Sanción a ex supersalud que negó habilitación a EPS con posibles nexos con paras

El pasado 27 de diciembre la procuradora primera delegada para la Vigilancia Administrativa, Catalina de San Martín Balcázar, firmó una decisión en la que sancionó al exsuperintendente Gustavo Morales con $ 128.520.117 al no poder inhabilitarlo por nueve meses por ya no ser un funcionario; Morales Cobos es hoy presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Integral. 

La decisión de la Procuraduría está basada en una serie de argumentos que tienen que ver con una violación al principio de imparcialidad por anticipar su decisión en una entrevista emitida por este medio de comunicación el 05 de julio de 2013. 

En ese entonces Morales explicó en los micrófonos de BLU Radio las razones sobre por qué había expulsado a cinco superintendentes delegados en los que no tenía confianza. Una de las motivaciones fue precisamente que estos delegados habían construido una resolución para habilitar a la EPS Salud Andina, pero no se dieron cuenta de posibles vínculos de los socios de la empresa que quería prestar el servicio de salud con paramilitares del Bloque Norte. Los funcionarios tampoco detallaron una posible inhabilidad de algunos de los directivos que eran a su vez secretarios de salud en las regiones en donde la EPS pretendía operar. 

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Pero, luego de recibir el proyecto de resolución el secretario de Transparencia de ese momento, Rafael Merchán, (QEPD), le hizo llegar a Morales un oficio en el que le advertía de las posibles relaciones de algunos de los socios de la EPS con los paras, especialmente porque tres de ellos habían mencionado en sus declaraciones a las autoridades a Gerardo Vecino Villareal, uno de los principales directivos de Salud Andina e interesado en la habilitación para operar en 18 departamentos. 

La habilitación no se dio. Por el contrario, Morales hizo otra resolución rechazando la entrada de la EPS y expulsó a sus delegados por no darse cuenta de las revelaciones del secretario de Transparencia. Y esa decisión la anunció antes de firmarla y notificarla en Blu Radio. Morales contó que luego de negar la habilitación la UNP le entregó un esquema de seguridad por posibles retaliaciones de los hombres de Salud Andina. 

Vecino Villareal y sus socios contrataron al abogado Abelardo De la Espriella que denunció a Morales ante la Procuraduría por una posible falla disciplinaria, y la Procuraduría le dio la razón exclusivamente por contar su decisión en Blu Radio antes de oficializarla. 

Blu Radio consultó con fuentes de la Fiscalía que confirmaron que Vecino Villareal tiene actualmente dos investigaciones penales vigentes. 

El abogado De la Espriella dijo que se sentía a gusto con la decisión de la Procuraduría, pero el exsuperintendente la apeló y ahora la debe revisar la sala disciplinaria que es presidida por el procurador General Fernando Carillo.

En la entrevista de julio de 2013 Morales reveló que en el oficio de Merchán, este le puso en conocimiento que Vecino Villareal había sido mencionado por al menos tres paramilitares. “Me alertan de un riesgo muy grande por el hecho de que unas personas podrían tener vínculos y ser auspiciadores de grupos paramilitares de la Costa Atlántica. (…). Vecino Villareal fue mencionado por lo menos por tres paramilitares en sus respectivos procesos de auspiciar al bloque norte de las autodefensas”, dijo el exsuperintendente en esa ocasión. 

La EPS nunca pudo operar en ningún departamento, pero le ganó una denuncia en su primera fase al exsuperintendente de Salud y hoy presidente de Acemi, siendo representada por el abogado De la Espriella.