Trágica historia de la familia Llano: una denuncia que sacude la Iglesia por abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación inició el estudio de una denuncia penal que revela una tragedia silenciada por décadas. Ocho hermanos de la familia Llano aseguran haber sido víctimas de abuso sexual a manos del sacerdote jesuita Darío Chavarriaga hace más de 40 años.

En la denuncia, presentada en septiembre de 2024, se argumenta que varios miembros de la Iglesia, entre ellos el reconocido padre Francisco de Roux, tuvieron conocimiento del caso y, pese a ello, no lo reportaron a las autoridades judiciales. Según el abogado de la familia, Diego Vásquez, el encubrimiento de estos crímenes agravó aún más el dolor de las víctimas.

“Lo que sucedió aquí es una omisión de denuncia y un favorecimiento para encubrir a Chavarriaga y evitar que fuera juzgado”, explicó Vásquez, quien lidera la defensa de la familia. En sus declaraciones, Vásquez detalló que el caso implica a tres miembros de la comunidad jesuita: Francisco de Roux, el padre Hans Solner y el abogado de la Iglesia, Luis Javier Zarralde Delgado.

Según el abogado, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de llevar el caso ante la justicia y no lo hizo, permitiendo que el presunto agresor continuara su vida sin consecuencias legales.

El padre Chavarriaga, quien para la época era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, supuestamente confesó su culpabilidad en una investigación interna de la Iglesia. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas decidieron no informar a la justicia ordinaria, limitándose a sancionar al sacerdote al retirarlo de sus funciones y enviarlo a una casa para sacerdotes enfermos.

“Es indignante que, ante un delito tan grave, la única ‘consecuencia’ para Chavarriaga fuera una separación temporal de su cargo y el retiro a un lugar de reposo”, señaló Vásquez.

Chavarriaga, quien murió en el año 2015, jamás reconoció el delito ante las víctimas, y no fue sino hasta hace unas semanas que tuvieron conocimiento de los resultados de la investigación interna, que había sido mantenida bajo completa reserva por las declaraciones de De Roux.

Otro aspecto relevante de la denuncia es la acusación de que la Iglesia ignoró completamente a las víctimas después del incidente, sin ofrecerles apoyo psicológico ni espiritual.

"No solo encubrieron el delito, sino que revictimizaron a los afectados”, manifestó Vásquez. Las víctimas, miembros devotos de la Iglesia en su momento, se sintieron abandonadas y traicionadas por una institución que, según relataron, simplemente les dio la espalda.

El caso ha revelado además serias irregularidades en el manejo de la denuncia por parte de la Fiscalía. Según Vásquez, la investigación ha quedado en pausa luego de que se trasladara el caso de la Ley 906, bajo la cual rigen los delitos actuales, a la Ley 600, un procedimiento judicial más antiguo que fue sustituido en 2004.

“Nos sorprende que la Fiscalía esté manejando el caso bajo un código que ya no debería aplicarse. No estamos denunciando delitos sexuales directamente, sino el encubrimiento y la omisión de denuncia. Este proceso exige el uso de la ley vigente, la 906”, enfatizó el abogado, quien aseguró que la familia Llano está comprometida en seguir buscando justicia.

Además, la asignación de un fiscal de delitos sexuales ha llamado la atención de la defensa pues, si bien existe una conducta delictiva que es el origen de la historia, lo que se pide investigar ahora es la omisión de los miembros de la Iglesia que no acudieron a la justicia ordinaria colombiana a denunciar la confesión de Chavarriaga.

Para la familia Llano, la búsqueda de justicia se basa en tres pilares: verdad, justicia y reparación. Ellos esperan que se reconozca públicamente el daño que sufrieron y que los responsables de ocultar la verdad enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

“Esto no se trata solo de castigar a un agresor. Es también una lucha por la dignidad de toda una familia, de ocho niños que fueron traicionados no solo por un sacerdote, sino por una institución que falló en protegerlos”, concluyó Vásquez.

A medida que la Fiscalía avanza en su estudio de la denuncia, las víctimas esperan que su dolor de décadas pueda finalmente encontrar una reparación.