El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Juliana Palacio. Según el diplomático, esta persona estaría liderando una campaña de desprestigio en su contra para vincularlo con las recientes denuncias de presunta corrupción en EPS que están intervenidas por el Gobierno.
“Presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida) (...) La concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, dice el comunicado de la Superintendencia en el que se revelan los supuestos hallazgos.
Lo que señala Barrera es que están intentando vincularlo a través de redes sociales con el asesor Mario Andrés Urán, señalado por la Superintendencia.
La denuncia argumenta que las publicaciones afectan la honra y el buen nombre de Roy Barreras, violando derechos protegidos por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su abogado solicita citar al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y al Dr. Mario Andrés Urán como testigos para confirmar si Barreras tiene alguna relación con los agentes involucrados en los presuntos actos irregulares.
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También se pide un informe del CTI para identificar a los usuarios que difundieron la campaña de desprestigio y que se tomen medidas para suspender las cuentas relacionadas. En la denuncia se destaca la importancia de que el Dr. Urán aclare bajo juramento si ha tenido alguna interacción con Barreras para demostrar que él no está involucrado en los eventos denunciados.
Blu radio consultó al embajador, quien aseguró al respecto: “Es evidente. Ahí están los trinos calumniosos. Y son activistas políticos de bodega. Lo que he pedido es que citen a Luis Carlos Leal (con quien hace años no hablo, pero creo que es un funcionario honesto) y que es quien hizo las denuncias y, por tanto, debe saber quienes son realmente los implicados para que certifique que yo no tengo absolutamente nada que ver en esos asuntos y pare la desinformación y la desviación de la información apuntando a inocentes en lugar de a quienes realmente sean culpables de las supuestas irregularidades. La oficina jurídica en estos asuntos de difamación será quien informe a los medios lo pertinente. Esto ya no es político, porque la calumnia y la difamación son delitos. Destruyen impunemente la honra de la gente. Y además hacen equivocar y desviar la atención de la opinión y de los medios serios”.
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