La propuesta de ejecutar un fast track para la implementación de los acuerdos de paz ha generado la reacción de varios expertos y sectores, como la del exalto comisionado de paz en Colombia Sergio Jaramillo, quien recordó, sobre todo, la importancia de integrar a las comunidades y territorios afectados por el conflicto, pero resaltó al mismo tiempo la incapacidad de integración como problemas estratégicos en el país.
En cuanto a la propuesta de prolongar el plazo de implementación, Jaramillo comentó en Mañanas Blu que se deben poner todos los esfuerzos en crear un "nuevo impulso" y un sistema de seguimiento más exigente. En ese sentido, también se refirió a la necesidad de atender los servicios básicos en las zonas rurales y mejorar la justicia ordinaria en esas regiones.
Justamente, sobre la postura de no prorrogar el límite de tiempo para actuar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Jaramillo enfatizó que no es conveniente abrir una perspectiva de prolongación y que el modelo de la JEP es considerado por la Corte Penal Internacional como compatible con el Estatuto de Roma; aseveró en que se tiene que avanzar en la transición hacia la justicia ordinaria y hacer esfuerzos para obtener resultados más rápidos.
“Si eso requiere más tiempo, pongámosle más tiempo. Lo que no creemos es que esos cambios deban incluir lo que llamamos las medidas tradicionales del acuerdo, que tienen límites legales y constitucionales, para hablar claramente, no estamos de acuerdo con la idea de una prolongación de la JEP que va a tener 15 años para hacer su trabajo. Es un tiempo muy largo, es un costo muy alto, es más que suficiente. Hay que pasar de esa fase transicional de justicia a volver a la justicia ordinaria, pero en lo que tiene que ver, lo ha dicho también en sus entrevistas Humberto de la Calle, con recursos fiscales, con hacer esfuerzos más grandes en el tiempo, estamos completamente de acuerdo con esa idea”, explicó.
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En cuanto al tribunal de cierre, el exalto comisionado afirmó que sería una idea absurda poner en riesgo el trabajo realizado hasta ahora y la seguridad jurídica de quienes están sometidos a la JEP. Por eso, dijo que Colombia logró abrir una puerta para resolver el dilema de la justicia y la paz, reconocido a nivel internacional.
Asimismo, habló sobre la situación actual de las disidencias de las Farc y la importancia de enfocarse en las comunidades y en llegar a acuerdos sólidos para implementar el acuerdo. Destacó la necesidad de invertir en las regiones más afectadas y lograr una mayor efectividad en la justicia ordinaria y en el combate al crimen organizado.
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“No sería nada conveniente abrir la puerta al fast track hoy”
Jaramillo explicó su postura sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de reintroducir la figura del fast track en el Congreso.
El fast track fue una medida excepcional utilizada durante el proceso de paz para agilizar la implementación de reformas constitucionales y legales necesarias. “El fast track fue en su momento una medida francamente atrevida, como es reducir a la mitad los debates en el Congreso de las leyes e incluso de las reformas constitucionales”, explicó Jaramillo.
La urgencia se debía a la necesidad de garantizar que el gobierno cumpliera con su parte del acuerdo en un contexto de transición delicada y de desmovilización de las Farc. “La única justificación para hacer esto es porque estábamos en el cierre del conflicto, en el momento más álgido de la transición, donde teníamos que dar garantías de que el gobierno iba a cumplir”.
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El presidente Petro ha sugerido la posibilidad de volver a utilizar una figura similar al fast track para avanzar en su agenda de paz total. Sin embargo, Jaramillo y de la Calle consideran que las circunstancias actuales no justifican el uso de esta herramienta. “Esa no es la situación de hoy y no sería nada conveniente abrir un mecanismo así hoy en día”, afirmó Jaramillo. En su lugar, proponen la figura de un acuerdo nacional para alcanzar consensos que permitan avanzar en las políticas necesarias sin recurrir a medidas extraordinarias.