La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió investigación penal contra una patrullera de la Policía adscrita a la Metropolitana de Bogotá, con el fin de esclarecer los hechos en los que estuvo involucrada al golpear de manera violenta con su tonfa de dotación a un joven en la cara el pasado mes de octubre de 2024.“Todo esto luego de que se conociera a través de los diferentes medios sociales, una grabación en la que se observa un caso de abuso policial en el noroccidente de la capital colombiana. Se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre de 2024, luego de que la uniformada golpeara con su tonfa el rostro de un joven”, indicó la Justicia Penal Militar.Presuntamente, según destacan, el hecho se dio porque, al parecer, el joven sacó su celular para grabar el procedimiento policial en el que le solicitaron su identificación durante una requisa exactamente en la localidad de Suba, noroccidente de la capital del país.El conocimiento de estos hechos le correspondió al fiscal 2405 de conocimiento, quien, en el ejercicio de la acción penal y el deber de investigar los hechos que revistan las características de un delito, ya inició la correspondiente indagación preliminar.“La Fiscalía Penal Militar y Policial trabajará con autonomía, eficiencia y transparencia para fortalecer la misión constitucional de la fuerza pública e investigar a los funcionarios que se aparten de estos preceptos”, agregó.
Un operativo de tránsito llevado a cabo en Floridablanca ha desatado polémica tras una denuncia por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de cuatro uniformados, dos de ellos adscritos a la división de Tránsito y Transporte. El denunciante, César Mejía, profesor de gimnasia, narró su versión de los hechos y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.Según el profesor, el incidente ocurrió mientras se desplazaba por el sector mencionado, donde fue detenido por un uniformado y otro agente. Mejía aseguró que no se encontraba en zonas de restricción vehicular por pico y placa en Floridablanca, y cuestionó el procedimiento.“Solo me pidieron la licencia y llamaron la grúa. Cuando reclamé la razón, el subintendente me respondió de forma grosera y me amenazó con arrestarme si me resistía a la inmovilización de la moto”, relató.El denunciante indicó que comenzó a grabar los hechos con su celular, lo que presuntamente incomodó a los agentes, quienes pidieron refuerzos. Una vez llegaron dos policías más, Mejía asegura que fue agredido.En video quedó registrado el presunto exceso de fuerza: “El subintendente Villamizar se me abalanzó para quitarme el bolso y la moto. Me golpearon y usaron la pistola táser en diez ocasiones. Terminé en urgencias”, detalló.La Policía Nacional entregó una versión distinta. Según la institución, el ciudadano habría evadido el puesto de control y se mostró agresivo, lo que motivó el uso de fuerza para inmovilizarlo.“El uso del táser fue necesario porque el ciudadano estaba exaltado”, señaló la Policía a Blu Radio.La Fiscalía ya adelanta la investigación correspondiente, mientras que el profesor y su abogado insisten en que el procedimiento fue irregular y vulneró sus derechos fundamentales.
Desde este miércoles, un grupo de la Policía conformado por 35 funcionarios entre investigadores, Gaula Élite y grupos de operaciones especiales de la Policía, empezaron a trabajar en Barranquilla junto a tres fiscales que estarán las 24 horas del día atentos a las actividades que se estén programando para combatir la criminalidad que está azotando la capital del Atlántico.La idea es captura actores criminales como sicarios, delincuentes reconocidos, sitios de expendio de drogas entre otros, por lo que se estarán realizando permanentes allanamientos, así lo indicó el coronel Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.“Este grupo, su finalidad principal será hacer frente de manera inmediata en la medida en que vayamos recibiendo información. Se estarán materializando prácticamente de manera inmediata diligencias de allanamiento y registro, es decir es un grupo que estará desarrollando de manera permanente diligencias de allanamiento y registro contra estas estructuras criminales”, dijo el oficial.Para respaldar el trabajo de inteligencia, la Policía dispuso el número de celular 3178965523 para la recepción de información sobre homicidios, expendios de estupefacientes, sitios de almacenamiento de armas, ubicación de personas con órdenes de captura y todo tipo de delitos.La idea es que una vez la ciudadanía entregue la información bajo total reserva, los investigadores se encargan de clasificarla y verificarla para posteriormente, en coordinación con la Fiscalía, realizar las actuaciones requeridas.
Un polémico hecho se reportó en el barrio Manrique de Medellín cuando, al parecer, un joven de 13 años habría sido impactado con un bastón por un uniformado. Según informan las autoridades los hechos se reportaron en medio de un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá donde el joven, quien se movilizaba en una motocicleta, fue golpeado en el rostro.Desde la Policía reprocharon el actuar del uniformado e indicaron que los hechos ya se encuentran en investigación. Según el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el joven habría tratado de golpear al hombre con su vehículo, lo que ocasionó esta reacción de parte del policía."Ocurrió en un puesto de control dentro de los planes que estamos adelantando, de los diferentes planes que se han concebido para la seguridad de Medellín. Lo que nos indica el uniformado es que este joven trató de, digamos, de tirarle la moto encima y en su reacción, pues saca la tonfa y golpea sobre la ceja a este joven de 13 años de edad", destacó el uniformado.Debido al golpe propiciado el joven fue atendido en un centro asistencial, mientras que la madre del menor instauró la denuncia correspondiente. Desde la Policía se indicó que institucionalmente ya se inició el proceso disciplinario con justicia penal militar.
Las disputas en torno al peaje Papiros siguen registrándose, pese a que ya fue levantado el plantón que adelantó la comunidad de Puerto Colombia desde el pasado 2 de septiembre, pues, debido a las confrontaciones que se han presentado entre la comunidad y los miembros de la Policía, el gobernador del Atlántico hizo un llamado a la calma y a la paciencia. Aseguró que en menos de dos meses será retirado este cobro, tras pasar la vía a administración departamental. "El diálogo y la concertación son el único camino para soluciones duraderas. Estamos a punto de eliminar definitivamente el peaje Papiros. Pido a los manifestantes y a la ciudadanía mantener la calma y la paciencia", indicó el mandatario a través de su cuenta de X. Sin embargo, desde la Agencia Nacional de Infraestructura hicieron un llamado frente a la necesidad que tiene la concesión de seguir adelantando estos cobros, tras casi dos años de suspensión del mismo. Ante esto, explicaron que la intervención de la Policía ha sido ante el agotamiento del diálogo como mecanismo para finalizar las protestas. "Rechazamos las dinámicas de desinformación con fines difíciles de comprender. ANI no faltó a la verdad, cada proyecto tiene sus particularidades y es único", señaló la entidad a través de un trino en el que cuestionaron directamente a la líder de la protesta Karol Solis. Ante esto, la docente universitaria cuestionó al gobernador y al ANI sobre la falta de cumplimiento en acuerdos y sobre el poco acompañamiento durante la intervención de la Policía en las protestas de la úlitma semana. "¿Por qué, Gobernador, si dice que el diálogo es la vía, buscaron anular a los manifestantes con una emboscada política y también represiva contra nuestra integridad, y sus funcionarios estigmatizan, comparten información falsa abiertamente?", cuestionó Solis Menco.
Una denuncia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia ha generado indignación en Medellín, pues es un presunto caso de agresión por parte de la autoridad contra una abogada en la estación de Policía La Candelaria, en Medellín, en hechos ocurridos el 26 de agosto.De acuerdo con la denuncia de la mujer y de este gremio de abogados, un teniente coronel de esta estación la habría violentado, “arrojándola al piso sin mediar palabra, ejerciendo grotescos actos de violencia basada en género”. Según el relato, “otro policial la esposó y un tercero le introdujo los dedos en la boca para evitar que gritara, todo en presencia de más de diez policiales que estaban en la sala indolentes”.Los hechos quedaron registrados en un video que circula en las redes sociales.Tras lo sucedido, le habrían indicado que quedaba capturada. La mujer fue multada por Código de Policía por agresión a servidor público, pues según indicó la Policía Metropolitana, le habría pegado con el cuaderno en la cabeza al uniformado que aparece en el mencionado video, que al parecer, fue recortado para no mostrar la agresividad de la jurista.Si bien este gremio de defensores indicó que la abogada asistió para entrevistarse con una persona que está privada de la libertad allí para las audiencias ante el Juzgado 42 penal municipal con función de control de garantías de Medellín; las autoridades indicaron que la mujer era la asistente del abogado y que estas diligencias se adelantan de manera virtual. A su vez, dieron a conocer desde la Meval que solo un uniformado estaba presente versus el procesado y dos abogados, lo que va contra el protocolo de seguridad.Luego de que el caso fuera denunciado ante la Fiscalía General de Nación, La Policía anunció una indagación preliminar para determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron los hechos.A su turno, la Justicia Penal Militar y Policial indicó a través de su cuenta en X que investigará: “en coordinación con el Grupo de Policía Judicial adelantamos actos urgentes para esclarecer la presunta agresión física y verbal por parte de integrantes de la Fuerza Pública a una profesional del Derecho en Medellín”, dice un comunicado publicado allí.
Indignación ha causado el video en el que se observa a un intendente de la Policía agrediendo a patadas a uno de los hombres que se encuentra privado de la libertad en la Estación de Policía de Malambo.Por el momento, se desconocen las razones por las que el policía terminó atacando al recluso, quien ni siquiera puso resistencia y solo se retorcía en el suelo al recibir cada golpe; sin embargo, lo que sí queda claro en las imágenes es el abuso de poder que cometió el uniformado sobre esta persona detenida.Por lo menos así lo reconoció la Policía Metropolitana de Barranquilla, que a través de un comunicado rechazó “enfáticamente” esta situación en la que “se observa a un miembro de la institución, utilizando fuerza excesiva contra un ciudadano”.La institución informó que, una vez conocido el caso, “de inmediato se inició una investigación disciplinaria y se ordenó la separación del cargo del uniformado”.“La Policía Metropolitana de Barranquilla reitera que no tolera los actos que vayan en contra de los lineamientos institucionales”, se lee en la comunicación.
Los cinco militares israelíes que continuaban detenidos por abusar sexualmente de un preso palestino en la cárcel de Sde Teiman, al sur del país, pasarán a estar bajo arresto domiciliario hasta el jueves de la semana que viene a petición de la Fiscalía, según confirmó el diario Haaretz.En los próximos 10 días, la investigación del caso continuará y los materiales de esta "se transferirán gradualmente a la defensa y los sospechosos recibirán un informe de prisión preventiva".Concluida la investigación, "la defensa, si lo desea, podrá llevar a cabo una audiencia", concluye el comunicado castrense sobre la petición de la Fiscalía.Atroz caso de abuso en una cárcel El pasado 29 de julio, 10 militares fueron detenidos por el presunto abuso contra el preso palestino, que llegó al hospital con varias costillas rotas y signos de abuso en otros huesos, así como un desgarro en el intestino grueso y daños en un pulmón por la introducción de un objeto extraño por vía rectal, según relató poco después del incidente el médico que lo atendió a la radio pública israelí.Desde entonces, la detención de los soldados se ha ido prolongando semanalmente, si bien solo cinco continúan en el proceso.Según un reciente informe de la ONG israelí B'Tselem, este no es un "caso aislado". La organización entrevistó a 55 presos y, entre sus testimonios, se encuentra el de otro palestino que dijo haber sufrido otro abuso sexual por parte de un soldado cuando este intentó introducirle una zanahoria por vía anal.Desde que estalló la guerra, miles de palestinos, principalmente de la Franja de Gaza, han sido internados en Sde Teiman, ubicado en el sureño desierto del Néguev.Allí, las autoridades israelíes practican torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra palestinos, muchos de ellos presos sin tener cargos formales en su contra, según denuncias de la ONG Médicos por los Derechos Humanos de Israel y de Amnistía Internacional.La Fiscalía Militar presentó cargos el 30 de julio contra otro reservista por varios delitos de malos tratos contra varios presos palestinos. La acusación alega que este soldado, durante los meses de febrero a junio, utilizó presuntamente "una violencia severa contra los detenidos que se le había confiado su custodia".Estas detenciones provocaron violentas manifestaciones en la cárcel de Sde Teiman, alentadas por algunos de los ministros más ultraderechistas del Gobierno de Benjamín Nentnayahu, como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir o el de Finanzas, Bezalel Smotrich.Ambos han abogado públicamente, en más de una ocasión, por maltratar a los palestinos detenidos e incluso aplicarles la pena de muerte.Desde el inicio de la guerra, 60 palestinos han perdido la vida en prisiones israelíes, de los cuales 48 venían de Gaza, según B'Tselem.
En un trágico incidente, el exoficial del alguacil del condado de Sangamon, Sean Grayson, enfrenta cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de Sonya Massey, una mujer afroamericana de 36 años. La muerte de Massey, ocurrida el 6 de julio en Springfield, quedó grabada en video y generó indignación y debate a nivel nacional, incluso provocando una respuesta del presidente de EEUU, Joe Biden.Macabro casoEste lunes, se hizo público un video de la cámara corporal que muestra el momento en que Massey fue abatida por la policía. Massey había llamado al 911 en la madrugada para reportar la presencia de un presunto merodeador. Los agentes que respondieron a la llamada, después de buscar en los alrededores, llegaron a la casa de Massey y tocaron la puerta principal.En el video se escucha a uno de los agentes mencionar que oyó un teléfono sonar dentro de la casa, mientras Massey repetía: "Por favor Dios, por favor Dios, por favor", indicando que sentía miedo. Finalmente, cuatro minutos después, Massey abrió la puerta y explicó su situación.Los agentes, invitados a entrar por Massey, comenzaron a interrogarla y le solicitaron una identificación. Massey, visiblemente alterada, intentó mostrar otra documentación, pero los oficiales insistieron en una identificación específica. La situación se intensificó cuando Massey se dirigió a la estufa para buscar su identificación y tomó una olla de agua hirviendo, preguntando a los agentes: "¿A dónde van?".Grayson respondió: "Lejos del agua caliente y humeante". La tensión aumentó cuando Massey, aferrada a la olla, dijo: "Te reprendo en el nombre de Jesús... te reprendo". Grayson respondió de manera contundente: "Será mejor que no, te juro que te dispararé en la cara". Massey expresó disculpas e intentó cubrirse, pero en ese momento se escucharon tres disparos. El video muestra imágenes con contenido sensible.Consecuencias InmediatasEl segundo oficial presente intentó ofrecer primeros auxilios, pero Grayson lo desalentó diciendo: "No con un disparo en la cabeza… ya terminó". A pesar de esto, el segundo oficial trató de detener la hemorragia, observando que Massey aún respiraba débilmente.Uno de los aspectos más controversiales del caso es que Grayson no activó su cámara corporal hasta después de realizar los disparos. Los fiscales han señalado que Grayson podría enfrentar penas de prisión de 45 años a cadena perpetua por asesinato, de seis a 30 años por agresión y de dos a cinco años por mala conducta profesional.Reacciones y repercusiones: "Sonya Massey debería estar viva hoy".Tras la publicación del video, el Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, calificó las imágenes como "horribles" y expresó sus condolencias a la familia de Sonya Massey. Raoul destacó la necesidad de calma mientras el sistema de justicia procesa el caso y señaló que la investigación y la remisión a la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Sangamon parecían haber cumplido con la ley proporcionando la transparencia adecuada.El presidente Joe Biden también se pronunció tras la difusión del video, condenando las acciones de Grayson y afirmando que "Sonya Massey debería estar viva hoy". Biden subrayó que todos los estadounidenses deberían poder pedir ayuda sin temer por sus vidas y que la muerte de Massey es un recordatorio de los temores desproporcionados que enfrentan los estadounidenses negros.Debate ContinuoLa difusión del video ha intensificado el debate sobre la actuación policial y el uso de cámaras corporales. Muchas personas consideran que estas imágenes refuerzan la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de respuesta policial, especialmente en situaciones de alto estrés y posibles crisis de salud mental.El caso sigue bajo investigación, y se espera que las próximas audiencias judiciales aporten más claridad sobre los eventos que llevaron a la tragedia de Sonya Massey. Los abogados de la familia de Massey están preparando una demanda civil contra el departamento del alguacil del Condado de Sangamon, buscando justicia y una reforma en los entrenamientos y procedimientos policiales.La comunidad de Springfield ha respondido con vigilias y protestas pacíficas que exigen justicia y responsabilidad por la muerte de Sonya Massey. Mientras tanto, Sean Grayson permanece detenido a la espera de juicio, con su defensa argumentando que actuó en legítima defensa, aunque las pruebas visuales y los testimonios complican su argumento. Este caso podría marcar un punto de inflexión en la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades locales.Escuche el informe acá:
En las oficinas de la Policía Metropolitana de Barranquilla hay preocupación por un remezón que se viene presentando en las últimas semanas y que ha involucrado la orden de traslado de más de cien policías a zonas de conflicto como Cauca y Putumayo, así como a otros sectores del país. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, estos traslados han generado la masiva renuncia de patrulleros, quienes se han presentado en los últimos días para solicitar la baja, debido a la negativa de prestar servicio en estas zonas donde hay constantes ataques y hostigamientos por parte de grupos armados al margen de la ley, ante la orden entregada por el Gobierno de reforzar el pie de fuerza en estos sectores. Además, la medida de las reubicaciones habría sido tomada con el apoyo del alcalde Alejandro Char, quien está exigiendo resultados en medio del incremento de los asesinatos en Barranquilla, situación que además fue reconocida por el ministro de Defensa, quien envió un contingente de Gaula Élite a reforzar la lucha contra la extorsión y los homicidios.Respuesta de la PolicíaAnte la consulta realizada por Blu Radio a la Mebar por esta situación, a través de un comunicado descartaron que la orden de los traslados se deba a alguna irregularidad, aunque evitaron expresar información frente a las masivas renuncias. "Por necesidades del servicio de Policía y cumpliendo con la dinámica institucional, en los últimos dos meses 100 funcionarios policiales han sido trasladados a otras unidades externas o internas. Algunos de ellos ya habían cumplido un ciclo en la Metropolitana de Barranquilla, por lo que se consideró necesario un cambio de lugar de trabajo. Otros fueron rotados en estaciones dentro de la Mebar", expuso la institución a través de un comunicado. Explicaron que hay policías que cuentan con más de diez años de servicio en una misma unidad, lo que ha motivado los cambios para que tengan la oportunidad de cumplir con otros roles en diferentes zonas del país.
