Varias veedurías ciudadanas y organizaciones civiles se unieron para demandar penalmente por presunto prevaricato al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Entre las 16 organizaciones demandantes se encuentra la ONG Ruralia Urbana, la veeduría de Agua potable de Chía, la veeduría de Choachí, la Siembre Cota, entre muchas otras más.
Los demandantes indican que Claudia López y Nicolás García ejecutaron un presunto cobro ilegal de una sobretasa en los impuestos de vehículos por más de 100.000 millones de pesos.
Ante los hechos mencionados y para entender mejor la razón de la demanda, José Luis Sánchez, vocero de la red de veedurías del departamento, cabildos y colectivos sociales, se conectó con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.
“Al día de hoy no hay un solo municipio de Cundinamarca que haga parte del Órgano de la Región Metropolitana, no se ha consolidado ese Consejo Metropolitano, a la fecha de hoy no existe y se tomaron atribuciones basadas en el artículo 33 y de la Ley 2199 que crea la región metropolitana, generando unos cobros que no pueden darse porque aún no se ha constituido el Consejo Metropolitano”, explicó Sánchez respecto a la razón por la que instauraron la demanda.
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Según el vocero, se creó un sobrecosto del 0.2 % a la tarifa de los impuestos sobre vehículos automotores. Un oficio radicado por el diputado Wilson Florez al cual dio respuesta Saira Daniela Guarín, directora de rentas de la Gobernación de Cundinamarca, evidencia que “a la fecha del corte de agosto se ha hecho un recaudo de 7.034 millones de pesos por este 0.2 % y también tenemos respuesta de otro oficio de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en el cual informa que al 31 de agosto, tenemos un recaudo de 87.390 millones de pesos”.
“Son atribuciones que se están tomando sin que un solo municipio de Cundinamarca haga parte del órgano administrativo y tampoco se ha creado el Consejo Metropolitano y ya lo están cobrando. A la fecha no se ha identificado un solo hecho metropolitano y para que se creen, el artículo 13 de la Ley 2199, es muy claro que se debe hacer cuando sea expedido por el Consejo Regional, el cual no se ha creado”, explicó haciendo referencia a que la sobretasa no se debería estar cobrando en todos los municipios.
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El artículo 13 de la Ley 2199 indica: Procedimiento para la declaratoria de hechos metropolitanos. La declaratoria del hecho metropolitano se efectuará mediante Acuerdo Regional expedido por el Consejo Regional, a iniciativa del director de la Región Metropolitana o de los miembros del Consejo Regional, para lo cual debe contar con un documento técnico de soporte que caracterice los fenómenos metropolitanos de la región, establezca las interdependencias y defina las relaciones supramunicipales a que haya lugar, las enmarque en las estructuras territoriales pertinentes - físico especial, económica, funcional e institucional- y defina los objetivos a alcanzar con el tratamiento del hecho metropolitano. El documento técnico de soporte incluirá la ruta para la implementación de los planes y programas que se proponen para la gestión del hecho metropolitano, con sus plazos correspondientes.
“Hasta la fecha no puede haber un Consejo Regional y Metropolitano porque sería inaudito que solamente tomen decisiones el gobernador y la alcaldesa sin la participación del resto de municipios”, añadió.
Las veedurías esperan que tras la demanda se les devuelva la plata a quienes se vieron afectados con la sobretasa.
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