Unos 180.000 niños en Cundinamarca se quedarían un mes sin alimentación escolar

La Secretaría de Educación de Cundinamarca declaró desierta la licitación para la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar por 32.370 millones de pesos y una adición de alrededor 11 mil millones de pesos más. 

Esto se dio porque una de las empresas proponentes, la Unión Temporal PAE Cundinamarca 2018, interpuso varias quejas al comité evaluador sobre supuestos documentos falsos que habría aportado para el proceso su contraparte, la Fundación Vive Colombia. 

Como consecuencia, la Secretaría ordenó cinco aplazamientos a la audiencia pública que finalizaron este miércoles con la decisión de declarar desierta la adjudicación. 

Este contrato estaba previsto para atender la alimentación escolar de 172.259 niños del departamento durante 88 días. 

Blu Radio consultó con fuentes de la Procuraduría General de la Nación que aseguraron que, aunque la Fundación Vive Colombia, no tiene formalmente ninguna investigación abierta por irregularidades en contratación estatal o faltas disciplinarias, su representante legal, Germán Almanza Hernández, sí aparece nombrado en una investigación que adelanta el Ministerio Público por concentración del PAE desde 2013, justamente con la fundación Vive Colombia.

Aunque eso no significa que la Fundación estuviese inhabilitada para participar en el proceso o que Almanza Hernández o la fundación estén siendo investigados actualmente por la Procuraduría.

La Fundación Vive Colombia tiene numerosos contratos por miles de millones de pesos para el Programa de Alimentación desde ese año en varios municipios de Cundinamarca y en la ciudad de Tunja en Boyacá. 

Lo que sigue en adelante es la apertura de un nuevo proceso para la adjudicación final del contrato, al que los proponentes actuales podrían volver a presentarse. Mientras se define la fecha para esa nueva licitación a través del Secop y Colombia Compra Eficiente, los niños de Cundinamarca estarán durante varios días sin alimentos en las instituciones oficiales. 

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La Procuraduría pidió a principios de 2018 que se cambie el modelo actual del Plan de Alimentación Escolar con el fin de evitar la corrupción y asegurar más transparencia en el uso de los recursos. 

Por su parte, el Ministerio de Educación y los gobernadores del país adelantan una negociación para definir un nuevo esquema y los departamentos han propuesto que se cree una entidad central para administrar los recursos y crear la política y la normatividad al respecto.