Esta mañana, miles de presos en condición de prisión domiciliaria en Colombia corren el riesgo de quedar sin el monitoreo de sus brazaletes electrónicos. Esto porque el contrato entre la empresa privada Buddi Limited Sucursal y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) expiró anoche.
Ludwing Joel Valero, director de la USPEC, conversó sobre esta problemática en Mañanas Blu con Néstor Morales. Según dijo la USPEC ha declarado la urgencia manifiesta en tres ocasiones desde 2021 debido a la falta de un nuevo proceso de licitación. Esta vez, el contrato venció sin que se cumpliera la orden del presidente de no permitir contratos con un único oferente, lo que llevó a la situación actual.
Valero explicó que la empresa Buddi Limited Sucursal ha estado a cargo del monitoreo de los brazaletes electrónicos desde finales de 2019. La urgencia manifiesta se declaró para permitir a esta empresa continuar brindando el servicio mientras se resuelve el proceso de licitación, que se espera abrir hoy.
Sin embargo, Néstor Morales cuestionó por qué la USPEC no había abierto la licitación anteriormente y por qué se había recurrido a la urgencia manifiesta en lugar de permitir la participación de múltiples oferentes. Valero defendió la necesidad de actualizar la ficha técnica que regula el proceso de selección para garantizar la pluralidad de oferentes.
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"Con la ficha que nos entregaron esta semana, nosotros ya con esa ficha garantizamos que haya pluralidad de oferentes porque se quitaron algunas cosas muy particulares que en últimas terminarían beneficiando a la firma que está", dijo.
El director de la USPEC admitió que han llegado ofertas de otras empresas para prestar el mismo servicio a un costo más bajo, pero argumentó que la ficha técnica anterior no permitía la participación de múltiples oferentes debido a ciertas condiciones específicas. Valero aseguró que la nueva ficha técnica permitirá la pluralidad de oferentes.
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Ante la insistencia de Néstor Morales sobre la necesidad de una licitación transparente, Valero defendió sus acciones y afirmó que seguirá las instrucciones del Ministerio de Justicia para garantizar un proceso de selección adecuado. Además, desestimó las acusaciones de preferencias políticas y reiteró su compromiso con la transparencia en la contratación pública.