El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Jhon Camargo, entregó un balance de los procesos que enfrenta la Nación en el nivel local, pero también ante los diferentes tribunales de arbitraje internacional. Recientemente, se viene discutiendo casos como el Galeón San José, Meritage y Seda.Los procesos en el territorio nacional en diferentes instancias judiciales llega a más de 353.000 procesos que le cuestan al país 600 billones de pesos, según el director (e) Camargo.En instancias internacionales la cantidad de procesos es menor, pero representan sumas mucho más elevadas en caso de perder en las audiencias. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Colombia ganó una disputa de varios años con Montauk Metals, empresa canadiense que alegaba que el Estado colombiano le había vulnerado derechos al cercar un perímetro de protección ambiental en el páramo de Santurbán.“En tribunales de arbitraje de inversión hay 16 casos(...) nos pueden costar 11 billones de pesos en caso de perderlos son laudos (resoluciones o decisiones) que están pendientes para el próximo año” afirmó Jhon Camargo, director(e) de la ANDJE en entrevista con Blu Radio.Asimismo, el director encargado desde la salida de Martha Lucía Zamora aseguró que una de las mayores preocupaciones que tienen desde la entidad es el gran número de expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de colombianos que no han recibido una atención adecuada en la justicia colombiana y deciden recurrir a instancias en el exterior."Víctimas de graves afectaciones en materia de derechos humanos están llegando a la comisión en búsqueda de una reparación integral. Este no es un tema menor y es un tema que es realmente muy importante para mí desde mí corazón, darle la cara a las víctimas. En este momento estamos adelantando diferentes soluciones amistosas con el fin de no revictimizar a esas personas esos procesos largos, inoficiosos en el tiempo y que como Estado logremos decir perdón y hagamos ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que tanto lo necesitan. No podemos seguir revictimizando a esas personas", señaló.
El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, John Camargo, anunció en primicia a Blu Radio que este viernes, 14 de junio, Sea Search Armada (SSA) presentará una demanda contra Colombia, reclamando 10.000 millones de dólares. La demanda, vinculada al Galeón de San José, es considerada por Camargo como "completamente absurda" y "temeraria". Según Camargo, Sea Search Armada es “un inversor temerario que nunca encontró el Galeón de San José", al tener intenciones de quedarse con el patrimonio histórico invaluable por el Estado colombiano.Camargo expresó su descontento con la implicación de peritos legales colombianos en la demanda, mencionando que le parece "muy triste" que un colombiano apoye la posición de una multinacional contra los intereses del país. Esta situación surge mientras el Ministerio de Culturas organiza una expedición para investigar el Galeón.El proceso judicial tomó forma en diciembre con las primeras audiencias, y ahora SSA formaliza su intención de disputa con el memorial de demanda. Colombia tiene hasta octubre para responder, y Camargo asegura que su equipo está "armando y articulando toda la estrategia" para defender el patrimonio histórico nacional."Más allá de la mentira que creo que van a decir, quiero saber quién es el colombiano que se va a lanzar como perito legal de ellos", dijo Camargo. "Porque me parece extremadamente triste que un colombiano esté apoyando la posición de una multinacional o de un inversor extranjero de carácter temerario que está exponiendo los recursos de todo un país".El Ministerio de Culturas, por su parte, ha organizado una expedición para investigar el Galeón de San José, buscando proteger y valorar este patrimonio histórico. Entre abril y junio de este año, y descartó que se tenga contemplado extraer la embarcación.Asimismo, la cartera aseguró que esta será una investigación de naturaleza completamente científica y que lo que se va a recuperar "no son tesoros", sino pecios arqueológicos.El Gobierno estipuló para esta primera fase 18.000 millones de pesos, ya garantizados. A medida que avance esta etapa preliminar, se podrán ir apropiando recursos para las fases en las que se requerirá mayor tecnología.La demanda de SSA se sustenta en que la compañía afirma haber solicitado a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente.
La Agencia Jurídica del Estado le salió al paso a las declaraciones que, en la mañana de este miércoles, dio la exdirectora de la entidad Martha Lucía Zamora, asegurando que se había sentido intimidada por el actual director encargado Jhon Camargo.Zamora señaló que le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante la Procuraduría en el juicio disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leyva y por eso había reportado la situación ante el Ministerio Público.“Son preguntas que tenían que darse en una actuación como aquí en la Procuraduría, yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento, el 6 de diciembre del año pasado, y por lo tanto ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito, ante unas preguntas improcedentes y extemporánea y sin saber la finalidad”, explicó Zamora.Ante esto, Camargo respondió por un lado que el pasado 28 de febrero sí hizo un requerimiento a la exdirectora pero para conocer en detalle información relevante de la entidad basándose en dudas que surgieron tras leer el informe de empalme que entregó Zamora.“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, argumentó Camargo.El actual director señaló, además, que las preguntas fueron de todos los temas y procesos de empalme, no solo de las actuaciones frente a la situación con los pasaportes.“Todas las solicitudes de ampliación de información estuvieron en línea con el contenido del informe presentado por la doctora Zamora Ávila en su calidad de directora general saliente y fueron motivadas por las preguntas, interrogantes y necesidades de ampliación que el mismo informe generó. En línea con lo anterior, solicitud de ampliación de información en relación con los comités de conciliación en los que participó la doctora Zamora responde inquietudes generadas por el mismo informe de gestión”, puntualizó Camargo.
El presidente Gustavo Petro le pidió a la Agencia Jurídica del Estado para revisar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá, tras presentar los resultados de un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). En su alocución, el mandatario propuso que el sistema de transporte sea mixto, respaldado en las conclusiones de dicho informe.Acompañado por el ministro de Transporte, William Camargo, y la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, el presidente resaltó la importancia de modificar los diseños de la primera línea del metro, siguiendo las recomendaciones de la SCI, a la que describió como una organización sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el tema.Según el mandatario, el estudio de la SCI revela que la propuesta actual presentaría pérdidas significativas para la sociedad bogotana, estimando una disminución del 77 % en posibles beneficios en diversas variables. También señaló que el tiempo de viaje de los ciudadanos se reduciría en un 77 % con un modelo mixto, en comparación con el proyecto actual de metro elevado. El presidente Petro enfatizó que la falta de planificación en la propuesta actual podría resultar en demoras significativas, especialmente para personas mayores o enfermas, afectando su tiempo de viaje.Además, el presidente reveló que, según el estudio, se habrían perdido 8 billones de pesos por no haber implementado el proyecto originalmente propuesto. En este sentido, hizo un llamado a la Agencia Jurídica del Estado para que defienda los recursos del Presupuesto General de la Nación y permita financiar un mejor metro para Bogotá.Para disipar temores sobre posibles demoras adicionales, el presidente Petro aseguró que el modelo mixto no conllevaría retrasos adicionales y afirmó que se entregarán los resultados del estudio a las autoridades pertinentes, incluido el alcalde de Bogotá y los órganos de control. "Aun estamos a tiempo”, concluyó.El presidente Petro concluyó su alocución reiterando su compromiso con la mejora del sistema de transporte en la capital colombiana y su confianza en el potencial de un modelo mixto para el metro de Bogotá.
El expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren llega al Gobierno del presidente Gustavo Petro a liderar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en medio del escándalo de la licitación para la fabricación de pasaportes que involucra a la firma Thomas Greg & Sons. Reemplazará a Martha Lucía Zamora, quien renunció a su cargo después de una fuerte discusión con el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Aranguren aclaró que su nombramiento como director fue una “sorpresa total" para él, ya que nunca había trabajado en la administración pública. Esta respuesta se da por los cuestionamientos en medio de los recientes cambios que ha hecho el presidente Petro en su gabinete.“Absolutamente por fuera de mi radar cualquier posibilidad. Nunca he trabajado en la administración pública y todo aconteció la semana pasada; no tengo conocimiento personal con el presidente Petro y, por supuesto, mucho menos e militado en partido alguno. Entonces entiendo que es una oportunidad para servirle al país, lo que está de por medio es el país. En cuanto uno pueda prestar un modesto concurso para este efecto, pues esa es la devoción que desde el punto de vista ético, jurídico y moral me acompaña”, comentó.Licitaciones de pasaportesEn relación con la consulta sobre la licitación de pasaportes, que generó toda una polémica hace días, el exmagistrado Gómez Aranguren enfatizó que este proceso ya estaba en marcha "desde hace algún tiempo" y que es responsabilidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado "resolver los asuntos relacionados con decisiones de este tipo" y otras. “Indudablemente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una institución novedosa que hace parte de la estructura de la administración pública del siglo Siglo XXI en derecho público; estas entidades no son muy antiguas, no son clásicas, son indudablemente novedosas”, puntualizó.Aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo, se mostró confiado en que existen mecanismos legales y alternativas para “resolver” cualquier conflicto relacionado con la licitación. Dijo que "el derecho" es para solucionar problemas y "no para complicarlo aún más". Según recalcó, tiene un compromiso con “la imparcialidad y la defensa de los derechos de las personas” dentro del marco del Estado de derecho. Asimismo, afirmó que su papel como defensor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es seguir las decisiones judiciales y respetar la institucionalidad del país.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Hasta el lunes 4 de marzo, era el último plazo para firmar el contrato de pasaportes que fue adjudicado por el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el Gobierno aseguró que no firmaría este contrato hasta que se haga una evaluación, por eso elevaron consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Colombia compra Eficiente.Mientras esto ocurre, la empresa a la que se le adjudicó el contrato, Thomas Greg & Sons, envió a la Cancillería un derecho de petición mediante el cual pide explicaciones a la decisión de no firmar el contrato, pese a que las resoluciones expedidas por Salazar lo exigen. En el documento se lee: “En ese sentido, se reitera la disposición de la Unión Temporal Pasaportes 2023 de proceder con la suscripción del contrato, la cual es tan cierta que ya ejecutamos las tareas que se derivan del acto de adjudicación”.También piden “efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato” de pasaportes, que ha generado bastante polémica en el país.En medio de la novela por esta licitación, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró que no hay problemas con el suministro de los pasaportes y que, durante siete meses, cuando se vence el contrato firmado en el marco de la urgencia manifiesta, será garantizada la producción. En este tiempo la Cancillería planea resolver el lío, y una de las propuestas que hay sobre la mesa es fortalecer la producción nacional de los documentos a través de la Imprenta Nacional.Canciller sobre pasaportesEl canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que por ahora no se firmaría el contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes en Colombia, que tenía plazo para ser firmado hasta el 4 de marzo.El argumento es que no firmarán contratos que se hayan presentado en situaciones irregulares. La Cancillería, de esta manera evalúa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con Colombia Compra Eficiente el futuro de esta polémica licitación y pronto se conocerá una posición del Gobierno sobre el tema.Para Murillo, el proceso se dio en medio de cuestionamientos por falta de pluralidad en los oferentes y transparencia en los pliegos, pero, aunque está en revisión el proceso, la promesa es que no se pondrá el riesgo en suministro de estos documentos, al menos en los próximos siete meses, es decir, hasta octubre de este año.
En un comunicado, la Agencia Jurídica del Estado negó de manera "categórica" que la entidad haya incurrido en una revictimización a la exfuncionaria de Colpensiones y explicó la intervención en el trámite de tutela se dio por solicitud del propio empleador.El caso es en relación con Iveth Aristizabal, la exjefe de comunicaciones de Colpensiones, que afirmó que la Agencia Jurídica del Estado la “revictimizó” al haber intervenido en un proceso de tutela a la administradora de pensiones por haberla despedido de manera "ilegal".Mientras que sobre el proceso, la Agencia explicó en el documento lo siguiente: "Se abstiene de brindar información sobre la estrategia de defensa en el trámite de tutela. El expediente tiene carácter reservado y no contamos con la autorización de las partes involucradas en la controversia para revelarla".Aunque la exfuncionaria de Colpensiones explicó que la Agencia intervino en el proceso cuando un juez ya había ordenado su reintegro a la entidad en un cargo igual o mejor al que estaba, pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir, y hasta “retrotraer” un proceso de acoso laboral que había radicado Iveth Aristizabal.Por último, la Agencia Jurídica del Estado resaltó que su compromiso es la prevención del daño antijurídico y el reconocimiento de derechos, pero además, rechazó “de manera contundente cualquier conducta constitutiva de acoso en el ámbito laboral”.El comunicado que emitió la defensa de Aristizabal para denunciar la situación decía que la Agencia intervino en el proceso desconociendo los antecedentes del caso y re victimizando a la mujer que ha sido objeto de "diferentes actuaciones de acoso y persecución laboral".Este es el comunicado:
A través de un comunicado de dos páginas se conoció que la Agencia Jurídica del Estado presentó un escrito de intervención ante un juzgado con control de garantías para revocar una sentencia que favorecía a Iveth Carmen Aristizábal, quien fue jefe de comunicaciones de Colpensiones.La mujer interpuso una tutela a los derechos al debido proceso después de haber sido despedida de su trabajo de manera ilegal; de hecho, un juez ya había ordenado su reintegro a la entidad, pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir en un “término de 48 horas retrotraer el proceso de acoso laboral radicado por Aristizábal”.Sin embargo, en los últimos días la Agencia Jurídica del Estado intervino en este proceso de tutela “desconociendo los antecedentes del caso, pero además revictimizando a la señora Iveth Carmen Aristizábal, quien ha sido objeto de diferentes actuaciones de acoso y persecución laboral”, dice el comunicado.En el documento también califican de “sorprendente” que la entidad intervino por funciones en relación con el ejercicio de representación cuando están involucrados intereses de la Nación, caso que “claramente no se enmarca en el caso de Aristizábal”.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestionó a la Procuraduría por las sanciones disciplinarias que han causado demandas contra el Estado. La entidad le envió al Ministerio Público lineamientos para que aplique el principio de proporcionalidad; una controversia que se generó tras la suspensión al canciller Álvaro Leyva.El documento de 13 páginas de la Defensa Jurídica criticó fuertemente a la Procuraduría, a raíz de que es la segunda entidad más demanda por sus sanciones, como la del canciller Leyva o la de Olmedo López, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo.La Agencia estudió las entidades más demandadas por procesos en esta causa y halló que “se ubicó en segundo lugar la Procuraduría con 1.510 procesos en total, dentro de los cuales se cuentan 549 activos”.Así mismo, explicaron que en la revisión de sentencias de los últimos tres años se pudo establecer que una de las causas en sentencias desfavorables y demandas activas hace referencia a la “proporcionalidad en la imposición de sanciones disciplinarias”.Frente a estos cuestionamientos, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le envió lineamientos a la Procuraduría para que se aplique la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias que se le aplique al funcionario.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que tuvo un rifirrafe con su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del G20 realizada en Río de Janeiro, y dijo que el enfrentamiento no se conoció porque la delegación de ese país ocultó los videos.La discusión, según el jefe de Estado colombiano, tuvo su origen cuando en ese foro, al que fue como invitado, expuso que el trabajo conjunto y no individual es la base para lograr el progreso de los países."Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que pelié (sic) con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana", aseguró este jueves en un acto oficial.Petro explicó que esos momentos no aparecieron en ninguna parte porque "la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí"."Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político de que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma", afirmó.Petro añadió: "esa idea que pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico, de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar"."Así (es) entre las naciones y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma", aseguró Petro en referencia al discurso que supuestamente motivó el disgusto.Este es un enfrentamiento más entre Petro y Milei, situados en las antípodas ideológicas. En marzo pasado el Gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, en respuesta a las reiteradas ofensas de Milei a Petro, a quien tildó de "asesino terrorista".Esa medida, revocada semanas después, fue el colofón de una serie de ofensas del mandatario argentino, que en enero de este año también llevó al Gobierno de Colombia a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, luego de que Milei dijera que Petro "es un comunista asesino que está hundiendo" al país.Petro también ha cargado contra Milei. Una de ellas fue en septiembre pasado en Naciones Unidas cuando, sin citarlo, criticó su lema "Viva la libertad, carajo", al hablar ante la Asamblea General de la ONU del sometimiento de la política al poder de los más ricos.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos de miles de estudiantes. Según la programación del Plan Anual de Caja (PAC), el Icetex esperaba recibir un total de 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, sin embargo, hasta la fecha solo se ha girado una fracción de este monto que son 30.000 millones de pesos.A raíz de esta crisis que atraviesa la entidad, la iniciativa, que sería radicada en el mes de diciembre, contempla cinco puntos clave como lo son eliminar la dependencia del endeudamiento para acceder a la educación. Por su parte, busca reconvertir el Icetex en una entidad de subsidios educativos que financie directamente la educación superior para estudiantes de bajos recursos mediante becas y transferencias no reembolsables, eliminando la necesidad de créditos educativos.A lo anterior se le suma un rediseño de los créditos en función del ingreso, así como implementar un sistema de créditos contingentes al ingreso, donde los estudiantes paguen una proporción fija de su salario solo si alcanzan un ingreso mínimo establecido, reduciendo la presión financiera y garantizando sostenibilidad.El representante Alejandro Toro afirma también la creación de un programa para condonar deudas existentes del Icetex para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, convirtiendo sus obligaciones en becas o apoyos no reembolsables, priorizando estratos 1, 2 y 3. En el tercer punto se encuentra el financiamiento estatal directo y la sustitución de la dependencia del Icetex de recursos comerciales con un fondo público permanente financiado a través del Presupuesto General de la Nación o recursos de sectores estratégicos, garantizando acceso gratuito o subsidiado a la educación superior.“Reconvertir el Icetex en una institución que promueva el bienestar integral del estudiante, ofreciendo subsidios para manutención (alimentación, transporte, vivienda), además de servicios de apoyo psicológico y orientación profesional” aseguró.
El 29 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, una fecha en la que miles de personas aprovechan para hacer sus compras de Navidad gracias a los grandes descuentos que se dan durante esta jornada económica, que reúne a miles de personas en los importantes establecimientos.Pero algunos establecimientos anunciaron que esta jornada se podría ampliar hasta el 1 de diciembre para enlazar con el Cyber Lunes del 2 de diciembre, que serán el punto ideal para que miles de personas hagan esas compras de Navidad.Evite ser estafadoPor supuesto, un llamado importante de las autoridades es caer en estafas, en especial en páginas web que ofrecen grandes descuentos que no existen. Piden revisar siempre antes quién es el remitente de la información y qué tan confiable es a la hora de comprar, para eso revise referencia en torno al establecimiento.“Los ciberdelincuentes hacen compras con tarjetas de crédito o débito fraudulentas y cuando el propietario de la tarjeta real se da cuenta de la transacción ilegítima, procede a hacer el respectivo reclamo a su entidad bancaria. La tienda virtual debe hacer la devolución del dinero cobrado por el producto y, en caso de que este haya sido enviado, el e-commerce resulta afectado por la estafa”, dijo el director de Ingeniería de Fortinet Colombia, Andrés Cajamarca.Si tiene negocio, así puede aprovechar estoDe acuerdo con información de DispatchTrack, la tendencia de ventas online será crucial en esta actividad económica y dijo que los negocios deberán optimizar la demanda para evitar problemas en la entrega de productos, pues el flujo podría crecer con las ofertas del Black Friday, que sí o sí se deben aprovechar.La tecnología y la optimización de la logística son claves para afrontar con éxito el Black Friday y brindar un servicio de entrega de calidad que supere las expectativas de los clientes. Al implementar estas estrategias, las empresas pueden fortalecer su relación con los consumidores y posicionarse de manera favorable en un mercado cada vez más exigente.
El Gobierno tendrá que llamar a sesiones extraordinarias para sacar adelante la reforma tributaria en un contexto político difícil en donde lo único claro por ahora es que la oposición llegará con ponencia de archivo.Ya es 21 de noviembre y ni siquiera está listo el texto de primer debate para esta reforma tributaria, con lo cual este proyecto se convierte cada vez más en una contrarreloj. Si no se aprueba antes de que el Congreso se vaya a sus vacaciones de fin de año el Gobierno tendrá que arrancar 2025 recortándole 12 billones de pesos al presupuesto y pensando en presentar otra reforma."Los tiempos están muy exactos, ajustados, dan con extras, es decir, antes del 20 de diciembre no podríamos estar saliendo", explicó la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez.Hasta ahora el Gobierno se ha reunido dos veces con los grupos de ponentes, pero según los asistentes a esas reuniones todavía los acuerdos están 'crudos' y la discusión en etapas aún preliminares. Aun así el plan de trabajo es que la ponencia mayoritaria apoyada por el Gobierno esté lista la próxima semana.Sin embargo, no será el único texto. Hoy está claro que la oposición liderará una ponencia de archivo para hundir la iniciativa."No más impuestos y vamos a hacer lo que sea necesario para frenar esta nueva reforma tributaria", dice el senador Miguel Uribe. Aunque Uribe es coordinador ponente, no está asistiendo a las reuniones de ponentes porque considera que es un ejercicio 'inútil' donde el Gobierno no está escuchando.Este jueves se realizó la primera de una serie de audiencias públicas sobre la reforma y en ella gremios como la Andi, Fecoljuegos y la ACP expresaron sus preocupaciones por los impactos de la iniciativa. Al igual que centros de estudios como Anif y Fedesarrollo.Hoy los congresistas están esperando que la mesa directiva de la Cámara de Representantes firme una resolución que permita un primer debate en sesiones conjuntas con las comisiones económicas para poder avanzar con el trámite.
San Andrés, Santander, enfrenta una grave emergencia debido a las fuertes lluvias que han provocado derrumbes en varias zonas rurales. En la vereda El Caracol, un deslizamiento de tierra ha dejado incomunicadas a cerca de 2.000 familias de las veredas Caracol, Ramada, Pablo VI, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices, quienes deben arriesgar sus vidas para trasladar alimentos y productos básicos.Una habitante del sector denunció la crítica situación a través de un video que evidencia las precarias condiciones de los afectados. En el registro audiovisual se observa a los campesinos cruzando el derrumbe por un improvisado soporte de madera."Solo un palo, una vara... ellos han instalado ahí como soporte, pero el riesgo es latente. Es muy triste esta situación", expresó la denunciante, mientras mostraba a un hombre cargando una caja de víveres en un intento por atravesar la peligrosa zona.El derrumbe afecta directamente la conexión en el punto sobre el río Congreso, obligando a los habitantes a enfrentar la inminente amenaza de caer al vacío. "Si dan un paso donde no es, pues se van sobre el derrumbe hacia abajo", añadió la habitante del sector.Las autoridades locales han indicado que están trabajando para evaluar la magnitud de los daños y buscar soluciones inmediatas. Sin embargo, los campesinos solicitan una respuesta más ágil, ya que la situación pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas.Mientras tanto, los habitantes hacen un llamado urgente al gobierno departamental y nacional para que envíen maquinaria y personal especializado para despejar la vía y garantizar condiciones seguras de movilidad.