El pasado 29 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en firme la imputación por esclavitud, secuestro y otros crímenes de guerra como torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado a Rodrigo Londoño alias “Timochenko ” y otros exmiembros del antiguo secretariado de las extintas Farc.
Los otros involucrados que firmaron el acuerdo en 2016 Además de Londoño son: Pastor Lisandro Alape, excomandante del bloque Magdalena Medio; Milton Toncel alias “Joaquín Gómez”; excomandante del bloque Sur; Jaime Alberto Parra alias “Mauricio Jaramillo”, excomandante del Bloque Oriental; Julián Gallo, quien lideró las redes urbanas clandestinas de las Farc en Bogotá; Pablo Catatumbo, excomandante de la columna Alirio Torres y Rodrigo Granda Escobar, exguerrillero del Estado Mayor Central.
En un recurso detallado, los abogados defensores de Rodrigo Londoño y otros exguerrilleros: Camilo Fagua Castellanos, Ana María Toncel Jaramillo, Álvaro Benítez Rondón, Laura Juliana Castellanos, Ernesto Gordillo Moreno y Orlando Bernal argumentan que se habrían quebrantado gravemente el debido proceso y la competencia material de la JEP en esa decisión por lo que presentaron un recurso de nulidad.
Esto se traduce en que buscan frenar las primeras sanciones a los exguerrilleros que, según los magistrados de la justicia transicional, se darían a conocer en el segundo semestre de 2024. En el documento, los abogados expresan en 20 puntos las irregularidades de la decisión que, según ellos, viola lo pactado en La Habana en 2026.
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“Primero: revocar parcialmente el auto TP-SeRVR-AI -No.003- 2024 y en su lugar; pronunciar respecto de la necesidad de que la JEP emita una Única Resolución de conclusiones y a partir de ello una Única Sanción para los comparecientes seleccionados”, dice el documento.
Este asunto está relacionado con el marco del caso 01. Que investiga la responsabilidad por la toma de rehenes, secuestros y otros crímenes que fueron cometidos por las Farc. Al día de hoy, hay más de 21.000 víctimas de secuestro identificadas por la JEP. De ellas, 3.821 son víctimas acreditadas.
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