Este jueves, 25 de noviembre, el presidente Iván Duque hizo un cuestionamiento a los jueces del país por emitir fallos para frenar leyes que pasaron por el Congreso y que luego fueron sancionadas. Esto en medio de la incertidumbre de la ya firmada Ley de Garantías, el presidente dijo que la libertad de interponer demandas no puede poner en jaque la capacidad del poder ejecutivo.
Desde Barranquilla, donde asistió a un encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Duque hizo referencia indirecta al proceso de la Ley de Garantías, en el que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, le ordenó al Gobierno abstenerse de aplicar los cambios realizados a la ley cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, cambios que permiten a las alcaldías y gobernaciones mover presupuestos y suscribir convenios administrativos en época electoral.
“No se entiende cómo aparecen fallos que buscan evitar que se dé cumplimiento a una ley sancionada. Claramente se pueden instaurar las demandas procedentes a los artículos y contenidos de las normas que deben tener su curso a través del sistema de acción de tutela”, afirmó Duque.
Duque celebró que la Comisión de Disciplina Judicial investigue el caso y dijo que estamos ante un atropello sin precedentes cuando los jueces ponen en duda la legitimidad de las leyes sancionadas por el ejecutivo y aprobadas en el legislativo.
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“Celebro también que la Comisión de Disciplina Judicial haya abierto investigaciones sobre estos hechos porque más allá de presentarse en la coyuntura actual o más allá de tener que ver con un hecho de connotación inmediata, estamos sencillamente ante un atropello sin precedentes”, recalcó.
Duque dijo que “no puede ser” que se trate de hacer un pronunciamiento sobre normas que han sido sancionadas dejando un cuestionamiento sobre si la sanción está revestida de legalidad.
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“Toda sanción después de haber surtido el proceso democrático, deliberativo establecido en la Constitución en el Congreso y después de su sanción, debe tener el curso que le corresponde. Obviamente se entenderá la libertad de interponer demandas, pero no por ello se puede tratar de alterar la capacidad del poder ejecutivo para sancionar y dar aplicación de las leyes que han cumplido su curso”, puntualizó.
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