La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado en respuesta a las críticas surgidas por el caso de Alberto Merlano Alcocer, exgerente general de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). El pronunciamiento busca esclarecer las versiones que apuntan a presuntas irregularidades en la revisión de la sanción impuesta a Merlano en 2012, cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de la capital.
En el centro de la polémica están las renuncias de Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos. Ambos presentaron su dimisión tras mostrar desacuerdos sobre el manejo del caso en el Comité de Conciliación de la SIC. La situación se agravó después de que la directora de la entidad, Cielo Rusinque, solicitara a los delegados informes de gestión, lo que algunos interpretaron como una represalia.
La sanción en cuestión asciende a $249 millones y fue impuesta por prácticas restrictivas de la competencia, según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. La SIC encontró que Merlano, entonces miembro de la junta directiva de la EAB, facilitó actos contrarios a la libre competencia. Desde 2018, este caso está en revisión en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se estudia una solicitud de nulidad de la sanción.
En su comunicado, la SIC afirmó que “no es necesario caer en especulaciones frente a hechos que no admiten interpretación” y subrayó que la entidad no tiene facultades para levantar unilateralmente sanciones impuestas. La revocatoria directa de la multa está sujeta a un control de legalidad por parte de los jueces, quienes decidirán si existen fundamentos para anular la sanción con base en un análisis independiente.
La entidad desestimó las acusaciones de presuntas presiones ejercidas sobre los funcionarios renunciantes, calificándolas como “falsamente motivadas”. Según el comunicado, las renuncias obedecen a intereses ajenos al buen desempeño de la administración. “Lo dicho refleja la posición sin fundamento de funcionarios desleales que, traicionando la confianza, tendieron una sombra de sospecha sobre actos honestos”, señala el texto.
El comunicado también defendió la transparencia en las actuaciones de la SIC, asegurando que “la justicia es la encargada de impartir la última palabra” en este caso. Además, reiteró que las decisiones se han tomado en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Finalmente, la SIC lamentó lo que consideró un intento de debilitar su gestión a través de “medidas extrajurídicas”.
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