La canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, cuestionó la presencia de Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en la presentación de un informe de relatoría independiente sobre lo sucedido durante las protestas en Bogotá en septiembre de 2020.
El Gobierno colombiano afirma estar preocupado por la presencia de esta oficina en el evento ‘mediático’.
“En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional”, señaló la vicepresidenta.
La canciller Ramírez mencionó, además, que este informe es independiente a la oficina de la ONU, desarrollado por el exdefensor del Pueblo y hoy candidato al Senado Carlos Negret, por lo cual su presencia validando esas conclusiones, como que esa noche del 9 de septiembre hubo una masacre, tiene efectos desafortunados porque valida esos mensajes.
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Expresamos preocupación a @ONU_es, por acompañamiento que hizo a la presentación de informe anunciado ayer, elaborado por un consultor privado que está en campaña política a costa de descalificar a las instituciones. Dirigí carta a @ONUHumanRights. (1/2) pic.twitter.com/xy4VnAlH23
— Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) December 14, 2021
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“Tratándose de un informe de un experto independiente a su oficina, actualmente aspirante político, el Gobierno colombiano debe llamar la atención sobre los efectos desafortunados que su participación en el evento genera, no solo por el mensaje que se transmite a la opinión pública, sino a las propias instituciones del Estado”.
Para Colombia, al proceder de esa manera, “se pone en riesgo la confianza que debe prevalecer en las relaciones entre el Gobierno y la oficina y, se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia de su mandato”.
La canciller enfatizó en que hay canales de comunicación diplomáticos y directos con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos que siempre están abiertos para que manifiesten sus preocupaciones, por lo cual deberían ser priorizados.
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“Lo contrario significaría un activismo ajeno a sus funciones, a la alta responsabilidad y confianza que representa la presencia en Colombia de todo el sistema de las Naciones Unidas”.
Finalmente, le menciona que el Estado está al tanto de lo sucedido esas noches y que ha manifestado su rechazo al uso excesivo de la fuerza y, que avanzan las investigaciones al respecto.
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