Pese las críticas del presidente Gustavo Petro y las cartas enviadas por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, en las que denunciaban que no habían garantías ni pluralidad en los oferentes; en la mañana de este viernes, 18 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el contrato por $41.000 millones de pesos para la realización de dos procesos electorales el 17 y el 24 de noviembre próximos a la Unión Temporal DISPROEL 2024 conformada por el Grupo ASD, Thomas Greg & Sons y la compañía colombiana de seguridad Transbank.
La convocatoria pública del contrato que tiene por objeto “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL), y las Consultas Populares para la conformación del área metropolitana del Suroccidente de Colombia, y el área metropolitana Piedemonte Amazónico”, tuvo varias modificaciones hechas por el registrador nacional Hernán Penagos buscando flexibilizar los requisitos y ampliar la posibilidad de presentación de más ofertas por parte de empresas nacionales e internacionales; al final sólo se presentó el consorcio al que fue adjudicado el contrato.
Para la realización de la audiencia de adjudicación, el registrador Penagos insistió en garantizar la transparencia del proceso y para ello tuvo presencia un delegado de la Procuraduría General de la Nación.
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