Acemi, el gremio que representa a las EPS de régimen contributivo, se pronunció recientemente ante la ponencia de la reforma a la salud radicada en el Congreso de la República. Por medio de un comunicado, la entidad reconoce el esfuerzo conjunto del Gobierno nacional, los representantes ponentes y las organizaciones sociales que han participado en la construcción de un escenario técnico de diálogo.En segundo lugar mencionaron que , tras un análisis de la ponencia, se valora positivamente que se hayan considerado diversas propuestas y observaciones de las sesiones de la Mesa Técnica y la Audiencia Pública. Estas contribuciones incluyen nuevas fuentes de financiación y mecanismos para aliviar deudas con la red prestadora, elementos cruciales para la sostenibilidad del sistema.Sin embargo, persisten desafíos en términos de conceptualización, operatividad y transición al nuevo modelo. Es esencial ajustar estos aspectos para asegurar una gestión del riesgo efectiva y definir claramente las rutas de atención para los pacientes.Por otro lado, le hacen un llamado a los congresistas para que promuevan un diálogo técnico y plural que contemple todas las iniciativas relacionadas con el financiamiento y funcionamiento del sistema de salud. Esto garantizará que las decisiones sean coherentes y armoniosas.Finalmente, enfatizó en la necesidad urgente de adoptar medidas para evitar el deterioro de la atención en salud. El pago de deudas por presupuestos máximos y la determinación de recursos adecuados para 2025 son importantes para conjurar la crisis actual y asegurar una transición ordenada del sistema.
Durante un debate en plenaria del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siguió dejando en evidencia la relación que sostiene con la presidenta de Acemi, Ana María Vesga.Según Jaramillo, se realizaron 17 mesas de trabajo con las EPS para discutir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) afirmando que esto lo puede sostener las entidades, aunque Acemi lo niegue.“Hay una señora que supuestamente representa a las EPS, pero toma decisiones sin siquiera hablar con ellas. Ella determina lo que considera conveniente sin consultar a las EPS”, señaló el jefe de carteraEstas diferencias entre la presidenta de Acemi y el ministro de Salud no son recientes, pues, hace un tiempo, se reveló que, durante una mesa técnica, convocada por la Defensoría del Pueblo para abordar el desabastecimiento de medicamentos, surgieron conflictos similares. En dicha reunión unos funcionarios del Ministerio de Salud solicitaron la expulsión de los delegados de la entidad.Por otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó a la Contraloría levantar el velo corporativo a las EPS investigadas: “Levanten el velo corporativo, para mirar dónde están los recursos que hoy no están aquí y saber dónde fueron a parar. Las que se quieren salir las que están tratando de salirse”, añadió.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) lanzó un plan de contingencia para mitigar los impactos de la crisis por el paro camionero y asegurar la salud y bienestar de sus afiliados.La entidad hace un llamado urgente al Gobierno y a los transportadores para habilitar corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, transporte de pacientes, profesionales de la salud, así como de insumos médicos, medicamentos y oxígeno.Para enfrentar los desafíos derivados del paro camionero, las EPS están implementando tres estrategias principales:Articulación con agentes del sistema: se han establecido puentes de comunicación con las Secretarías de Salud en todo el país para garantizar el cumplimiento de las rutas de atención necesarias para los pacientes. Esta coordinación es fundamental para asegurar que los pacientes reciban la atención requerida a pesar de las dificultades logísticas.Asistencia remota: dado que algunos usuarios pueden tener dificultades para llegar a sus sitios de atención, se está reforzando la atención por teleconsulta. Esta medida permite a los pacientes recibir asistencia médica sin necesidad de desplazarse, reduciendo el riesgo de interrupciones en el tratamiento.Fortalecimiento de canales de comunicación: se está trabajando para priorizar los canales telefónicos y virtuales, facilitando la resolución de requerimientos y la continuidad de la atención. Además, se considera extender los horarios de atención en estos canales para reprogramar citas y atender emergencias, siempre que las condiciones lo permitan.Acemi invita a los usuarios a hacer un uso racional de los canales habilitados por sus EPS para la atención de sus solicitudes, y a priorizar la solicitud de servicios en las próximas horas mientras se normaliza el flujo logístico en el país. Este plan de contingencia permitirá manejar mejor la situación y garantizar que los servicios de salud continúen funcionando de manera efectiva durante el paro camionero.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió al paso a las declaraciones que más temprano habían dado las directivas de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que calificaron el 2024 como uno de los peores años para la salud en el país.Según la agremiación, para final de año habrá un déficit de $5,9 billones de unidad de pago por capitación, UPC, Presupuestos Máximos PM y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sumado a un faltante $3,6 billones para el financiamiento de todo el sistema de salud.Acemi detalló que la la inflación, la incertidumbre con las reformas a la salud y la insuficiencia en la entrega de recursos son algunas de las razones que han llevado a esta situación.Sin embargo, el ministro Jaramillo desestimó las alertas asegurando que los problemas vienen de gobiernos anteriores y pidió revisar las cuentas.“Si no, no hubiera existido el punto final, con $12 billones que tuvo que sacar el Gobierno nacional para poder cubrir las dificultades que se presentaron. Aquí este Gobierno ha venido cumpliendo, es así que hoy tenemos ya pago, por ejemplo, el mes de agosto, un cierto presupuesto máximo al mes de junio y ya están las resoluciones para julio, agosto y septiembre”, argumentó Jaramillo.Esa declaración se dio tras una reunión con la bancada de independientes de la Cámara de Representantes en la que también asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para hablar precisamente de las reformas. Allí, al finalizar, Jaramillo aseguró que Ana María Vesga, directora de ACEMI, debía revisar las cuentas.“Entonces, yo creo que de pronto le fallan las sumas y restas a nuestra doctora Vesga”, puntualizó.
Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, advirtió que el país podría cerrar el año con un déficit de 2.3 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el gobierno destina para la atención de cada paciente. Acemi estima que el déficit total del sistema de salud podría llegar a los 5.8 billones de pesos al final del año, lo que podría representar hasta el 1.5 % del PIB del país, constituyendo una de las mayores crisis presupuestales en la historia reciente.Acemi sostiene que este año podría cerrar con el mayor déficit financiero en la historia del sistema de salud colombiano, lo que se traduciría en una falta de recursos críticos para la atención de los pacientes y el funcionamiento adecuado de los servicios de salud. La preocupación radica en cómo este desfase presupuestario impactará la capacidad del sistema para proporcionar atención médica y asegurar la continuidad de tratamientos esenciales.Por otro lado, Acemi advierte que, si el panorama no cambia, en 2025 el sistema de salud podría enfrentar un déficit aún mayor, de hasta 3.6 billones de pesos. Esta situación plantea serios desafíos para el futuro del sistema de salud colombiano y para los pacientes que dependen de un suministro constante de medicamentos y atención adecuada.Además, Acemi ha declarado que no conoce el documento de la reforma a la salud que el gobierno pretende presentar en las próximas semanas. En respuesta, el ministro de Salud desmintió estas afirmaciones, señalando que el documento cuenta con la firma de la entidad. "No pueden faltar a la palabra, no se puede mentir ante la opinión pública", declaró Guillermo Alfonso Jaramillo.Otra de las problemáticas que enfrenta el sistema de salud es la crisis de desabastecimiento de medicamentos que afecta a pacientes de alto costo. Según el último reporte del Invima, en agosto de 2024 se identificaron 15 medicamentos desabastecidos, incluyendo aquellos esenciales para tratar condiciones como la epilepsia. Además, hay 8 medicamentos en riesgo de desabastecimiento, lo que ha generado creciente preocupación entre los pacientes y sus representantes.Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, expresó su descontento, afirmando que, a pesar de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Salud, el problema persiste sin una solución a la vista. La falta de medicamentos representa un desafío significativo para aquellos que dependen de tratamientos continuos para condiciones graves.La crisis de abastecimiento también ha sido amplificada por recientes denuncias en los medios. La Superintendencia de Salud publicó un video en el que se muestra que la distribuidora Audifarma no estaba cumpliendo con la entrega de algunos medicamentos. En respuesta, Audifarma emitió un comunicado señalando que el sistema de salud enfrenta una de las mayores crisis de su historia debido a la escasez de recursos, negando la existencia de una estrategia para restringir la entrega de medicamentos.
En una reciente denuncia a través de su cuenta de X, el representante Andrés Forero ha alertado sobre una situación crítica que podría afectar gravemente a los pacientes de alto costo en el país. Forero afirmó que el Gobierno podría estar en riesgo de la vida de estos pacientes debido a la falta de fondos para pagar los presupuestos máximos corrientes del año 2024, que ascienden a dos billones de pesos. De acuerdo con Forero, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que no hay suficientes recursos para cubrir estos presupuestos y que, en el mejor de los casos, los pagos podrían realizarse en diciembre.En respuesta, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha emitido un comunicado detallando la situación. Según Acemi, el Ministerio de Hacienda ya había notificado anteriormente que no se efectuaría el pago de $820.000 millones correspondientes al ajuste de la vigencia del año 2022. Este monto adeudado aún está pendiente, lo que agrava la situación actual. La última actualización del Ministerio de Hacienda revela que, debido al bajo nivel de recaudo, no se garantizan los recursos necesarios para cubrir los presupuestos máximos de julio a diciembre de 2024. Hasta ahora, el último pago recibido por las EPS fue por los servicios prestados en junio. Esto deja a los presupuestos máximos sin financiación para los próximos meses, creando una brecha de aproximadamente $1.8 billones que debe ser cubierto para finalizar el año. Acemi destacó que el 90 % de los recursos asignados a los presupuestos máximos se destinan a cubrir los servicios y medicamentos de alto costo, especialmente para pacientes con enfermedades raras y huérfanas, quienes dependen en gran medida de estos recursos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). La falta de pago podría tener consecuencias graves para estos pacientes, quienes enfrentan riesgos significativos si no se garantiza la continuidad de su tratamiento.
En medio de la crisis en la salud que atraviesa Colombia, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga para discutir la crisis financiera que enfrentan las EPS en Colombia y las intervenciones que se han realizado en el sistema de salud.Vesga comenta que si bien la medida del giro directo ha mejorado los flujos de pago a los prestadores de las EPS, no ha solucionado el problema de fondo que es la insuficiencia de recursos."Hemos insistido en que la medida del giro directo corrige probablemente los flujos a todos los prestadores de las EPS, pero no corrige el problema de fondo que es el problema de la insuficiencia: el de los recursos que siguen llegando a la red son los mismos. Los dineros siguen siendo los mismos entonces estamos enfrentando un tema de insuficiencia que no se ha resuelto, que está quedando en evidencia. Los dineros no están alcanzando", dijo Vesga.A pesar de que las EPS intervenidas están presentando la misma situación, los recursos no son suficientes y el cierre financiero del primer semestre muestra una siniestralidad superior al ciento diez por ciento.La presidenta de Acemi destaca que las intervenciones no garantizan una mejora en el servicio de salud, ya que generan una mayor demanda de servicios que las EPS no pueden atender adecuadamente."Lo que sí está pasando es que hay una demanda mayor de servicios que hacen por cierto, que que los que las mismas EPS en su capacidad de red y en su dificultad que tienen con sus mismos proveedores y prestadores, pues no puedan atender correctamente toda esa demanda. Eso genera más quejas y reclamos, eso genera más tutelas por insatisfacción de los usuarios", resaltó.Además, menciona la preocupante situación de la deuda de las EPS, donde el Ministerio de Hacienda ha respondido que no hay dinero para pagar los ajustes de presupuestos máximos ordenados por la Corte Constitucional.¿Cuándo será el desmonte de la Eps Sura?Por otro lado, se menciona la solicitud de retiro de Sura del sistema de salud y la falta de respuesta por parte del Gobierno. También analizó el informe de la Contraloría que revela gastos cuya destinación se desconoce en el año 2020."La información que que nosotros tenemos, pues es la de la solicitud que hizo la EPS. Y y posterior información que le han venido entregando a la Superintendencia de acuerdo a los requerimientos, está cursando el término de ley y eso todavía, está en su curso y en su plazo legal. De manera que pues ahí no hay noticia todavía esperar la respuesta de la Superintendencia sobre la solicitud", indicó.Finalmente, la crisis financiera de las EPS y las intervenciones en el sistema de salud requieren una atención urgente por parte del Gobierno y una solución integral para garantizar la atención adecuada a todos los colombianos.Escuche la entrevista completa acá:
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló en primicia la carta de siete páginas firmada por Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en la que recopila varios puntos dirigidos al Ministerio de Salud sobre el actual sistema de salud y en la que enfatizan que "no hay otra alternativa para las EPS que el retiro voluntario del sistema", como recién ocurrió con Sura.Este documento es una advertencia sobre el riesgo financiero y la desaparición del actual sistema de aseguramiento de salud en Colombia bajo las actuales condiciones del sistema preventivo de salud que implementa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.“En la situación actual, las EPS, sin solución al desfinanciamiento de la UPC y de los presupuestos máximos, sin posibilidad legal de ser relevadas de su responsabilidad sobre el riesgo financiero, aumentando mes a mes sus pérdidas y por tanto incumpliendo indicadores que seguramente darán lugar a intervención por la Superintendencia Nacional de Salud, no tienen camino para su transformación en Gestoras, ni para continuar en el sistema bajo las condiciones actuales exigibles a las EPS. El retiro voluntario que ha sido la última alternativa considerada y la menos deseable, se materializa como la única opción posible”, dice la carta.El gremio que agrupa a las EPS privadas expresa tres preocupaciones en el documento enviado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo."Primero, por el sentido de urgencia que tiene el mismo, dada la profunda crisis financiera que atraviesa el sector y que pone en peligro de intervención a la mayoría de las EPS. La segunda sobre su pertinencia, en el sentido de que se quiera asimilar un ejercicio “computacional” a la determinación de la suficiencia de una prima de riesgo, que se trata de un ejercicio técnico mucho más complejo que comprende la modelación estadística y econométrica del gasto en salud. Tercero, a lo anterior se suma el desconocimiento y desconfianza en los registros contables reportados por las EPS y debidamente auditados por revisores fiscales. Esta desconfianza en documentos que gozan de presunción de legalidad trata de corregirse acudiendo a un intento de reconstrucción contable, que además de conllevar un desgaste importante de tiempo y recursos constituye una talanquera en la búsqueda de soluciones reales y prontas a la situación que atraviesa el sector y que pone en peligro la salud y vida de millones de colombianos”, advierte la misiva.La magnitud de esta solicitud comprendería entre 500 y 600 millones de facturas o su equivalente de 4.000 millones de ítems o servicios prestados y entre 3.000 y 4.000 millones de folios adicionales de soportes. La labor encomendada a las EPS podría superar en algunos casos varios meses y en el caso de algunas EPS semestres enteros. Sin embargo, los plazos estipulados en el requerimiento no superan las dos semanasEn la carta el gremio de las EPS del régimen contributivo le plantea al Gobierno una alternativa para dar prioridad a la solución de la crisis financiera con un paquete de medidas de corto plazo que permitan dar sostenibilidad al sistema y “no poner en riesgo la prestación y la calidad del servicio de salud de los colombianos”.“Creemos entonces que un ejercicio técnicamente viable sería el de permitir que las EPS cuyo indicador de consistencia financiera se encuentre en el 80 % y el 90 %, puedan subsanar los registros que no fueron considerados para el cálculo del 2024. Algo parecido podría aplicarse para las cuatro EPS que fueron consideradas en el ejercicio, pero perdieron también un número importante de registros y de costos y aún para quienes tuvieron una desviación del costo medio reportado y que hoy pueden justificarse por problemas en los estándares de reporte. Este ejercicio podría realizarse en un periodo máximo de 45 días”, detalla el documento.Aquí la carta:
En un tiempo ya no se hablará de traslados de una EPS a otra, sino de la “consolidación de un sistema público de salud, el regreso del Instituto de Seguros Sociales”, aseguró la presidenta de Acemi, Ana María Vesga. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, advirtió que el retiro voluntario de Sura no será el único ni el último en el sistema de salud; sin embargo, aclaró que es una decisión de cada entidad, más no del gremio.“Frente a la situación actual, frente a la imposibilidad de las EPS de ser relevadas del riesgo financiero a través de la reforma (a la salud), el retiro voluntario aparece como la única opción posible para las EPS. Ayer lo hizo Sura después de un año de haber avisado al Gobierno que está situación podía presentarse y advertimos que puedes presentarse más (…) Es esta la única opción frente al hecho de que las medidas financieras no se han tomado”, manifestó.Vesga enfatizó que, probablemente, en las próximas horas más EPS solicitarán el retiro voluntario. Aunque no dio los nombres de cuáles serían, dijo que “dependerá de los tiempos” de cada una. Asimismo, recalcó que esta “única opción” ya se expusieron al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, desde la semana pasada; entendiendo que las perdidas siguen aumentando y, para esta primera mitad de año, ya rondan los siete billones de pesos.A esto se suma la “limitada” capacidad de recepción de pacientes por parte de otras EPS y, de las que quedan en pie, se espera que solo algunas puedan asumir "parcialmente" el número de colombianos que quedarían sin servicio de salud en caso de que todas las EPS que están en proceso de retiro dejen de operar. Incluso, recordó, algunas ya intervenidas por ley no podrían hacerse cargo de esta situación.Sura EPS pide al Gobierno que la retiren del sistema de salud“No puede sostenerse un mundo para las aseguradoras cuando la realidad es que hoy estamos gastando 112 pesos de cada 100 que nos entregan, eso es una realidad para todas, sin excepción. Entonces, el tema se hace muy crítico. Repito, lo dijimos al ministro en una comunicación la semana pasada, de la cual le enviamos copia a la Presidencia y la Corte Constitucional, el retiro voluntario es la única alternativa porque la realidad es que cuando nos acercamos al Gobierno, inclusive, para evaluar cómo transformarnos en gestoras, para continuar en el modelo, para seguir protegiendo a la población, lo hicimos advirtiendo que si no se resuelve particularmente el tema de la UPC para el 2024 y se hace un correcto cálculo, es imposible continuar y nada de eso ha sucedido”, insistió.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Luego de la reciente decisión de la Corte de suspender la resolución que ordenaba el descuento del 5 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) destinado a la operación de equipos de salud. La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, ha expresado su opinión ante a través de su cuenta en la red social “X"Vesga, añade que anteriormente se habían hecho las advertencias previas de Acemi sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la financiación del sistema de salud. Según Vesga, destinar un 5 % de la UPC a los equipos de salud pone en riesgo el financiamiento de otras áreas esenciales dentro del sistema y enfatizo que la correcta financiación del sistema de salud debe ser la prioridad número uno en la agenda de todos los actores involucrados, resaltando la importancia de un manejo prudente y equilibrado de los recursos para garantizar la sostenibilidad y eficacia del servicio.Cabe recordar que esta decisión se habría tomado para revisar la situación de los recursos de salud, específicamente los destinados a la UPC. Esta suspensión estará en vigor hasta que el Consejo de Estado emita un veredicto definitivo sobre la legalidad y constitucionalidad de dichas disposiciones.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) se pronunció recientemente sobre la crisis que está viviendo el Icetex, donde afirman que este programa de préstamos ha sido clave para complementar la cobertura educativa en el país, que actualmente alcanza un 54 % gracias, en parte, al apoyo brindado por las universidades privadas, las cuales han trabajado de la mano con el sector público para ampliar el acceso a la educación superior.Sin embargo, la Asociación expresó su creciente preocupación por la situación crítica que enfrenta Icetex en la actualidad. A pesar de su importante rol en la financiación de los estudios superiores, las universidades, tanto públicas como privadas, no han recibido los recursos pendientes para el año 2024, lo que genera una gran incertidumbre sobre la continuidad de la oferta educativa en el próximo año. Sin embargo, es más alarmante la falta de claridad sobre los recursos para el crédito educativo de 2025, lo que amenaza con restringir el acceso de los estudiantes a la educación superior.Desde la entidad afirman que esta situación coloca a los jóvenes colombianos en una posición vulnerable, ya que, sin el apoyo de Icetex, se dificulta su capacidad para financiar sus estudios y transformar sus vidas a través de la educación. La Ascun hizo un llamado urgente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis, dado que el sistema de crédito educativo es un motor crucial para el desarrollo del país y la inclusión de todos los jóvenes en el proceso educativo.Por ello, desde la Ascun se solicitó un diálogo inmediato para encontrar soluciones viables que permitan garantizar la continuidad del crédito educativo, asegurar la estabilidad financiera de las universidades y, en última instancia, proteger los derechos de los estudiantes a una educación de calidad.Es esencial que el Gobierno, en conjunto con las instituciones educativas, trabajen de manera coordinada para superar esta crisis.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de Bogotá.La Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente. El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
