Las audiencias preparatorias del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez , acusado de fraude procesal, soborno en actuación penal y manipulación de testigos, se reanudaron este jueves 28 de noviembre. Durante la sesión, Uribe calificó su caso como uno de “enorme connotación política”, señalando que ha limitado su derecho a oponerse legítimamente al gobierno de Gustavo Petro .
El expresidente también reiteró su defensa frente a las acusaciones de que Diego Cadena, su abogado en ese momento, habría intentado sobornar a exparamilitares para desvincularlo de actividades ilegales con esa organización.
“Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos. Lo envié a corroborar información y buscar la verdad. Él dio ese dinero sin consultarme. Le creo que lo hizo por razones humanitarias”, afirmó Uribe, haciendo referencia a Cadena y al congresista Hernán Cadavid, quien fue su asesor en el Senado y testigo de los hechos.
Por su parte, Jaime Granados Peña, abogado defensor de Uribe, pidió al Tribunal Superior de Bogotá excluir pruebas que considera ilegales, como interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia. Según Granados, estas grabaciones, obtenidas por un “error” reconocido por la Corte, vulneran los derechos del expresidente y violan el secreto profesional entre abogado y cliente.
El penalista destacó que, desde el inicio de las interceptaciones, los investigadores sabían que era Uribe quien aparecía en los registros por su voz fácilmente identificable.
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Granados acusó a la jueza del caso de parcialidad al aceptar estas pruebas, pese a que su legalidad será determinada en la etapa de juicio. Además, aseguró que hay evidencia de que Cadena contaba con autorización formal para representar al expresidente en los asuntos legales en cuestión.