Una vez más la discusión sobre el incremento de la UPC tiene lugar al inicio de este 2025. Esta vez, el director de la Adres hizo énfasis en que las cifras que se conocieron públicamente para el cálculo anual de la UPC, a pesar de detectar algunas irregularidades en temas económicas en las EPS, la Adres puede presentar y sustentar el informe ante la Contraloría.“Hoy estamos en una situación similar, con grandes inconsistencias en los registros que se presentan. Crecen un 54% en promedio, lo que no guarda proporcionalidad con el incremento de los registros de prestación de servicios de los RIPS. Surgen incrementos no posibles en varios servicios. Por ejemplo, en medicina general, se presiona un incremento del 60% en consultas de un año a otro y un incremento de costos del 30% entre el año 2022 y 2023", afirmó el director de la entidad.Entre tanto, en el comunicado aseguran que las cifras presentadas corresponden al estudio que no ha sido oficialmente publicado, pero que, asimismo, la Adres está a disposición de presentarla ante la Contraloría. Por consiguiente, el director de la entidad, que dadas las inconsistencias en los números presentados por las EPS, se tomó la determinación de establecer un incremento con base a la cifra de inflación.Concluyen el comunicado haciendo énfasis a la respuesta del exministro de salud, Alejando Gaviria, respondiendo que la responsabilidad directa corresponde a las EPS en las que hubo cifras que reflejan la operación irresponsable, catalogando como “ desparpajo cifras sin mayor consistencia ni credibilidad”
La denuncia se basa en una respuesta obtenida a través de un derecho de petición presentado por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien reveló que la entidad no solo ha retrasado los pagos, sino que tampoco puede estimar una fecha probable para la realización de los giros.Forero, quien compartió la información a través de sus redes sociales, calificó la situación como "grave" y advirtió sobre las consecuencias que este incumplimiento tendrá para el sistema de salud colombiano. Según el congresista, este retraso de pagos afecta especialmente a los pacientes de alto costo, quienes dependen de tratamientos y medicamentos específicos y costosos, los cuales no están siendo entregados debido a la falta de recursos.El representante Forero también subrayó que la situación refleja una crisis financiera dentro del sistema de salud, que ya enfrenta serias dificultades. La falta de pagos por parte de la Adres complica aún más el panorama, dejando a hospitales y clínicas en una situación crítica para atender a los pacientes más vulnerables.El caso ha generado preocupación entre los ciudadanos y las organizaciones de salud, quienes esperan una pronta respuesta del Gobierno para garantizar el flujo adecuado de los recursos y evitar mayores complicaciones para los pacientes que requieren atención médica urgente.“El Gobierno sigue afectando la sostenibilidad financiera al sistema de salud por varias vías. Al hecho de haber crecido de manera insuficiente el OPC para el año 2025, se suma que el ADRI reconoce, en respuesta a un derecho de petición, que los presupuestos máximos de noviembre y diciembre del año 2024 no han sido pagados y que no sabe cuándo los va a pagar", señaló Forero.Además, afirmó que “Con esto, lo que hace es afectar principalmente a los pacientes que sufren enfermedades de alto costo. Y, en parte, eso explica la interrupción de sus tratamientos y los problemas que están teniendo para conseguir sus medicamentos. Le pedimos al gobierno que no siga estrangulando el sistema porque quienes pagan las consecuencias no son las EPS, sino los usuarios y los pacientes”, aseguró.
La atención en hospitales públicos de Antioquia está limitada a emergencias debido a una deuda millonaria acumulada por las EPS, una situación que amenaza con el cierre de más servicios en los próximos meses. Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), las EPS adeudan aproximadamente 14 billones de pesos a los hospitales públicos del departamento, afectando directamente su operación.“El problema radica en que las EPS deciden a quién le pagan y a quién no, lo que deja a muchos hospitales sin recursos para funcionar. Es una situación insostenible”, afirmó Sánchez durante una entrevista reciente.Servicios suspendidos y pagos irregularesLa falta de pagos por parte de EPS como Nueva EPS y Savia Salud ha llevado a que 20 de los 126 hospitales públicos de Antioquia no hayan recibido giros en diciembre, obligándolos a suspender servicios esenciales como consultas externas, odontología y laboratorio. Sin embargo, las urgencias, los partos y la atención de pacientes crónicos continúan operando como exige la ley.“Estamos atendiendo las urgencias porque es un derecho que no podemos negar, pero otros servicios están suspendidos porque físicamente no hay cómo sostenerlos si las EPS no cumplen con los pagos a tiempo”, explicó Sánchez.La incertidumbre también afecta a los trabajadores de salud. Muchos hospitales no han podido pagar salarios ni primas navideñas a médicos, enfermeras y personal administrativo. “Algunos empleados ya recibieron sus pagos, pero otros aún están a la espera, ya que los hospitales dependen directamente de los giros de las EPS para cumplir con estas obligaciones”, agregó.Impacto de las intervenciones gubernamentalesEl sistema de salud colombiano enfrenta un colapso anunciado por expertos y asociaciones médicas, mientras el Congreso debate una reforma que, según los afectados, no resuelve las necesidades inmediatas. Sánchez destacó que algunas EPS intervenidas, como Savia Salud, han mostrado mejoras en sus pagos, pero otras como Nueva EPS han empeorado su desempeño desde la intervención.“Con Savia Salud estamos mejor que antes de la intervención, pero con Nueva EPS la situación ha empeorado. Esto refleja que no todas las intervenciones funcionan igual, especialmente cuando se trata de EPS grandes con problemas administrativos graves”, comentó Sánchez.Reunión clave con la Superintendencia Nacional de SaludAnte la magnitud del problema, las autoridades sanitarias de Antioquia sostendrán una reunión con la Superintendencia Nacional de Salud y representantes de Nueva EPS para buscar soluciones urgentes. Sánchez espera que, al menos, se garantice un flujo mensual y predecible de recursos para los hospitales.“Lo que pedimos es simple: que las EPS paguen a tiempo, sin retrasos ni criterios arbitrarios. Solo así podremos garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos”, enfatizó.Un panorama sombrío para el 2024La crisis financiera en el sector salud no solo pone en riesgo la sostenibilidad de los hospitales, sino también el bienestar de miles de pacientes. Según Sánchez, si la situación no mejora, el próximo año podría ser aún más crítico.“La solución no está en una reforma futura, sino en acciones inmediatas. Necesitamos que el gobierno garantice los pagos de las EPS, porque de lo contrario, más hospitales tendrán que suspender servicios e incluso cerrar sus puertas”, concluyó.
El sistema de salud en Colombia atraviesa una grave crisis que amenaza con desbordar la capacidad de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y poner en riesgo la atención a millones de colombianos. Entre los principales problemas se encuentran la falta de recursos para pagar las primas y salarios de diciembre a los empleados de las IPS, así como la demora en la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda de más de 800.000 millones de pesos correspondientes a recursos adeudados desde 2022.Durante un evento organizado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en el marco de la discusión sobre la reforma a la salud, se abordaron estos temas que evidencian la profunda crisis del sector.Uno de los puntos más preocupantes es que más de 3.000 IPS en todo el país se enfrentan a la imposibilidad de garantizar su funcionamiento a corto plazo, ya que no cuentan con los recursos suficientes para cerrar el año 2024. Según las declaraciones de Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la situación es crítica, pues muchas de estas entidades no tienen asegurados los pagos para cubrir los salarios de su personal, incluyendo las primas y los sueldos de diciembre, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como la prestación de servicios."Las IPS están viviendo una situación de incertidumbre muy grande. No tenemos recursos garantizados para el pago de salarios, lo que incluye las primas y el sueldo de diciembre", señaló Toro.El panorama se complica aún más con la situación de Nueva EPS, una de las mayores entidades de salud del país. Según Jairo Tirado, director de otras prestaciones de la Adres, esta EPS no ha radicado ni una sola factura ante la entidad en los últimos cinco meses, lo que ha bloqueado el desembolso de recursos cruciales. Esto teniendo en cuenta que Nueva EPS fue intervenida en abril y, desde entonces, no ha presentado las facturas correspondientes, lo que ha generado un atraso significativo en los pagos.Es decir que ante esta situación la Adres tiene al rededor de 300.000 millones de pesos disponibles para entregarle a nueva EPS cuando radiquen estás facturas, de no hacerse antes que termine el año este dinero tendría que devolverse al Ministerio de Hacienda.A esta situación se suman los pagos pendientes correspondientes al año 2022, que ascienden a 819.000 millones de pesos. La Adres ha solicitado al Ministerio de Hacienda el desembolso de estos recursos desde abril, pero en la última semana recibieron la noticia de que este dinero no se podrá girar este año.La falta de pago de estas deudas y el desajuste en los giros de recursos evidencian un problema estructural en la administración del sistema de salud, que recordemos está afectando tanto la atención y entrega de medicamentos como la falta de pagos que están denunciando las IPS.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020, emitido por la Contraloría General de la República.La entidad inició actuaciones disciplinarias a través la delegada para la Economía y la Hacienda Pública, para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC y las Unidades de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020.La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.En el mismo sentido, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable, o no, el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.
Durante agosto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, reportó un total de 34. 560 reclamaciones, que suman un monto de $73.052 millones. De estas, 26.048 son nuevas, alcanzando un total de $61.074 millones, lo que indica un notable incremento en la actividad de reclamaciones.Entre estas nuevas radicaciones, resulta particularmente preocupante que 11,294 estén relacionadas con accidentes de tránsito provocados por vehículos fantasmas o sin número de placa conocido, generando un costo superior a $27. 310 millones. Este dato revela que el 99.2 % de las reclamaciones nuevas se deben a accidentes de tránsito, y de ellas, un 43.71% involucra vehículos no identificados.A nivel regional, Bogotá D.C. se destaca como uno de los puntos más críticos, con 3.249 reclamaciones nuevas por un valor de $6.961 millones. Esta situación subraya la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para abordar el creciente problema de los accidentes de tránsito.En cuanto a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la Clínica Medical S.A.S. de Bogotá D.C. se posicionó como la que reportó el mayor valor reclamado, alcanzando $3.978 millones, lo que representa el 5.4 % del total nacional, con 1.844 reclamaciones en agosto. En segundo lugar, la Clínica Cali del Valle del Cauca reportó reclamaciones por $3.747 millones, equivalentes al 5.1 % del total nacional, con 1.279 reclamaciones. La tercera posición corresponde a la IPS Especialistas Asociados S.A. de Córdoba, con reclamaciones por $3,700 millones, también el 5.1 % del total nacional y 1,102 reclamaciones. Las IPS Clínica Primero de Mayo Integral S.A.S. de Santander y la Empresa Multiactiva de Salud Sermultisalud S.A.S. de Cesar ocupan el cuarto y quinto lugar, con valores reclamados de $2,221 millones y $1,620 millones, equivalentes al 3 % y 2.2 % del total nacional, respectivamente.En términos de reclamaciones por vehículos fantasmas, la Clínica Cali lidera con un total reclamado de $2.144 millones, representando el 57.2 % de lo que reclamó esta IPS. Le sigue la Clínica Primero de Mayo Integral S.A.S. con $1,668 millones, que corresponden al 75.1%. La IPS Especialistas Asociados S.A. reportó $1.251 millones, equivalentes al 33.8 %. Asimismo, la IPS, Servicios Médicos Integrales del Norte S.A.S. del Atlántico y Quirutraumas del Caribe S.A.S. de Magdalena reclamaron el 100 % por eventos relacionados con vehículos fantasmas, con valores de $784 millones y $605 millones, respectivamente.
En una medida drástica para asegurar la transparencia en el sistema de salud, Félix León, director de la Adres, anunció la suspensión de pagos a 52 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Esta decisión se ha tomado tras detectar irregularidades en las cuentas presentadas por estas entidades, que suman más de 70.000 millones de pesos y están actualmente bajo revisión.Durante las auditorías realizadas por la Adres, se identificaron irregularidades significativas, pues, en varios casos, las direcciones registradas en los formularios de reclamaciones no coinciden con las infraestructuras físicas existentes. Esta falta de correspondencia ha llevado a la sospecha de que algunas IPS podrían ser empresas fantasmas, lo que ha motivado la suspensión preventiva de pagos para evitar el uso indebido de los recursos del sistema de salud.La medida afecta principalmente a IPS ubicadas en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada. Las entidades involucradas han sido notificadas de que no podrán recibir pagos por giro directo hasta que se resuelvan las inconsistencias y se clarifique la situación. La Adres subraya su compromiso con la integridad del sistema de salud y asegura que continuará supervisando de cerca las operaciones para garantizar el uso adecuado de los fondos.
En medio de la crisis en la salud que atraviesa Colombia, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga para discutir la crisis financiera que enfrentan las EPS en Colombia y las intervenciones que se han realizado en el sistema de salud.Vesga comenta que si bien la medida del giro directo ha mejorado los flujos de pago a los prestadores de las EPS, no ha solucionado el problema de fondo que es la insuficiencia de recursos."Hemos insistido en que la medida del giro directo corrige probablemente los flujos a todos los prestadores de las EPS, pero no corrige el problema de fondo que es el problema de la insuficiencia: el de los recursos que siguen llegando a la red son los mismos. Los dineros siguen siendo los mismos entonces estamos enfrentando un tema de insuficiencia que no se ha resuelto, que está quedando en evidencia. Los dineros no están alcanzando", dijo Vesga.A pesar de que las EPS intervenidas están presentando la misma situación, los recursos no son suficientes y el cierre financiero del primer semestre muestra una siniestralidad superior al ciento diez por ciento.La presidenta de Acemi destaca que las intervenciones no garantizan una mejora en el servicio de salud, ya que generan una mayor demanda de servicios que las EPS no pueden atender adecuadamente."Lo que sí está pasando es que hay una demanda mayor de servicios que hacen por cierto, que que los que las mismas EPS en su capacidad de red y en su dificultad que tienen con sus mismos proveedores y prestadores, pues no puedan atender correctamente toda esa demanda. Eso genera más quejas y reclamos, eso genera más tutelas por insatisfacción de los usuarios", resaltó.Además, menciona la preocupante situación de la deuda de las EPS, donde el Ministerio de Hacienda ha respondido que no hay dinero para pagar los ajustes de presupuestos máximos ordenados por la Corte Constitucional.¿Cuándo será el desmonte de la Eps Sura?Por otro lado, se menciona la solicitud de retiro de Sura del sistema de salud y la falta de respuesta por parte del Gobierno. También analizó el informe de la Contraloría que revela gastos cuya destinación se desconoce en el año 2020."La información que que nosotros tenemos, pues es la de la solicitud que hizo la EPS. Y y posterior información que le han venido entregando a la Superintendencia de acuerdo a los requerimientos, está cursando el término de ley y eso todavía, está en su curso y en su plazo legal. De manera que pues ahí no hay noticia todavía esperar la respuesta de la Superintendencia sobre la solicitud", indicó.Finalmente, la crisis financiera de las EPS y las intervenciones en el sistema de salud requieren una atención urgente por parte del Gobierno y una solución integral para garantizar la atención adecuada a todos los colombianos.Escuche la entrevista completa acá:
Sufrir un accidente de tránsito es una experiencia que no se le desea a nadie, pero cuando el vehículo que lo causó no cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la situación puede volverse aún más complicada. Sin embargo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) presta asistencia a las víctimas en estos casos, por medio de una reclamación dependiendo del caso del siniestro.¿Qué cubre la Adres?Las reclamaciones a la Adres están diseñadas para cubrir una gama de gastos relacionados con la atención médica y otros costos derivados de ciertos eventos, incluyendo accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat. Entre los gastos cubiertos se encuentran:Servicios médicos de urgencias y rehabilitación.Servicios quirúrgicos.Medicamentos.Gastos de transporte y movilización.Indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios.Eventos reconocidosLos eventos por los cuales se pueden presentar reclamaciones ante la Adres se dividen en tres categorías principales:Accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat, vehículos fantasma o asegurados con tarifa diferencial.Eventos catastróficos de origen natural: incluyen sismos, deslizamientos de tierra, inundaciones, incendios y rayos, que causan daños a la salud o la muerte.Eventos de origen terrorista: tales como bombas, ataques a municipios y masacres contra la población civil.Beneficiarios de las reclamacionesPara los servicios médicos y de transporte, las reclamaciones deben ser presentadas por los prestadores de servicios de salud o las víctimas directas. En caso de indemnización por muerte y gastos funerarios, los beneficiarios pueden ser el cónyuge o compañero de la víctima, sus hijos, y en ausencia de estos, los padres o hermanos.Proceso de reclamación por accidente de tránsito sin SoatEl primer paso para realizar una reclamación es diligenciar completamente el formulario correspondiente y adjuntar todos los soportes necesarios. Al presentar la reclamación, se le proporcionará un número de radicación para que pueda hacer seguimiento al proceso.Una vez presentada la reclamación, la Adres procederá a revisar la información y los documentos adjuntados. Este proceso de auditoría es crucial para asegurar que todos los datos sean correctos y completos.Después de la evaluación, la Adres notificará al reclamante el resultado de la auditoría. Si el resultado es favorable, la Adres girará la indemnización a la cuenta bancaria registrada por el beneficiario dentro del mes siguiente al cierre efectivo del paquete. Si el resultado es desfavorable, el solicitante tiene un plazo de dos meses para presentar una respuesta a las glosas, adjuntando el Formulario Único de Reclamación por Eventos No Esperados (FURPEN) debidamente diligenciado y los soportes adicionales necesarios.Le puede interesar:
La Administradora de los Recursos de la Salud (Adres) espera una inyección adicional de recursos en su presupuesto antes de que termine el 2024 para cumplir los compromisos del sector salud y asegura que las EPS recibirán el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que es lo que el sistema reconoce por cada afiliado.“Esperamos antes de cerrar el año haber conseguido esos 1.97 millones adicionales para cerrar el año sin ningún problema”, dijo el director de la Adres, Felix León Martínez.La expectativa de la Adres se da en un momento de ‘vacas flacas’ para el fisco; el Gobierno acaba de oficializar un aplazamiento de 20 billones de pesos al presupuesto debido al desplome en el recaudo de los impuestos. Sin embargo, Martínez es optimista sobre las posibilidades de que el gobierno encuentre los recursos necesarios para aumentar la asignación a su entidad.“Hacienda siempre ha respondido por UPC, así falte lo que falte: Hacienda lo cubre en diciembre, siempre. O sea, la garantía de que la UPC se paga adelantada hasta el mes de diciembre, con todos los afiliados por menos, está clara. Cuando hay algunas dificultades, históricamente, pues queda algún rubro sin financiar que no es el de UPC. De pronto quedan colgados en ajuste de presupuestos máximos, como ha pasado varios años”, agregó Martínez.El funcionario reconoció que el próximo año está previsto que el gobierno transfiera más recursos a la Adres pero asegura que eso no tiene que ver con la situación financiera de las EPS sino con que se están previendo más recursos para el régimen subsidiado de salud.Según el Marco Fiscal de Mediano plazo, este año Adres tendrá un faltante de 1.9 billones pero el año entrante ya no estará en déficit debido a una mayor transferencia por parte del Gobierno nacional.Según la Adres, el gasto en salud del gobierno aumentó 25 % en 2023 y lo hará en cerca de 20 % este año por lo que “es simpático” que se hable de un estrangulamiento financiero a las EPS.Hoy la Adres está concentrada en la implementación del giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores de las EPS que están intervenidas o no cumplen con ciertos indicadores financieros. Para mayo 65 de cada 100 pesos del sistema se giraron de forma directa (4.6 billones en total).
