Blu Radio revisó los documentos de contratación de laUnidad Nacional de Protección (UNP) en donde se muestran que se han entregado, en las últimas tres semanas, contratos por cerca de 90.000 millones que fueron adjudicados directamente, no por licitación, bajo la figura de la urgencia manifiesta.
Son en total cinco contratos, desde el pasado 19 de octubre, para los servicios de “hombres de protección”, vehículos blindados y vehículos convencionales.
Estos son los contratos que entregó la UNP
- El primero fue entregado el pasado 19 de octubre por 33.198 millones de pesos para la contratación con la Unión Temporal Protección y Vida 2023, de hombres de protección para las zonas 2 y 11 que, entre otras, cubren zonas de alta conflictividad como El Tambo, Guapi, López de Micay, Mercaderes y Toribío en Cauca, así como varios municipios del departamento de Nariño.
- El siguiente fue firmado el 31 de octubre con las Uniones Temporales protección 2023 y Union Security 2023 por $30.303 millones de pesos para la contratación de escoltas en diferentes municipios de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Sucre, entre otro.
- Solo tres días después se entregó otro contrato bajo esta figura, por un valor superior a los $6.623 millones de pesos para el servicio de vehículos convencionales en las zonas 1 y 3 que contemplan la necesidad de más de 600 vehículos para lo que queda del año en Bogotá y los departamentos Cundinamarca, Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
- El 8 de noviembre se dio un nuevo contrato, en esta oportunidad para el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, con un costo de $9.241 millones de pesos con la empresa GMW Security Rent a Car, la cual debe suplir la necesidad de más de 500 de estos vehículos para los próximos dos meses en departamentos como Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima, Putumayo, Caquetá, entre otros.
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- Finalmente, el pasado miércoles, 9 de noviembre, se entregó a la Unión Temporal Protección Covas-2023 un contrato de $9.620 millones de pesos para la provisión de escoltas en la zona 6 establecida en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, San Andrés y Cauca.
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¿Por qué la contratación directa? ¿Demoras en el Ministerio de Hacienda?
En las resoluciones de justificación de la contratación vía urgencia manifiesta, la Unidad Nacional de Protección expresó el mismo argumento en todos los casos y es que no se puede interrumpir el servicio ni un solo día por tratarse de la seguridad y la vida de centenares de personas, muchas de ellas en zonas de conflicto o constantes problemas de orden público.
“Que de acuerdo con la misionalidad instituida para la UNP, se establece que se configura una inminente necesidad de garantizar la vida y seguridad de la población objeto de protección a través a la figura de urgencia manifiesta, por tratarse del bien jurídico primordial como la vida y la seguridad de las personas”, dijeron.
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El problema de origen, según los documentos, es que a la entidad se le entregó menos plata para 2023 de la que necesita, en el presupuesto general que fue aprobado en el Congreso el año pasado. Las cuentas son claras: el presupuesto les aprobó $578.000 millones cuando necesitaban $882.000 millones para la adquisición de bienes y servicios.
Ante esta situación, la Unidad de Protección le hizo un requerimiento al Ministerio de Hacienda de $433.000 millones de pesos, de los cuales, solo hasta el pasado 6 de octubre, el Ministerio aprobó mediante resolución 2529 que se le entregaran $200.000 millones a la entidad.
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Adicionalmente, la UNP advierte que el Ministerio de Hacienda hizo la aprobación de las vigencias futuras de forma “tardía”, lo cual ocurrió solo hasta el 1 de noviembre.
“Dado que el programa de Prevención y Protección debe velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales de los protegidos y las medidas de protección adoptadas en cada caso no admiten interrupción, es imperioso contar con la continuidad de los servicios para la provisión e implementación de vehículos blindados que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección a cargo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección con el fin de cumplir con los esquemas y medidas de protección implementadas por el CERREM, siendo la única alternativa viable, por la carencia de tiempo ya descrita, la urgencia manifiesta”, reconoce y advierte la UNP para usar la figura.
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