Registraduría tramita identificación para afectados por desplazamiento en el Catatumbo

La crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo ha generado una creciente preocupación por el bienestar de las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. Esta situación ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, creando un desafío adicional para el acceso a servicios básicos, entre ellos, la obtención de documentos de identidad.

Ante esta emergencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha intensificado sus esfuerzos para garantizar que los desplazados puedan obtener o recuperar sus registros civiles y documentos de identidad. La entidad anunció que, en colaboración con la Procuraduría General de la Nación (PGN), ha comenzado a realizar trámites de identificación en las ciudades de Cúcuta y Ocaña, puntos clave de la región fronteriza que han recibido a un alto número de personas desplazadas.

"Como parte de nuestro compromiso por garantizar la identificación de todos los colombianos, y de manera articulada con la Procuraduría llegamos hasta Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander, para tramitar registros civiles y documentos de identidad a los afectados por el desplazamiento forzado en la región del Catatumbo", expresó la Registraduría en sus redes sociales.

El desplazamiento forzado ha afectado principalmente a las poblaciones rurales del Catatumbo, quienes se han visto obligadas a abandonar sus tierras debido a la violencia . La falta de documentación oficial representa un obstáculo adicional para la reconstrucción de sus vidas, ya que sin estos documentos es difícil acceder a programas de ayuda, educación, salud y, en general, ejercer plenamente sus derechos.

En respuesta a este desafío, la Registraduría ha desplegado un equipo de funcionarios para facilitar el acceso a los trámites de registro civil, incluidos nacimientos, y cédulas de ciudadanía. Además, las autoridades están implementando mecanismos que permitan realizar estos trámites sin que los afectados tengan que desplazarse a las sedes oficiales, lo que reduce el riesgo y la carga para las personas en situación de vulnerabilidad.

Este esfuerzo conjunto entre las instituciones del Estado busca no solo garantizar los derechos fundamentales de los afectados, sino también contribuir a la normalización de la situación en el Catatumbo, permitiendo que la población desplazada pueda iniciar nuevamente sus procesos de integración social y económica.