La JEP recientemente anunció una imputación por falsos positivos en Antioquia contra 39 militares, entre ellos cuatro generales. Estas ejecuciones extrajudiciales se registraron entre 2004 y 2007.
Durante la rueda de prensa, la magistrada Catalina Díaz se refirió a la política de seguridad democrática del Gobierno Uribe.
“Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no tenía y no consignaba la política de conteo de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas, al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas , las desmovilizaciones y la recuperación del material de guerra", aseguró Díaz.
Tras este pronunciamiento, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, emitió un comunicado en el que aseguran que les genera preocupación la declaración de la magistrada Díaz.
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“Con esta afirmación parecería sugerirse, de manera contradictoria y prematura, que dicha práctica no hizo parte de una política gubernamental en su momento. Todo lo investigado hasta ahora indica que, por el contrario, existió un diseño institucional que favoreció la comisión de las conductas criminales, y que bajo ese diseño institucional se expidieron decretos y circulares, como la Directiva Permanente 017 de 1996 del Ejército, desarrollada por la Circular 6262 del 1999, o la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, que la propia JEP ha reconocido que catapultaron la comisión de desapariciones y asesinatos de civiles. Es durante el periodo de vigencia de la Política de Seguridad Democrática que esas normas se tradujeron en órdenes de los generales bajo las cuales se impuso la política de control de cuerpos, y se premió y condecoró a quienes la cumplieron”, señalan los representantes de las víctimas.
Por otro lado, la CCJ señaló que el hecho de que el conteo de cuerpos no estuviera descrito en el documento de la política de seguridad democrática no significa que no pueda haber responsabilidades en autoridades civiles.
“Hacemos una respetuosa, pero firme invitación a la JEP para que revise lo manifestado. La pregunta que debe hacerse no es por qué unos generales pudieron aplicar una política de facto, si el documento oficial en la materia no hacía ninguna mención del tema. La simple revisión del texto de la política de seguridad democrática no es suficiente para descartar su nexo con lo ocurrido. Para establecer si hubo responsabilidad de los altos funcionarios militares y de Gobierno es necesario estudiar a fondo su implementación. Así, lo que la jurisdicción debe intentar responder es exactamente quiénes y por qué, dentro del altoGobierno y la cúpula militar en Colombia, respaldaron, impulsaron o toleraron la aplicación de esta política de facto dentro del Ejecutivo, a sabiendas de que generaba una masiva violación a los derechos humanos”, agregó la CCJ.
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