Tribunal de EEUU acepta demanda contra coronel Plazas Vega por el caso Urán

Un tribunal federal de Miami dictaminó que procede la demanda contra el teniente coronel retirado colombiano Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas en los sucesos del Palacio de Justicia de Bogotá, que en 1985 fue tomado por la guerrilla M-19 y recuperado por el Ejército.

La demanda por ejecución extrajudicial y tortura contra Plazas Vega fue presentada por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) y la firma de abogados Wilson Sonsini Goodrich & Rosati en febrero de 2022 en nombre de las hijas de Urán.

El dictamen del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el sur de Florida desestima los argumentos de Plazas Vega de que el procedimiento de presentación de la demanda no fue conforme a la ley y permite que la demanda siga su curso, según un comunicado divulgado este jueves por CJA.

Las hijas de Urán Rojas, que era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 1985, mostraron su satisfacción por una decisión judicial que calificaron como "reconfortante".

"Estamos ansiosos de que el proceso avance", dijo Xiomara Urán.

Helena Urán Bidegain, otra hija del juez asesinado, agregó que "algunas personas creen que pueden eludir sus responsabilidades mudándose a otro país", pero "afortunadamente, Estados Unidos nos brinda herramientas legales para reclamar lo que es correcto: justicia y que todos sepan la verdad".

Plazas Vega reside en Florida y EFE trató de comunicarse con él para que comentara el dictamen, sin éxito.

Los reclamos contra Plazas Vega surgen a raíz de la toma del Palacio de Justicia de Colombia por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1985 y la consiguiente operación militar para recuperarlo, en la que participó Plazas Vega.

Los demandantes alegan que, como parte de la recuperación del Palacio de Justicia, los militares desplegaron "un sistema ilegal diseñado para identificar, interrogar, desaparecer por la fuerza, torturar y, a menudo, matar extrajudicialmente a cualquier presunto guerrillero o simpatizante de la guerrilla entre los rehenes".

"Después de sus muertes, los militares negaron haber tenido a estas personas bajo su custodia", indican.

Ese sistema, documentado en las bitácoras militares y policiales y en las comunicaciones internas de radio, incluía segregar a personas denominadas "especiales", quienes luego eran interrogadas de forma violenta antes de ser llevadas a una instalación militar, incluida una encabezada por Plazas Vega, dice la demanda.

Plazas Vega había tratado de desestimar la demanda por motivos de procedimiento, con el argumento de que los demandantes no habían agotado los recursos judiciales locales y que el tribunal federal debería abstenerse de abordarla.

"El fallo de hoy repudia los argumentos procesales iniciales de Plazas Vega y permite que el caso continúe, acercando a nuestros clientes a su tan esperada oportunidad de rendir cuentas", dijo Daniel McLaughlin, abogado principal de CJA.

"Estamos agradecidos por el tiempo y la atención del Tribunal en este asunto, y este fallo marca un importante paso adelante en la búsqueda de justicia para su padre por parte de nuestros clientes", señaló Luke Liss, socio pro bono de Wilson Sonsini.

CJA presentó la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un estatuto federal que permite demandas civiles en tribunales de EE.UU. por denuncias de tortura y ejecución extrajudicial cometidas bajo apariencia de ley.

El CJA es una organización internacional de derechos humanos con sede en San Francisco (EE.UU.) dedicada a trabajar con las comunidades afectadas por la tortura, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos para buscar la verdad, la justicia y la reparación.

La organización ha presentado con éxito casos contra acusados como uno de los comandantes paramilitares más violentos de Colombia, conocido como Macaco; el militar responsable del asesinato del activista y cantante chileno Víctor Jara, y el régimen de Bachar Al Asad de Siria por el asesinato de la corresponsal de guerra Marie Colvin.

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