El pasado lunes, 31 de julio, la Cancillería comunicó la suspensión del proceso de licitación para el contrato de elaboración y distribución del servicio de pasaportes al tener conocimiento de una acción popular, que fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se alegaba que el proceso había vulnerado los derechos a la moralidad administrativa y libre competencia.
Lo que se conoce es que finalmente este viernes, 4 de agosto, el Tribunal decidió rechazar la acción popular. Según los documentos de ese tribunal, el pasado 27 de julio notificó al accionante, Esteban Puyo, que el magistrado Felipe Alirio Solarte tomó la decisión de inadmitir la acción, sin embargo en días posteriores el abogado envió memoriales intentando subsanar las deficiencias.
Sin embargo, según la sede electrónica para la gestión judicial, el 4 de agosto el Tribunal de Cundinamarca profirió el auto rechazando la acción, el cual está en proceso de firmas para ser publicado.
Ahora, es decisión de la Cancillería los pasos a seguir en el proceso. Vale la pena recordar que la noticia de la suspensión de proceso se conoció justo un día antes de la audiencia de adjudicación que estaba prevista para el pasado 1 de agosto y que finalmente no se cumplió.
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"Le doy la total tranquilidad al país de que ha sido un proceso transparente, ajustado completamente a la ley. La Procuraduría no ha hecho el más mínimo cuestionamiento al proceso, lo ha venido acompañando a través de funcionarios delegados de la procuradora. La Fiscalía tampoco ha hecho ningún tipo de cuestionamiento", señaló en los últimos días el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
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