En su rendición de cuentas correspondiente al período de julio de 2022 a junio de 2023, la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas de la Superintendencia de Salud dio a conocer que ha abierto un total de 542 investigaciones.
Estas investigaciones se dividen en tres categorías principales:
- 271 casos por falta de reporte de información.
- 153 por deficiencias en la prestación de servicios.
- 118 por incumplimientos relacionados con el flujo de recursos.
Actualmente, aproximadamente 3,500 expedientes permanecen activos, incluyendo solicitudes de investigación y expedientes recientemente iniciados. Durante este período, la Superintendencia ha impuesto 266 sanciones, compuestas por 88 amonestaciones y 178 multas, sumando un total de $87,487 millones.
Entre estas multas:
- 34 se dirigieron a personas naturales por un total de $8,000 millones.
- 75 a entidades administradoras de planes de beneficios por $47,000 millones.
- 18 a entidades territoriales por $7,000 millones.
- 20 a prestadores de servicios de salud por $15,000 millones.
- 30 a generadores de recursos del sistema de salud por $8,000 millones.
Las EPS más sancionadas son Coomeva y Nueva EPS, con nueve sanciones cada una; Asociación Indígena del Cauca EPS, con ocho sanciones; Comparta, con seis sanciones; y Salud Vida, con cinco sanciones.
De las 178 multas impuestas en el período, 77 se basaron en incumplimientos de instrucciones y reporte de información, 52 por problemas en la prestación de servicios y 49 por irregularidades en el flujo de recursos.
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La SuperSalud aseguró que, en caso de que una EPS no esté de acuerdo con la imposición de una multa, tiene la opción de presentar recursos de reposición y apelación dentro de los 10 días siguientes a la ejecución del acto administrativo que establece la sanción.
El informe también destaca el uso del cobro coactivo como una herramienta que tiene la entidad para recuperar multas no pagadas. Este proceso busca obtener el pago de sanciones que los sancionados no han abonado voluntariamente.
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La SuperSalud ha adoptado una nueva política sancionatoria que clasifica las situaciones en seis macromotivos, lo que simplifica la inspección, vigilancia y control. Estos son incumplimiento de instrucciones, prestación de servicios de salud, reporte de información, flujo de recursos, componente técnico, administrativo y financiero, y aseguramiento de salud pública. Estos permiten abordar de manera más eficaz las complejidades y desafíos en el sector de la salud.
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