Según la investigación, la directora de la AUNAP será investigada por presuntas irregularidades que comprometen un monto de $15.000 millones, destinados a mejorar la productividad de las comunidades pesqueras del país.
El convenio en cuestión fue diseñado con el objetivo de beneficiar a las comunidades pesqueras, pero, según los resultados, los procedimientos realizados no solo carecían de transparencia, sino que además incumplieron los estándares legales y administrativos requeridos. Uno de los puntos es que los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin la debida licitación, lo que contraviene las normativas sobre la contratación pública.
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La denuncia que dio origen a la polémica , surgió a partir de alertas en medios de comunicación, que expusieron presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, incluso al momento de firmar el convenio, la entidad no tenía claridad sobre quiénes serían los beneficiarios de los recursos.
Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, señaló que la falta de control en la entrega de los recursos y la ausencia de licitación formal son elementos clave dentro de este proceso. En declaraciones recientes, Idarraga expresó que la Secretaría no tolerará ninguna irregularidad y que, dado el monto involucrado, es fundamental que las autoridades correspondientes actúen con rapidez.
Como parte de las medidas que se están tomando, la Secretaría de Transparencia ha puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se investigue a fondo el posible desvío de recursos. Además, se ha pedido a la Contraloría General de la República que verifique si existió pérdida de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, con el fin de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada.
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