En un auto emitido, el Juzgado 51 Civil de Circuito de Bogotá ratificó en la Presidencia Ejecutiva Nacional de Acopi al abogado antioqueño Rodolfo Correa y, a su vez, dejó en firme Junta Directiva Nacional de este gremio, conformada por las seccionales de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca y Caldas.De esta manera, la decisión del juzgado dejó sin efectos el intento de la barranquillera Rosmery Quintero por regresar a la dirección gremial.Una vez conoció la decisión, Correa aseguró que seguirá enfocado en hacer "las cosas bien, con decencia, independencia técnica de los gobiernos y pensando siempre en el interés superior de los colombianos que contribuyen al desarrollo económico del país"."Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al diálogo, a la concertación y al trabajo conjunto por todas las seccionales. Eso es lo que realmente importa y lo que verdaderamente necesitan las pequeñas y medianas empresas de Colombia del gremio que las representa", dijo.En ese sentido, recordó que "se aproxima un momento complejo", como lo es "la discusión sobre el salario mínimo para el próximo año, en cuya mesa tiene asiento permanente Acopi", donde se comprometió a mantener "una disposición plena de apertura y voluntad de construcción y dialogo positivo"."En eso es que nos debemos enfocar, en trabajar y servir. Lo demás hay que superarlo con respeto y cooperación", dijo el nuevo presidente del gremio que reúne al 99.5% del tejido empresarial de Colombia.
Un llamado al alcalde Alejandro Char y al Concejo de Barranquilla es el que están haciendo las pequeñas y medianas empresas del Atlántico para que se reconsidere el proyecto de acuerdo que propone un nuevo ajuste al Estatuto Tributario del Distrito para financiar el plan de desarrollo 2024 - 2027.Las mipymes advierten que “este segundo ajuste en tan corto tiempo no es usual y podría tener efectos adversos para el tejido empresarial de la ciudad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”, ya que “a menos de un año del último aumento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), se plantea otro incremento significativo” en este aspecto.Rosmery Quintero, directora de Acopi en el Atlántico, afirma que “estos incrementos se proponen en un momento crítico para las MiPymes, que ya enfrentan presiones significativas, debido a la contracción en sectores como el manufacturero y el aumento de los costos operativos influenciado por los precios internacionales de alimentos y combustibles”."Señor alcalde, señores concejales, seamos serios, seamos responsables y tenemos que atraer inversiones. Ya hemos utilizado mucha vigencia futura y, ojalá, no nos equivoquemos. Tenemos muchos activos que podríamos utilizar para que generen ingresos y no estar afectando fiscalmente", dijo Quintero.Además, advierte que "esto lo que hace es generar incertidumbre, inestabilidad y alejar la inversión empresarial".Acopi sostiene que “el proyecto de ajuste tributario propone "incrementos considerables en las tarifas del ICA para actividades esenciales de la economía”, tales como como la producción de cervezas y bebidas alcohólicas, la construcción de edificios residenciales o no residenciales". Además, en ese listado incluye la producción de gas y prestación de servicios públicos, actividades de telecomunicaciones, venta de combustibles y lubricantes, libros y papelería, generación y distribución de energía y la producción de alimentos y otros productos.
Rosmery Quintero y Rodolfo Correa se disputan la presidencia de Acopi en medio de una división interna que ya pasó por la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades y que hoy está en un juzgado de Bogotá. Blu Radio habló con los dos para reconstruir la historia.Ambos creen tener razones para ser los representantes legítimos de los pequeños empresarios del país de cara a las negociaciones del salario mínimo que serán convocadas por el Gobierno nacional en las próximas dos semanas. Acopi es uno de los cinco gremios con asiento permanente en la Comisión de Políticas Laborales y Salariales, donde cada año se negocia el incremento para los trabajadores.La historia comenzó hace tres meses cuando Acopi se reunió para una convención donde se decidió que Rosmery Quintero volvería a la presidencia. Sin embargo, cuatro seccionales del gremio (Antioquia, Bogotá, Caldas y Cauca) creen que la reunión fue irregular. Inicialmente, pidieron a Cámara de Comercio de Bogotá que no registrara el cambio en la presidencia y luego presentaron una demanda de impugnación contra las actas de esa asamblea que ya fue admitida por un juzgado en Bogotá. Esta semana la Superintendencia de Sociedades decidió respaldar el registro de la elección de Quintero como presidente de Acopi por considerar que la reunión no tuvo nada de irregular, según un documento de esa entidad que Blu Radio pudo revisar.Con la decisión de Supersociedades en las manos, la seccional Atlántico anunció el regreso de Quintero a la cabeza del gremio. Sin embargo, horas más tarde a la prensa llegó otro comunicado sobre la posición de las Mipymes frente al salario mínimo firmado por Rodolfo Correa como presidente de Acopi Nacional.Esto dicen los protagonistas de la puja por el poder al interior de Acopi"La verdad es que esa reunión que realizaron las personas que querían retomar el control del gremio de la Asociación Colombiana de la Micro y Pequeña Empresa se realizó ya hace casi tres meses. Hace tres meses estamos en este enfrentamiento, primero en instancia administrativa y ahora ya en instancia judicial. Resuelto el tema o superado el control administrativo, nosotros acudimos al control judicial y existe hoy una decisión de un juez de la república que admite la demanda y ya se está a puertas de comunicarse la medida cautelar que fue ya considerada en el autoadmisorio por lo que desconocemos las razones por las que desde la seccional de Atlántico se está difundiendo esta información que digamos desborda sus capacidades porque cualquier comunicación oficial debe salir de la dirección nacional del gremio que en este momento encabezo yo", dijo Correa a Blu Radio cuando consultamos sobre el asunto.Correa está convencido de que es el legítimo representante de las Mipymes y espera llevar a la mesa de concertación el mensaje de que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación causaría un problema masivo para las micro, pequeñas y medianas empresas del país que no tienen cómo lidiar con un aumento desbordado y con una reforma laboral. La propuesta de Correa es llegar a la mesa con una postura unificada junto a los demás gremios.Por su parte, Rosmery Quintero, también está convencida de que es ella quien debe llevar la vocería."Llevo muchos años trabajando para la micro, pequeña y mediana empresa, y el espacio nacional, que sería una segunda vez, es sumamente necesario. Creo que este tiempo que me tomé para proyectos personales, me permitieron cumplir con unos compromisos familiares y de otras unidades de negocios que estamos planteando como familia, pero también el reconocer que hay una junta directiva que me invita a retomar nuevamente las riendas del gremio, pues demuestra de una u otra manera que confían en la labor que lideré", dijo Quintero a Blu Radio"Ese es un tema que nosotros, por respecto a una marca tan importante, preferimos mantenerla en silencio, en la intimidad de la institucionalidad. Desafortunadamente, a algunos gremios llegan o se filtran personas que tienen un interés meramente politiquero, creo que eso hace daño a la institución", agregó.Al cierre de esta nota, el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá mostraba a Rosmery Quintero como representante legal de Acopi.Acopi ¿en una situación similar a la CGT?La división interna en Acopi tiene similitudes con la que vive la CGT, una de las tres centrales obreras con asiento en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, desde hace más un año.Una facción de la CGT está liderada por Miryam Luz Triana, quien ha sido crítica del Gobierno, la otra por Percy Oyola quien ha sido un aliado del Gobierno nacional y ha asistido a marchas. El año pasado el Ministerio del Trabajo solamente reconoció e invitó a Oyola a las negociaciones de salario mínimo.
En diálogo con Mañanas Blu, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, habló sobre las propuestas de reforma laboral, pensional y de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Correa enfatizó en la importancia de la transparencia y la participación en estas reformas que afectan directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En ese sentido mencionó la necesidad de suspender el trámite legislativo para reflexionar y revisar los procedimientos, garantizando que se realicen en el marco de la legalidad y el interés general. "No queremos tener relaciones negativas con ningún Gobierno, queremos trabajar armónicamente y contribuir desde la independencia", aseguró.Además, destacó la falta de diálogo con Acopi y la importancia de incluir a los empresarios en la toma de decisiones. Sobre la reforma laboral, Correa señaló la importancia de adaptarla a la realidad socioeconómica del siglo XXI, reconociendo que las nuevas generaciones buscan relaciones laborales flexibles. Correa propuso revisar aspectos como la jornada laboral, las licencias de maternidad y paternidad, y los contratos a término indefinido. En cuanto a la financiación de estas reformas, Correa señaló que es necesario investigar posibles intereses oscuros y demostrar cualquier ilegalidad judicialmente. Finalmente enfatizó en que Acopi no tiene una posición política o ideológica, sino que busca defender los intereses de los micro y pequeños empresarios de manera objetiva."Acopi no es de izquierda, derecha, ni centro. Solo es una organización empresarial que busca la defensa objetiva de los intereses de este sector", dijo. Escuche aquí la entrevista completa:
Frente a las serias acusaciones de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente ejecutivo nacional de Acopi, Rodolfo Correa, anunció que convocará a todo el gremio para exigir de manera unificada la suspensión del proceso legislativo de las reformas promovidas por el Gobierno.El escenario político colombiano se encuentra en el ojo público por nuevas revelaciones sobre presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, implicando a altos funcionarios del Congreso. Ante estas acusaciones, el presidente ejecutivo Nacional de Acopi, Rodolfo Correa, ha tomado una postura exigiendo la suspensión del trámite legislativo de las reformas propuestas por el Gobierno.En declaraciones recientes, Correa ha anunciado su intención de convocar al gremio de la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas para solicitar de manera unificada la suspensión de las reformas en curso. Añade que es inaceptable que reformas de tal alcance puedan estar a la sombra de la corrupción y la falta de integridad ética en la clase política."Estas acusaciones son muy graves para el país y por eso en mi calidad de presidente ejecutivo nacional de Acopi, la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas convocaré al gremio para proponerle a su junta que en pleno, desde el empresariado, se le solicite al Congreso y al Gobierno que se suspenda el trámite de las reformas legislativas hasta tanto se aclare si es o no cierto lo que se está denunciando, pues reformas como estas no pueden tener la duda de ser el fruto de la corrupción y la descomposición ética de la clase política" añadió Rodolfo Correa.Según Correa, las reformas en materia de salud, pensiones y laboral impactan directamente al sector empresarial que representa Acopi; sin embargo, este sector no ha sido debidamente consultado ni considerado en el proceso legislativo. Esta falta de transparencia y participación genera preocupaciones legítimas sobre la legitimidad de dichas reformas.El presidente Correa, subraya que la sociedad colombiana debe tomar una posición firme en su contra. La junta extraordinaria de la dirigencia gremial, convocada para este lunes 6 de mayo, se espera que emita una posición clara y contundente frente al escándalo que ha generado consternación en el país.
En los hogares usamos la energía para estar más cómodos, no tener que lavar la ropa a mano, o simplemente ver la televisión, pero en las empresas se gasta energía para producir o para vender, es decir, para una actividad económica.Las pequeñas empresas en Bogotá están muy preocupadas con las nuevas multas al consumo de electricidad y dicen que esto puede ser un castigo a la actividad económica en un momento en que la industria lleva más de un año en negativo.“Nos preocupa esa sanción, pero además nos preocupa porque este es un problema de carácter estructural. Hoy el alto costo que estamos pagando en Colombia por las tarifas eléctricas cada vez se incrementa más. Lo estamos viendo ya la situación del sector productivo en la costa atlántica, en donde ya, sin tomarse esta medida y entrar en vigencia, lo que va a pasar es que muchas empresas tienen que tener en consideración si continúan su operación o no, porque la disyuntiva es por vender más tengo que entonces prácticamente vender para pagar el recibo de la luz. Es decir, que es hacer pan para vender pan. Eso no es viable bajo ninguna óptica en un negocio. Entonces la situación hoy es alarmante”, dijo Alejandra Osorio, presidenta de Acopi Bogotá.Según el plan de ahorro del Gobierno nacional, las compañías tendrán que pagar el doble por cada kilovatio extra que consuman por encima de su meta mensual. Esto quiere decir que quienes quieran ampliar sus operaciones o poner una nueva máquina en funcionamiento se lo pensarán dos veces.Acopi dice que la problemática es especialmente compleja en sectores como la salud y la distribución de alimentos, en los que se usan equipos especiales como refrigeradores, cadena de frío o sanitización.Además, los pequeños empresarios de Bogotá están preocupados por las multas al consumo de agua, un insumo clave en algunas actividades económicas. El gremio pide al Gobierno y a la alcaldía que las medidas sean temporales.“Ninguna medida de restricción, al igual que lo comprobamos en pandemia, puede ser permanente en el tiempo, tienen que ser todas medidas pensadas en un tiempo corto, porque de lo contrario las afectaciones ya al sector de la economía económico van a ser muy altas”, dijo Osorio.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aseguró que el incremento del salario mínimo de 12% para 2024, aprobado por el Gobierno Nacional, tendrá un impacto significativo en el sector.Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el incremento representa un aumento del 62,9% en los costos indirectos para las empresas, lo que podría derivar en despidos, ajustes de precios o sustitución de importaciones."Si me aumenta el salario mínimo y tengo tantos trabajadores, entonces ¿cómo mantengo yo un mercado sano sin tener que ajustar precios?", se preguntó Quintero. "Hay que ser más eficientes y hay algo que no nos está acompañando el aporte al valor agregado de capital. Estamos colocando frente al mercado laboral. No se está generando el suficiente valor porque la productividad contribuyó negativamente", dijo.Según una encuesta de Acopi, por cada cinco trabajadores que se despiden en promedio se están vinculando cuatro empleados nuevos, lo que significa que hay una pérdida de un empleo.Quintero destacó que el sector empresarial ha hecho un esfuerzo por mantener los empleos a pesar de las circunstancias, pero que el incremento del salario mínimo podría dificultar esta tarea."El empleador sigue haciendo el esfuerzo, porque si hay algo que nosotros tenemos es un parte de nuestra los activos, el conocimiento de los trabajadores o colaboradores. Y en la medida que tú despides, es normalmente a iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Y eso toma como unos tres o cuatro meses y te lleva en desventaja", dijo.Salario mínimo en Colombia en 2024El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo de un 12 % para 2024, lo que lo llevará a 1.300.000 pesos. El auxilio de transporte también aumentó un 15 %, hasta 162.000 pesos.El aumento se produce después de que el Gobierno no llegara a un acuerdo con los trabajadores y los empresarios sobre el salario mínimo. El Ejecutivo argumenta que el incremento permitirá a los colombianos mantener su poder adquisitivo a pesar del aumento de la inflación, que este año será cercana al 10 %.El presidente Petro aseguró que el aumento del salario mínimo "va a haber el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo".La decisión del Gobierno se basa en varios factores, entre ellos:La baja del precio del dólar, que está cerca de los 3.800 pesos colombianos.La expectativa gubernamental de que la inflación será de un sólo dígito en 2023.La disminución del desempleo en noviembre, que bajó al 9,0 %.El aumento del salario mínimo beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores colombianos.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
