Solo queremos equidad tributaria: veeduría ciudadana predial de Villavicencio

El pasado martes, la comunidad de Villavicencio salió a las calles para protestar por los elevados costos del impuesto predial en la ciudad. Esta manifestación se suma a denuncias previas de alzas excesivas en los impuestos prediales en otras regiones del país.

Justamente, hace un año se denunció el alza desmedida de los impuestos prediales en Cundinamarca y Bogotá. Se descubrió que el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi era el representante legal de la empresa contratada para las actualizaciones catastrales que llevaron a aumentos de hasta 1.000% en las facturas del impuesto predial.

Juan Mario López, representante Veeduría Ciudadana Predial de Villavicencio, habló sobre el proceso que llevan algunos habitantes de Villavicencio por cuenta de lo que ellos consideran un "mal catastro".

"Nosotros llevamos cuatro años con este proceso. Las comunidades y la ciudadanía no tienen la culpa de que hace años los gobiernos locales no hayan hecho la actualización catastral. Hoy el Igag, por una mala actualización catastral, sencillamente nombra a los municipios como gestores catastrales y esto no es un problema totalmente predial, esto hay que mirarlo de forma integral", indicó López.

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"Hemos tocado todas las puertas"

De acuerdo con López, por esta situación han tocado la puerta de varias entidades del Estado para solucionar la problemática catastral que se presenta en Villavicencio.

"Sencillamente tocamos las puertas de la Superintendencia, de la Defensoría. Vamos a Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima. Llegamos a la comisión también a exponer ese problema a los cuatro años. Solo queremos equidad tributaria. Históricamente ha habido una brecha muy grande entre la realidad comercial de los predios en las regiones y el evalúo catastral. Quedó muy lejos la realidad comercial de los predios con el nuevo evalúo catastral, muy por encima, quedó cerquita"; enfatizó.

Ante este panorama, la comunidad de Villavicencio exige una revisión del proceso de actualización catastral. Se solicita que se revoque el contrato entre el IGAC y el municipio, y se vuelvan a analizar y corregir las inconsistencias presentes en la actualización.

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