Un informe urgente con las medidas adoptadas frente al caso solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Policía Metropolitana de Barranquilla tras conocer la denuncia que públicamente hizo la subintendente Sandra Marín Urueta, quien se declaró víctima de “acoso sexual, laboral y psicológico” por parte de dos oficiales de esta institución.La mujer, también abogada de profesión, denunció a través de un extenso video en redes sociales que solicitó su retiro de la Policía luego de que ordenaron su traslado a Cali -según cuenta- como un acto de represalia en su contra porque no accedió a las pretensiones sexuales que le hizo un oficial.La subintendente, quien prestaba sus servicios en la Terminal de Transporte de Barranquilla, asegura que toda esta situación le ha afectado su salud mental y hasta ha tenido que ser hospitalizada, pues el acoso no sólo provino de aquel oficial, sino también de su jefa inmediata, quien la habría sometido a presiones laborales.Así las cosas, el ente de control también requirió a la Policía “información detallada sobre la activación de las rutas intersectoriales de atención a la mujer víctima de violencia de género, así como las estrategias y acciones implementadas por la institución para prevenir, atender y mitigar casos similares”.Además, el ente de control solicitó, a través de la Delegada para la Fuerza Pública, la remisión de las actuaciones sufridas frente al caso y asumirá las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.
Mucho se ha hablado sobre la aprobación del nuevo Código Procesal del Trabajo en el Congreso de la República. Una de las novedades es que ahora la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia podrá conocer todos los asuntos relacionados con el acoso laboral en el país. Es decir, con la unificación de la jurisprudencia, el alto tribunal podrá investigar y, si encuentra méritos, fallar.Además, la Sala Laboral de la Corte destacó que las normas procesales relacionadas con los asuntos de trabajo y seguridad social estaban obsoletas y que había necesidad de modernizar estas normas, que en última instancia garantizan que el ciudadano de a pie, cuando acceda a la justicia, pueda tener una respuesta pronta.“La Corte Suprema de Justicia ha hecho varias mesas de trabajo con organizaciones sindicales, los jueces y magistrados de este país, con la academia y con la sociedad en general. Todos han aportado en la construcción del código que ha sido aprobado el día de hoy”, dijo Zúñiga.Con este nuevo código, además, se deja en firme la virtualidad en las audiencias o diligencias judiciales, lo que quiere decir que los involucrados y las partes no tendrían que desplazarse. Sin embargo, hay una salvedad en lo que tiene que ver con la conectividad a internet, pues la Corte tiene claro que hay regiones específicas en el país donde la red no es estable y, solo en esos casos puntuales, habrá audiencias presenciales.
En diálogo con Blu Radio, la abogada Claudia Escobar denunció que cuando ella se desempeñó como magistrada auxiliar del despacho del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero en el año 2018, junto magistrado Miguel Efraín Polo Rosero, quien aspira ahora a ejercer ese cargo y que se ha visto envuelto en el escándalo por la votación que se realizó en el Congreso de la república para determinar quién se queda como magistrado de la Corte Constitucional; si él o Claudia Dangond, explicó que en el año 2020 interpuso una denuncia en su contra por supuesto abuso laboral.Dice la abogada que ambos eran pares como magistrados auxiliares pero que en un momento Polo recibió labores administrativas que le permitían manejar las cargas laborales dentro del despecho con el resto de Los magistrados auxiliares."Desde que yo llegué a la corte en el año 2012, cuando a él y a otro magistrado auxiliar se les dio pues como las potestades para realizar funciones administrativas, que van más allá del rol propio del magistrado auxiliar, que es proyectar sentencias y sustanciar los casos que se llevan ante la corte, entonces pues obviamente ellos teniendo la función de manejar internamente el despacho, pues se hizo en beneficio propio y ocurrieron diferentes irregularidades, por ejemplo, la distribución de los casos entre los funcionarios se hizo, no me acuerdo desde qué año, pues digamos de manera secreta y en unos cuadros, pero los cuadros nunca se hicieron públicos, de tal manera que de alguna manera todos sabíamos que había un desbalance en el reparto de cargas laborales, pero en la medida en que eso no era público nadie podía saber", explicó la abogada.De acuerdo con su relato dio a saber estos supuestos actos irregulares por parte del magistrado Polo en el año 2020 al comité de Convivencia Laboral de la Corte, sin embargo, el caso no fue estudiado por supuestamente haber ya ocurrido varios anteriores."Los problemas creo que se cronifican más o menos a partir del 2018, cuando la totalidad del despacho quedó manejada básicamente por el doctor Miguel Polo, ahí pues fue como más grotesco por decirlo así, el manejo irregular del despacho, él empezó a llevar personas a trabajar en la corte para él, él empezó a delegar las funciones que le correspondía a él, a otros funcionarios y eso entorpece el funcionamiento del despacho porque la gente ya no estaba haciendo lo que le correspondía hacer, sino lo que le correspondía a un magistrado auxiliar", explicó Botero, quien agregó que todo esto era para abonar el camino del magistrado Polo en el ámbito político."Cuando ya se hicieron públicos los cuadros donde estaban asignados los casos, yo hice unas estadísticas y mis sospechas pues las confirmé porque pues ahí ya me di cuenta de que no era imaginación mía, sino que esto se podía demostrar. Entonces creo que él utilizó el despacho pues para para en beneficio propio ... para el relacionamiento político al interior de la corte; él se relacionaba con todos los despachos mientras todos estaban trabajando porque las aspiraciones políticas de él vienen de tiempo atrás", dijo la abogada.Esta denuncia se conoce cuando el Congreso busca elegir al reemplazo del magistrado Antonio Lizarazo, quien terminará su periodo en la Corte Constitucional en febrero de 2025, entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo.
Se cayó definitivamente el nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE tras las denuncias en su contra por haber cometido presuntamente acoso sexual. Fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron a Blu Radio, que, “nunca hubo decreto de nombramiento” y que “no lo habrá”.Por los señalamientos, la Fiscalía abrió una investigación formal contra quien había sido nombrado como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE, que gestiona los bienes incautados del narcotráfico y el crimen), Diego Cancino, por "acto sexual violento" después de que se conociera una denuncia de acoso sexual contra él."Ya tenemos definido el programa metodológico, ya se ha recibido alguna diligencia, algunas entrevistas, se inspeccionaron algunos medios telefónicos, chats... estamos trabajando en el tema", explicó a medios la fiscal Luz Adriana Camargo.La Fiscalía investigará los hechos después de que una asesora del Ministerio Fiscal, Vivana Vargas, denunciara a Cancino, quien fue viceministro de Interior, por tocamientos y de un intento de agresión, cuando fue a pedirle trabajo y el exconcejal de Bogotá le invitó a su casa a almorzar.En la casa, Cancino la abrazó y le tocó los senos en varias ocasiones, sin el consentimiento de la joven de 31 años, e incluso intentó besarla, a pesar de la negación de Vargas, según contó la joven.Días después, el nombrado presidente de la SAE la estuvo llamando e intentando contactar por teléfono, mientras ella le explicó que se había sentido incómoda con su comportamiento y apuntó a que solo quería una relación laboral con el político.Cancino se defendió en una carta en la que expresó su "lamento" por "cualquier conducta" que "haya podido resultar ofensiva" para Vargas."Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros -ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó en calidad de amigos suyos", dijo el exconcejal.
La secretaria general de la Cancillería, Paola Vázquez, le solicitó al cónsul Andrés Hernández, a través de un memorando, información y explicaciones de carácter urgente sobre las denuncias en su contra por estafa y acoso laboral reveladas por medios recientemente.En este documento cita algunas de las denuncias: la de Sandra Babativa, una colombiana que fue contratista del consulado en México y que señala a Hernández de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso, incluso por su forma de vestir, que según ella el cónsul criticó en varias ocasiones.“Yo me iba al consulado con chales, con ropa artesanal, con blusas bordadas. Él hacía caras raras, me miraba despectivamente, se burlaba y me decía que por qué me ponía cosas tan feas”, dijo a El País la funcionaria.El documento cita también las denuncias de organizaciones de colombianos en México, según las cuales el cónsul carece de enfoque de género para tratar graves problemáticas como el feminismo.“El comportamiento de Andrés es profundamente violento contra las mujeres. Es un hombre misógino. Usa su poder para humillarnos”, dijo una defensora de derechos humanos al mismo diario.Y por último habló de la denuncia de funcionarios del consulado, según la cual el cónsul en una oportunidad llegó a la oficina con peluches en forma de pene y se los entregó a varias trabajadoras pidiéndoles que los pusieran en sus oficinas.Por todo esto, la Cancillería informó a Hernández que la oficina de control interno adelanta una investigación disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades relacionadas principalmente con el trato irrespetuoso a la señora Bavativa, quien fue contratista del consulado.Además, insisten en el requerimiento de los 12.750 dólares que costó la contratación de un profesional en derechos humanos por parte del cónsul, y que fue hecha sin autorización de la Cancillería y por ende él debe pagar ese dinero. Dice la Cancillería que ha hecho esta petición varias veces al cónsul, sin embargo, no ha obtenido respuesta.
La Cancillería de Colombia ha abierto un proceso disciplinario contra el cónsul Andrés Hernández en medio de un escándalo que incluye denuncias por acoso laboral, misoginia y estafa. La investigación se centrará en presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de un profesional en derechos humanos sin la debida autorización y por un monto de 12.000 dólares, así como en las quejas de sus subalternos sobre acoso laboral. Respecto a las denuncias de deudas, el Ministerio instará únicamente al cónsul a que las salde.En su cuenta de X, Hernández agradeció a la Cancillería por abrir el proceso, afirmando que busca aclarar lo relacionado con su gestión como cónsul en México.Recientemente, ha salido a la luz un nuevo testimonio que complica aún más la situación de Hernández. Maura Yuliana Ramírez, quien conoció al cónsul en 2015, relata que fue codeudora en un contrato de arrendamiento con él y su pareja. Sin su consentimiento, Hernández la presentó como arrendataria, lo que la llevó a asumir deudas de 2'124.000 pesos. Ocho años después, la deuda se ha acumulado a cinco millones de pesos, y Maura asegura que nunca ha recibido pago alguno, ya que Hernández la bloqueó en redes sociales y no respondió a sus intentos de comunicación.Además, Sonia Cuesta, una antigua subordinada de Hernández, ha interpuesto una denuncia penal por estafa, acusando al cónsul de quedarse con más de 80 millones de pesos (casi 20.000 dólares) de sus ahorros de toda la vida. Las denuncias en su contra han puesto en tela de juicio su manejo de recursos públicos, así como su conducta en el entorno laboral, con acusaciones de negligencia y comportamientos misóginos.Hasta el momento, el cónsul Hernández se ha negado a comentar sobre las acusaciones, afirmando que se trata de su vida privada.
Luego de que El País de España revelara las denuncias en contra del cónsul Andrés Hernández por estafa, pues al parecer debe hace más de un año cerca de 100 millones de pesos a una exfuncionaria del consulado, hoy este diario revela nuevos señalamientos por misoginia, negligencia y acoso laboral.Son los mismos trabajadores del consulado los que coincidieron en que las mujeres subalternas de Hernández han padecido por la falta de protocolos de género, pero también conductas indebidas.“El cónsul una vez llegó con una bolsa negra llena de peluches en forma de miembros, de penes, y se los regaló a la mayoría de las mujeres del consulado. Les dijo que los pusieran en sus oficinas”, dijo una de los consultadas por el citado medio.Pero esta no es la única denuncia. La información ya está en manos del presidente de la República, Gustavo Petro, desde hace cerca de un mes, pues cuando el mandatario llegó a México para la posesión de Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con colombianos en la universidad nacional autónoma.Allí se le acercó una defensora de derechos humanos que trabaja con colombianos en ese país y le entregó unos documentos con las denuncias, diciéndole que el cónsul Andrés Hernández no los representaba.Esa carpeta que recibió el presidente Petro contenía una denuncia de Sandra Milena Babativa, una colombiana residente en México y quien trabajó como contratista en el consulado colombiano durante cinco meses. La mujer lo señala de acoso laboral y dice que enfrentó hostigamiento, discriminación, y actitudes de menosprecio, como burlas hacia su forma de vestir.“Yo me iba al consulado con chales, con ropa artesanal, con blusas bordadas. Él hacía caras raras, me miraba despectivamente, se burlaba y me decía que por qué me ponía cosas tan feas”, expresó en su testimonio. Esto fue puesto en conocimiento de la Cancillería, pero no hay todavía una respuesta.Del mismo modo, existen cuestionamientos en su contra por el manejo que da a temas que tienen que ver con violencias contra las mujeres, y denuncian que carece de enfoque de genero al tratar temas como el feminicidio.Pese a que no hay respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Blu Radio pudo conocer que esta situación se lee desde dos puntos: uno personal, que tiene que ver con las deudas del cónsul denunciadas hace días, pero en lo que esta dependencia no va a intervenir más allá de instarlo a que las pague.Y otro, el institucional, que tiene que ver con estos señalamientos de acoso laboral y una presunta contratación sin autorización que hizo el cónsul, al gastar más de 12.000 dólares. Si se comprueba que no fue autorizado, se tiene claro que tendrá pagar él y, con ello, podría darse apertura a una investigación disciplinaria.
Hace un tiempo, Blu Radio reveló tres denuncias que llegaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la magistrada Sandra Castro, quien es presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la JEP. Las denuncias son de funcionarias que han trabajado en el despacho de Castro o han tenido funciones en la jurisdicción en las que ella termina siendo su jefe. En estos documentos, acusan a la magistrada por presunto acoso laboral, incluso, mencionan que durante el tiempo que estuvieron trabajando en el despacho, o en funciones a cargo de Castro, empezaron a tener problemas de ansiedad, depresión y otras enfermedades que afectan la salud mental de las denunciantes y de quienes están dispuestos a asistir como testigos en este proceso.Sin embargo, en los últimos días llegaron otras dos denuncias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también contra la magistrada Sandra Castro por presunto acoso laboral. El primer caso es de una exfuncionaria de la jurisdicción, que empezó a laborar en el despacho de Castro el 4 de noviembre de 2020. Según el documento radicado ante la Comisión, empezó a notar que la magistrada "se encargaba de dañar la reputación de las personas que habían salido del despacho e incluso de algunas que estaban, y que por alguna razón tenía la intensión de declararlas insubsistentes".Uno de los casos que menciona la denunciante, cuyo nombre se mantendrá en reserva, es el de una compañera quien se había enfermado de COVID 19. Según el relato de la mujer que hace la denuncia, la magistrada habría dicho que esta funcionaria no estaba enferma, pues habría visto una foto de ella en la red social Instagram con su novio, por esto, le habría pedido realizar labores mientras estaba incapacitada."Cualquiera que hubiera siquiera cruzado palabra con la compañera por teléfono, como yo lo hacía, se hubiera dado cuenta que ella estaba realmente enferma, pues en su voz se notaba la dificultad que ella tenía para respirar. Adicionalmente, Viviana contaba con el resultado positivo de la prueba del COVID y con su respectiva incapacidad. Mientras la compañera estaba enferma, recuerdo que llegó una acción de tutela de uno de los casos que ella tenía asignados, y sin importarle lo enferma que estaban, la obligó a dar respuesta a la misma", señala la denuncia.En el mismo sentido la denunciante asegura que fue testigo de un trato indigno hacia otros funcionarios y menciona un caso en el que Castro habría realizado una reunión por la plataforma Teams y había pedido a los demás compañeros del despacho presentar quejas orales contra una funcionara a la cual la magistrada quería declarar como insubsistente."La magistrada pidió a todos los del despacho que presentáramos quejas orales en contra de la compañera para soportar su salida de la JEP. La magistrada logró el objetivo de la reunión y cuando yo pedí el uso de la palabra para indicar que si el día que ella no contestó el teléfono, alguien le hubiera dicho que le iban a pedir número, probablemente ella hubiera estado pendiente, lo único que gané fue la interrupción de la magistrada para conllevar nuevamente al fin de ese encuentro por Teams que era solo elevar inconformidades de la compañera Erika. Valga la pena aclarar que Erika también trabajaba horas extras y que ese fue un día que excepcionalmente no estuvo disponible en horas NO laborales", asegura en la denuncia.Además, menciona que mientras estuvo en el despacho vio que una compañera renunció en tres ocasiones, la mujer que presentó estas renuncias habría tomado pastillas para dejar de dormir y poder cumplir con las metas que habría pedido la magistrada, pero además, estaba asistiendo también a terapias psiquiátricas."Eso era lo que más me angustiaba, máxime cuando en una conversación con la compañera vía WhatsApp del 17 de noviembre de 2021 ella, después de uno de los mensajes de la magistrada así de desesperada como yo, indicó a las 9:25 a.m. que creía que le tocaba volver a tomar pastillas para no dormir, lo que mostraba que ya era habitual para poder cumplir con las metas exigidas en ese despacho", se lee en la denuncia.En este caso, la denunciante aportó la conversación con la funcionaria en la que quedaba en evidencia el tema de las pastillas. Por otro lado, en el documento la denunciante asegura que al parecer Castro enviaba mensajes constantemente recordando las metas por cumplir, que cada vez habrían sido más exigentes, una situación que generó estrés en la denunciante y algunos problemas de salud."Este mes fue un mes de angustia, pues los constantes mensajes de la magistrada recordándonos día a día las metas por cumplir solo generaban nerviosismo y más estrés en las personas que a diario nos esforzábamos por cumplir. A este punto yo no aguantaba más estar en ese despacho, todos los días al llegar a mi casa lloraba y gritaba en el baño de mi casa. Me sentía desmotivada y aburrida, con miedo de ir a trabajar", agrega en el documento.En este caso se agregaron pantallazos en los que la magistrada habría escrito en horario no laboral y a altas horas de la noche, este tema habría llevado a la funcionaria a renunciar, sin embargo, el día en que fue a presentar la renuncia la magistrada no la atendió, pues afirmaba que estaba muy ocupada para ello y horas después, fue declarada insubsistente."Me imaginé que la magistrada me iba a declarar insubsistente, como había hecho con varios funcionarios del despacho, ante lo cual le tomé una foto a mi carta de renuncia y se la envíe al correo de ella y al de talento humano, siendo esto más o menos 2:30 pm. A las 4:40 pm fui notificada por parte de la oficina de talento humano de la declaratoria de insubsistencia. Una vez fuera, la magistrada le dijo a la compañera, refiriéndose a mí lo siguiente: “Ella fue muy bruta! Ya me habían dicho que ella estaba buscando trabajo y ahora por bruta, nadie le va a dar trabajo”, dice el documento.La denunciante pide a la Comisión de Disciplina Judicial la acumulación de quejas, teniendo en cuenta las otras denuncias que se han presentado. También que se impongan las sanciones correspondientes.Caso 2El segundo caso es de otra mujer que empezó a trabajar en la JEP en 2021, y quien es la mujer a quien Castro habría hecho trabajar aún con una incapacidad de COVID 19. La prueba COVID habría arrojado un resultado positivo el 8 de abril de 2021; además tuvo complicaciones de salud como fiebre, vomito, malestar estomacal y dificultad para respirar, entre otros."Cabe resaltar, que fue una época en la que no había urgencias por la pandemia, tuve todos los síntomas: fiebre, vomito, malestar estomacal, dificultad para respirar, órganos internos inflamados; no podía comer, dormir, caminar o estar sentada. No obstante, la Dra. Sandra J. Castro hizo caso omiso, y me tenía trabajando al nivel de mis compañeros, inclusive horas extras del horario laboral, situación que le consta a mi compañera, quien me llamaba constantemente para ver mi estado de salud", dice en la denuncia.En el mismo sentido, y debido a las complicaciones que tenía en su salud la funcionaria, le pidió a la magistrada que le asignara una de sus labores a otro compañero, pero la respuesta habría sido negativa."El 14 de abril de 2021 ya me encontraba muy delicada de salud, no podía estar sentada dado que mi cuerpo estaba descompensado por el COVID-19, se recibió una acción de tutela de un proceso a mi cargo por lo cual la magistrada Sandra Castro Ospina me tuvo trabajando hasta las 12:00 a.m., aun sabiendo que el médico estaba en mi casa, que mis condiciones de salud no eran óptimas y que no podía contener el vómito, malestar estomacal y tenía escalofríos por la fiebre. Recuerdo que le manifesté que le pidiera colaboración a algún compañero y su respuesta fue que ellos no debían hacer mi trabajo", dice en la denuncia.La mujer que denuncia el caso le envió la incapacidad a la magistrada y Castro la habría eliminado de los grupos de trabajo tanto en la plataforma Teams como en WhatsApp."La magistrada Sandra J. Castro Ospina procedió a eliminarme de todos los grupos de trabajo de Teams y WhatsApp, por lo que entendí que debía pedir mi renuncia, puesto que de lo contrario cumpliría su amenaza de declararme insubsistente; dado que días anteriores había recibido una llamada donde me expresaba que mi rendimiento no era el mejor, que debería pasar mi renuncia porque ella podía declararme insubsistente", agrega en la denuncia.Por último, asegura que mientras estuvo incapacitada siguió recibiendo mensajes en los que le pedían información sobre diferentes temas, sin embargo, ella se negó a entregarla debido a que no contaba con las condiciones de salud para realizar sus labores. En este caso y para soportar la denuncia, la mujer aportó los mensajes y las incapacidades, por eso pide que se acumulen las quejas contra Castro y que se tomen las medidas correspondientes, además, asegura que tuvo que asistir a terapias psicológicas por esta situación."En el mes de mayo de 2021 empecé terapia con la Psicóloga (nombre de la terapeuta), con la cual duré aproximadamente seis meses, puesto que mi salud mental y mi estado emocional estaba afectado, y en ese proceso para sentirme mejor y cerrar el ciclo me dijo que enviara un correo de agradecimiento a la Dra. Sandra J. Castro Ospina, donde le expresaba que debí aprovechar mejor la oportunidad y la admiración y respeto que tenía sobre ella”, finaliza en la denuncia.Respuesta magistrada Sandra CastroBlu Radio buscó a la magistrada Sandra Castro para que respondiera a las denuncias en su contra, sin embargo, al momento de publicar esta nota no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la magistrada.
La procuradora general Margarita Cabello aseguró que el acoso laboral ha sido una problemática que afecta desproporcionadamente a las mujeres.Durante la instalación del XVI Conversatorio Nacional de Especialidad Laboral que se lleva a cabo en Barranquilla, Cabello indicó que entre el 15 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2024 se han emitido 113 pliegos de cargos y se han emitido 69 fallos relacionados con esa conducta de acoso laboral.No obstante, advirtió que "lo más grave" es que "en muchas ocasiones el acoso laboral está escondiendo situaciones de acoso sexual".Agregó que la Procuraduría está recibiendo más de 4.000 quejas laborales al mes, por parte de la ciudadanía solicitando apoyo, y que la situación de acoso laboral se refleja en todas las entidades y con muchísima frecuencia.Incluso, advirtió que también hay mucha preocupación por el acoso sexual en colegios.
La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se refirió a las denuncias presentadas contra la magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Sandra Castro, por presunto acoso laboral.Estas denuncias fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por tres funcionarias que trabajaron en el despacho de Castro o bajo su supervisión. Una de las denunciantes es una mujer indígena.“Exigimos respeto para todas y cada una de nuestras mujeres indígenas, porque cuando una es segregada en su entorno laboral, nos discriminan a todas. Las mujeres indígenas contamos con la sabiduría heredada de nuestros ancestros, y muchas de nosotras hemos tenido la oportunidad de formarnos académicamente, lo que nos cualifica para desempeñar diversos cargos. No somos ‘incompetentes, incapaces ni brutas’, y nuestros conocimientos profesionales pueden incluso superar muchos de los perfiles en los que actualmente nos desempeñamos”, se lee en el comunicado de la ONIC.En su denuncia, la mujer indígena cita un hecho en el que la magistrada Castro habría utilizado términos peyorativos para referirse a los integrantes de los pueblos étnicos, en un comentario dirigido a otra magistrada de la misma sala. La denunciante consideró relevante este incidente debido a su condición de mujer indígena.“Cabe resaltar que los comentarios de mis compañeros se intensificaron tras las afirmaciones de la magistrada Castro Ospina sobre mis ‘supuestas incompetencias’, comparándolas con las expresiones que, semanas antes, la magistrada presidenta, en el marco de una sesión, le había dirigido a la magistrada Heydi Patricia Baldosea Perea (Q.E.P.D.), mujer perteneciente al Pueblo Afrocolombiano. Según Castro, Baldosea Perea no tenía las competencias para ser la vicepresidenta de la JEP, y se refirió de manera peyorativa a los integrantes de los pueblos étnicos que trabajamos para esta Jurisdicción”, afirmó la denunciante.En el documento se explica que esta situación le generó a la denunciante estrés, ansiedad y desmotivación en su trabajo. Incluso llegó a sentirse acorralada, lo que la llevó a considerar la posibilidad de quitarse la vida.Frente a estos hechos, la ONIC exigió que la magistrada Castro se disculpe con la denunciante.“Exigimos a la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina, juez transicional que integra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, ofrecer disculpas públicas a la mujer indígena que trabajaba en su despacho y que fue víctima de violencia, discriminación, acoso verbal y maltrato laboral. Estos hechos constituyen una grave violación de sus derechos humanos y laborales, y son una muestra de la persistente discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diversos entornos laborales”, expresó la ONIC en su comunicado.Asimismo, la ONIC hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz.“Exigimos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) y al Comité de Convivencia Laboral de la Jurisdicción Especial para la Paz realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de estos hechos. También solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, con la cual tenemos un relacionamiento a través de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia y discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la capacitación a todo el personal sobre temas de diversidad, equidad y no discriminación”, concluye el comunicado.
