durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
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Pretelt asegura que la desmovilización, ahora criticada por el fiscal Eduardo Montealegre y el presidente Juan Manuel Santos, “fue exitosa y era obvio que después se presentaran problemas en el proceso”.
“La ley de justicia y paz no fue corregida por la Corte Constitucional. La ley consagra argumentos para entrar al proceso, como pedirles a los grupos una declaratoria con el reconocimiento de todos y cada uno de sus delitos”, dijo.
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Explicó que en la norma creada para permitir la desmovilización de grupos paramilitares se establecía que quien hubiera cometido delitos de lesa humanidad debía ser juzgado con la máxima pena de 40 años, pero si reparaba a las víctimas, devolvía bienes, daba información y cumplía la pena, podía entrar a disfrutar del beneficio de máximo ocho años en prisión.
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Dijo que esos ataques del Gobierno de Santos son una “discusión de tipo político” y anunció que apoya el proceso de paz de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc, que tiene lugar en Cuba.