Se cayó libertad de integrantes de Primera Línea nombrados gestores de paz

En medio de la Sala Plena que adelanta la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal, se conoció que ese alto tribunal le tumbó la libertad a dos integrantes de la Primera Línea que fueron nombrados gestores de paz por el Gobierno Petro.

Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez son las dos personas afectadas por esta decisión que también fue respaldada por la Procuraduría, al considerar que con la libertad otorgada por un juez “se configuró un defecto procedimental, pues se emitió con desconocimiento del principio de oralidad y doble instancia”, según la Corte.

Los dos integrantes de la Primera Línea quedaron en libertad el pasado 20 de diciembre de 2022 por la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá.

En fallo de segunda instancia la Corte Suprema de Justicia ordenó convocar una audiencia pública para que los intervinientes se pronunciaran ante la oficina del Alto Comisionado para La Paz sobre las suspensiones de las órdenes de captura contra Márquez y Bermeo.

Para la Procuraduría la decisión “privó a los sujetos procesales de la posibilidad de notificarse de la decisión e interponer los recursos legales, con lo que desconoció los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio”.

Jóvenes integrantes de la Primera Línea de Bucaramanga que sí fueron liberados en 2023

El 4 de enero de 2023, otros dos jóvenes de Bucaramanga, quienes estaban detenidos por pertenecer a la denominada Primera Línea durante el Paro Nacional, quedaron en libertad.

Los dos jóvenes fueron capturados por su presunta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivas utilizadas durante las manifestaciones sociales en marco del Paro Nacional.

Los dos estudiantes desde junio de 2022 cumplían una medida de detención domiciliaria por concierto para delinquir y fabricación de sustancias peligrosas.

Su liberación se dio luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera un decreto, en ese entonces, en el que le daba la posibilidad a una Comisión Intersectorial de recomendar la liberación de personas detenidas por hechos violentos en el paro para que sean voceras de la paz.

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