilidad de un plan de recuperación de tierras usurpadas que podrían compensar esta situación. La preocupación por el futuro de la reforma agraria es palpable, y las limitaciones financieras están poniendo en jaque las políticas prometidas por el gobierno. Según Herman, las expectativas son sombrías con un recorte que podría llevar a la desaparición de importantes programas de compra de predios. Escuche aquí la entrevista:
Los contratistas en varias entidades del Estado están viviendo una amarga Navidad por cuenta de la falta de recursos del Gobierno nacional y severo control de caja que está haciendo el Ministerio de Hacienda.En la Agencia Nacional de Tierras por ejemplo, enviaron una carta al director de crédito público, José Roberto Acosta, quejándose porque necesitan unos 50.000 millones de pesos para pagar a sus contratistas y hoy los pagos están frenados. La lista de afectados incluye a 68 mujeres embarazadas a quienes no hay cómo pagarles.Por otro lado, en el Congreso el panorama es crítico y hay 500 contratistas que se verán afectados. El Congreso pidió al Gobierno unos 27.000 millones de pesos para cumplir los compromisos de diciembre y les giraron apenas unos 5.000 millones de pesos.En el Ministerio de Agricultura la situación era similar. La entidad tuvo frenados los pagos a sus contratistas y hasta ahora le giraron los recursos del Plan Anual de Caja, con lo cual se espera que puedan ponerse al día con los contratistas antes de que acabe el año.Las noticias para 2025 no son mucho mejores y en medio de los recortes al presupuesto nacional varias entidades están dándole malas noticias a sus contratistas.En el IGAC, por ejemplo, se van a reducir considerablemente el número de contratos por prestación de servicios y más de la tercera parte no se va a renovar en 2025.Por su parte, en el Departamento Nacional de Planeación ya se está haciendo el anuncio, a varias áreas, que los contratos no tendrán aumentos en su valor. Por el contrario, varios contratos tendrán valores más bajos.
La Agencia Nacional de Tierras confirmó la reglamentación de 1.300 hectáreas de playones comunales en Charco Ají y Corralito, en Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Según la agencia, con la recuperación de ese terreno se beneficiarán 300 campesinos pesqueros en las que también se hizo la certificación del uso de recursos hídricos para cultivos y pesca artesanal.“Nos tomamos y hemos tomado la decisión de entregar los reglamentos de la ciénaga de Corralito, de la ciénaga de Charco ají, entregándosela a los líderes campesinos de la zona que llevaban más de 42 años, peleándose la posibilidad de tener la seguridad de trabajar en sus ciénagas. Así que es tarea de todos cuidar las ciénagas y los playones”, mencionó el director de la ANT, Felipe Harman.Los terrenos están amparados bajo las resoluciones expedidas por la agencia en las que se contempla la reglamentación de bienes baldíos adjudicables en los que se debe implementar la política de trabajo sostenible, es decir, las tierras entregadas deberán cumplir con el requisito de ser tierras productivas.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) sigue siendo actor clave en la Reforma Agraria, ya que ha garantizado el acceso equitativo a la tierra, especialmente a las comunidades rurales históricamente marginadas. Este proceso le está dando prioridad a miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas, quienes durante décadas habián intentado recuperar su derecho a la tierra.En dos años y medio del actual Gobierno, la ANT ha logrado formalizar más de 1.200.000 hectáreas, una cifra significativamente mayor a las formalizaciones registradas en administraciones anteriores. Este avance en la formalización no solo mejora la seguridad jurídica de los campesinos, sino que les da la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos productivos.Por otra parte, La ANT ha adquirido 428.034 hectáreas destinadas a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, cinco veces más que en administraciones anteriores en las cuales solo se alcanzaron las 18.000 hectáreas entregadas. Felipe Harman, director de la ANT, resaltó la importancia de la entrega de tierra para devolveré la dignidad al campesinado a lo largo y ancho del país, “la Reforma Agraria no se detiene y cada semana seguimos sumando. A la fecha, son más de 428.000 adquiridas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, de las cuales ni un centímetro ha sido expropiado y cada una de las compras de predios puede ser verificada por los entes de control para garantizar la transparencia del proceso”.Además, un aspecto clave de la Reforma Agraria es la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que buscan promover una gestión más eficiente y sostenible del territorio, al tiempo que fomentan la economía campesina. En dos años, se han establecido 13 ZRC en diferentes regiones del país, garantizando el acceso a más de 556.261 hectáreas, lo que garantiza la preservación de los recursos naturales.Igualmente, Harman expresó la importancia de que, una vez formalizada la tierra, esta se ponga a producir. “Tenemos una gran responsabilidad porque la tierra que hemos venido comprando y entregando no se puede quedar ahí, hay que ponerla a producir. Esto va a mejorar la calidad de vida de los campesinos y nos va a permitir poner en ejecución el decreto presidencial”, expresó el director.La productividad es, sin duda, uno de los grandes retos de la reforma, ya que no solo se trata de entregar tierras, sino de asegurar que estas sean productivas y sostenibles a largo plazo, por lo cual se ha avanzado también en la titulación de tierras para comunidades indígenas y afrodescendientes, un paso fundamental para garantizar el respeto a sus derechos territoriales.Fueron construidos también 176 resguardos indígenas y 76 títulos colectivos para comunidades negras, lo que facilita su asentamiento y permite mantener sus prácticas productivas ancestrales. A través de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la ANT se han invertido además $8.320 millones de pesos en 22 iniciativas comunitarias con enfoque étnico y de género, dirigidas a fortalecer la seguridad alimentaria y preservar las tradiciones culturales.Un componente fundamental de la Reforma Agraria es la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra. En este sentido, los Comités Municipales de Reforma Agraria (CMRA) se han convertido en un pilar de la reforma, permitiendo que las comunidades rurales gestionen y organicen su territorio de manera autónoma. Con más de 424 comités conformados en departamentos como Antioquia, Cauca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, y otros departamentos, estos espacios han facilitado el diálogo y la concertación para la compra y venta de predios, el control social sobre las tierras y la gestión de las demandas locales.“Por años, los gobiernos no nos reconocieron ni nos escucharon. Hoy no solo somos sujetos de derechos, sino que tenemos voz y decisión sobre nuestro territorio. Desde el Comité de Reforma Agraria estamos organizando la tierra que por tanto tiempo nos despojaron”, afirmó Luz Estella Soto, miembro de la Asociación de Mujeres Productivas Aloe Vera, en el departamento del Huila. Esta declaración refleja el empoderamiento que han experimentado las comunidades rurales, quienes ahora tienen la capacidad de influir directamente en las decisiones sobre su territorio.Cabe recordar que, a partir del 1 de noviembre de 2024, la ANT tendrá nuevas facultades para llevar a cabo la entrega de proyectos productivos a campesinos y comunidades afro e indígenas. Este cambio permitirá que las comunidades inicien de manera más rápida la producción de sus tierras, sin tener que esperar la entrega del título definitivo. Según Felipe Harman, director de la ANT, esto es crucial para acelerar la generación de empleo y el desarrollo económico en las zonas rurales, facilitando que los campesinos empiecen a trabajar la tierra de inmediato."El gobierno Petro, ha dejado en evidencia que La Reforma Agraria es protagonista del año para la apuesta de la transformación del campo en Colombia", afirmó la entidad a través de un comunicado.
La recuperación de 2.400 hectáreas del complejo cenagoso de Machado, ubicado en la región Caribe de Colombia, es ejemplo significativo del avance por la justicia agraria y la consolidación de la paz en los territorios más afectados por la violencia que avanzan a través de la Reforma Agraria y el actual Gobierno.Este proceso, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha sido posible gracias a la persistencia de las comunidades locales y el esfuerzo coordinado de más de 50 funcionarios de la agencia que han trabajado sin descanso en la recuperación de bienes, particularmente de ciénagas y playones. La intervención de la ANT en la zona ha sido histórica, marcando un hito en la resolución de conflictos agrarios en este territorio.Durante más de 50 años, las comunidades pesqueras y campesinas de la región solicitaron la restitución de tierras que habían sido acaparadas de manera ilegal por terratenientes. Sin embargo, a lo largo de los años, sus esfuerzos habían sido en vano, y los avances en la resolución del conflicto fueron escasos. "Fueron 10 presidentes atrás. Cincuenta años en esta lucha, sin ningún resultado. En dos años de gestión, se han logrado avances significativos. Ahora nos sentimos protegidos y respaldados por este gpobierno", afirmó Nidia Lambraño, una de las beneficiarias de este proceso.El complejo cenagoso de Machado, que abarca varias ciénagas como Machado, Molinos, Cholen, Piñalito, Los Ponches, Calle Larga y Don Antonio, ha sido objeto de un proceso de delimitación que ha reconocido a los campesinos y pescadores como legítimos usuarios de estas tierras."Inenajenable ¿Qué significa esa palabra? Que no se vende, que es propiedad pública. Y la policía y el ejército deben garantizar el acceso. Los procedimientos administrativos para ello están en curso. Quien ponga ilícitamente una cerca en propiedad de uso común debe ser conducido a la justicia colombiana, porque está cometiendo un delito. Porque es con el campesinado que podemos construir una Colombia", afirmó el presidente Gustavo Petro, durante la jornada de entrega de estas tierras.Por su parte, Felipe Harman, director de la ANT, confirmó que esta es la primera vez en la historia del conflicto que la autoridad nacional de tierras reconoce oficialmente que los campesinos nunca fueron invasores, sino que los verdaderos invasores fueron los terratenientes que ocuparon ilegalmente estos territorios, los cuales son baldíos de la Nación y no son adjudicables. "Hoy la Reforma Agraria hace justicia social en Sucre. Campesinos y pescadores pueden irse a sus casas con la tranquilidad en el corazón de que tienen un lugar en la tierra y agua para garantizar su soberanía alimentaria. Estos terrenos son reservados por la nación y su uso debe ser regulado para el beneficio de las comunidades que han vivido y trabajado en ellos durante generaciones", concluyó.Gracias a este reconocimiento, más de 500 familias y pescadores podrán asegurar su soberanía alimentaria, utilizando los recursos naturales del lugar de manera sostenible, lo que contribuirá a la recuperación del equilibrio ecológico en estos territorios anfibios.Este proceso también ha sido clave para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la paz en una región históricamente afectada por el conflicto armado y la disputa por la tierra.En este contexto, la ANT ha reafirmado su compromiso con la Corte Constitucional para que se respalde su competencia en los procesos de deslinde y recuperación de bienes de la Nación. De esta manera, miles de familias campesinas y comunidades étnicas se beneficiarán de una nueva oportunidad para acceder a tierras que antes estaban en manos de grandes propietarios ilegítimos.
La defensa de las comunidades víctimas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira solicitó formalmente a la fiscal Luz Adriana Camargo que se imputen cargos y se pida prisión preventiva para Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre; César Augusto Manrique, exdirector de la Función Pública; y Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La petición se basa en la presunta comisión de cinco delitos: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, entre otros.Según la Fiscalía, Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Augusto Manrique Soacha habrían jugado roles clave en el esquema de corrupción que afectó gravemente la destinación de recursos en La Guajira. El esquema comenzó con la modificación del convenio 9677-CV020-021-2023 entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la ANT. La investigación revela que Gerardo Vega, entonces director de la ANT, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, acordaron reducir 100.000 millones de pesos del convenio, fondos que inicialmente estaban destinados a proyectos para comunidades vulnerables.Estos recursos liberados fueron redirigidos al FNGRD con la condición de beneficiar a empresarios seleccionados previamente. En contraprestación, se estableció un sistema de sobornos del 12 % sobre cada contrato adjudicado. Las pruebas apuntan a que Barreto y Manrique facilitaron el direccionamiento de contratos para obras como plantas desalinizadoras y pozos subterráneos en La Guajira, pero los proyectos fueron manipulados para favorecer a empresarios cercanos a cambio de coimas.“El resultado fue un peculado a favor de terceros”, señala la Fiscalía, detallando que las ganancias ilícitas se distribuyeron entre López, Barreto, Manrique y otros funcionarios involucrados. La defensa de las comunidades víctimas de este esquema de corrupción insiste en que estas acciones no solo desviaron recursos destinados a resolver problemas críticos, sino que también perpetuaron la vulnerabilidad de una región que sigue enfrentando crisis humanitarias.Por su parte, los abogados de las comunidades piden justicia: “Es necesario que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que los recursos sean recuperados para beneficiar a quienes realmente los necesitan”. La solicitud de imputación y medidas de aseguramiento busca que se garantice la reparación del daño causado y se establezcan precedentes para evitar que este tipo de actos se repitan.
En el municipio de Tierralta, ubicado en el sur de Córdoba, La Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú (ZRC) ha sido finalmente aprobada y delimitada por la Agencia Nacional de Tierras. El suceso se da tras diez años de espera y esfuerzos del campesinado y comunidades rurales que, a pesar de las adversidades, han trabajado arduamente por su construcción.La ZRC abarca un total de 56 veredas del sur de Córdoba, impactando positivamente a unas 3.500 familias, lo que equivale a cerca de 10.000 personas. Se reconoce ahora como un territorio con un potencial de desarrollo económico y social sostenible, en armonía con la protección de los recursos naturales. En este contexto, la preservación ambiental se convierte en un pilar fundamental, ya que el 82% de la zona está catalogado como reserva forestal, según la Ley 2° de 1959. A través de esta figura, los campesinos recibirán las herramientas necesarias para proteger la biodiversidad y seguir fortaleciendo sus medios de vida.Este proceso de reconocimiento de tierras ha sido uno de los más importantes del actual Gobierno, siendo la ZRC del Alto Sinú la número 12 establecida durante el mandato. Felipe Harman, director de la ANT, destacó la importancia histórica de esta iniciativa, señalando que “el trámite estuvo detenido durante más de 10 años debido a los múltiples obstáculos, entre ellos, la violencia que ha azotado a la región. Hoy, la Zona de Reserva Campesina es la primera en las mejores tierras de Colombia, las de Montería", expresó Harman, celebrando el compromiso de las comunidades en este proceso.Por otra parte, Lina Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, resaltó el esfuerzo conjunto de varias instituciones para hacer posible esta declaración. Entre ellas el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Salcedo subrayó que, a pesar de que la región estaba clasificada como reserva forestal, "las comunidades campesinas han logrado una ocupación sostenible que respeta los recursos naturales. Este reconocimiento no solo valida la existencia de estas ocupaciones, sino que también promueve un modelo de explotación responsable y sostenible".Reconocimiento de derechos para los campesinos de la regiónEl líder campesino Arnobi Zapata, quien ha sido uno de los grandes defensores de la causa, explicó que este logro representa un reconocimiento político y de derechos para los campesinos de la región. Según Zapata, la creación de la ZRC es un símbolo de unidad, pues durante años las comunidades han luchado por la defensa de su territorio, a pesar del desplazamiento forzado y la violencia que padecieron. "Estamos felices porque lo que parecía imposible hoy se hace realidad", afirmó Zapata, quien añadió que la ZRC se consolidará como un espacio de formación y capacitación, con enfoque en el género, la etnia y el territorio, lo que contribuirá a la reducción de las brechas sociales y a la construcción de una paz duradera.La creación de la Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú no solo representa un triunfo para las comunidades rurales, sino que también marca un precedente para otras regiones del país. Este reconocimiento es fundamental para consolidar la paz en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado, el desplazamiento y otros fenómenos de violencia. Con la ZRC, se fortalece la identidad campesina y se ofrece un marco legal para la protección del medio ambiente, mientras se fomenta la cohesión social y el desarrollo económico.
