Si la reforma laboral es aprobada tal y como quedó en la ponencia para primer debate que fue radicada con el apoyo del Gobierno, las grandes empresas deberán decirle al gobierno cuánto le pagan a cada uno de sus empleados.
El texto de la ponencia, que cuenta con el apoyo del Gobierno, incluye un artículo mucho más extenso sobre la medición de la brecha salarial entre hombre y mujeres en el país y propone la creación de rankings sobre las prácticas en materia de equidad de género.
“Para efectos del ranking del que trata el parágrafo anterior las medianas y grandes empresas del país estarán obligadas a remitir anualmente los listados en que informen la cantidad de trabajadores y trabajadoras vinculadas por contrato, indicando los cargos, salarios, edad, identidad de género y si son nacionales o extranjeros”, señala el texto.
Las empresas podrán tachar los nombres y documentos de identidad de sus trabajadores y aunque la información no debe ser utilizada para sancionar a ninguna compañía, según el texto sí podría usarse para “diseñar visitas” y “acciones de mejora” cuando se encuentren disparidades relevantes.
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Los sindicatos también estarían obligados a enviar información y listados de sus afiliados incluyendo su identidad de género; las únicas que se salvarían de la petición son las micro y pequeñas empresas.
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