La Fiscalía General de la Nación ya tiene todo listo para la lectura del escrito de acusación contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, imputada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, por hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2023 en Bogotá. Según el documento al que tuvo acceso Blu Radio, la exfuncionaria actuó con dolo, es decir, de manera consciente y voluntaria, al manipular procesos contractuales y canalizar recursos ilícitos, afectando gravemente el orden económico y la administración pública.
Según la Fiscalía, el entramado se inició en un contexto de presión por parte de congresistas. Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y miembro del mismo partido político de Ortiz, dio órdenes a Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, para adjudicar contratos por valores millonarios. Según la acusación, se estaban gestionando contratos por 60.000 millones de pesos a favor del senador Iván Name y más de 10.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle . En este esquema, Sandra Ortiz fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.
Debido a la premura con que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle. Estos montos provenían de la contratación ilícita en la UNGRD, específicamente del contrato de carrotanques que destapó el escándalo.
El caso se agravó con la organización de encuentros estratégicos. El 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño, Sandra Ortiz se acercó a Olmedo López para confirmar si había conversado con Carlos Ramón González, enfatizando que su intervención debía limitarse exclusivamente “a lo de Name”. Posteriormente, se planificó un desayuno el 25 de septiembre en la habitación 2312 del Tequendama Suite, donde se presentó formalmente a Name con Olmedo López. Durante esa reunión, se acordó adicionar 11.000 millones de pesos al contrato de obra número 9677-PPAL001-727-2022, ejecutado en el municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico, evidenciando el propósito de favorecer directamente al expresidente del Senado.
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La acusación también detalla el proceso de traslado del dinero ilícito, lo que confirma la premeditación del esquema de corrupción. El jueves 12 de octubre de 2023, en el apartamento 2312 del Tequendama Suite, Sandra Ortiz recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, entregados por Olmedo López y Sneyder Augusto Pinilla. Al día siguiente, el viernes 13 de octubre, Pinilla entregó otros 1.500 millones a la exconsejera, completando un total de 3.000 millones de pesos, movilizados en vehículos oficiales. La Fiscalía especifica que los automóviles utilizados tenían las placas VJV-973, KGF-361 y OBG-165, lo que evidencia el uso indebido de recursos estatales para facilitar el traslado de los fondos.
El entramado corrupción se extiende a la participación de otros actores. Mientras que Carlos Ramón González Merchán fue señalado por haber emitido la orden inicial, Pedro Castro, en su calidad de prestamista, facilitó un préstamo de 4.000 millones de pesos, ya que para esa fecha aún no habían ingresado los recursos provenientes de los sobrecostos del contrato de carrotanques. Según el escrito de acusación, a Pedro Castro se le devolvió el dinero con un interés pactado del 2,3 % por su colaboración.
Ante estos hechos, la Fiscalía solicitará en juicio una condena no menor a 10 años para Sandra Ortiz, pena que podría incrementarse según la dosificación que determine el juez en virtud del delito de lavado de activos. Se recalca que la exconsejera actuó de forma dolosa, siendo plenamente consciente de la ilicitud de sus acciones, a pesar de su amplia trayectoria en el sector público, donde desempeñó cargos de alta responsabilidad.
Esta semana se fijará la audiencia para la lectura del escrito de acusación, momento a partir del cual comenzará a correr el tiempo en contra de Sandra Ortiz si decide negociar o buscar algún acuerdo.
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