El juez tercero penal del circuito de Neiva echó para atrás la medida de detención domiciliaria que existía contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, impuesta en primera instancia el 28 de junio por la juez séptima penal municipal.
Según la Fiscalía, el mandatario de los neivanos habría incurrido en los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades. Este proceso judicial tiene su origen en dos contratos asignados de manera directa para la compra de mercados para 105.000 estudiantes beneficiarios delPAE en abril de 2020 durante la pandemia.
Tanto el operador seleccionado, como el interventor procedentes de El Charco, Nariño, compartían cargos entre sus órganos directivos y la misma sede.
El juzgado que revocó la detención domiciliaria dijo que "el sólo hecho de acudir a la contratación directa con un aportante, en los casos permitidos, no constituye en sí mismo una infracción al principio de selección objetiva por la potísima razón de que está permitido".
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Argumentó, además, que el alcalde de Neiva tenía facultades para adelantar procedimientos de contratación directa para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En estas condiciones, el togado señaló que Muñoz Calderón no representa un peligro para la comunidad, por lo tanto, la medida de aseguramiento no resulta ni necesaria ni proporcional. Así las cosas, el mandatario continuará en su cargo y seguirá afrontando el proceso en libertad.
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Por este mismo hecho son investigados el exsecretario de Educación, Giovanny Córdoba, dos asesores externos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho. A su vez, se encuentran imputados el exconcejal de Tumaco (Nariño) Otoniel Vergara y los contratistas Miguel Alfonso Banguera y Carmen Rosaida Castillo Arboleda.
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