Según el fallo del alto tribunal, la Superintendencia de Industria y Comercio no excedió sus facultades sancionatorias.
El Consejo de Estado confirmó la sanción que interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio a Argos por haber conformado con Holcim y Cemex un cartel empresarial para fijar los precios de cemento en el año 2005.
Según el fallo del alto tribunal, la Superintendencia de Industria y Comercio no excedió sus facultades sancionatorias contra estas empresas y dejó en firme de más de mil millones de pesos contra Argos y su representante legal, José Alberto Vélez.
Dentro de los argumentos, el Consejo de Estado advirtió que “no resultaba coherente que, ante la existencia de una supuesta guerra de precios, se coordinara un abastecimiento entre las cementeras del país”.
Los demandantes habían considerado que las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio carecían de argumentos sólidos y que no hubo respeto al debido proceso.
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No obstante, el Consejo de Estado analizó los actos administrativos que dieron origen a las sanciones y explicó que no encontró ningún vicio de nulidad para eximir la responsabilidad del representante legal de Argos en estos hechos.
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