Víctimas de exFarc sobre recusaciones a magistrados JEP: "Afectan el acceso a la verdad"

En los últimos meses, han llegado 3 recusaciones por parte de abogados que representan a diferentes firmantes de paz ante la JEP . Estas recusaciones se han presentado contra la magistrada Lily Rueda, quien investiga los casos de reclutamiento durante el conflicto. Otra de ellas fue contra el magistrado Camilo Suárez, quien hace parte de la sección de primera instancia de Reconocimiento. Hubo además otra recusación contra la magistrada Belkis Izquierdo, quien es relatora del caso que prioriza la situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño.

En el caso de la magistrada Lily Rueda en la recusación se hizo referencia a su experiencia laboral, los abogados de los exfarc argumentaron que trabajó con dos organizaciones de mujeres, ya que fue consultora de Sisma Mujer y fue asesora legal de Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. En el mismo sentido, argumentan que su falta de experiencia como juez podría llevar a una mayor susceptibilidad a los sesgos cognitivos. También hicieron referencia a una foto en la que aparece con un grupo de víctimas del caso.

“Acto que demuestra que la magistrada siente y demuestra empatía por una de las partes, pues, no encontramos ni conocemos una manifestación similar con las y los comparecientes” señalaban los abogados en el documento.

Esta recusación fue rechazada por la JEP, pues los magistrados que analizaron el caso aseguran que no está en riesgo la imparcialidad de la magistrada.

En el caso de la magistrada Belkis Izquierdo, los representantes de los firmantes de paz consideraron que, posiblemente, la magistrada incurrió en tener un interés particular en el proceso y que pudo haber incurrido en algunas opiniones, algo que no está permitido para los jueces. Esta recusación aún no se resuelve por parte de la JEP.

Por último, el abogado de Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc, recusó al magistrado Camilo Suárez. El argumento es que su falta de imparcialidad se debía a que era un coronel en retiro del Ejército, pues además fue juez de la justicia penal militar.

Esta recusación fue rechazada, en parte porque la JEP considera que Granda presentó tardíamente este argumento, ya que Suárez hace parte de la jurisdicción desde 2017 y tomó otras decisiones en las que no se presentaron recusaciones. Pero también los magistrados consideran que a Suárez no se le puede atribuir una condición de imparcialidad por haber sido juez militar.

Posición de las víctimas

Blu Radio consultó sobre estos casos a Sergio Alzate, abogado de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, una organización que representa víctimas ante la JEP.

Para Alzate, esta situación se debe a un acoso sistemático y coordinado contra los magistrados de la JEP por parte de los comparecientes.

“Timochenko, Granda y más de 23 comparecientes, en lugar de aportar a la verdad, se han dedicado a tener en la práctica una amenaza sistemática que pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad. Son actuaciones temerarias y de mala fe, son actos de deslealtad que finalmente solo dilatan injustificadamente un proceso y esto afecta la posibilidad de encontrar la verdad”, asegura Alzate.

Desde Fevcol consideran que también es grave el hecho de que los 2 magistrados que han estado al frente del caso de reclutamiento han sido recusados.

Posición de la defensa de los firmantes de paz

Por otro lado, está la posición de los firmantes del acuerdo y su defensa. Camilo Fagua, representante de algunos comparecientes, asegura que la JEP debe garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y de toda la actuación procesal, con el fin de que se configuren nulidades o recusaciones que puedan generar demoras. Según Fagua, estas actuaciones buscan celeridad y eficiencia en los procesos, pues cuestiona algunos avances judiciales por parte de la JEP.

“El caso 02 se abrió en 2018, vincula a integrantes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP, son pocos los avances judiciales alcanzados en estos casi 5 años se ha centrado solamente en las Farc. Sin embargo, como se ha informado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 49 firmantes de Paz vinculados han aportado verdad en al menos 150 versiones individuales y colectivas. Al contrario de lo que se percibe, las acciones buscan celeridad y eficiencia, pero también que los procesos garanticen los derechos de las víctimas y los derechos de los comparecientes, que las acciones tengan carácter realmente restaurativo y cumplan con su objetivo de cerrar el conflicto definitivamente”, aseguró Fagua.