El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido analizar una demanda que busca invalidar el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social. La demanda sostiene que el decreto 280 del 5 de marzo de 2024, que formalizó dicho nombramiento, presenta varias irregularidades en su proceso, por lo que debe ser anulado.
"El acto demandado está viciado de nulidad, ya que no se publicó previamente el acto de nombramiento en encargo de Iván Enrique Fernández Pérez ni la finalización de dicho encargo", se argumenta, en referencia a que Fernández Pérez fue designado tras la salida de Laura Sarabia Torres.
No obstante, el Tribunal no aceptó la medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente a Bolívar mientras se resolvía el caso. Según el Tribunal, no se cumplen los requisitos para tomar esta medida. En la resolución, se establece que se recolectarán pruebas documentales y testimoniales para determinar si hay fundamentos para anular el nombramiento de Bolívar.
Adicionalmente, existe otra demanda en el Consejo de Estado en contra de Bolívar, argumentando que no cumple con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo. "Se ha evidenciado que el nombramiento se hizo sin que el designado reuniera los conocimientos y competencias exigidos por la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y competencias laborales, vulnerando el principio de igualdad y configurando una desviación de poder por parte del Gobierno nacional encabezado por el presidente de la República", señala el demandante.
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En su hoja de vida, Bolívar registra cinco años de experiencia en el sector público, destacando su tiempo en el Senado. En 2018, renunció a su escaño para postularse a la Alcaldía de Bogotá. Además, se cuestiona su formación profesional.
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