Se disparan solicitudes de asilo de venezolanos en Colombia; superan 65.000: Cancillería

Desde el 2017, y con corte a agosto del 2024, la Cancillería Colombiana recibió alrededor de 68.500 solicitudes de asilo. Según el documento, durante todo ese periodo la cifra ha crecido exponencialmente, pues tan solo el año pasado se hicieron casi 13.000 peticiones (25 veces más respecto al 2017).

El panorama podría ser aún más preocupante si se tiene en cuenta que apenas se ha aprobado menos del 2 % de esas solicitudes (1.596), se ha desistido el 35,8 % (más de 13.000) y aún están en proceso más del 44 % (cerca de 30.000). A lo anterior se suma que la Cancillería está recibiendo unas 1.200 peticiones por mes, con un tiempo de respuesta de tres años.

"Por lo anterior, se hace necesario una modificación al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, ya que la actual norma, creada hace 40 años, y cuya última modificación se realizó en el 2013, no se adapta a las necesidades actuales, por lo que se requiere una reforma que adecúe la estructura normativa y el sistema de protección internacional de Colombia a la actual realidad", dicen desde la Cancillería.

Mediante el nuevo decreto, el gobierno colombiano busca que la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado (Conare) pase a ser un órgano asesor para los lineamientos de política de protección internacional. El documento, además, establecerá la calidad de refugiado a todo aquel que reúna las siguientes condiciones:

• Que sea perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
• Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada.
• Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles.

Con todo esto, el proyecto, que regirá a partir del primero de julio de 2025, pretende otorgar el asilo a quien lo solicite y cumpla con los requisitos. Además, desde la Cancillería aseguraron que esta medida no generará costo alguno para el Estado, por lo que es viable implementarla.