La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió amnistía a cuatro exintegrantes de las extintas Farc-EP por delitos políticos relacionados con el Paro Nacional Agrario de 2013. Esta decisión, tomada por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), reconoce los hechos cometidos durante las protestas sociales como delitos conexos, susceptibles de amnistía, según el acuerdo final de paz.Los comparecientes habían sido condenados por la jurisdicción ordinaria por fabricación, tráfico y porte de explosivos, al encontrarse en sus pertenencias sustancias como aluminio, azufre y clorato de potasio, junto con pancartas alusivas a las movilizaciones campesinas. Según la SAI, estas conductas ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno y de la protesta social, lo que permitió su tratamiento como delitos políticos.La amnistía otorgada elimina la responsabilidad penal de los beneficiarios por estos delitos, pero exige el cumplimiento de estrictas condiciones. Entre estas se encuentran la obligación de contribuir a la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y participar en programas de búsqueda de desaparecidos. Asimismo, deben informar cualquier cambio de residencia, no abandonar el país sin autorización y comparecer ante la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas cuando sean requeridos.La Sala destacó que el conflicto armado influyó en los excesos cometidos durante las protestas sociales de 2013. La guerrilla buscaba tener presencia en dichas movilizaciones, lo que generó situaciones de judicialización. Esta relación entre protesta social y conflicto armado fue reconocida en el Acuerdo Final y reafirmada por la Corte Constitucional en 2018, al señalar que ciertos actos durante protestas pueden considerarse conexos a los delitos políticos. A la fecha, la JEP ha otorgado 827 amnistías y ha comunicado más de 9.600 decretos de este tipo a firmantes del acuerdo final.
Con un llamado para que la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro tenga coherencia entre el discurso y las acciones, este martes al menos 70 asociaciones que representa a firmantes de paz, exigieron el desembolso inmediato de los recursos asignados para el programa de renta básica, correspondientes al mes de diciembre, que contemplan el 90 % de un salario mínimo.A través de un comunicado, los firmantes denuncian que luego de ocho años del incumplimiento del acuerdo final y de la ausencia de una política integral de reincorporación, esos recursos de la renta básica son el único sustento para esas más de 12.000 familias.Denuncian que también hay incumplimiento en la entrega de tierras para garantizar la sostenibilidad de proyectos económicos, la implementación de las zonas de reintegración y restauración comunitaria, que operan como colonias agrícolas.“Medidas como la suspensión en las postulaciones del subsidio de Mi Casa Ya y otros recortes presupuestales que afectan principalmente a los sectores populares, ante esta situación la implementación del acuerdo final de paz también se ha visto gravemente afectada, es innegable que la deficiente implementación en los gobiernos anteriores ha significado la no eliminación de las barreras de acceso a los derechos de la población de firmantes”.Estas organizaciones solicitaron al Ministerio de Hacienda, al Fondo Colombia en Paz y a los países garantes de la firma del acuerdo de paz hacer efectivo el desembolso de los recursos para superar la crítica situación que están afrontando.Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, hoy presidente del partido Comunes, en un mensaje a través de X, el pasado 29 de diciembre, pidió al presidente Gustavo Petro acciones urgentes para garantizar la paz en Colombia y cuestionó la falta de respuesta frente al desembolso de recursos de la renta básica.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que en X que “Ni un peso se quitará a la financiación del acuerdo de paz con las Farc. Las partidas hacia los excombatientes y las zonas PDET serán financiadas desde el ministerio de hacienda y planeación con traslados presupuestales después de firmado el decreto de liquidación este 31 de diciembre”.
La violencia en contra de los firmantes del acuerdo de paz continúa, y en las últimas horas, Wilmer Ruiz Delgado, de 41 años y exintegrante de las extintas Farc, fue asesinado en el municipio de San Vicente del Caguán, CaquetáEl hecho ocurrió en el barrio Cataleya de San Vicente, donde hombres armados le dispararon sin mediar palabra, y le quitaron la vida de manera inmediata.Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables del asesinato de Ruiz Delgado, por lo que las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos.Con este asesinato, el número de firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo en 2016 asciende a 445.
El presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, asegurando que no se recortará un solo peso destinado a su financiación. Según el mandatario, las partidas para los excombatientes y las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) serán garantizadas a través de traslados presupuestales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, una vez se firme el decreto de liquidación este 31 de diciembre.La declaración surge como respuesta a las críticas de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y exjefe de las Farc, quien cuestionó al Gobierno en un hilo publicado en la red social X. Londoño señaló fallos en la implementación de la renta básica para excombatientes y denunció el asesinato de antiguos integrantes del grupo armado, pidiendo al jefe de Estado acciones urgentes para garantizar la paz en Colombia."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", afirmó Londoño, quien también criticó los primeros borradores de sanciones propuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtiendo sobre inconsistencias en las reparaciones exigidas a los comparecientes.El pronunciamiento del presidente Petro busca despejar dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el acuerdo, en medio de los retos que enfrenta la implementación del pacto de paz.
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, publicó este domingo 29 de diciembre, un hilo en la red social X, en la que crítico al presidente de la República, Gustavo Petro, por fallos en la renta básica y los asesinatos de excombatientes.Londoño, conocido por su pasado en las FARC como 'Timochenko', le pidió al jefe de Estado que honre el Acuerdo de Paz y el mandato popular que lo eligió."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", dijo Londoño.Además, exjefe del secretario del grupo armado ilegal criticó al Gobierno por el primer borrador con las sanciones que podrá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se definirá cuáles serán las reparaciones que tendrán que hacer los comparecientes en esta corte."De igual forma, presidente, sorprendió la propuesta emitida por su ministra de justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales", expresó.Por otro lado, en su publicación, Londoño hizo un enérgico llamado al mandatario por los asesinatos de cuatro firmantes del acuerdo de paz en diciembre, y aseguró que la cifra de desmovilizados asciende a 443, desde que se puso punto final al proceso. "Necesitamos garantías para los firmantes de paz", indicó.Incluso, 'Timochenko' habló de la renta básica de los firmantes del proceso de reincorporación, exigiéndole al presidente el desembolso de este concepto.
Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ en su época como líder de las Farc y actual presidente del partido Comunes, dirigió una carta al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, expresando profundas críticas al funcionamiento de esta jurisdicción. En su misiva, también exhortó a la comunidad internacional a intervenir para evaluar los presuntos incumplimientos de la JEP en los plazos acordados.“Me permito exhortar a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Cuba y a Noruega, como garantes del acuerdo de paz, y a la comunidad internacional en su conjunto, a examinar con detenimiento lo que viene ocurriendo”, afirmó Londoño. Según él, los retrasos en las investigaciones y juicios que adelanta la JEP evidencian un incumplimiento del acuerdo firmado en 2016.La respuesta de Londoño surgió luego de que Ramelli, en una entrevista con Blu Radio, advirtiera sobre los límites temporales de la JEP. “Llevamos seis años y diez meses; no queda mucho para investigar. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, señaló Ramelli. Esta declaración generó preocupación entre los comparecientes de la antigua guerrilla, quienes consideran que los procesos en la jurisdicción especial están en riesgo.Londoño también cuestionó las afirmaciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien atribuyó a los firmantes del acuerdo la responsabilidad de los incumplimientos. “No se puede entender que el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, esté advirtiendo en los medios que el tiempo para sus actuaciones será insuficiente […] Tampoco la manifestación pública de la señora magistrada Xiomara Balanta, en el sentido de que los firmantes somos los mayores responsables de los incumplimientos del acuerdo”, expresó en su carta.El líder del partido Comunes acusó a la JEP de gastar dos billones de pesos sin resultados concretos, como sentencias o renuncias a la persecución penal. Advirtió que estas fallas podrían derivar en la intervención de la Corte Penal Internacional y pondrían en peligro los avances logrados en el proceso de paz. “Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias”, concluyó.
Una reciente investigación de Valentina Cano Giraldo, magíster en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, revela que la firma del acuerdo final de paz en 2016 tuvo un impacto directo y negativo en la deforestación de los territorios amazónicos que anteriormente estaban controlados por las Farc. Según el estudio, los municipios en donde la guerrilla tenía presencia registraron un aumento del 177 % en la deforestación, frente al 90 % observado en municipios sin su influencia. Este aumento se asocia con el vacío de autoridad generado por la salida de las Farc, lo que resultó en un cambio en las reglas de uso del suelo y la llegada de nuevos actores, tanto armados como civiles, que han acelerado la destrucción del ecosistema amazónico.Entre 2013 y 2022, Cano Giraldo analizó datos del Ideam y alertas tempranas de deforestación en 79 entidades territoriales amazónicas, incluyendo municipios y áreas no municipalizadas como El Encanto y La Chorrera. Los resultados de la investigación evidencian que, antes de la reincorporación de las Farc al proceso de paz, el 49 % de la deforestación nacional se concentraba en la región amazónica. Sin embargo, después de la firma del Acuerdo, este porcentaje aumentó al 70,3 %. En el periodo comprendido entre 2016 y 2017, la deforestación creció un alarmante 87 %, pasando de 83.533 hectáreas a 156.560 hectáreas arrasadas, respectivamente.Aunque el proceso de paz ha sido fundamental para la superación del conflicto armado en Colombia, ha expuesto las complejas dificultades de los territorios excombatientes para adaptarse a nuevas dinámicas sociales y económicas. Municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y La Macarena se han convertido en puntos críticos de deforestación entre 2017 y 2021. En total, entre 2013 y 2021, Colombia perdió 1.485.734 hectáreas de bosques, siendo la Amazonía una de las regiones más afectadas, con 866.779 hectáreas destruidas entre 2014 y 2021. Caquetá y Meta se destacan como los departamentos más impactados, con 290.560 y 229.898 hectáreas deforestadas, respectivamente.Las principales causas de este fenómeno están relacionadas con la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la ganadería extensiva. En el posacuerdo, el número de cabezas de ganado ha aumentado considerablemente, pasando de cerca de 3 millones en 2016 a casi 4,5 millones en 2021. Este crecimiento ha impulsado la conversión de bosques en pastizales para la cría de ganado, especialmente en tierras que antes estaban limitadas por las restricciones impuestas por las Farc. Mientras que los guerrilleros limitaban la deforestación a unas pocas hectáreas al año, los nuevos colonos y otros actores han establecido fincas de hasta 1.000 hectáreas.A pesar de los esfuerzos por formalizar tierras mediante el Acuerdo, que contemplaba la legalización de 7 millones de hectáreas, la situación sigue siendo crítica. Las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) en la región amazónica también han experimentado un aumento del 169 % en la deforestación entre 2013 y 2021, lo que resalta la incapacidad del Estado para gestionar y proteger estos territorios de gran valor ambiental.
En el marco del desarrollo de adquisición de tierras, concluido en el acuerdo final de paz, la Contraloría advirtió que Fedegán solo logró la obtención del 0,02%, lo que se traduce en 805 hectáreas. Si bien es cierto que hasta el primer semestre de 2024 se incorporaron 2,4 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, solo se adjudicaron 18.201 hectáreas y se formalizaron 2,47 millones, lo que representa el 35 % de lo previsto. El ente de control justifica que las cifras demuestran avances mínimos.Entre tanto, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga asegura que, en el tema de tierras y proyectos, se han identificado 236 hallazgos, de los cuales 30 reportan un presunto alcance fiscal por 14.777 millones. Asimismo, confirmó que se identificaron varios problemas de carácter fiscal, específicamente en la deficiente gestión de la ANT, que hasta enero de 2024 incorporó 252.113 hectáreas al Fondo de Tierras, lo que representa el 8,4 % de la meta de 3 millones establecida. Sin embargo, solo hay 5.260 adjudicadas, equivalente al 0,17 %.“Teniendo en cuenta el aumento de cultivos ilícitos en el país, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo, por lo que se requiere mayor presencia de la fuerza pública y estatal que acompañe estos programas”, confirmó Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor.Por otro lado, afirmó que el tema de seguridad ha afectado las actividades de producción y que los ganaderos se han enfrentado a amenazas relacionadas con el despojo de tierras, extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado, lo que limita la capacidad de producción y afecta la economía rural. Además, entregó cifras que indican que más de 9 millones de personas se han visto afectadas por el incremento del conflicto en Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chocó y Córdoba.La alerta concluye señalando que los recursos son insuficientes para la política pública. Actualmente, se necesitan 303,9 billones de pesos para cubrir las necesidades de las víctimas, ya que en 2024 estaban destinados 218,5 billones, los cuales resultaron insuficientes. Asimismo, asegura que, para adjudicar los 2 millones de hectáreas faltantes, se necesitarían 3.984 años. Sin embargo, para la formalización, esta cifra se duplica porque aún faltan 7 millones de hectáreas acordadas.
El documento de la Procuraduría que analiza el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2024, revela los progresos y dificultades que enfrenta Colombia para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa, teniendo en cuenta el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos tres años.Según el Ministerio Público, el país enfrenta dificultades para lograr un territorio libre de minas antipersonal, ya que los municipios con seguridad relativamente estable ya han sido desminados casi en su totalidad.Las zonas pendientes, aproximadamente el 10 % de los municipios del país, coinciden con las áreas de emergencia humanitaria recurrente identificadas por la Defensoría del Pueblo y mencionadas en el Auto 894 de 2022 y son regiones con presencia de cultivos ilícitos y extracción ilegal de oro.“El conflicto armado se ha intensificado desde 2016 tras el Acuerdo de Paz y en los que los ceses al fuego en el marco de la política de paz total han facilitado el accionar en estas zonas de estructuras criminales que usan artefactos explosivos para ejercer control territorial”, dice la Procuraduría.Incluso, es imprescindible que el Estado continúe y multiplique sus esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos con la Convención de Ottawa, además, Colombia ya ha presentado 2 solicitudes de extensión a la Convención, una al vencer el primer plazo de 10 años en 2011 y otra en 2021 que le fue concedida hasta 2025.En este momento se encuentra preparando la tercera solicitud para el período 2025-2030 porque a pesar de haber cumplido con la destrucción de arsenales, renunciado a la producción de MAP y haber desminado las bases militares protegidas con este tipo de AE, el país no ha podido cumplir con el Artículo 5 debido al uso indiscriminado de MAP de carácter improvisado por parte de los GAOML y a dificultades adicionales propias de la geografía y el clima, así como a las complejas condiciones de conectividad y acceso a ciertas regiones.“La extracción ilegal de oro en las que se ha recrudecido el conflicto armado desde el 2016 luego de la firma del Acuerdo de Paz, especialmente desde que el Gobierno propuso la política de paz total y dio apertura a diálogos de paz con los principales GAOML suspendiendo operaciones ofensivas por parte de las fuerzas armadas del Estado Colombiano en algunas regiones, lo que facilitó el accionar de esas estructuras criminales que se apoyan en el uso de AE como estrategia de control territorial”, dice el Ministerio Público.Por esta razón, la Procuraduría como miembro de la Comisión, ha identificado barreras en el marco de la ruta de atención y asistencia integral a víctimas de minas, especialmente en la etapa de atención urgente, toda vez que los accidentes ocurren en zonas de difícil acceso y se presentan dificultades de coordinación para la evacuación de las víctimas, su traslado a centros de salud de primer nivel y posteriormente en el seguimiento a las condiciones de salud y procesos de rehabilitación cuando las víctimas han adquirido alguna discapacidad.Además, enfatizan en que las víctimas de las minas antipersonales enfrentan dificultades en materia de acceso a educación, ofertas para la reintegración social y económica, acceso a vivienda, indemnización y restablecimiento de derechos.Finalmente, urge desarrollar y formalizar la ruta de atención y asistencia integral a víctimas, para lo cual la Comisión insiste en que se elabore un estándar nacional de Atención y Asistencia a víctimas donde se coordinen acciones de las entidades responsables en materia de salud y reparación integral.
La grave situación de seguridad en Antioquia genera desplazamiento masivo en dos antiguos ETCR donde se encuentran excombatientes de las extintas Farc. Mientras que en Anorí permanece apenas la tercera parte de los que llegaron tras la firma del acuerdo de paz con sus familias, el del municipio de Remedios se trasladará a Yalí.Uno de los asuntos que genera mayor preocupación a ocho años de la firma del acuerdo de paz con las Farc son las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y sus familias, especialmente en Antioquia donde varias subregiones siguen en riesgo por el accionar de grupos armados.Y es que aparte del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda Santa Lucía de Ituango que debió ser trasladado a Mutatá por las constantes confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, algo similar viene ocurriendo con estos lugares en los municipios de Remedios y Anorí.Precisamente en esta última localidad del Nordeste antioqueño, un reciente atentado del ELN en la vereda La Plancha, a pocos kilómetros del antiguo ETCR, dejó cinco soldados muertos y cuatro más heridos, una situación que según Marcos Urbano, líder de la población reincorporada en el departamento, demuestra el complejo panorama de la zona donde apenas queda la tercera parte de familias que llegaron tras la dejación de armas."El espacio tenía más de 140 familias y ahorita habrán cerca de 40, muy poca la gente. Se han ido para muchas regiones y la opción de la tierra ha sido muy difícil", aseguró.Donde tampoco se desarrolló de manera esperada el proceso de reincorporación fue en la vereda Carrizal de Remedios, también constantemente amenazada por el accionar de varios grupos armados que disputan el control del territorio, y donde unos 30 firmantes de paz con sus familias, de los 200 que inicialmente llegaron, ya lograron encontrar un nuevo predio en el municipio de Yalí para continuar su vida y sus proyectos productivos."Es el predio El Viento, queda a cuatro minutos del pueblo y con la Alcaldía hicimos un trabajo de aceptación porque había mucha estigmatización de la población, mucho temor, pero hemos demostrado que nosotros llegamos antes es a generar desarrollo porque los que estamos en este proceso queremos producir y queremos sacar las familias adelante", agregó.A pesar de incumplimientos en varios aspecto de los acordado y la falta de mayores garantías para una vida digna, los firmantes de paz en el departamento aseguran que se mantienen comprometidos con el proceso, pues es la única garantía de que al menos uno de los conflictos más largos que ha tenido el país no vuelva a repetirse.
Con una marcha que salió desde el Parque de Bolívar hasta el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín, firmantes de paz se reunieron para conmemorar ocho años de la firma del acuerdo final entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc que puso fin a más de medio siglo de confrontaciones entre las partes.Sin embargo, pasado el tiempo, el balance sigue siendo agridulce para la mayor parte de la población reincorporada.Así lo indicó Luis Ospina, integrante del Consejo Nacional de Reincorporación en nombre de Comunes, quien advirtió que persisten las dificultades para el acceso a tierras y el apoyo suficiente para iniciativas que precisamente se han quedado estancadas por esta realidad."La mayoría de los firmantes de paz todavía no tienen un acceso a integrar lo que es la reincorporación económica política social y comunitaria y el sentido de estas marchas es en defensa de las transformaciones, pero también en defensa de la implementación cabal del acuerdo de paz", agregó.Sin embargo, uno de los asuntos que mayor preocupación genera está en materia de seguridad, pues 41 firmantes de paz han sido asesinados en Antioquia en los últimos ocho años y un antiguo Espacio de Reincorporación en el municipio de Ituango trasladado a Mutatá por falta de garantías.Jesús Mario Arenas, conocido como Marcos Urbano, líder de esta población en el departamento, reconoció que así como en el municipio de Remedios donde posiblemente el antiguo ETCR también sea desplazado, la situación está siendo muy grave en el municipio de Anorí.De las cerca de 140 familias que llegaron a la vereda La Plancha tras la firma de los acuerdos de paz, queda cerca de la tercera parte. Agrava la situación lo ocurrido con el ataque del ELN que dejó cinco militares muertos y cuatro heridos además de un civil."La tendencia es que nos van a sacar de Anorí y es muy difícil sostenernos. La presión es muy dura, ahorita el último atentado lo hicieron los elenos, pues se mantienen muchos grupos alrededor de la gente nuestra, entonces está siendo muy complejo", manifestó.A pesar de las dificultades en el proceso, los firmantes en Antioquia siguen apostando a sus emprendimientos y a las estrategias de paz como la única salida a los ciclos de violencia, que aseguran, no pueden seguir siendo repetitivos en el país.
Las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre los acuerdos de paz, que cumplieron ocho años desde su firma en 2016, generaron varias reacciones, incluyendo la del también expresidente Iván Duque, quien le respondió vía X que quienes pactaron “impunidad” con grupos criminales hoy quieren “posar de pacifistas”.Al respecto se pronunció el exconsejero para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila. En diálogo con Mañanas Blu comentó que las afirmaciones de Santos “no tienen fundamento” con lo que en realidad se consiguió durante los cuatro años de Gobierno de Duque.“Obviamente eso no tiene ningún fundamento en la realidad y en la verdad de lo que se logró. Nosotros no nos demoramos dos años en tener una idea de cómo hacer un plan de choque para la implementación, nos demoramos dos meses. A los dos meses de posesionado el expresidente Iván Duque, ya habíamos expedido la política de implementación, fue la primera”, sentenció.El exconsejero, además, dio algunas cifras de inversión de ese entonces. Según precisó, “cada peso” fue monitoreado. Esto, ante las críticas por la falta de ejecución de los acuerdos. Así, añadió que cada “fuente viene con su propio sistema y ejecución”.“En materia de víctimas tuvimos el presupuesto más alto que ha habido nunca, alrededor de cuatro y medio billones de pesos. En materia de reincorporación trabajamos y entre lo que nos dieron los fondos de presupuesto, deben ser alrededor de otros dos billones de pesos”, explicó.Sobre la implementación de los acuerdos, luego de firmados, Archila señaló que fueron también a Naciones Unidas para solicitar que fueran un organismo de acompañamiento durante todo el proceso. Aseguró que, desde las directivas de la ONU, cumplidos los seis años de la firma, mostraron a Colombia como un ejemplo por la ejecución de varios de los puntos del acuerdo."Aquí en Colombia estaba el secretario general de Naciones Unidas diciendo que Colombia era ejemplo para el mundo en materia de implementación", puntualizó.El exconsejero Archila, incluso, afirmó que el líder del Partido Comunes ha dicho que le fue “mucho mejor con el expresidente Duque que con el expresidente Petro”.“Esto es algo que nunca se ha hecho en políticas públicas en Colombia, empezar de un sueño y dejamos ejecutándose 16 billones de pesos, es casi el presupuesto de la primera línea del metro de Bogotá”, recalcó.Estas son las declaraciones de Santos en entrevista con Noticias Caracol
En el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a acelerar la implementación del enfoque de género contenido en el texto del 2016. De acuerdo con esa entidad, más del 50% de las disposiciones relacionadas al tema continúan en etapas mínimas.Fue la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien le pidió al Gobierno Nacional que priorice el enfoque de género que se abordó en el acuerdo de paz de hace 8 años. La funcionaria asegura que aún se evidencian retrasos significativos en la incorporación del enfoque, pues de las 130 disposiciones relacionadas en el documento, más del 50% aún está en etapas mínimas para ponerlas en funcionamiento.“Este panorama es alarmante porque no solo retrasa la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país. Desde la Defensoría del Pueblo coincidimos en la preocupación por el consistente rezago en los compromisos adoptados en el Acuerdo, relacionados con el enfoque de género”, dijo Marín.Bajo ese contexto, la Defensoría le formuló al gobierno nacional siete recomendaciones claves para avanzar en el acuerdo:- Dinamizar el acceso de tierras para las mujeres rurales.- Fortalecer la participación política de las mujeres en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.- Justicia restaurativa para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva.- Seguridad para mujeres lideresas y firmantes de paz.- Inversión pública diferencial para mujeres en zonas importantes para la implementación.- Garantizar el enfoque étnico.- Reactivar la Alta Instancia de Género del Gobierno Nacional.“Acelerar la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz no da más espera. Por eso insistimos en nuestro compromiso y llamado a la construcción de una paz que priorice las deudas históricas con las mujeres y personas LGBTIQ+ que han sido víctimas del conflicto armado interno, para garantizar que la equidad de género sea una realidad”, finalizó la defensora.
El Consejo Noruego de Refugiados reveló que en Colombia han sido desplazadas 1.500.000 personas desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En 2016 hubo un total de 160.000 desplazados, mientras que este año la cifra podría superar los 260.000.“Reconocemos los recientes esfuerzos, pero es de vital importancia que el plan del Gobierno para acelerar la implementación del acuerdo de paz reduzca efectivamente los desplazamientos forzados. Esta tendencia al alza no puede continuar. Debe detenerse inmediatamente. Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, dijo Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia.Las principales causas del desplazamiento en el país son: amenazas, torturas, homicidios, combates armados, bombas, minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia basada en género y el despojo de tierras."En total, cerca de 5,1 millones de personas viven actualmente en situación de desplazamiento, de las cuales 1,5 millones han sido desplazadas después la firma del acuerdo de paz en 2016. A pesar de la respuesta humanitaria para asistir a la población durante las emergencias, los esfuerzos para que la población se recupere del desplazamiento carecen de financiación adecuada. Hasta octubre del 2024, solo se había asignado el cuatro por ciento de los fondos solicitados por los actores humanitarios en Colombia para ayudar a las comunidades a recuperarse tras las crisis", señala el Consejo Noruego para Refugiados.