El reciente anuncio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de suspender provisionalmente la ejecución del laudo que condenaba a Colombia al pago de 379 millones de dólares a Telefónica marca un giro temporal en este controvertido caso. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró un respiro en la disputa internacional, aunque el camino hacia la anulación definitiva del fallo sigue siendo incierto.Suspensión provisional: un triunfo temporalEn declaraciones a Blu Radio, Yebrail Haddad, director de defensa jurídica internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó que la solicitud de anulación del laudo fue presentada el pasado 27 de noviembre, junto con una petición de suspensión provisional. Esta última fue aceptada el 6 de diciembre, paralizando temporalmente cualquier proceso de ejecución.“La suspensión evita que Telefónica pueda iniciar un proceso para cobrar los 379 millones de dólares más intereses y costas, que suman alrededor de 450 millones de dólares. Esto representa un alivio inmediato para Colombia”, aseguró Haddad. Sin embargo, enfatizó que esta decisión no es definitiva y dependerá de la constitución de un comité ad hoc, encargado de evaluar las causales de anulación.¿Qué implica un comité ad hoc?El proceso de anulación en el CIADI no cuenta con una segunda instancia o apelación, pero sí permite la creación de un comité ad hoc que evalúe las irregularidades del fallo. Este comité, compuesto por árbitros imparciales elegidos por las partes, tendrá la tarea de decidir si se anula o no el laudo.“El comité no revisa el fondo del caso, sino si hubo errores procedimentales o falta de motivación en la decisión inicial”, explicó Haddad. Según las reglas del CIADI, las partes deben acordar condiciones para elegir a los árbitros, lo que puede tomar hasta seis meses. Haddad aclaró que Colombia exigirá que el proceso sea en español y que los árbitros no tengan relación directa con las partes implicadas.En caso de anulación, “el escenario retrotraería todo al punto inicial, como si el laudo nunca hubiera existido. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que Telefónica pueda reiniciar el proceso arbitral”, advirtió.Doble estándar en los fallos: el caso América MóvilUno de los puntos más polémicos del caso Telefónica es que se basa en circunstancias similares a las del litigio con América Móvil, en el que el CIADI falló a favor de Colombia. Ambos casos están relacionados con la reversión de activos tras la terminación de contratos de telecomunicaciones.“En el caso de Telefónica, el tribunal consideró que Colombia violó el estándar de trato justo y equitativo. No obstante, creemos que esta conclusión carece de justificación. Varios argumentos de Colombia fueron ignorados, y el tribunal demoró tres años en emitir una decisión, generando incluso intereses adicionales por su mora”, denunció Haddad.Este contraste entre los fallos ha sido un punto clave en la defensa de Colombia, que busca demostrar que el laudo contra Telefónica es inconsistente y carece de fundamento jurídico sólido.El debate sobre el CIADI y la postura del GobiernoLa controversia también ha reavivado el debate sobre la participación de Colombia en organismos internacionales como el CIADI. En su momento, el presidente Gustavo Petro criticó los fallos adversos contra el país y sugirió reevaluar la permanencia de Colombia en estos mecanismos. Sin embargo, paradójicamente, esta vez el CIADI concedió la razón a Colombia en la suspensión provisional del laudo.“El Gobierno colombiano ha sido crítico con el CIADI, pero esta decisión muestra que el sistema puede favorecer a los Estados cuando se presentan argumentos sólidos. No obstante, el proceso para alcanzar una resolución definitiva será largo y complejo”, concluyó Haddad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de anulación del laudo arbitral que favoreció a Telefónica S.A. El fallo, emitido el 12 de noviembre de 2024, ordena al Estado colombiano reembolsar a la compañía 379,8 millones de dólares por presunta violación del Tratado de Inversiones entre Colombia y España, firmado en 2005.El conflicto surgió tras una decisión de 2017, cuando Telefónica pagó dicha suma al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por una resolución del arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el tribunal del Ciadi, Colombia incumplió su obligación de trato justo y equitativo hacia la empresa española.La ANDJE considera que el fallo debe anularse debido a varias irregularidades. Argumenta que el tribunal excedió sus facultades, violó normas fundamentales de procedimiento y no justificó adecuadamente sus conclusiones sobre responsabilidad y daños. Además, señala que el tribunal actuó como una corte de apelación sobre decisiones ya resueltas por la Corte Constitucional y el arbitraje colombiano, lo que contradice principios del derecho internacional.Otro punto de controversia es la ausencia de análisis sobre defensas clave presentadas por Colombia, como la falta de expectativas legítimas por parte de Telefónica y el incumplimiento del principio de irretroactividad de la ley. La ANDJE también cuestiona la orden de pagar intereses que penalizan al Estado por la demora del tribunal en emitir el laudo, una espera que superó los tres años y medio.Adicionalmente, la Agencia solicitó suspender automáticamente la ejecución del laudo hasta que un comité ad hoc del CIADI resuelva la solicitud de anulación. Colombia buscará que esta suspensión se mantenga mientras se toma una decisión definitiva.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encuentra en el centro de una controversia luego de que el portal La Silla Vacía publicara una investigación que lo vincula con un barco que ha sido incautado en varias ocasiones con cargamentos de droga.Según el reportaje, el barco Santo Steven, propiedad de la sociedad Almep SAS, de la cual Palomino fue dueño hasta el 2021, fue interceptado en tres ocasiones transportando marihuana y madera ilegal.En entrevista con Mañanas Blu, César Palomino negó cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que la información presentada en el reportaje no refleja la realidad de los hechos. Según Palomino, el incidente relacionado con el barco fue un hecho aislado, ocurrido hace siete años, cuando su hermano, Nelson Palomino, quien administraba el Santo Steven, estuvo involucrado en un operativo fallido de la Policía para capturar una banda que utilizaba la embarcación para transportar narcóticos."Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado", explicó Palomino, tras decir que el único incidente del que tiene conocimiento sobre la presunta implicación de su familia en el narcotráfico.El barco Santo Steven ha sido señalado por sus presuntas actividades delictivas, no solo en relación al transporte de marihuana, sino también por cargar madera ilegal. Sin embargo, Palomino sostuvo en Blu Radio que el barco tiene una historia de más de 20 años prestando un "servicio social" en el Pacífico colombiano, transportando mercancías entre las comunidades más aisladas de la región."Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas", afirmó Palomino, insistiendo en que las acusaciones de La Silla Vacía son infundadas y "calumniosas".El director de la Agencia Jurídica del Estado también rechazó las insinuaciones de que ha utilizado su poder e influencia para proteger sus intereses en el Chocó, así como para colocar a personas cercanas en posiciones de poder.Según Palomino, estas acusaciones carecen de pruebas concretas. "Dicen que puse a una magistrada en su puesto porque era amiga de su padre, pero no dicen quién es la magistrada ni quién es el padre. ¿Cómo puedo defenderme de afirmaciones tan vagas?", cuestionó el funcionario.Uno de los puntos clave de la polémica gira en torno a la relación de Palomino con la empresa Almep SAS y el barco Santo Steven. Aunque reconoció haber sido propietario de la sociedad hasta el 2021, Palomino insistió en que la responsabilidad operativa de la embarcación recaía en su hermana, quien fungía como representante legal de la compañía."Yo era el dueño de la empresa, pero nunca tuve el control directo de las actividades del barco. Mi hermana era quien administraba la sociedad", explicó. Además, recalcó que, durante su tiempo como magistrado del Consejo de Estado, cumplió con todos los requisitos legales y reportó sus intereses comerciales de manera transparente, como lo exigen las normativas. "Declaré mi propiedad sobre la empresa en todas mis declaraciones de conflicto de interés, tanto cuando era magistrado como cuando fui nombrado en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Nunca he ocultado nada", puntualizó."Una operación mal coordinada"En cuanto a los detalles del decomiso de más de media tonelada de marihuana en el Santo Steven, Palomino reiteró que el evento fue producto de una operación mal coordinada."Fue un episodio triste que causó mucho dolor a mi familia, pero que quedó aclarado por la Fiscalía", explicó. También negó tener conocimiento de otros incidentes relacionados con la incautación de madera ilegal o contrabando, tal como lo sugiere la investigación de La Silla Vacía."No tenía conocimiento de esos otros eventos. Me enteré por el reportaje y, hasta donde sé, nunca se nos informó de investigaciones al respecto", puntualizó.Palomino expresó su profundo malestar por lo que considera un ataque injustificado a su trayectoria profesional de más de 40 años en el servicio público. Como exmagistrado y actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Palomino ha construido una carrera basada en la transparencia y el cumplimiento de la ley, algo que, según él, está siendo puesto en duda por "acusaciones sin fundamento"."No puedo permitir que se manche mi nombre por un hecho aislado y descontextualizado. He sido un juez íntegro, y mi reputación es lo más valioso que tengo. Defenderé mi buen nombre con todas las herramientas legales a mi disposición", concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Jhon Camargo, entregó un balance de los procesos que enfrenta la Nación en el nivel local, pero también ante los diferentes tribunales de arbitraje internacional. Recientemente, se viene discutiendo casos como el Galeón San José, Meritage y Seda.Los procesos en el territorio nacional en diferentes instancias judiciales llega a más de 353.000 procesos que le cuestan al país 600 billones de pesos, según el director (e) Camargo.En instancias internacionales la cantidad de procesos es menor, pero representan sumas mucho más elevadas en caso de perder en las audiencias. Cabe mencionar que el pasado mes de mayo Colombia ganó una disputa de varios años con Montauk Metals, empresa canadiense que alegaba que el Estado colombiano le había vulnerado derechos al cercar un perímetro de protección ambiental en el páramo de Santurbán.“En tribunales de arbitraje de inversión hay 16 casos(...) nos pueden costar 11 billones de pesos en caso de perderlos son laudos (resoluciones o decisiones) que están pendientes para el próximo año” afirmó Jhon Camargo, director(e) de la ANDJE en entrevista con Blu Radio.Asimismo, el director encargado desde la salida de Martha Lucía Zamora aseguró que una de las mayores preocupaciones que tienen desde la entidad es el gran número de expedientes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de colombianos que no han recibido una atención adecuada en la justicia colombiana y deciden recurrir a instancias en el exterior."Víctimas de graves afectaciones en materia de derechos humanos están llegando a la comisión en búsqueda de una reparación integral. Este no es un tema menor y es un tema que es realmente muy importante para mí desde mí corazón, darle la cara a las víctimas. En este momento estamos adelantando diferentes soluciones amistosas con el fin de no revictimizar a esas personas esos procesos largos, inoficiosos en el tiempo y que como Estado logremos decir perdón y hagamos ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que tanto lo necesitan. No podemos seguir revictimizando a esas personas", señaló.
El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, John Camargo, anunció en primicia a Blu Radio que este viernes, 14 de junio, Sea Search Armada (SSA) presentará una demanda contra Colombia, reclamando 10.000 millones de dólares. La demanda, vinculada al Galeón de San José, es considerada por Camargo como "completamente absurda" y "temeraria". Según Camargo, Sea Search Armada es “un inversor temerario que nunca encontró el Galeón de San José", al tener intenciones de quedarse con el patrimonio histórico invaluable por el Estado colombiano.Camargo expresó su descontento con la implicación de peritos legales colombianos en la demanda, mencionando que le parece "muy triste" que un colombiano apoye la posición de una multinacional contra los intereses del país. Esta situación surge mientras el Ministerio de Culturas organiza una expedición para investigar el Galeón.El proceso judicial tomó forma en diciembre con las primeras audiencias, y ahora SSA formaliza su intención de disputa con el memorial de demanda. Colombia tiene hasta octubre para responder, y Camargo asegura que su equipo está "armando y articulando toda la estrategia" para defender el patrimonio histórico nacional."Más allá de la mentira que creo que van a decir, quiero saber quién es el colombiano que se va a lanzar como perito legal de ellos", dijo Camargo. "Porque me parece extremadamente triste que un colombiano esté apoyando la posición de una multinacional o de un inversor extranjero de carácter temerario que está exponiendo los recursos de todo un país".El Ministerio de Culturas, por su parte, ha organizado una expedición para investigar el Galeón de San José, buscando proteger y valorar este patrimonio histórico. Entre abril y junio de este año, y descartó que se tenga contemplado extraer la embarcación.Asimismo, la cartera aseguró que esta será una investigación de naturaleza completamente científica y que lo que se va a recuperar "no son tesoros", sino pecios arqueológicos.El Gobierno estipuló para esta primera fase 18.000 millones de pesos, ya garantizados. A medida que avance esta etapa preliminar, se podrán ir apropiando recursos para las fases en las que se requerirá mayor tecnología.La demanda de SSA se sustenta en que la compañía afirma haber solicitado a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente.
La Agencia Jurídica del Estado le salió al paso a las declaraciones que, en la mañana de este miércoles, dio la exdirectora de la entidad Martha Lucía Zamora, asegurando que se había sentido intimidada por el actual director encargado Jhon Camargo.Zamora señaló que le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante la Procuraduría en el juicio disciplinario que se adelanta en contra del excanciller Álvaro Leyva y por eso había reportado la situación ante el Ministerio Público.“Son preguntas que tenían que darse en una actuación como aquí en la Procuraduría, yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento, el 6 de diciembre del año pasado, y por lo tanto ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito, ante unas preguntas improcedentes y extemporánea y sin saber la finalidad”, explicó Zamora.Ante esto, Camargo respondió por un lado que el pasado 28 de febrero sí hizo un requerimiento a la exdirectora pero para conocer en detalle información relevante de la entidad basándose en dudas que surgieron tras leer el informe de empalme que entregó Zamora.“La solicitud de ampliación fue respetuosa, se ajustó plenamente al marco jurídico vigente y tuvo como único objetivo conocer en detalle información de relevancia pública en aras de mantener una coherencia institucional”, argumentó Camargo.El actual director señaló, además, que las preguntas fueron de todos los temas y procesos de empalme, no solo de las actuaciones frente a la situación con los pasaportes.“Todas las solicitudes de ampliación de información estuvieron en línea con el contenido del informe presentado por la doctora Zamora Ávila en su calidad de directora general saliente y fueron motivadas por las preguntas, interrogantes y necesidades de ampliación que el mismo informe generó. En línea con lo anterior, solicitud de ampliación de información en relación con los comités de conciliación en los que participó la doctora Zamora responde inquietudes generadas por el mismo informe de gestión”, puntualizó Camargo.
El presidente Gustavo Petro le pidió a la Agencia Jurídica del Estado para revisar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá, tras presentar los resultados de un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). En su alocución, el mandatario propuso que el sistema de transporte sea mixto, respaldado en las conclusiones de dicho informe.Acompañado por el ministro de Transporte, William Camargo, y la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, el presidente resaltó la importancia de modificar los diseños de la primera línea del metro, siguiendo las recomendaciones de la SCI, a la que describió como una organización sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el tema.Según el mandatario, el estudio de la SCI revela que la propuesta actual presentaría pérdidas significativas para la sociedad bogotana, estimando una disminución del 77 % en posibles beneficios en diversas variables. También señaló que el tiempo de viaje de los ciudadanos se reduciría en un 77 % con un modelo mixto, en comparación con el proyecto actual de metro elevado. El presidente Petro enfatizó que la falta de planificación en la propuesta actual podría resultar en demoras significativas, especialmente para personas mayores o enfermas, afectando su tiempo de viaje.Además, el presidente reveló que, según el estudio, se habrían perdido 8 billones de pesos por no haber implementado el proyecto originalmente propuesto. En este sentido, hizo un llamado a la Agencia Jurídica del Estado para que defienda los recursos del Presupuesto General de la Nación y permita financiar un mejor metro para Bogotá.Para disipar temores sobre posibles demoras adicionales, el presidente Petro aseguró que el modelo mixto no conllevaría retrasos adicionales y afirmó que se entregarán los resultados del estudio a las autoridades pertinentes, incluido el alcalde de Bogotá y los órganos de control. "Aun estamos a tiempo”, concluyó.El presidente Petro concluyó su alocución reiterando su compromiso con la mejora del sistema de transporte en la capital colombiana y su confianza en el potencial de un modelo mixto para el metro de Bogotá.
El expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren llega al Gobierno del presidente Gustavo Petro a liderar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en medio del escándalo de la licitación para la fabricación de pasaportes que involucra a la firma Thomas Greg & Sons. Reemplazará a Martha Lucía Zamora, quien renunció a su cargo después de una fuerte discusión con el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Aranguren aclaró que su nombramiento como director fue una “sorpresa total" para él, ya que nunca había trabajado en la administración pública. Esta respuesta se da por los cuestionamientos en medio de los recientes cambios que ha hecho el presidente Petro en su gabinete.“Absolutamente por fuera de mi radar cualquier posibilidad. Nunca he trabajado en la administración pública y todo aconteció la semana pasada; no tengo conocimiento personal con el presidente Petro y, por supuesto, mucho menos e militado en partido alguno. Entonces entiendo que es una oportunidad para servirle al país, lo que está de por medio es el país. En cuanto uno pueda prestar un modesto concurso para este efecto, pues esa es la devoción que desde el punto de vista ético, jurídico y moral me acompaña”, comentó.Licitaciones de pasaportesEn relación con la consulta sobre la licitación de pasaportes, que generó toda una polémica hace días, el exmagistrado Gómez Aranguren enfatizó que este proceso ya estaba en marcha "desde hace algún tiempo" y que es responsabilidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado "resolver los asuntos relacionados con decisiones de este tipo" y otras. “Indudablemente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una institución novedosa que hace parte de la estructura de la administración pública del siglo Siglo XXI en derecho público; estas entidades no son muy antiguas, no son clásicas, son indudablemente novedosas”, puntualizó.Aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo, se mostró confiado en que existen mecanismos legales y alternativas para “resolver” cualquier conflicto relacionado con la licitación. Dijo que "el derecho" es para solucionar problemas y "no para complicarlo aún más". Según recalcó, tiene un compromiso con “la imparcialidad y la defensa de los derechos de las personas” dentro del marco del Estado de derecho. Asimismo, afirmó que su papel como defensor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es seguir las decisiones judiciales y respetar la institucionalidad del país.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Hasta el lunes 4 de marzo, era el último plazo para firmar el contrato de pasaportes que fue adjudicado por el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el Gobierno aseguró que no firmaría este contrato hasta que se haga una evaluación, por eso elevaron consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Colombia compra Eficiente.Mientras esto ocurre, la empresa a la que se le adjudicó el contrato, Thomas Greg & Sons, envió a la Cancillería un derecho de petición mediante el cual pide explicaciones a la decisión de no firmar el contrato, pese a que las resoluciones expedidas por Salazar lo exigen. En el documento se lee: “En ese sentido, se reitera la disposición de la Unión Temporal Pasaportes 2023 de proceder con la suscripción del contrato, la cual es tan cierta que ya ejecutamos las tareas que se derivan del acto de adjudicación”.También piden “efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato” de pasaportes, que ha generado bastante polémica en el país.En medio de la novela por esta licitación, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, aseguró que no hay problemas con el suministro de los pasaportes y que, durante siete meses, cuando se vence el contrato firmado en el marco de la urgencia manifiesta, será garantizada la producción. En este tiempo la Cancillería planea resolver el lío, y una de las propuestas que hay sobre la mesa es fortalecer la producción nacional de los documentos a través de la Imprenta Nacional.Canciller sobre pasaportesEl canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que por ahora no se firmaría el contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes en Colombia, que tenía plazo para ser firmado hasta el 4 de marzo.El argumento es que no firmarán contratos que se hayan presentado en situaciones irregulares. La Cancillería, de esta manera evalúa con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con Colombia Compra Eficiente el futuro de esta polémica licitación y pronto se conocerá una posición del Gobierno sobre el tema.Para Murillo, el proceso se dio en medio de cuestionamientos por falta de pluralidad en los oferentes y transparencia en los pliegos, pero, aunque está en revisión el proceso, la promesa es que no se pondrá el riesgo en suministro de estos documentos, al menos en los próximos siete meses, es decir, hasta octubre de este año.
En un comunicado, la Agencia Jurídica del Estado negó de manera "categórica" que la entidad haya incurrido en una revictimización a la exfuncionaria de Colpensiones y explicó la intervención en el trámite de tutela se dio por solicitud del propio empleador.El caso es en relación con Iveth Aristizabal, la exjefe de comunicaciones de Colpensiones, que afirmó que la Agencia Jurídica del Estado la “revictimizó” al haber intervenido en un proceso de tutela a la administradora de pensiones por haberla despedido de manera "ilegal".Mientras que sobre el proceso, la Agencia explicó en el documento lo siguiente: "Se abstiene de brindar información sobre la estrategia de defensa en el trámite de tutela. El expediente tiene carácter reservado y no contamos con la autorización de las partes involucradas en la controversia para revelarla".Aunque la exfuncionaria de Colpensiones explicó que la Agencia intervino en el proceso cuando un juez ya había ordenado su reintegro a la entidad en un cargo igual o mejor al que estaba, pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir, y hasta “retrotraer” un proceso de acoso laboral que había radicado Iveth Aristizabal.Por último, la Agencia Jurídica del Estado resaltó que su compromiso es la prevención del daño antijurídico y el reconocimiento de derechos, pero además, rechazó “de manera contundente cualquier conducta constitutiva de acoso en el ámbito laboral”.El comunicado que emitió la defensa de Aristizabal para denunciar la situación decía que la Agencia intervino en el proceso desconociendo los antecedentes del caso y re victimizando a la mujer que ha sido objeto de "diferentes actuaciones de acoso y persecución laboral".Este es el comunicado:
