'Ellos sabían, ¿quiénes dieron la orden?' es un informe que será presentado por 10 organizaciones de víctimas acreditadas en el caso de falsos positivos ante la JEP y con el cual buscan que algunos comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares, así como algunos agentes de Estado, sean llamados a rendir versión por su presunta responsabilidad por acción u omisión, por los hechos ocurridos entre 2006 y 2008.
Según las víctimas, estas personas podrían ser “máximos responsables, que por su nivel jerárquico, en atención a sus deberes y funciones, deberían ser vinculados a la JEP como comparecientes forzosos; para ser escuchados en versiones voluntarias”.
Empiezan explicando que la política de seguridad democrática fue un discurso que habría pretendido recuperar el orden a cualquier costo, presentando la seguridad como un fin en sí mismo y que el Gobierno “utilizó lo que ha sido denominado como discurso de odio para justificar graves prácticas violatorias de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales”.
Explican, además, que las denuncias sobre falsos positivos se empezaron a conocer desde 2004 por parte de entidades y organismos como la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo, que denunciaban posibles casos ante el Ejército y el Gobierno, principalmente, ante el Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia, en cabeza en ese momento de Francisco Santos.
El 12 de septiembre de 2006, la OACNUDH informa al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre cinco ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el Putumayo. Las reiteradas denuncias debieron activar un control por parte de las fuerzas militares y sus comandantes
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En este sentido argumentan que un superior también puede ser responsable por omisión cuando, sabiendo que se está cometiendo un delito, no lo previene o sanciona a sus subordinados.
Asimismo, señalan directamente al presidente de aquel entonces, asegurando que: “uno de los personajes que más resalta por la ausencia de acciones determinantes para evitar el fenómeno es Álvaro Uribe Vélez, y por ellos, aunque la JEP no tenga la competencia, debe contrastar los elementos y de encontrar el mérito compulsar copias sobre su posible responsabilidad”.
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En consecuencia, las víctimas entregaron a la JEP una lista de personas que por la posición que ocupaban en ese momento, podrían, presuntamente, haber tenido algún tipo de responsabilidad, así sea por omisión, en casos de ejecuciones extrajudiciales. Según ellos, incluso ante denuncias que se recibían desde el 2004, no se habrían tomado las acciones correspondientes para evitar y sancionar estos casos.
“En consecuencia solicitamos que la SRVR cite a las siguientes personas:
- Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época
- Francisco Santos Calderón, quien ostentó el cargo de vicepresidente de la República
- Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como ministro de Defensa
- Sergio Jaramillo Caro, quien se desempeñó como viceministro de Defensa
- General Fredy Padilla de León, quien se desempeñó como comandante general de las Fuerzas Militares
- General Mario Montoya Uribe, quien se desempeñó como comandante del Ejército Nacional”.
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