El plazo de 60 días que acordó la Gobernación del Atlántico con la Agencia Nacional de Infraestructura para que el corredor Barranquilla - Puerto Colombia pase a manos de la administración departamental “podría ser extendido”, pues aún falta resolver temas jurídicos y financieros, y “lo importante es que haya claridad” para que todo se dé “de una manera tranquila y sensata”.Así lo dejó ver el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien se refirió a algunas dificultades en el camino hacia esta transición, con la cual buscan retirar definitivamente el polémico peaje Papiros de la Vía al Mar: "Yo creo que habría que facilitar todo lo que sea necesario para que ellos puedan tener una solución definitiva. En este momento ellos tienen problemas de reacomodar la parte de ingeniería financiera de la concesión, porque si le quitas unos ingresos, pues ellos tendrían que tomar unas decisiones. Ahora tienen varias alternativas, las están estudiando y nos las van a traer", expresó el gobernador.Aunque Verano no ve “ningún inconveniente” por la extensión de este plazo, otra es la opinión de la comunidad, como lo manifiesta Karol Solís, una de las personas que lidera la lucha por el desmonte del peaje."Nos sacaron de Papiros, nos han atropellado nuestros derechos fundamentales y constitucionales, y hoy se anuncia abierta y descaradamente que lo más probable es que se incumpla el acuerdo frente a Papiros. Esto es vergonzoso, es una vez más una burla, tal como lo veíamos venir y por eso seguíamos en protesta", manifestó Solis.Y es que los manifestantes habían advertido que esta situación podría obligarlos a seguir pagando el peaje por más tiempo de lo esperado, siendo que para ellos lo más importante es que se suspenda el cobro y se desmonte la caseta cuanto antes.
Durante una mesa técnica que se llevará a cabo esta semana, la Agencia Nacional de Infraestructura aceptó revisar en una mesa técnica la próxima semana otros métodos constructivos en el sector Las Areneras de Amagá, que eviten el cierre de la vía 10 horas al día durante 20 meses, como se dijo inicialmente, provocando protestas por parte de comunidades y cafeteros del Suroeste de Antioquia.Aunque esto abre una posibilidad de llegar a un punto medio entre las comunidades, la ANI, el concesionario Covipacífico y la gobernación de Antioquia, para este sector de la Troncal del Café, desde ya se escuchan voces en contra de una primera propuesta, que fue el cierre durante 16 meses, por 7 horas diarias de lunes a viernes. "Esa nueva situación es válida, se le reconoce a la ANI, sin embargo allí, con los ingenieros, con los transportadores, con los arquitectos, con la comunidad, con los alcaldes, se plantearon otras alternativas técnicas que van a ser validadas en una comisión que va a estar en terreno revisando esas otras alternativas", manifestó Norman Correa, exdiputado de Antioquia.Carlos Gustavo Quijano, exalcalde del municipio de Concordia, manifestó que con las otras propuestas de quienes integran la organización de ciudadanos Defendamos el Suroeste es para no quebrar el Suroeste, por las afectaciones económicas que generaría este cierre."Buscar las posibilidades que la tecnología ofrece, buscar las posibilidades que la ingeniería en pleno siglo XXI ofrece para no afectar otras regiones del país que efectivamente se movilizan por la Troncal del Café si a la terminación de las vías 4G, no al cierre diurno de la vía", insistió Quijano.El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, explicó que se busca no tumbar la montaña, por lo que es necesario un aval por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)."Que tengamos un cierre mínimo en este sector, una gran noticia. Lo segundo es que se va a buscar no tumbar esa montaña como está plasmado, para eso se requiere firmar un otro sí y que la ANLA autorice la modificación a esa licencia. Tercero, que esas metodologías constructivas diferentes se le van a llevar a la comunidad de Amagá", indicó el funcionario.Al concluir la comisión accidental del Congreso de la República sobre las vías 4G, se le solicitó a la ANI y a Covipacífico acelerar los trabajos en el sector de La Sinifaná, lugar en el que en 2019 hubo un deslizamiento y donde no hay avances.Además, los gremios y alcaldes presentes insistieron en la necesidad de construir con prontitud el puente sobre el río Cauca que está pendiente; mejorar el peaje para evitar la congestión vehicular y terminar los 3,2 km en doble calzada, para que esta vía esté lo más rápido posible habilitada en su totalidad.
En Antioquia, y especialmente en la región del Suroeste, se mantiene la expectativa frente a la decisión que tomaría la concesión Pacífico 1 para adelantar las obras necesarias en la vía 4G, en el sector conocido como Las Areneras.En los últimos días, representantes de la concesión mencionaron la necesidad de un cierre diurno de 10 horas diarias durante 20 meses para garantizar la seguridad en los trabajos, que implican la remoción de 600 mil metros cúbicos de tierra.“El cierre es absolutamente necesario. El corte tiene más de 100 metros de altura, y cualquier piedra que caiga sobre un vehículo, una moto o un transeúnte que pase por la carretera podría causar un accidente fatal”, explicó Alberto Mariño, presidente de la Junta Directiva de Pacífico 1.Sin embargo, esta decisión, que representaría una grave afectación para la economía de esta zona de Antioquia, ha generado discusiones en busca de consensos para adoptar otras medidas. Incluso, se ha planteado la posibilidad de no realizar las obras, como sugirió el gobernador Andrés Julián Rendón durante el congreso de Colfecar en Cartagena.“En Antioquia hemos aprendido en temas de infraestructura que no se debe intervenir las montañas a menos que sea con túneles de gran capacidad o viaductos. Hago un llamado respetuoso a Pacífico 1 para que no derribemos una montaña de más de 100 metros de altura y clausuremos prácticamente la región del Suroeste”, afirmó el gobernador.A menos de un mes de que se anuncie la solución definitiva, la Gobernación de Antioquia espera que la Agencia Nacional de Infraestructura responda al análisis de las alternativas planteadas, como la construcción de un falso túnel o la realización de las obras en horas nocturnas, con el fin de minimizar el impacto sobre las actividades económicas de la región.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) escuchó la petición que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y está dispuesta a ceder un tramo de 12 kilómetros de la Vía al Mar, donde está ubicado el peaje Papiros, para que la administración departamental asuma el manejo de este corredor Barranquilla - Puerto Colombia y se retire la caseta de cobro.Así lo adelantó el diputado atlanticense Camilo Torres, quien estuvo presente en la reunión que sostuvieron el gobernador Verano, la ANI, la Alcaldía de Puerto Colombia y miembros del Comité No al Peaje, en aras de definir de una vez por todas el futuro de la polémica caseta Papiros.El diputado, no obstante, dejó claro que antes de la transición se deberán realizar “nuevas mesas jurídico- administrativas para arreglar este nuevo convenio”, encuentros en los que deberán participar “todos los entes de control y la comunidad”.“En la Asamblea del Atlántico estamos comprometidos con una solución definitiva. Ya le dimos al Verano facultades para conseguir recursos en entidades financieras, destinados al mantenimiento de vías”, dijo Torres. “De ser necesario una milla extra, volveremos a acompañar a nuestro gobernador”, agregó.
En diálogo con Mañanas Blu, Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el Sector de Infraestructura, habló sobre la situación actual de los peajes en el país y el impacto que tienen en la economía.Aseguró que la preocupación principal de la Contraloría es el respeto a los contratos firmados y los ajustes anuales de los peajes según la inflación causada. Según los contratos de concesión, cada enero el peaje debe ser ajustado por el valor de la inflación causada. Sin embargo, debido al decreto 050 del año 2023, no se realizó el ajuste correspondiente al 4.64% de inflación del año anterior. Esto ha generado un incremento en la compensación que debe hacer la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a los concesionarios por el menor recaudo de peajes. Señala que no hacer el incremento pendiente este año incrementará esa compensación y acumulará el ajuste pendiente más el correspondiente a la inflación del año 2024. Esto podría poner en riesgo las concesiones de iniciativa privada y llevar a cuantiosas cifras por terminación anticipada. En cuanto al financiamiento de este déficit, hasta ahora se ha utilizado el Presupuesto General de la Nación para compensar a los concesionarios. La ANI ha pagado 440 mil millones de pesos de los 1 billón estimados por la Contraloría. Sin embargo, este faltante tendrá que ser cubierto por el presupuesto general de la nación, lo que significa que todos los colombianos tendrán que aportar recursos para estas compensaciones. Enfatizó que en el caso de los peajes, los pagan quienes utilizan las vías, pero en el caso de las compensaciones, todos los colombianos contribuyen. En ese sentido plantea la necesidad de tomar una decisión sobre si aumentar los precios de los peajes nuevamente o continuar compensando a los concesionarios a través del presupuesto general de la nación.
Desde la mañana de este 20 de agosto y de manera ininterrumpida cerca de 50 habitantes del municipio de Remedios en Antioquia han ocasionado diferentes cierres en la vía principal que conduce al casco urbano de la población del Nordeste. Según la denuncia, la comunidad está exigiendo que la Agencia Nacional de Infraestructura haga los arreglos de la malla vial, petición que han hecho hace varios meses.La información entregada de manera preliminar por las autoridades indica que el cierre de la vía que conecta a Remedios con el resto del departamento ha sido bloqueada durante varios minutos y luego la abren, procedimiento que se ha repetido durante varias veces en el transcurso del día.El coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que la situación está siendo vigilada y que las exigencias que hacen los protestantes ya están siendo estudiadas por diferentes entidades de nivel departamental y nacional."Más o menos 50 personas se encuentran con unas exigencias que ya han sido tratadas con el Instituto Nacional de Vías y la Concesión. Algunas de ellas dentro del puesto de mando que se tiene con la Gobernación han sido atendidas. Son unos temas relacionados con arreglo de vías, con contratación de personas también de la comunidad sobre la Concesión. Y en este momento la Policía se encuentra acompañando y garantizando el derecho a la protesta pacífica", manifestó el coronel.De momento, la Administración Municipal no ha reportado afectaciones por la manifestación y esperan que en las próximas horas se logre llegar a un acuerdo para evitar más bloqueos que sí puedan generar mayores afectaciones en Remedios.Las personas que hacen presencia en la zona y que realizan las exigencias a la ANI esperan que con la atención mediática puedan ponerle fin a los daños en la malla vial que afectan a miles de personas que transitan por esa vía día a día.
Reciente comisión de seguimiento de la bancada antioqueña en el Congreso al futuro aeroportuario del departamento siguió planteando varias dudas frente a implicaciones del desarrollo del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, el segundo más importante en tamaño y operación del país.Si bien el director de la Agencia Nacional de Infraestructura anunció a más tardar a enero de 2025 iniciarán obras de ampliación y optimización de la terminal existente con la construcción de nuevas posiciones de parqueo, más puertas de abordaje y la adecuación de salas de pasajeros, recursos aún siguen siendo cortos para una solución definitiva a las necesidades de la terminal aérea.Aunque la inversión para dichas intervenciones, que durarán cerca de un año, pasó de 46 mil millones de pesos a 146 mil, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, reconoció que solo para adquirir los predios que requiere la expansión del aeropuerto se necesita un billón de pesos.Además piden que a los propietarios se les reconozca el valor comercial de sus tierras, lo que garantice que puedan quedar en iguales o mejores condiciones tras su salida de la zona por la obra."La petición que hacemos desde la Alcaldía es claridad, la misma que demandan los propietarios y que los predios se adquieran a precios comerciales para poder garantizar el poder adquisitivo de ellos", dijo el mandatario.Sin embargo, los líos para el proyecto de ampliación no pasa solo por lo financiero, pues los propietarios de 361 predios siguen pidiendo que estos sean desafectados del polígono inicialmente demarcado ya que no se ha iniciado con una oferta formal de adquisición y no pueden realizar ningún tipo de transacción ni remodelación en ellos.En la reciente reunión el personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, insistió que la Aeronáutica Civil y la Oficina de Instrumentos Públicos del municipio deben ponerse de acuerdo."Los predios tienen que desafectarse. Ya no hay acto administrativo que afecte esos predios. Lo que hemos tenido es que entre ambas entidades se tiran la pelota, que el uno le debe decir al otro o que es el otro el que debe indicar", argumentó Restrepo.Según estimaciones de mediados del año anterior el Plan Maestro para la construcción de la segunda pista del José María Córdova ya estaba en 3.7 billones de pesos, cifra que podría incrementar rápidamente con el paso del tiempo por la valorización de esta zona del Oriente antioqueño.
Los conductores que transitan la ruta nacional que conecta Chiquinquirá con Barbosa y Bucaramanga han expresado su profunda preocupación y malestar ante el grave deterioro de este tramo vial de 260 kilómetros. Denuncian que gran parte de la carretera está en condiciones deplorables, con enormes huecos y una preocupante falta de señalización vial, lo cual pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por allí.El mal estado de esta vía no solo incrementa el peligro de accidentes, sino que también afecta la movilidad y el desarrollo económico de la región. Los transportadores de carga y pasajeros, así como los ciudadanos en general, han alzado sus voces pidiendo una intervención urgente.Javier Gómez, un conductor que recorre frecuentemente esta ruta, comentó lo siguiente:"Estas son las vías de Santander, miren cómo está la vía entre Barbosa y Bucaramanga. Venimos desde Villavicencio, qué está pasando con el pago de los peajes. No hay arreglos, qué pasa con los dineros, habrá que preguntarle al presidente Petro y al gobernador, general Juvenal Díaz".En reiteradas ocasiones, los afectados han solicitado al presidente Gustavo Petro, al Instituto Nacional de Vías (Invías), al gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, y al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que tomen medidas inmediatas para la recuperación y mantenimiento de la malla vial. Hasta el momento, las respuestas a estas peticiones han sido insuficientes, lo que ha generado un creciente descontento entre la población.Por su parte, Marta Rodríguez, residente de Chiquinquirá, expresó su preocupación por la falta de señalización: "La ausencia de señales de tránsito hace que conducir de noche sea especialmente peligroso. Los accidentes son frecuentes y esto podría evitarse con una adecuada señalización y reparación de la vía".La comunidad espera que las autoridades competentes atiendan de manera inmediata estas denuncias y se comprometan con la reparación y mantenimiento de esta importante arteria vial, crucial para la conectividad y el bienestar de la región.
Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tuviera diez meses un mandatario interino, este martes, 20 de febrero de 2024, se confirmó que el ingeniero Francisco Ospina Ramírez será el que asuma el cargo de presidente de la agencia.Él tendrá diez días para confirmar si acepta o no el cargo, al igual que para posicionarse, esto luego de que el anuncio fuera emitido en el decreto 0184 por parte del presidente Gustavo Petro con fecha de 19 de febrero.Dicho decreto establece la finalización del cargo que tenía Carolina Jackeline Barbanti desde el 29 de septiembre de 2023, que se desempeñaba como vicepresidenta de la ANI.En 2022, Francisco Ospina fue director encargado de la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia por parte del expresidente Iván Duque. Él tiene más de 18 años de experiencia en sectores públicos y privados de la industria.Ospina es piloto comercial e ingeniero mecánico con especialización en Gerencia de la Seguridad Aérea y especialidad en mantenimiento aeronáutico. Cuenta con Maestría en Ciencia con especialización en Ingeniería de Sistemas y Maestría en Ciencias con especialización en Gerencia de Ingeniería, así como una Maestría en Gestión Aeronáutica.Actualmente, Ospina ocupa el cargo de secretario de Autoridad Aeronáutica desde enero de 2022. También se ha desempeñado previamente como secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, director de Estándares de Vuelo, piloto comercial de aviones, consultor en formación y negocios, instructor de simulador de vuelo y otros cargos en el sector defensa y la Fuerza Aérea Colombiana.La ANI ha tenido tres directores en el Gobierno del presidente Petro: William Camargo, actual ministro de Transporte, y dos presidentes interinos que fueron Jonathan Bernal González y Carolina Barbanti.
El concejal de Barrancabermeja, César Guzmán, denunció que fue falsificada la firma de empresarios de Santander en tres contratos de interventoría entre Uniones Temporales y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.Los cuestionados contratos por esta presunta irregularidad que fue denunciada ante la Fiscalía tienen que ver con las interventorías (vigilancia) a contratos adjudicados por la Alcaldía de Barrancabermeja para trabajos de limpieza en el sistema de alcantarillado, caños y ciénagas del municipio.Los tres contratos de interventoría donde hay aparentes firmas falsas de José Manuel Junieles, como representante legal de la empresa Soluciones Ambientales Integrales, y Jorge Luis Trujillo Vanegas, representante de Construcciones y Montajes, suman más de $1.000 millones, según la denuncia.“La denuncia que hacen los empresarios es que, empiezan a recibir llamadas de la EPS y la Caja de Compensación, y ahí es donde se dan cuenta que supuestamente habían firmado ese contrato. Cuando empiezan a solicitar información, se dan cuenta que sus empresas aparecían como firmantes de los contratos de interventoría, pero lo que aseguran es que nunca han firmado ningún documento ni conocía de la existencia de dichos contratos”, explicó el concejal del Partido Verde, César Guzmán.La Alcaldía de Barrancabermeja informó que tras las denuncias del concejal César Guzmán, se ordenó crear un equipo jurídico que se encargará de analizar la situación de la posible falsificación de firman de empresarios en tres contratos de interventoría de obras entregadas por la Secretaría de Ambiente, porque la administración pudo ser víctima de un engaño.
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
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En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
