La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional y explicó su importancia para la protección ambiental en Colombia. Destacó que la aprobación unánime de la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú significa que se puede comenzar la implementación del acuerdo de manera segura. Esto incluye el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de líderes de derechos humanos. En los últimos dos años, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en la creación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre deforestación y otros problemas ambientales. Según la ministra, uno de los aspectos clave de Escazú es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú también incluye la obligación de las empresas de informar sobre los químicos y sustancias que vierten al agua, el suelo y el aire, para que la ciudadanía pueda entender los impactos ambientales. En cuanto a la protección de líderes ambientales, la ministra reconoció que aún hay desafíos debido al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas en ciertas regiones del país. Sin embargo, destacó la importancia de trabajar de la mano con estos líderes en la prevención y en una estrategia integral del Estado. En relación a los mitos en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ministra aclaró que no se ampliarán las consultas previas y que el acuerdo no frenará la economía del país, sino que traerá inversiones extranjeras más responsables. También enfatizó en la importancia de la participación pública y el acceso a la información para garantizar una distribución justa del agua en la sabana de Bogotá. En cuanto a la polémica sobre el racionamiento de agua en Bogotá, la Ministra explicó que hay un desequilibrio ambiental debido a las fuentes propias de agua en municipios como La Calera, donde operan plantas embotelladoras. Destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades regionales para corregir estas injusticias ambientales y promover una distribución justa del agua en la región. Escuche aquí la entrevista:
La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia."Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".>>> Lea también: Corte Constitucional dejó en firme el Acuerdo de EscazúEn línea con lo anterior también declaró 'exequible', es decir, que procede, la Ley 2273 de 2022.Ahora que la Corte dio luz verde, Colombia se convierte en el país número 14 en ratificar el acuerdo que originalmente fue firmado por 24 países.Hito para la historia ambiental de ColombiaPara el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la decisión adoptada por la Corte representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de los que protegen la naturaleza.Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la ratificación del Acuerdo es "una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza".La COP16 tendrá lugar en Cali (suroeste) del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año, evento al que ya confirmaron los presidentes o jefes de Estado de Brasil, Panamá, Honduras, Ghana y Guinea-Bisáu.Según la ministra Muhamad, la entidad avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que "las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas".En esa línea, su cartera lanzó el programa 'Alerta por mi ambiente', que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia.Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
Por decisión unánime en la Sala Plena, la Corte Constitucional dio vía libre al Acuerdo de Escazú, declarándolo así como Constitucional y además concluyó la Corte que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación sí cumplen los requisitos legales y no hubo vicios de trámite.En este caso, con la sentencia con ponencia del vicepresidente de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de la ley y concluyó que tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.Además, la Corte señaló que no era necesario agotar la consulta previa con las comunidades étnicamente diferenciadas, ya que el Acuerdo no abarca una reglamentación específica que afecte directamente a estas comunidades.En cuanto al estudio material, la Corte Constitucional sostiene que el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política, ya que promueve la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales, la participación ciudadana y la garantía de un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.“Declarar Constitucional el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Expresa la decisión de la Corte.El presidente Gustavo Petro reaccionó mediante su cuenta de ‘X’ a la decisión adoptada por el alto tribunal: “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El Tratado de Escazú es hoy ley en Colombia”, escribió el mandatario.
La alianza por el Acuerdo de Escazú alertó que pese a haber pasado más de cinco años y de estar en la etapa final en su paso por la Corte Constitucional, el proyecto podría quemarse en la puerta del horno.Una de las principales preocupaciones tiene que ver precisamente con el tiempo. Si bien fue uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de entonces tras levantarse el paro de 2019, fue solamente hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia que el acuerdo fue avalado con una ley en noviembre de 2022 y un espaldarazo similar dio por su cuenta el Congreso.Pero, desde ese entonces, la pelota ha estado en cancha de la Corte Constitucional y, el 3 de septiembre, vence el plazo en el que el alto tribunal se iba a pronunciar, para definir si ratificaba el acuerdo o lo tumbaba.Estas alertas fueron plasmadas en un comunicado suscrito por la Asociación Ambiente y Sociedad, el grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Dejusticia, Movimiento Ambientalista Colombiano y WWF Colombia.Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, reconoció la labor de la Corte en cuanto a la revisión de fondo del acuerdo, pero reiteró la importancia de su ratificación. Ya tiene varias muestras de apoyo; es urgente para fortalecer el instrumento.Dos de las preocupaciones puntuales de la alianza surgieron durante la audiencia pública que se adelantó en abril pasado tras una solicitud del acuerdo para repasar el contenido. Allí, según Torres, hubo llamados de atención y críticas en temas como la soberanía nacional y la participación ciudadana que no se están incumpliendo.“El acuerdo, como todos los tratados internacionales, respeta el principio de soberanía nacional y se ciñe directamente a los principios del derecho internacional. Por ello, es preocupante que en una etapa final, después de cinco años en este proceso, todavía se sigan cometiendo los mismos errores de interpretación en contra de un tratado que busca fortalecer el marco normativo ambiental”, argumentó Torres.Con esto, el pronunciamiento de la alianza también envía busca enviarle un mensaje al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en cuyo despacho está la tarea de revisar el acuerdo y entregar su determinación, pues la otra alerta evidenciada durante la audiencia pública es los reparos sobre el alcance de la participación ciudadana.Torres defendió lo construido asegurando, por un lado, que el acuerdo era amplio y beneficiaba a todos los sectores de la sociedad y que ya Colombia se destaca por ser un país con la mayor cantidad de mecanismos de participación ciudadana en América Latina.“En nuestra experiencia, cuando se garantiza una participación efectiva de las comunidades, se previenen conflictos socioambientales, y esto es a lo que llamamos el Acuerdo de Escazú, que beneficia a todos los sectores de la sociedad, es un acuerdo de participación”, agregó Torres.Otra de las razones planteada por la alianza para que la Corte Constitucional ratifique el acuerdo es que desde el 2022 este se ha implementado en Latinoamérica y el Caribe, con 16 estados que lo confirman, por lo que Colombia entraría a ser un jugador importante con la experiencia ya adquirida en materia de conflicto socioambiental y de fortalecimiento de derechos humanos.Además, recordaron que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha implementado proyectos relacionados con el acuerdo.Sería incoherente tener una COP16 y no un Acuerdo de Escazú ratificado: AlianzaFinalmente, desde la alianza por el Acuerdo de Escazú señalaron la importancia de que, antes del desarrollo de la COP16 prevista para hacerse entre octubre y noviembre en Cali, ya el proyecto pase la prueba constitucional.“El lema de la COP16 es paz con naturaleza y la paz con naturaleza se logra respetando y visibilizando el rol de quienes protegen la biodiversidad en los territorios, que son las personas defensoras del ambiente que de hecho el acuerdo busca proteger. (...) Sería un escenario de mucha incoherencia y sobre todo con muchísimas preguntas de por qué el país anfitrión le está dando la espalda al primer tratado regional que protege a las personas defensoras”, puntualizó Torres.Si el acuerdo no pasa la prueba constitucional, Colombia tendría en riesgo temas como la credibilidad regional y el liderazgo, la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitaciones en cuanto a participación y acceso a la información, cooperación y apoyo económico de la banca multilateral, según el comunicado de las organizaciones.
Esta diligencia tuvo como propósito ratificar el tratado ambiental del Acuerdo de Escazú, que recordemos, tiene como lema el garantizar el acceso a los derechos medioambientales, proteger a los activistas y a la biodiversidad.En medio de esta audiencia llamó la atención la ausencia de Susana Muhamad, ministra de Medioambiente quien era la primera en intervenir ante los magistrados sus argumentos para defender el acuerdo de Escazú, quien finalmente sí llegó a la Corte luego de las intervenciones de las senadoras Paola Holguín y Angélica Lozano respectivamente.La ministra de Ambiente dijo con preocupación que este acuerdo busca la protección de los activistas ambientales, y dijo con contundencia que América Latina es uno de los continentes con mayores amenazar a líderes sociales.La senadora Angélica Lozano aseguró que el acuerdo de Escazú pueden facilitar la integración de grandes retos ambientales “Mecanismos como el acuerdo de Escazú, pueden facilitar el abordaje de retos ambientales en todo el sentido, desde la Amazonía o en caso de las fumigaciones que tiene otros elementos de la acción humana criminal”, expresó Lozano.Por otro lado, Paloma Valencia dijo en medio de la audiencia que el acuerdo de Escazú provocaría que las decisiones en materia ambiental las tomaran instancias internacionales y no los colombianos.Los magistrados de la Corte Constitucional en cabeza de su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, escucharon los argumentos en torno al acuerdo de Escazú sobre todo luego de que la ministra de Ambiente reiterara que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según varios informes internacionales.
Colombia espera el último paso para la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento ambiental y regional que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional que convocó una audiencia pública en una fecha en la que no podrán asistir las organizaciones y expertos, algo que podría poner en peligro el proceso, según el sector ambiental.En este sentido, organizaciones sociales y ambientales han criticado que la audiencia pública citada por la Corte Constitucional es la misma semana que se celebran la Tercera Conferencia de las Partes (Cope) del acuerdo de Escazú, en Chile, y la audiencia sobre la emergencia climática y los derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barbados.Estas dos citas estaban "agendadas desde principio de año" y se cruzan con la audiencia de la Corte, que "congrega al mismo público y que no podrá participar", denunció la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que participó activamente en la fase de negociación de Escazú e impulsó su ratificación en Colombia."Originalmente la Corte convocó a muy pocas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales pero recientemente, es decir, el lunes 22 de abril, publicó un auto en donde convocó a otros actores", entre ellos a la AAS, contó a EFE la subdirectora de esta asociación y miembro de la Alianza de Escazú, Vanessa Torres.También intervendrán "posibles opositores, que son básicamente las empresas privadas en Colombia que tienen una postura un poco radical frente al contenido del acuerdo de Escazú, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional y contra la seguridad jurídica", agregó Torres.Escazú, cuyo nombre técnico es 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas, así como a la biodiversidad.Colombia fue uno de los más recientes países en ratificarlo ante la insistencia del sector ambiental y de autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer un liderazgo o defender los derechos ambientales, según informes internacionales.El último paso después de una larga batalla en el Legislativo y la rúbrica del presidente, Gustavo Petro, es la luz verde de la Corte Constitucional, que lo tiene en sus manos desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.Podría impedir la ratificación, la postura y ponencia de un magistrado que defiende que es inconstitucional, según la organización."Hacemos una invitación respetuosa a los magistrados a conocer a profundidad el acuerdo de Escazú y a tener en cuenta las posturas a favor del acuerdo impulsadas por movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que son quienes viven diariamente los impactos de la violencia al defender el ambiente en un país como Colombia", explicó Torres.En este contexto, las organizaciones ambientales piden a la Corte que garantice un diálogo abierto y la posibilidad de una segunda audiencia que permita a los interesados preparar adecuadamente sus intervenciones.Realidad de EscazúPese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 13 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ambientalistas, busca garantizar la mejor aplicación de las políticas ecológicas, los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de crisis climática.Si la Corte da luz verde, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificar el acuerdo.Se trata del primer acuerdo firmado a nivel mundial orientado a proteger a los defensores ambientales, un importante tratado para América Latina, la región más mortífera para defender el medioambiente, según la organización Global Witness.
La WWF en Colombia, organismo global que trabaja en pro de la conservación del medio ambiente, aseguró que la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 26 de abril para ratificar el Acuerdo de Escazú se encuentra en un desbalance de posiciones. De acuerdo con la organización, tan solo 23 personas, de las 73 que presentaron conceptos técnicos, fueron citadas para el encuentro.Es necesario recordar que el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conjunta de países de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.Para 2022, el Congreso de la República expidió la Ley 2273 en la que aprobaba implementar el acuerdo. Por lo mismo, desde diciembre de ese año la Corte Constitucional tiene la posibilidad de analizar la compatibilidad del documento con la Constitución Política, siendo el próximo 26 de abril, sobre las 8:30 de la mañana, la fecha en la que varios magistrados escucharán los argumentos respecto a la relación del tratado con la soberanía nacional.Bajo este panorama, la WWF afirmó que, además del desbalance en cuanto a las posturas que intervienen, la semana en la que se llevará a cabo el encuentro se cruza con la COP3 del Acuerdo de Escazú en Chile y con la audiencia sobre la emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barbados, ambas agendadas desde principio de año.Frente a lo anterior, la organización hizo un llamado “para que se garantice un debate abierto que cuente con una pluralidad de voces”. Además, manifestaron que es necesario que el país declare la constitucionalidad del tratado, siendo este un paso fundamental para el futuro de la protección ambiental y los derechos humanos.
El viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, se pronunció respecto al Acuerdo de Escazú, un tratado firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 naciones, incluyendo a Colombia.Este concepto fue enviado a la Corte Constitucional, y sostuvo que las disposiciones contempladas en el acuerdo, que tiene como objeto mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles, porque desarrollan los principios de la ‘Constitución Ecológica’, así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.El viceprocurador Gómez Strauch afirmó que las medidas del tratado que buscan ayudar al público a ejercer sus derechos de acceso a la información ambiental son razonables. Explicó además que estas medidas son necesarias para abordar la falta de gestión efectiva del medio ambiente, que ha resultado en una participación ciudadana limitada en decisiones importantes sobre el uso de los recursos naturales.Incluso destacó que la participación ciudadana debe ser transparente e inclusiva, abarcando discusiones sobre el ordenamiento del territorio, la formulación de políticas y estrategias, así como las negociaciones internacionales que afecten el medio ambiente.En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, el viceprocurador dice que el Acuerdo de Escazú está en línea con lo estipulado en la Constitución.Además, enfatiza que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de asegurarles un ambiente seguro y favorable para que trabajen sin miedo a amenazas o limitaciones, y desarrollar medidas y planes para proteger y respaldar sus labores.El Ministerio Público además dice que en el concepto también se afirmó que la ley que ratificó el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) cumple con los requerimientos de la Constitución Política en lo que respecta al proceso legislativo, incluyendo publicaciones, mayorías, quórum, y otros aspectos. Además, se aseguró que se cumplieron los requisitos de consulta previa y evaluación de impacto fiscal.También le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro hizo un balance de sus primeros 100 días de Gobierno, acompañado de todo su gabinete leyó 50 puntos que, considera él, han sido sus mayores logros en este tiempo.Para empezar, aseguró que aún están gobernando con un presupuesto del último tramo que dejó el expresidente Iván Duque y con su plan de desarrollo, pero también explicó que sus políticas irán enfocadas en la justicia social y ambiental.Resaltó, además, la ratificación del Acuerdo de Escazú, haber retomado los diálogos con el ELN y la reforma tributaria presentada en el Congreso, entre otros. Por otro lado, también cuestionó los altos precios en la carne de res en el país.“El Invima acabó con la figura del matadero municipal y hay que darle vuelta atrás, hoy se ha elevado el precio interno de la carne no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie; el producto de eso es hambre en Colombia”, señaló Petro.En ese sentido, le pidió al Invima tomar medidas al respecto, asegurando que hay un monopolio alrededor: “El Invima tiene que jugar un papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana”.Tarifas de energíaAsimismo, el mandatario se refirió a las tarifas de la energía y pidió a los ministros encargados del tema tomar medidas para poder resolver esta problemática.“No se entiende cómo teniendo todos los embalses llenos se redujo aun insuficientemente las tarifas de energía en todo el país, según las últimas estadísticas del Dane y gracias al pacto que logró la ministra de Minas, pero hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica demasiado alta basada en la especulación”, aseveró.
El presidente Gustavo Petro sancionó la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, minutos antes de abordar el vuelo que lo llevará a la Cumbre Mundial del Clima de la ONU, la COP 27, que se realizará en Egipto.Una de las prioridades del Acuerdo de Escazú es garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021; se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.El pasado 11 de octubre Colombia se convirtió en el país número 14 en ratificar el Acuerdo, al ser aprobado en último debate el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con 119 votos a favor.La ratificación se dio tres años después de la suscripción del acuerdo en el 2019.Escuche el podcast El Camerino:Le puede intersar:
