El senador por la oposición, Miguel Uribe Turbay , denunció en el más reciente debate de control político a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman; que la reforma agraria promovida por el Gobierno nacional se estaba utilizando para disparar la burocracia.
“Es alarmante la contratación masiva de operadores políticos afines al Pacto Histórico y la Alianza Verde dentro de la ANT, con más de 74 personas que participaron en elecciones territoriales en 2019 y 55 más de las elecciones de 2023, hoy vinculadas contractualmente con la entidad. En 2023, el Gobierno nacional firmó 116.229 contratos, la cifra más alta desde 2018, con un gasto de 8,36 billones de pesos, un 54 % más que en los dos primeros años del Gobierno anterior”, aseguró el senador Uribe.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aumentó sus contratos en un 309 % entre 2022 y 2023, pasando de 1.161 a 4.753 contratos, y su presupuesto de 67.000 millones a 236.000 millones. El 2024 no es la excepción: solo en seis meses, ya han celebrado 4.853 contratos.
“Pero además, lo que sorprende es que lo que están contratando no son técnicos, son amigos con los que han hecho política. Por ejemplo, 74 de esas personas de lo que hemos podido lograr contrastar son personas que participaron en elecciones territoriales del 2019, 10 que participaron en las elecciones del Congreso el 2022, 55 que participaron en las elecciones territoriales de 2023 y óigase bien, todos del Pacto Histórico y de la Alianza Verde . Pero además, entre esos sorprende el exsenador Antonio Sanguino, que tiene varios contratos, entre esos en la Agencia Nacional de Tierras y es vergonzoso los informes que presenta”, señaló Uribe Turbay.
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Incluso el congresista señaló que en un caso se contrataron a dos hermanos de la familia Cock Echavez: Walter Cock, exconcejal de Villavicencio y quien tiene un contrato por 11 millones como médico, aunque solo atendió cinco pacientes en junio; y José Luis Cock, excandidato a la alcaldía de Mompós, con un contrato de 15 millones y que estaría encargado de compra de predios.